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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 06-04-2009

Interior vuelve a negarse a instalar cmaras en los 250 centros de detencin
Denuncian el fracaso de los protocolos para prevenir la tortura

David Fernndez
Diagonal


Organismos de derechos humanos sostienen que los sistemas de vigilancia para evitar los abusos a los detenidos se aplican slo de forma ocasional, por lo que no son efectivos.

Da igual que se apliquen protocolos o haya mdicos forenses, da igual que organismos internacionales condenen a Madrid: se sigue torturando, afirma el abogado Aiert Larrarte de Torturaren Aurkako Taldea (TAT), organismo vasco de defensa de los derechos humanos. Y es que, tanto el protocolo para prevenir la tortura a detenidos en rgimen de incomunicacin de la polica autonmica vasca, aprobado en 2005, como el aplicado ocasionalmente por el juez Baltasar Garzn desde 2006 no bastan. As lo constatan Behatokia (Observatorio Vasco de Derechos Humanos), el TAT y otras entidades de defensa de los derechos humanos. Tambin lo acreditan las 62 denuncias por torturas recogidas por el TAT durante 2008, 19 en supuesta aplicacin de estos protocolos.

La detencin de Manex Castro el pasado 1 marzo, ha marcado un punto de inflexin: tras tres aos sin hacerlo desde febrero de 2006, la Ertzaintza ha vuelto a aplicar el rgimen de incomunicacin. Y con ello, han reaparecido las denuncias contra este cuerpo por torturas y malos tratos. Y las dudas sobre la opacidad de un protocolo controlado por la propia Ertzaintza en el que el acceso a las grabaciones de los interrogatorios se ha revelado imposible [Ver recuadro]. A pesar de que el relator especial de la ONU para los Derechos Humanos en la Lucha Antiterrorista, Martin Scheinin, exigi recientemente que debe darse a la defensa acceso a las cintas grabadas.

Similares dificultades y trabas se producen con el protocolo del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzn, que en diciembre de 2006 impuls personalmente su particular reglamento, durante la detencin de once presuntos yihadistas en Ceuta. Garzn orden entonces la filmacin ntegra de todo el proceso de incomunicacin. En aquella ocasin, la respuesta policial fue escueta y sintomtica: Interior respondi inmediatamente que no tena medios cmaras y cintas para cumplir y aplicar esas rdenes. Para Behatokia, el problema est en la ausencia radical de un protocolo integral. El protocolo de Garzn, seala Julen Arzuaga, abogado de este organismo, se ordena en la Audiencia Nacional al albur de cada juez, tras solicitarlo los abogados. Y as, Grande-Marlaska, Del Olmo e Ismael Moreno se niegan a aplicarlo. Santiago Pedraz lo ha aprobado en alguna ocasin y diversas fuentes sostienen que el magistrado Fernando Andreu sopesa desarrollarlo. Esa aleatoriedad ha provocado que, slo en 2007, la polica espaola aplicase el protocolo en 12 de las 40 detenciones incomunicadas contra ciudadanos vascos.

En 2008, en cambio, no aplic el protocolo a ninguno de los 16 detenidos en rgimen de incomunicacin, ni siquiera en algunas detenciones ordenadas por el propio Garzn. Se trata insiste Arzuaga de una aplicacin restringida y aleatoria, con respuestas muy dispares. Y as es difcil, imposible, erradicar la tortura.

Behatokia reconoce avances cuando se aplican medidas de prevencin. La visita al detenido de un mdico de confianza ha sido permitida, aunque se deniega todava la posibilidad de realizarle un informe forense independiente. La comunicacin con los familiares ha sido escueta, va telefnica, pero positiva respecto al pasado: fueron informados del estado y lugar donde se hallaba el familiar detenido. En el reverso negativo, los traslados de los detenidos siguen siendo incontrolables, y en ellos se producen muchas de las agresiones denunciadas. Por ello, Behatokia exige una aplicacin integral, automtica y sistemtica de medidas para prevenir los abusos.

Sin olvidar que la demanda neurlgica sigue siendo la modificacin de la arquitectura jurdica legislacin especial antiterrorista y rgimen de incomunicacin que genera espacios de impunidad y ampara la prctica de la tortura, necesidad que resalta el TAT: La nica medida para la prevencin de la tortura es, como exigen a Madrid desde instancias internacionales, la derogacin de la incomunicacin a los detenidos.

Amnista Internacional, en declaraciones de su representante, Peter Splinter, recogidas por France Press, tambin ha sealado que el Estado espaol debera reflexionar seriamente en lugar de rechazar las recomendaciones que le hace la ONU; las detenciones incomunicadas acrecientan el riesgo de tortura.

Arzuaga es de la misma opinin: Se ha podido observar la incapacidad del Estado espaol para asumir crticas y reconocer que su prctica antiterrorista est en contradiccin directa con el respeto a los derechos humanos, una actitud ajena al ms bsico principio de colaboracin con la ONU. Interior, desoyendo nuevamente las recomendaciones internacionales, ha vuelto a negarse a instalar cmaras en los 250 centros de recepcin de personas detenidas que hay en el Estado. Y eso que el Ejecutivo incluy esta propuesta en su Plan de Derechos Humanos, presentado a bombo y platillo el pasado diciembre.

Pero ese compromiso sigue sonando a hueco. Son elocuentes las declaraciones de Snchez Fornet, secretario general del Sindicato Unificado de Polica (SUP), que se muestra favorable a su instalacin: A Interior le interesa nuestra eficacia, todo lo dems est en segundo trmino. En Catalunya, en cambio, la instalacin de cmaras (y de cmaras ocultas) en 88 comisaras ha supuesto, en un ao, el descenso en un 42% de las denuncias por malos tratos contra los Mossos. Denuncias que sin embargo han repuntado en la calle y en los traslados.



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