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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 31-03-2009

Un tribunal espaol inicia la investigacin criminal a seis ex funcionarios del gobierno de Bush por justificar las torturas en Guantnamo

BBC


Un tribunal espaol inici los procedimientos para la apertura de una investigacin criminal a seis ex funcionarios del gobierno del ex presidente estadounidense George W. Bush por proporcionar justificacin legal a supuestas prcticas de tortura llevadas a cabo en la prisin de Guantnamo, en Cuba.

El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzn, envi el caso a la fiscala para que decida sobre la idoneidad de la apertura de un proceso contra el ex fiscal general, Alberto Gonzles, y otros cinco ex integrantes de la administracin Bush.

La querella criminal contra los ex funcionarios estadounidenses fue presentada por la Asociacin por la Dignidad de los Presos y Presas de Espaa.

Los querellantes alegan que los ex funcionarios violaron las leyes internacionales al proveer el marco legal que justific la tortura de prisioneros en el centro de detencin estadounidense en Cuba.

En la querella se nombra a altos funcionarios de la administracin Bush, como John C. Yoo, ex abogado del Departamento de Justicia; Douglas J. Feith, ex subsecretario de Defensa para Asuntos Legales; William J. Hayes II, ex consejero general de la Oficina del departamento de Defensa; Jay S. Bybee, ex asistente del fiscal general y David S. Addington, ex jefe de gabinete y antiguo consejero del ex vicepresidente Dick Cheney.

Jurisdiccin

Segn le explic a la BBC Philippe Sands, profesor de derecho internacional de la Universidad de Londres, los pases signatarios de las Convenciones de Ginebra, como Espaa, "tienen la obligacin de ejercer su jurisdiccin sobre cualquier persona que est en el pas de la que se sospeche haya participado en actos de tortura".

Segn Sands, ninguna de las seis personas que figuran en la querella est en Espaa, pero s residan en ese pas algunos de los presos de Guantnamo, dnde supuestamente se practicaron actos de tortura.

El jurista asegur que "eso es lo que ha llevado al juez Garzn a otorgarse jurisdiccin a raz de la querella presentada por ciudadanos espaoles y una ONG espaola".

El abogado Juan Garcs, quien en el pasado colabor con Garzn, coincide con Sands en que "la ley espaola es muy clara en los trminos de la jurisdiccin para la persecucin de crmenes contra la humanidad bajo los principios de jurisdiccin internacional".

Segn le explic Garcs a la BBC, "tanto Espaa como Estados Unidos tienen la obligacin de investigar alegaciones de comisin de tortura por parte de funcionarios pblicos".

El abogado espaol explic que bajo los principios de jurisdiccin que se aplican en Espaa, correspondera a los tribunales de EE.UU. la investigacin.

"Slo si esos tribunales no quieren perseguir el crimen, el tribunal espaol de manera complementaria, puede continuar con el proceso", asegur Garcs

De seguir adelante el proceso, los ex funcionarios estadounidenses podran llegar a ser arrestados y extraditados, segn Philippe Sands.

"Si el caso siguiera adelante, la justicia espaola hara una peticin de informacin sobre los individuos. EE.UU., como parte en la convencin, tendra la obligacin de cooperar y le quedaran dos opciones: llevar a cabo su propia investigacin -algo que por el momento no han querido hacer- o bien extraditar a los individuos", explic Sands.

Dilema


Segn el jurista, este es uno de los asuntos ms complicados a los que se enfrenta la administracin de Barack Obama.

"Si la administracin Obama llevara a cabo su propia investigacin sera muy difcil justificar una investigacin en Espaa", asegur Sands.

"As que una de las consecuencias, si no la intencin del proceso en Espaa, es presionar al gobierno de Obama -que est dividido sobre esta cuestin- para que tome una decisin".

Juan Garcs, por su parte, seal que no cree que detrs de este proceso haya motivaciones polticas.

"No creo que Garzn siga una agenda poltica. Existe la obligacin internacional de perseguir la tortura", recalc Garcs.

Tortura

En la actualidad en Guantnamo hay recluidas unas 250 personas. 50 de ellas han sido declaradas como no peligrosas para la seguridad estadounidense, pero no han sido liberadas, bien porque sus pases de origen no los aceptan, o porque los abogados defensores temen que sus clientes sean maltratados al regresar a sus naciones.

Slo 80 estn en la lista de quienes Washington quiere procesar por supuestamente promover actividades contra la seguridad de los ciudadanos estadounidenses.

El resto est en un limbo jurdico, sin haber recibido informacin sobre qu acusacin especfica tienen en su contra.

El pasado enero una alta funcionaria del gobierno de George W. Bush afirm en una entrevista con el diario The Washington Post que agentes estadounidenses torturaron en el centro de detencin a un ciudadano saudita que supuestamente iba a participar en los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Organizaciones de defensa de los derechos humanos llevan tiempo denunciando las tcnicas de interrogacin utilizadas por EE.UU. en Guantnamo, que segn afirman incluyen actos de tortura contrarios a la ley internacional.

El juez espaol Baltasar Garzn alcanz notoriedad internacional cuando emiti una orden internacional de arresto contra el ex gobernante de facto chileno Augusto Pinochet, quien fue detenido en Londres en 1998.



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