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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 26-03-2009

Bolonia y el derecho a la protesta: algunos apuntes sobre la forma y el fondo

Gerardo Pisarello
Sin Permiso


La severa represin policial desatada tras el desalojo de un grupo de estudiantes encerrados en el Rectorado de la Universidad de Barcelona (UB) ha generado condenas de diverso tipo. Entre los crticos de la actuacin policial no han faltado, incluso, los que aseguran compartir los objetivos de la reforma universitaria en curso. En este ltimo caso, sin embargo, el rechazo de los excesos policiales ha venido acompaado de aclaraciones del siguiente tenor: Haba que desalojar, pero no as. Los encerrados eran una minora que haca un uso ilegtimo del espacio pblico; entre ellos haba muchos que ni siquiera eran estudiantes y exista un riesgo cierto de que aumentara la violencia.

A medida que han ido pasando los das, esta supuesta separacin entre forma y fondo, este s, pero no as, ha ido ganando espacio en los medios de comunicacin y en un cierto sentido comn. Sin embargo, estas afirmaciones no pueden aceptarse sin ms. Porque lo que subyace en ellas no es slo una determinada concepcin del papel de las fuerzas policiales. Es tambin una idea del derecho a la protesta y a la crtica y, en definitiva, de la propia democracia.

Comenzando por el final, est el tema de la violencia. En el comunicado emitido por el Rectorado se asegura que los estudiantes traspasaron ciertas lneas rojas que justificaban el desalojo. El propio Rector de la UB, Ddac Ramrez, se encarg de sealar cules haban sido: en la Facultad de Geografa e Historia, un alumno fue agredido por otro, la vicerrectora no pudo impartir docencia, y durante el fin de semana, algunos manifestantes se mostraron agresivos con el personal del edificio histrico. No parece fcil determinar que estos hechos genricos, aun admitiendo que puedan ser reprobables, puedan equipararse sin ms a actos de violencia. Mucho ms discutible es que pueden atribuirse a todos o a la mayora de los estudiantes movilizados, incluidos los que estaban encerrados en el Rectorado. Hubo algn tipo de intervencin en relacin con los referidos hechos de Geografa e Historia?Es razonable justificar el desalojo de un espacio pblico por los hechos aislados producidos en otro? Qu es exactamente lo que haca temer una escalada en el uso de la violencia?

No es la primera vez, en realidad, que la apelacin genrica al peligro de la violencia se convierte en antesala de una intervencin coactiva o represiva. As ocurri, de hecho, en la Universidad Pompeu Fabra y en la Universidad Autnoma de Barcelona, donde, con un argumento similar, se aplicaron sanciones individuales de dudosa legalidad y se practicaron desalojos. Sin embargo, y ms all de algunas conductas aisladas, las razones de fondo parecen estar en otro sitio.

En el caso de la UB, no es menor el hecho de que das antes, la mayora del claustro hubiera votado seguir adelante con la instauracin del Espacio Europeo de Educacin Superior. En el fondo, era esta decisin mayoritaria e inapelable la que justificaba el desalojo de una minora que llevaba meses encerrada y que inclua a personas que ni siquiera eran estudiantes. Desplazado a este plano, el argumento adquiere otra fuerza, pero resulta igualmente contestable. En primer lugar, porque el futuro de la universidad pblica no es una cuestin que concierna slo a los actuales miembros de la comunidad universitaria. Es un asunto pblico, sobre el que todos pueden pronunciarse. Si el Crculo de Empresarios o la Organizacin Mundial del Comercio emiten comunicados y declaraciones sobre el papel que debera tener la educacin universitaria por qu no pueden hacerlo los activistas de movimientos sociales o los ciudadanos corrientes?

Tampoco es de recibo la manera en que se presenta el argumento de la minora. Ante todo, porque en la medida en que la participacin generada en torno a Bolonia no ha sido la que una reforma de esta envergadura exigira, es difcil saber quin lo apoya y quin no. Las crticas no son una simple ocurrencia de un puado de personas iluminadas o de ignorantes. Investigadores ilustres, profesores e incluso rectores de toda Europa han coincidido con los estudiantes movilizados en que, en un contexto de falta de financiacin adecuada y de precarizacin laboral, muchos de los objetivos perseguidos por la reforma, encomiables en abstracto, corren el riesgo de convertirse en instrumentos de mercantilizacin y burocratizacin de la universidad. Quien sea profesor universitario, de hecho, sabe que entre sus colegas son ms bien pocos los que tienen una opinin entusiasta sobre el proceso de reforma en curso. Los pocos referenda celebrados para conocer la opinin estudiantil, como los de Lleida, Girona o Barcelona, registraron un rechazo casi unnime a la poltica de hechos consumados hoy en marcha. Es cierto que la participacin estudiantil fue baja en trminos absolutos (en torno al 15 y al 20%), pero fue mucho mayor, por ejemplo, que la que tiene lugar cuando se eligen rectores.

Igualmente, es injusto presentar los encierros como hechos protagonizados por unas pocas decenas de irreductibles. En realidad, cientos de personas, incluidos profesores y otros miembros de la comunidad universitaria han pasado por ellos a lo largo de estos meses. Es ms, con frecuencia han sido escenario de debates y centros de informacin ms frtiles que los predispuestos por las propias instituciones.

Otra cosa diferente, naturalmente, es su justificacin como mecanismos de protesta. Para buena parte de los responsables institucionales, los encierros seran una va inaceptable de expresin de participacin, ya que la Universidad tiene sus propios canales formales y porque comportaran un uso ilegtimo del espacio pblico. Ante una situacin como la actual, sin embargo, lo primero que debera plantearse es si los canales formales han dado a los estudiantes, que sern los principales destinatarios de la reforma, informacin y voz suficientes para poder expresar su opinin. A la luz de lo ocurrido, todo parece indicar lo contrario. No cabe duda, por ejemplo, de que las posiciones favorables a la actual reforma han contado con muchos ms canales institucionales que las posiciones crticas. En los medios institucionales, por ejemplo, la informacin a disposicin de unos y otros ha sido totalmente asimtrica. Y lo mismo ha ocurrido en otros espacios. Basta ver, como ejemplo, la propaganda oficial a favor de Bolonia difundida por el gobierno, un da s y otro tambin, en peridicos y otros medios de difusin estatal.

Nada parecido puede decirse de las posiciones ms crticas. Los estudiantes movilizados han presentado, como se ha indicado ya, numerosas objeciones sustantivas a lo que el Bolonia supone para ellos. Sin embargo, una de las principales tiene que ver con el procedimiento: reclaman una moratoria, precisamente, para poder discutir ms y mejor, antes de que sea demasiado tarde. Es en este contexto, precisamente, donde deberan situarse acciones como las de los encierros. En efecto, cuando los canales formales resultan insuficientes o se limitan a actuar con la lgica de los hechos consumados, qu alternativas quedan? por qu no ver en los encierros una de las pocas formas de protesta al alcance de un sector de la comunidad universitaria que no ha sido escuchado o consultado de manera adecuada?

En declaraciones a Onda Cero, el secretario general de la UB celebraba que, tras el desalojo policial, el edificio histrico del Rectorado volviera a recuperar su sentido pblico previo, cuando ciudadanos y turistas que queran contemplar el edificio o pasear por los jardines podan hacerlo sin problemas. No se acierta, sin embargo, a entrever cul es la idea de sentido pblico que subyace a esta afirmacin Pueden la contemplacin esttica o la atraccin turstica colocarse en el mismo plano que el propsito de debatir en torno al futuro mismo de la educacin pblica? No parece ser esta la opinin del Rector, que con buenas razones permiti que los estudiantes permanecieran en el edificio durante varios meses.

La crtica de la inadmisible represin policial de esta semana y la crtica al llamado proceso de Bolonia son, ciertamente, dos cosas diferentes. Se entiende que haya quienes pretendan repudiar lo primero apoyando lo segundo. Sin embargo, lo ocurrido no tiene que ver slo con una cuestin policial. En un sistema que se precie de democrtico, el derecho a la crtica es el primero de los derechos, sobre todo cuando la protesta proviene de quienes no han tenido oportunidad de voz en los procesos formales de participacin. Que se trate o no de una minora, no es argumento suficiente para descalificarlos. Despus de todo, nada impide que las minoras de un determinado momento puedan defender intereses generalizables, susceptibles de convertirse en mayoritarios, o que las mayoras coyunturales sean portavoces de privilegios, viejos o nuevos, que slo benefician a una minora. Que esto sea as, depende de muchos factores. La informacin disponible y la calidad y amplitud del debate pblico son algunos de los ms importantes. De aqu que el lugar que se les otorgue sea un reflejo, tambin, de la idea de democracia que se profesa.

Gerardo Pisarello es un constitucionalista argentino radicado en Barcelona. Es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y forma parte del grupo de colaboradores habituales de SINPERMISO


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