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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 10-02-2009

Las fosas de la memoria y la Audiencia Nacional espaola
El rayo que no cesa

Empar Salvador
Rebelin


Hacer justicia a las vctimas del franquismo pasa por aplicar las leyes tanto nacionales como internacionales a los que cometieron aquellos terribles crmenes (responsables y colaboradores), algo difcil de imaginar en un tribunal de excepcin, como es la Audiencia Nacional, heredero del franquista Tribunal de Orden Pblico. Pero an partiendo de esta premisa, el Frum per la Memria del Pas Valenci decidi presentar denuncia por crmenes contra la humanidad y desapariciones forzadas durante el franquismo.

El hecho de presentar las denuncias, y caer en manos del juez ms meditico de este pas, seguro que desencadenaba una campaa de gran repercusin en la que la polmica estaba garantizada. Muchas de las atrocidades cometidas durante el franquismo se iban a conocer. Hablar de genocidio, de crmenes contra la humanidad y de que miles de personas en situacin de desaparicin forzada era inevitable: una ocasin que de ninguna manera haba que desaprovechar.

La tramitacin del Sumario ha aireado que los que planificaron el golpe de estado contra la II Repblica (Franco y sus militares, la Iglesia Catlica y la derecha en general, que no aceptaron las reformas acometidas por este gobierno por el bien comn), lo hicieron en forma coordinada y consciente, determinados a derrocar el gobierno legtimo de Espaa, que una vez declarado el Estado de Guerra la accin ha de ser en extremo violenta, que es necesario propagar una imagen de terror y que cualquiera que sea abierta o secretamente, defensor del Frente Popular debe ser fusilado, expresa el Auto de 16 de octubre de 2.008. La ltima frase forma parte de la Instruccin Reservada n 1 de 25 de mayo de 1.936 del General Mola, en la que tambin dice: Hay que sembrar el terror, dejar sensacin de dominio eliminando sin escrpulos ni vacilacin a todos los que no piensen como nosotros. Se cita que Franco en 1936, en una entrevista al Chicago Daily Tribune admite que si es necesario se matar a media Espaa, y tambin cita a Gonzalo de Aguilera, conde de Alba de Yeltes, quien declara que hay que matar, matar y matar a todos los rojos, para librar a Espaa de ratas y piojos. Estas instrucciones ya eran conocidas en muchos mbitos, pero no por la opinin pblica en general, despus de varias generaciones de desinformacin y deseducacin.

Joan Garcs, voz autorizada como pocas, y parte en esta causa como abogado de Carmen Negrin, en el acto de presentacin en Madrid de nuestro libro El genocidio franquista en Valencia, dijo que la represin franquista fue una estrategia de destruccin cultural, para determinar una configuracin social, tanto por la eliminacin de la lite cultural, como por el exterminio intencionado de un grupo nacional diferenciado, dirigida la represin implacable contra clases sociales populares, y refirindose a la represin padecida en Valencia que estamos, sin lugar a dudas, ante hechos de genocidio

Las primeras denuncias datan de diciembre de 2.006, pero el Juzgado no realiza ningn trmite, hasta que el 29 de enero de 2.008, el fiscal de la Audiencia Nacional, siguiendo instrucciones verbales del Fiscal General del Estado, al que se supone est del lado de las vctimas y de sus familias, reclamando de Jueces y Tribunales justicia para ellas, y que acta de acuerdo con las decisiones del Gobierno, formado por el PSOE, se opone a la investigacin y emite un dictamen contrario a que se admitan las denuncias. Un dictamen muy difcil de entender: este partido tiene a miles de asesinados por el franquismo entre sus filas a los que no ha hecho justicia.

Con la trayectoria del PSOE, esa actitud ya no extraa tanto. Suscribi los Pactos de la Transicin a la muerte de Franco, en los que pactaron la impunidad para los responsables y colaboradores del genocidio y la destruccin de sus pruebas, el silencio de los crmenes y el olvido de las vctimas. Acept al rey designado por Franco con su bandera y con su himno. No aplic las leyes nacionales e internacionales a los genocidas franquistas, pero si dej entrar en sus filas y ocupar altos cargos pblicos, a descendientes de franquistas implicados en el genocidio, como el Fiscal General del Estado Cndido Conde Pumpido, nieto de un coronel auditor del ejrcito del Caudillo que firm muchas sentencias de muerte de demcratas, el ministro de Justicia Fernndez Bermejo, hijo del Jefe Local del Movimiento Nacional en Arenas de San Pedro o el Presidente de las Cortes espaolas, Jos Bono, hijo de falangista y segn sus propias declaraciones a mucha honra. Pero no son los nicos, hay muchos ms incrustados en cualquier mbito de la sociedad, incluso en el movimiento memorialstico.

Para paliar la terrible injusticia padecida por las vctimas del franquismo, el Parlamento aprueba la eufemsticamente llamada Ley de la Memoria, que adems de no hacer justicia, agravia y ofende a las vctimas por las discriminaciones que establece respecto de otros colectivos de vctimas, como por ejemplo, las del terrorismo. Ni tan siquiera anula los Consejos de Guerra Sumarsimos que fueron una farsa siniestra que llev a miles de demcratas al paredn de fusilamiento (hara incurrir esa anulacin en responsabilidades penales, econmicas y administrativas a responsables de aquellos juicios, con descendientes ocupando altos cargos en el Estado?) Por si la proteccin dada a los genocidas con la Ley de Amnista del 77 era poca, ahora esta Ley les blinda la impunidad, declarando extinguidos los delitos en razn del tiempo transcurrido

Pero no se acaba aqu el reconocimiento a los franquistas y a sus descendientes (con subvenciones a la Fundacin Francisco Franco incluidas). La familia del dictador vive en Espaa y conserva (ellos y otros muchos), bienes incautados a los republicanos, muchas veces despus de asesinados, o bien obligando a los ciudadanos a pagarlos (Pazo de Meirs). En el colmo del agravio a las presas del franquismo, en 2.005, el Gobierno espaol concede el Premio Prncipe de Asturias a la Concordia, nada menos que a la orden religiosa de San Vicente de Pal, formada por mujeres que haban sido sus carceleras, tratando con tanta saa y crueldad a las presas y a sus hijos, que en 1.945 fueron expulsadas de la crcel de Ventas a peticin del personal civil (de la Seccin Femenina), segn cuenta Soledad Daz, ex presa de Ventas, a Giuliana di Febo (Resistencia y Movimiento de Mujeres en Espaa 1936-1945 Icaria Editorial 1979)

Caso de Valencia

El despliegue informativo en torno a las denuncias ha sido grande, pero para la prensa nacional Valencia prcticamente no ha existido, y para la local, lo mnimo imprescindible. Y siempre intentando desacreditar el trabajo de documentacin del Frum per la Memria con el mismo argumento: las personas tiradas a las fosas del cementerio no fueron vctimas. Por qu? Porque muchos tienen anotadas enfermedades comunes como causa de muerte. Se niega lo que se acepta para el resto del pas: que a las fosas comunes de dentro y fuera de los cementerios los franquistas tiraron a sus vctimas, y que los datos sobre las causas de muerte estn falseados, que no eran ms que eufemismos que encubran ejecuciones extrajudiciales, asesinatos y palizas.

De poco vale que cargos pblicos durante la Repblica asesinados, que no constaban en ninguna relacin, hayan sido reconocidos por sus familias tras 70 aos de desaparicin, registrados con enfermedades comunes. Ni tampoco se cuestiona porque unos fueron registrados y otros no, y porque esas fosas, que ocupan una superficie de 41.020 m2, las ms grandes de la historia europea del siglo XX, segn escribe Francesco Cossiga, Presidente de Italia, en el prlogo del libro de Toni Strubell El moment de dir prou (Pags editors, Lleida, 2008), han sido mantenidas en la clandestinidad ms absoluta, y tampoco que a Valencia, una ciudad mediana, ms bien pequea, le construyeron esas fosas tan inmensas con tantos miles de cuerpos (24.529 registrados en 6 aos), tirados muchos sin tan siquiera un atad. Tampoco parece valer que vengan tantsimos de aqullas crceles improvisadas que todos los de la poca en Valencia conocen, pero que rara vez aparecen en algn libro, como el Manicomio, las iglesias, los conventos, el Hospital y otros, con causas de muerte repetidas hasta la angustia: hambre, desnutricin, fractura de crneo, asfixia por suspensin, hemorragia internay sin discriminacin de edad ni condicin: nios y nias, mayores, mujeres, presos y presas Y eso que es universal que falangistas, ricos y afectos al rgimen, no moran por esas causas ni eran tirados a las fosas sin atad.

Y es que una cosa es la historia oficial que escriben los vencedores, que ahora son los firmantes de los Pactos de la Transicin, y otra muy diferente, la que investigamos las vctimas para encontrar a los nuestros y que se les haga justicia Son dos concepciones muy diferentes que unas veces coinciden, pero otras no. En cualquier caso, hay algo que no gusta en ciertos mbitos, y es que sean los afectados los que lleven la iniciativa de conocer la realidad de los suyos y de s mismos.

En el Sumario, algunas cosas respecto a Valencia llaman la atencin: en el Auto de 16 de octubre se admite a trmite la denuncia presentada por el Frum per la Memria, pero en el desglose del nmero de vctimas por comunidades autnomas no constan las de las fosas del cementerio. Dicen que por error aritmtico, que hay una diferencia de unas cien vctimas entre un documento y otro. Tras escrito junto a toda la documentacin en soporte informtico para subsanar el error, en Providencia de 29 de octubre, contestan que no ha lugar, aunque los datos sern valorados por el Grupo de Expertos al igual que todos los dems presentados. Es decir, se admite a las vctimas pero la cifra no se nombra.

Primero se elude a las vctimas y despus a las fosas y eso que el Juzgado orden la exhumacin de tres de ellas. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se encarg de paralizarlas. Se haban solicitado al Juzgado de acuerdo con las recomendaciones de Amnista Internacional, partiendo de que las exhumaciones son un deber del Estado que es quien debe asumirlas. Esta entidad denuncia que Espaa es el nico pas que ha trasladado a las familias de las vctimas las tareas, costos y responsabilidad de exhumar y recuperar los cuerpos, que no existen antecedentes de esta situacin en ningn otro pas. Son muchas las voces que dicen que han de hacerse para investigar el alcance de la represin (los cuerpos de los asesinados son la prueba de los crmenes), y para recuperarlos y darles sepultura digna, y que las realizadas sin las rdenes judiciales correspondientes, pueden suponer la destruccin de pruebas del genocidio. Incluso en Colombia, las exhumaciones se hacen por orden de la Fiscala o de los jueces.

Todo hace pensar que el pacto de silencio que ha mantenido a las fosas y a las vctimas silenciadas incluso en democracia, sigue existiendo. Ni cuando la izquierda gobern durante 14 aos el Ayuntamiento se habl de ellas, y eso que tambin les construy encima, y destruy por tanto, restos de represaliados.

Por qu este inters en que no se hable de estas fosas? Cuando se cre la Comissi de la Veritat para alertar a la UNESCO y al Consejo de Europa del afn destructor del Ayuntamiento, empeado en destruir la nica que queda construyndole encima 1.030 nichos, el diario El Pas, vinculado al PSOE, no lo public en la edicin nacional, y eso que presida la Comissi de la Veritat Franco Frattini, vicepresidente de la Comisin Europea, y que intervinieron entre otros de igual relevancia, Desmond Tut, Gabriel Jackon, o Federico Mayor Zaragoza, ex director general de la UNESCO, y que Llus Llac interpret de forma memorable Campanades a Mort en memoria de las vctimas que el franquismo tir a las fosas. Puede que algn da lleguemos a saberlo

Los Tribunales espaoles declaran su competencia para investigar y perseguir crmenes cometidos en otros estados, alegando que no son aplicables las leyes de Amnista y otras anlogas, pero se declaran incompetentes para investigar los crmenes cometidos en Espaa, as que la investigacin del verdadero alcance de la represin y la justicia para las vctimas, no vendrn de su mano ni de la del Gobierno espaol o de otras instituciones del Estado. La falta de voluntad para poner fin a la impunidad y garantizar la verdad, la justicia y la reparacin integral a las vctimas, ha quedado meridianamente clara.

Ahora se cumple el sesenta aniversario de la Declaracin Internacional de los Derechos Humanos, pero en el Estado espaol se siguen violando. La injusticia que persiste sobre las vctimas del franquismo no es ms que una muestra de ello.

Los Tribunales Internacionales, o los de otros estados por la va de la reciprocidad, son la opcin de que legalmente se haga justicia a las vctimas del franquismo, despus de no lograrse en su propio estado, tras ms de treinta aos de democracia y de treinta y tres de muerto el dictador.

Empar Salvador. Presidenta del Frum per la Memria del Pas Valenci.

http://www.psan.net:80/pagina.php?id_article=731



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