Portada :: Mxico :: La nueva fase zapatista
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 22-03-2009

El rechazo zapatista a las reformas constitucionales y la construccin de la autonoma

Juan Jos Carrillo Nieto
Argenpress


I. Introduccin

La autonoma de los pueblos indgenas como fenmeno social, poltico, econmico y jurdico es un debate que cobra auge en Amrica Latina a partir de la dcada de los 90 del siglo XX. El ascenso de esta temtica en los anlisis de los fenmenos sociales ha sido impulsado por la irrupcin del movimiento indgena en la regin, en donde la insurgencia indgena ha logrado derrumbar gobiernos (es el caso de Bolivia y Ecuador), evitar privatizaciones de los recursos naturales (de nuevo Bolivia), impedir y/o rechazar proyectos hegemnicos nacionales que le son poco benficos, en incluso cuestionar las bases jurdicas en las que se fundamenta el Estado- nacin (son relevantes los casos de Mxico y Bolivia).

El levantamiento zapatista en Mxico, acompaado de la lucha de otras organizaciones indgenas nacionales ha logrado modificar el mximo ordenamiento jurdico de un pas con ms de 100 millones de habitantes, de entre los cuales alrededor del 12 por ciento pertenece a algn pueblo o comunidad indgena (1). No obstante, frente a las modificaciones aprobadas a la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos y las respectivas constituciones estatales, el movimiento indgena nacional ha mostrado su rechazo y en algunos casos ha decidido establecer la autonoma de facto. El presente artculo pretende indagar la constitucionalidad de dichas autonomas a la luz del sistema jurdico vigente a partir de agosto de 2001, tras la publicacin de dichas reformas.

II. Cronologa

1. A los pocos das de iniciada la ofensiva militar (01 de enero de 1994) y gracias a las presiones de la comunidad nacional e internacional, la Comandancia Zapatista y el Gobierno Federal aceptaron dialogar para alcanzar la paz en Chiapas.

2. En marzo de 1995 el Congreso de la Unin aprueba la Ley para el Dialogo, la Conciliacin y la Paz Digna en Chiapas, publicada das despus por el entonces presidente Ernesto Zedillo. La aprobacin y promulgacin de dicha ley dieron la pauta para establecer formalmente mesas de dilogo y discusin y poder acordar los trminos para el reestablecimiento de la paz en la entidad. De las seis mesas propuestas, slo pudo llevarse a cabo la mesa uno denominada Derecho y Cultura Indgena. En esta mesa, el Gobierno Federal se comprometi, entre otras cosas, a reconocer a los pueblos indgenas en la Constitucin General lo que implicaba la edificacin de un nuevo marco jurdico nacional y en las entidades federativas (2) que incluyer:

a) Legislar sobre la autonoma de las comunidades y pueblos indgenas para incluir el reconocimiento de las comunidades como entidades de derecho pblico; el derecho de asociarse libremente en municipios con poblacin mayoritariamente indgena; as como el derecho de varios municipios para asociarse a fin de coordinar sus acciones como pueblos indgenas;

b) Legislar para que se "garantice la proteccin a la integridad de las tierras de los grupos indgenas", tomando en consideracin las especificidades de los pueblos indgenas y las comunidades, en el concepto de integridad territorial contenido en el Convenio 169 de la OIT, as como el establecimiento de procedimientos y mecanismos para la regularizacin de las formas de la propiedad indgena y de fomento a la cohesin cultural;

c) En materia de recursos naturales, reglamentar un orden de preferencia que privilegie a las comunidades indgenas en el otorgamiento de concesiones para obtener los beneficios de la explotacin y aprovechamiento de los recursos naturales;

d) Legislar sobre los derechos de los indgenas, hombres y mujeres, a tener representantes en las instancias legislativas, particularmente en el Congreso de la Unin y en los congresos locales; incorporando nuevos criterios para la delimitacin de los distritos electorales que correspondan a las comunidades y pueblos indgenas y permitan la celebracin de elecciones conforme a la legislacin de la materia;

e) Legislar sobre los derechos de los pueblos indgenas a elegir a sus autoridades y ejercer la autoridad de acuerdo a sus propias normas en el interior de sus mbitos de autonoma, garantizando la participacin de las mujeres en condiciones de equidad;

f) En el contenido de la legislacin, tomar en consideracin la pluriculturalidad de la Nacin Mexicana que refleje el dilogo intercultural, con normas comunes para todos los mexicanos y respeto a los sistemas normativos internos de los pueblos indgenas;

g) En la Carta Magna, asegurar la obligacin de no discriminar por origen racial o tnico, lengua, sexo, creencia o condicin social, posibilitando con ello la tipificacin de la discriminacin como delito.

Deber tambin asegurarse el derecho de los pueblos indgenas a la proteccin de sus sitios sagrados y centros ceremoniales, y al uso de plantas y animales considerados sagrados de uso estrictamente ritual;

h) Legislar para que no se ejerza ninguna forma de coaccin en contra de las garantas individuales y los derechos y libertades especficas de los pueblos indgenas;

Legislar sobre los i derechos de los pueblos indgenas al libre ejercicio y desarrollo de sus culturas y su acceso a los medios de comunicacin (3)

A los compromisos establecidos en esta mesa se le conocen como Acuerdos de San Andrs, los cuales incluyen modificaciones a la estructura legal nacional. La parte especfica de los Acuerdos de San Andrs que seala las modificaciones legales que deben realizarse, es conocida como Ley COCOPA. El nuevo marco jurdico que se comprometieron establecer, deba incluir la reforma a los artculos 4, 18, 26, 53, 73, 115 y 116 constitucionales. Para efectos de ste anlisis es importante destacar que en el documento Ley COCOPA se define el concepto de territorio como:

Todo pueblo indgena se asienta en un territorio que cubre la totalidad del hbitat que los pueblos indgenas ocupan o utilizan de alguna manera. El territorio es la base material de su reproduccin como pueblo y expresa la unidad indisoluble hombre-tierra- naturaleza (4)

Las temticas centrales de los Acuerdos de San Andrs son la autonoma indgena y la libre determinacin de los pueblos. Cabe sealar que la autonoma indgena como categora jurdica no era sealada en ningn apartado de la Constitucin Poltica vigente hasta ese momento, y que la libre autodeterminacin de los pueblos nicamente se encontraba sealada como facultad y obligacin del Presidente de la Repblica en la conduccin de la poltica exterior nacional. (5)

3. El dialogo entre el Gobierno Federal y el EZLN se interrumpi indefinidamente a fines de 1996 ante la renuencia del Gobierno Federal de cumplir con los Acuerdos de San Andrs y el impulso de grupos paramilitares y acciones de contrainsurgecia promovidos por los gobiernos federal y local. (6)

4. En 1998 el Gobierno Federal present una nueva propuesta que no fue aceptada por los rebeldes, principalmente porque no garantizaba el cumplimiento de las demandas zapatistas, pero tambin porque el clima hostil no proporcionaba ningn tipo de garanta ni condiciones para garantizar seguridad durante el desarrollo de las negociaciones. De esta manera, el sexenio de Ernesto Zedillo termin con una escalada violenta en las zonas de influencia zapatista y sin las condiciones mnimas requeridas para reiniciar el dilogo.

5. Al tomar protesta como presidente del pas, Vicente Fox Quesada, en uno de sus primeros actos de gobierno designa a Luis H. lvarez como Comisionado para el dilogo en Chiapas, y das despus enva para su aprobacin la Ley COCOPA al Congreso de la Unin, en calidad de iniciativa presidencial. El EZLN saluda la designacin y para reiniciar el dilogo pide lo que llam Tres seales mnimas de buena volutad, que son:

i. El cumplimiento de los Acuerdos de San Andrs y la transformacin en ley de la iniciativa de la COCOPA.

ii. La liberacin de todos los zapatistas presos en las crceles de Chiapas y en otros estados, y

iii. El retiro de siete puestos del ejercito federal de los 259 que instal en Chiapas despus del 01 de enero de 1994

6. En febrero de 2001 parti de las comunidades zapatistas una caravana de lderes indgenas (denominada Marcha del color de la Tierra), con la que los integrantes del EZLN recorrieron parte importante del territorio nacional, llegando en marzo a utilizar la tribuna del Congreso de la Unin.

7. El 25 de abril de 2001, el Senado de la Repblica modific la iniciativa enviada, y por unanimidad aprueba la reforma constitucional en materia indgena, modificando los artculos 2 y 115 constitucionales y la enva a la Cmara de Diputados, la cual en su calidad de cmara revisora (7) aprueba la minuta enviada por el Senado. (8)

8. El 30 de abril de 2001 el EZLN desconoce la reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unin porque no responde en absoluto a las demandas de los pueblos indios de Mxico, del Congreso Nacional Indgena, del EZLN, porque traiciona los Acuerdos de San Andrs en lo general y, en lo particular, la llamada iniciativa de Ley de la COCOPA en los puntos sustanciales: autonoma y libre determinacin, los pueblos indios como sujetos de derecho pblico, tierras y territorios, uso y disfrute de los recursos naturales, eleccin de autoridades municipales y derecho de asociacin regional, entre otros, y porque impide el ejercicio de los derechos indgenas. (9)

9. Para realizar adiciones o reformas constitucionales, la propia Constitucin Poltica seala que despus de aprobadas por el Congreso de la Unin, deben ser aprobadas por la mayora de las legislaturas de los Estados (10). Lo que significaba el inicio del proceso legislativo de las cmaras de diputados estatales. El 24 de mayo del mismo ao, el Congreso de Veracruz se convierte en la primera legislatura en aprobar el dictamen de reforma constitucional y en las prximas semanas diversas legislaturas continuarn el procedimiento, siendo el Congreso de Michoacn el que cumplimenta el requisito constitucional el da 12 de julio. (11)

10. El 18 de julio de 2001 la Comisin Permanente del Congreso de la Unin declara consumada la reforma. De acuerdo a lo sealado por la abogada Magda Gmez, la aprobacin se realiza con diversas irregularidades realizadas por el Congreso de la Unin y los congresos estatales, violndose los artculos 133, 16, 4, 14, 115, 128 y 135 Constitucionales. (12)

11. El 14 de agosto de 2001, el presidente Fox promulga y publica en el Diario Oficial de la Federacin la reforma constitucional, ello lo hace sin considerar las reacciones de organizaciones civiles, de derechos humanos, y del EZLN, desaprovechando la posibilidad de utilizar el llamado derecho a veto establecido en el artculo 72 constitucional. (13)

12. De acuerdo a los sealado por el Centro de Derechos Humanos Mguel Agustn Pro Jurez, como reaccin a la llamada contrarreforma indgena se presentaron tres tipos de recursos: 272 controversias constitucionales (interpuestas por municipios de Chiapas, Veracruz, Guerrero, Puebla, Morelos y Oaxaca), 2 acciones de incosntitucionalidad (interpuestas por los Congresos de Tabasco y Tlaxcala) y 14 amparos interpuestas por comunidades indgenas (del Distrito Federal, Estado de Mxico, Chihuahua, Jalisco y Chiapas). Este procedimiento dur alrededor de un ao, y el 7 de septiembre de 2002 la Suprema Corte de Justicia de la Nacin se declar incompetente para conocer de las materias impugnadas.

13. Como respuesta, durante el mes de julio del ao 2003 el EZLN convoca a sus simpatizantes a reunirse durante el mes de agosto del mismo ao para que conozcan de la creacin las Juntas de Buen Gobierno, lo que implica ejercer la autonoma de facto. A partir de esa fecha el EZLN rinde informes anualmente sobre sus ejercicios de gobierno.

14. Sorprendido ante el anuncio de la creacin de las Juntas de Buen Gobierno, el Gobierno Federal consider positiva esta nueva forma de organizacin. Cabe sealar que la decisin del EZLN de constituirse en gobierno autnomo se debe a las respuestas obtenidas en los tres poderes de gobierno federal, en los poderes estatales as como en los municipales, en donde la mayora de las respuestas fueron negativas.

III. Implicaciones jurdicas de la contrarreforma.

Como ya se ha sealado, el EZLN desconoci las reformas constitucionales en virtud de que la iniciativa de ley fue modificada por el Senado. Ante ello es necesario conocer qu tan sustanciosas o superficiales son las modificaciones hechas a la llamada Ley COCOPA. Con base en el comunicado del Comit Clandestino Revolucionario Indgena- Comandancia General del Ejercito Zapatista de Liberacin Nacional del 29 de abril de 2001, pueden observarse las siguientes modificaciones relevantes:

1. El sujeto: Entidades de derecho pblico o entidades de inters pblico?

La reforma constitucional aprobada conceptualiza a las comunidades y pueblos indgenas como entidades de inters pblico, frente a la propuesta COCOPA que las cataloga como entidades de derecho pblico. Si bien a primera vista parece una modificacin de poca importancia, en trminos jurdicos las diferencia es muy amplia: ser una entidad de inters pblico implica una tutela e incluso un financiamiento, lo que estructura una relacin jurdica horizontal en direccin descendiente(14), en cambio, ser entidad de derecho pblico implica el reconocimiento de las comunidades y pueblos indgenas como titulares de derechos polticos.

2. EL mbito de validez y el derecho de terceros: territorio y especulacin.

La propuesta de la Ley COCOPA plantea el acceso colectivo al uso y disfrute de los recursos naturales de tierras y territorios. La propuesta aprobada seala:

Acceder con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitucin y a las leyes de la materia, as como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades (15)

Como puede observarse, en el texto aprobado desaparece la palabra territorio, la cual ya se haba definido en los Acuerdos de San Andrs. De la misma manera, en el prrafo aprobado hay lneas que contienen modificaciones de mayor sustancialidad como lo es la limitante del respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra as como a los derechos adquiridos por terceros al uso y disfrute preferente de los recursos naturales (16) Las lneas citadas implican, en primer lugar, el respeto a la propiedad privada de los medios de produccin, pero tambin implican el trato de la tierra como mercanca, sobre todo si se analiza a la luz de la llamada contrarreforma agraria de 1992, y no como parte de la misma comunidad, lo que lleva al sometimiento de la tierra a la especulacin comercial. En el miso sentido se establece constitucionalmente el derecho de terceros al uso y disfrute de los recursos naturales, lo que implica la posibilidad de una explotacin comercial indiscriminada por parte de quienes cuenten con los recursos econmicos para realizarla, lo que en estos tiempos significa la explotacin comercial de las empresas trasnacionales.

3. La libre asociacin

La ley COCOPA estableca en su propuesta de modificacin del artculo 115 constitucional el derecho de los pueblos y comunidades indgenas para asociarse libremente para coordinar sus acciones. En la reforma aprobada se limita ese derecho de asociacin para los efectos que prevenga esta ley, la cual es de contenido nacional y no regional, lo que cancela la posibilidad de asociarse para resolver problemticas concretas y para cuestiones no legisladas.

4. El ejercicio poltico

La Ley COCOPA seala el deber de tomar en cuenta la ubicacin de los pueblos indgenas para establecer la demarcacin territorial de distritos uninominales y circunscripciones plurinominales en Chiapas, lo que implicaba una reorganizacin territorial que hace efectivo el ejercicio de los derechos polticos de las comunidades y pueblos indgenas. La reforma aprobada elimina la idea de la reorganizacin de las circunscripciones plurinominales y limita la reorganizacin de los distritos uninominales al insertarle previamente un cuando sea posible. En trminos reales, la reforma indica que la imposibilidad puede ser ocasionada por n factores: polticos, econmicos, sociales, culturales, burocrticos, e incluso por razones de estado, evitndose as el ejercicio de los derechos polticos de los comunidades y pueblos indgenas.

Tambin fueron eliminadas las propuestas que sealaban que el Gobierno Federal deba asumir el compromiso de crear un nuevo pacto federal que modifique de raz las relaciones sociales, polticas, econmicas y culturales con los pueblos indgenas Dicho pacto debera erradicar las formas cotidianas y de vida pblica que generan y reproducen la subordinacin, desigualdad y discriminaciny privilegiar a las comunidades indgenas la explotacin y aprovechamiento de los recursos naturales. (17)

IV. Legislacin y relaciones econmicas

La reforma constitucional aprobada acepta nominalmente la autonoma indgena y la libre determinacin de sus pueblos, pero al mismo tiempo les restringe el mbito espacial en donde puede ejercerse dicha autonoma, limita la libre determinacin y el uso y disfrute de los recursos naturales, intenta impedir la libre asociacin de los pueblos y comunidades y de la misma forma pretende obstruir el ejercicio de los derechos polticos de los pueblos y comunidades indgenas al atomizarlos como individuos. Por lo tanto, si se analizan conjuntamente el artculo 2 constitucional, la reforma aplicada al artculo 115, la contrarreforma del artculo 27 constitucional de 1992 y el derecho a la libre asociacin sealado en el artculo 9, se generan tal contradiccin jurdica que se anula la posibilidad de una verdadera autonoma y libre determinacin reconocida constitucionalmente, quedando sin efectos el prrafo introductoria del apartado A del artculo 2 que seala:

Artculo 2 A. Esta Constitucin reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indgenas a la libre determinacin y, en consecuencia, a la autonoma

A travs de dicho anlisis puede observarse con mayor claridad que la legislacin constitucional y las reformas aprobadas en el 2001 permiten que terceros (nacionales o extranjeros, personas fsicas o morales) que cuenten con los recursos necesarios para explotar los recursos naturales de tierras y territorios (lase empresas trasnacionales) tengan convalidado constitucionalmente su derecho a explotarlos irracionalmente y especular con ellos.

Finalmente, es importante sealar las implicaciones que tendra la aprobacin de la llamada Ley COCOPA. En palabras del jurista Jorge Fuentes Morua, la propuesta contiene aspectos de carcter estructural que cuestionan las caractersticas de la organizacin de la produccin capitalista (18), por lo que el cumplimiento de estos acuerdos modificara las relaciones jurdicas, creando las condiciones para una distribucin menos inequitativa, al dotar a los pueblos indgenas de espacios jurdicos capaces de crear nuevos titulares, facultados de nuevos derechos, para defender la autogestin de sus recursos y la autogestin administrativa de sus municipios y de sus territorios. (19)

IV. Conclusin: Las Juntas de Buen Gobierno y su constitucionalidad

Como respuesta al desconocimiento de las necesidades que en materia constitucional requeran las comunidades y pueblos indgenas por parte de los tres poderes de la federacin y tras la consulta de sus bases, las comunidades y pueblos zapatistas decidieron ejercer la autonoma de facto. Dichas juntas, anualmente rinden informes de gobierno, realizan actividades sociales y administrativas y rotan a los integrantes de gobierno. Ante dichas acciones, es necesario cuestionar la constitucionalidad de tales actividades para comprender los alcances de la respuesta de las comunidades indgenas a la reforma aprobada, sobre todo ante las tendencias a rechazar todo lo estatal, para lo cual deben ser considerados los siguientes puntos:

1. Una mxima del derecho privado seala que todo lo que no est prohibido est permitido, por lo que la organizacin de personas para fines lcitos y colectivos no est prohibida, salvo que se tratase de la ejecucin de algn tipo de delito, en este caso, especficamente contra la seguridad nacional, es decir, que su accin cuadrase en la tipologa correspondiente a los de traicin a la patria, espionaje, sedicin, motn, rebelin, terrorismo, sabotaje y conspiracin. Tras un anlisis jurdico de estos tipos penales en el Cdigo Penal Federal se observa que no se concreta ninguno de ellos en la creacin y funcionamiento de las Juntas de Buen Gobierno.

2. Las Juntas de Buen Gobierno son un acto de soberana popular y como tal, ms que un derecho se trata de un acto de ejercicio de poder popular realizado en beneficio de las comunidades y pueblos indgenas que han decidido organizarse de esta manera. En este sentido, tambin implica el ejercicio del inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno, derecho garantizado en el artculo 39 constitucional. (20)

3. Si bien el ejercicio de la autonoma se encuentra altamente maniatado en la legislacin aprobada, sta se encuentra nominada en la Constitucin Poltica y la creacin de las Juntas de Bueno Gobierno implican una correspondencia legal con los prrafos aprobados.

4. La reforma constitucional aprobada es tan ambigua y contradictoria con otros imperativos tambin constitucionales que permite que se den autonomas de hecho a pesar del poco entendimiento que puede existir entre las finalidades de ambas autonomas.

Considerando los puntos anteriores puede observarse que la reforma constitucional aprobada no responde a las demandas de quienes impulsaron dicha reforma y que al mismo tiempo la creacin de las Juntas de Buen Gobierno no implica ruptura alguna con el orden constitucional mexicano, que dicho sea de paso, protege la propiedad privada de los medios de produccin y contienen al mismo tiempo, suficientes ambigedades para permitir un cuestionamiento real a las relaciones econmicas del modo de produccin sin algn rompimiento del orden jurdico constitucional.

Juan Jos Carrillo Nieto es estudiante del posgrado en Estudios Latinoamericanos, Universidad Nacional Autnoma de Mxico, docente de la Universidad Autnoma Metropolitana Unidad Xochimilco.

Notas:
1) De acuerdo a cifras de la Comisin Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indgenas, Mxico posee una poblacin de alrededor de 12 millones de indgenas con alrededor de 60 idiomas distintos al espaol.
2) Mesa 1, punto V. reformas constitucionales y legales, Acuerdos de San Andrs.
3) Mesa 1, Punto V, reformas constitucionales, Acuerdos de San Andrs, las cursivas son mas.
4) Mesa 1, Punto V, reformas constitucionales, Acuerdos de San Andrs, pg. 18, las cursivas son mas.
5) El artculo 89 fraccin X de Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos seala que es obligacin del presidente: Dirigir la poltica exterior y celebrar tratados internacionales, sometindolos a la aprobacin del Senado. En la conduccin de tal poltica, el titular del Poder Ejecutivo observar los siguientes principios normativos: la autodeterminacin de los pueblos;
6) La matanza de Acteal, auspiciada por caciques locales y paramilitares el 22 de diciembre de 1997 es un momento crtico en el desenvolvimiento del conflicto.
7) De acuerdo a lo sealado por el artculo 72 Constitucional, el cual seala la forma en que debe llevarse un procedimiento legislativo.
8) En este caso el Senado jugo el papel de Cmara de origen.
9) Comunicado del Comit Clandestino revolucionario Indgena- Comandancia General del Ejercito Zapatista de Liberacin Nacional, 29 de abril de 2001
10) El artculo 135 constitucional seala: La presente Constitucin puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unin, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que stas sean aprobadas por la mayora de las legislaturas de los Estados. El Congreso de la Unin o la Comisin Permanente en su caso, harn el computo de los votos de las Legislaturas y la declaracin de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.
11) Los Congresos que votaron a favor de la reforma son: Aguascalientes, Campeche, Colima, Guanajuato, Puebla, Quertaro, Veracruz, Tlaxcala, Coahuila, Durango, Jalisco, Quintana Roo, Sonora, Baja California, Chihuahua, Nayarit, Nuevo Len, Tabasco y Michoacn.
12) Para mayor detalle consltese: Gmez Magda, Los recursos jurdicos presentados en contra de la Reforma Constitucional en Materia Indgena, en: http://www.centroprodh.org.mx/especiales/cronologia_indigena/Recursos%20legales%20presentados%20en%20contra%20de%20la%20reforma%20_13.pdf (fecha de consulta: 06 de abril de 2006).
13) El llamado veto presidencial se encuentra sealado en el apartado B del artculo 72 constitucional, el cual seala que: Se reputar aprobado por el Poder Ejecutivo, todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cmara de su origen, dentro de diez das tiles; a no ser que, corriendo este trmino hubiere el Congreso cerrado o suspendido sus acciones, en cuyo caso la devolucin deber hacerse el primer da til en que el Congreso est reunido.
14) De esta forma se encuentran definidos los partidos polticos en la Constitucin Poltica: Art. 41. I. Los partidos polticos son entidades de inters pblico, las cursivas son mas.
15) Mesa 1, Punto V, reformas constitucionales, Acuerdos de San Andrs.
16) Artculo Segundo, Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, vigente desde agosto de 2001
17) Mesa 1, Punto V, reformas constitucionales, Acuerdos de San Andrs.
18) Fuentes Mora Jorge, Acuerdos de San Andrs, en, en Fuentes, Michel y Arroyo (coordinadores) Chia-paz 7 aos: recuento, balance y perspectivas: Memoria del quinto coloquio Reforma del Estado, Pg. 187
19) Ibd., pg. 190
20) El artculo 39 constitucional seala que: La soberana nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder pblico dimana del pueblo y se instituye para beneficio de ste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno las cursivas son mas.

Bibliografa:
Carbonell Miguel, Derechos de los pueblos y comunidades indgenas. Legislacin bsica, Editorial Porra, Mxico, 2004.
Cecea Ana Esther, El reconocimiento de derechos y cultura indgenas y la incompetencia del sistema poltico mexicano, en Bajo el Volcn. Revista del Posgrado de Sociologa Benemrita Universidad Autnoma de Puebla, ao 2, nmero 5, Segundo semestre de 2002.
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustn Pro Juarez A.C. y SERAPAZ, Cuadro comparativo entre los derechos del Convenio 169 de la OIT, la iniciativa COCOPA, los Acuerdos de San Andrs y el dictamen de reforma constitucional aprobado por el Senado de la repblica el 25 de abril de 2001 en http://www.centroprodh.org.mx
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustn Pro Juarez A.C. y SERAPAZ, Los pueblos indgenas ante la Suprema Corte, EN http://www.centroprodh.org.mx
Comit Clandestino Revolucionario Indgena- Comandancia General del Ejercito Zapatista de Liberacin Nacional, Comunicado del 29 de abril de 2001. Documento disponible en lnea: http://ezlnaldf.org/comunica/01043002.htm (fecha de consulta: 25 de marzo de 2006).
Fuentes Morua Jorge, Acuerdos de San Andrs, en Morua, Michel y Arroyo (coordinadores) Chia-paz 7 aos: recuento, balance y perspectivas: Memoria del quinto coloquio Reforma del Estado, Universidad Autonoma Metropolitana, Mxico, 2000.
Gobierno Federal- EZLN, Acuerdos de San Andrs, Mxico, 1996. Disponibles en lnea: http://www.ezln.org/san_andres/acuerdos.htm (fecha de consulta: 25 de marzo de 2006).
Gmez Magda, Los recursos jurdicos presentados en contra de la Reforma Constitucional en materia indgena, en http://www.centroprodh.org.mx.
Gmez Magdalena, La autonoma en la antesala: la paz inconclusa (el caso mexicano 1995- 2003), en Escrzaga y Gutirrez (coordinadoras) Movimiento indgena en Amrica Latina resistencia y proyecto alternativo, Casa Juan Pablos- Gobierno del Distrito Federal- BUAP- UNAM- UACM, Mxico, 2005.
Mxico, Constitucin Poltica de los Estados Unidos de 1917, publicada en el Diario Oficial de la Federacin el 05 de febrero de 1917 (ltima reforma 8 de noviembre de 2005).
Rodrguez Lascano Sergio, La propuesta de Ley indgena aprobada por el Senado: Un paso adelante, dos pasos atrs, en Diario La Jornada, 27 de abril de 2001, seccin opinin.

   


Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter