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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 27-02-2009

El lucrativo negocio de los centros de menores

Pablo Elorduy
Diagonal


Desde la aprobacin de la ley del menor en el ao 2000, diversas empresas y entidades han copado las adjudicaciones de centros de tutela, tratamiento y reforma de menores, al tiempo que la Administracin se ha desentendido de su supervisin.

En abril de 2008, el BOE haca pblica la adjudicacin del contrato de seguridad de dos centros de acogida (destinados principalmente a menores extranjeros no acompaados) a la empresa Levantina de Seguridad. Esto supone que ms de 300.000 euros irn a parar a la empresa de Jos Luis Roberto, el conocido lder del partido de ultraderecha Espaa 2000. Es otro ejemplo de lo que denuncian las asociaciones de defensa de los derechos de los nios, a saber, que empresas privadas han encontrado en la gestin de centros de menores (sean de acogida, de proteccin o de reforma), un gran pastel a repartir.

As se expresa Jos Luis Calvo, de la Asociacin Pro Derechos del Nio y la Nia (Prodeni), que considera que el sistema de proteccin se ha convertido en una industria, que recoge la herencia de orfanatos y hospicios de antao, regentados por la caridad de entidades religiosas o municipales y diputaciones, donde cada cual haca de su capa un sayo. Se ha convertido pues, en un negocio hbrido en el que se mezclan proclamas de ndole caritativa con la lgica del mercado.

Algo que no era el objetivo de la Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores (Ley Orgnica 5/2000), segn el testimonio del fiscal Flix Pantoja, uno de sus redactores: La idea inicial no era permitir que se privatizaran los reformatorios. Incluimos una disposicin para que algunas asociaciones de barrio colaboraran en medidas como los trabajos en beneficio de la comunidad o la libertad vigilada, pero no imaginamos que se iba a utilizar para delegar la ejecucin de la privacin de libertad.

Como indica el informe del Defensor del Pueblo Centros de menores con trastornos de conducta y en situacin de dificultad social, en el momento de elaboracin del mismo 41 entidades privadas gestionaban 55 de los 58 centros [teraputicos] existentes. Otro dato que prueba la dinmica de privatizacin es que, segn el mismo informe, aproximadamente el 80% de estos centros se han puesto en marcha en los ltimos diez aos. El grupo para Menores de la Asociacin para el Seguimiento y Apoyo a Personas Presas en Aragn (Asapa) se lamenta, en un documento reciente, de que en la atencin a menores no parece que exista una voluntad poltica de tener un sistema de proteccin y apoyo a las nias y nios dentro de la Comunidad ms all de los mnimos legales exigidos. As, junto a la omisin por parte de los Gobiernos autonmicos, responsables a partir de la Ley 5/2000 de la gestin de la proteccin de menores, se produce una caza de las adjudicaciones de centros de proteccin y de reforma. Como seala Jos Luis Calvo: Hay entidades que, en principio defienden la igualdad y han abierto centros de menores y reforma. Otras se dedican a cuidar a personas con discapacidad o a la cooperacin internacional y ahora gestionan centros de menores. Las administraciones autonmicas, por haberse visto desbordadas, han aceptado cualquier solicitud sin tener en cuenta requisitos mnimos imprescindibles, ni la profesionalidad y especializacin del personal. Todo ello ha derivado en una mala calidad del servicio que ha sido detectada por el Defensor del Pueblo.

Sin nimo de lucro

Calvo explica que estas fundaciones y ONG funcionan a modo de subcontratas, y denuncia la complicidad de las administraciones: Por poner un ejemplo, la Junta de Andaluca inform al Defensor del Pueblo de la existencia de un servicio de inspeccin a cada centro una vez al ao, pero se calla, claro, que dicha inspeccin suele advertirse con 15 das de antelacin con el propsito de facilitar a la respectiva ONG o fundacin que todo est en orden. Y en esas inspecciones no se requiere dilogo o conversacin alguna con los nios y nias, es decir, no se les pregunta.

Para Asapa, la lgica empresarial en este campo es equiparable a la privatizacin de la educacin o de la sanidad. A la falta de control por parte de los gobiernos autonmicos se unen conceptos del mundo de la empresa como el de mercanca, contrata, cliente, productividad, rentabilidad, etc.. Segn Calvo, estas asociaciones funcionan por medio de rganos de gobierno desproporcionados con numerosos cargos directivos (presidente, vicepresidente, directores generales,...). Y de ah salen los sueldos de sus directivos, sus coches oficiales, sus comidas, sus encuentros, etc..

Segn el informe del Defensor del Pueblo, como media, las administraciones abonan 3.810,30 euros al mes por la atencin a los menores. Uniendo a este montante las aportaciones de distintas empresas a travs de sus obras sociales, que funcionan como patrocinadoras, y las donaciones de suelo pblico por parte de las comunidades, estas organizaciones acumulan pronto un importante patrimonio. Calvo seala que, adems, algunas de ellas es el caso de Grupo Norte pertenecen a grupos empresariales que cuentan con servicios de seguridad o catering que lgicamente se llevan la adjudicacin de dichos servicios.

Negro futuro

La mayora de los cuidadores, denuncia Prodeni, son elegidos por su fortaleza fsica o por su mal carcter, para contener a los adolescentes.

El informe del Defensor del Pueblo tambin ha puesto el acento sobre las malas condiciones laborales al asegurar que una de las caractersticas del personal educativo es su alto ndice de rotacin: Adems consideran que sus sueldos no se corresponden en absoluto con el trabajo realizado, y son excesivamente bajos (800 euros de media), y por ltimo se lamentan del hndicap que supone para ellos la prctica inexistencia de una formacin continua. Asapa denuncia la realizacin de turnos ilegales en los centros de Aragn de hasta 52 horas seguidas.

Los menores, por su parte, quedan prcticamente abocados a una espiral que transita por el fracaso escolar y que, como seala el informe de la asociacin aragonesa, refuerza las vas de paso del centro de proteccin al reformatorio y de ah a la prisin. A este respecto, su informe subraya la semejanza (es, literalmente, una rplica a escala) entre el centro de reforma de Juslibol y la crcel de Zuera.

En las circunstancias actuales, concluye el portavoz de Prodeni, el sistema de proteccin es un factor importante de riesgo para buena parte de sus nios tutelados. Es un riesgo en s mismo.



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