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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 30-04-2009

Los juristas de Bush

Philippe Sands
Pblico


Hace cuatro aos empec a trabajar en un libro sobre el papel desempeado por experimentados juristas de la Administracin Bush en la autorizacin de nuevas tcnicas equivalentes a la tortura. Me impuls a ello la divulgacin de un memorando de una pgina escrito por Jim Haynes, jefe de los abogados de Donald Rumsfeld en el Pentgono, en noviembre de 2002. El documento recomendaba dar autorizacin general para forzar posiciones de estrs, privar del sueo, desnudar o emplear perros, contraviniendo las Convenciones de Ginebra y la Convencin contra la Tortura de 1984. Dejaba abiertas otras tcnicas, incluyendo el waterboarding, en funcin de cada caso particular. Su aprobacin por parte de Rumsfeld llev a la tortura de Mohammed al Qahtani. Y las tcnicas migraron hacia Afganistn e Irak, incluyendo Abu Ghraib.

El documento me pareci profundamente escandaloso y no poda entender cmo era posible que destacados juristas de la Administracin formados en Harvard y otras buenas universidades podan haberse asociado de esta manera con la tortura. Despus de ms de un ao de investigacin, encontr que no haban actuado tanto como juristas, sino ms bien como activistas de una causa, motivados por razones ideolgicas, utilizando sus posiciones profesionales para dar el visto bueno a una poltica de abuso predeterminada. Sus acciones provocaron descrdito a su profesin y les hicieron cruzar la lnea hacia la criminalidad internacional.

No hay nada nuevo ni fraudulento en la idea de que dar consejos jurdicos puede derivar en responsabilidad criminal. Est bien establecido que un abogado que presta su nombre profesional a la comisin de crmenes puede ser tratado, l mismo, como un criminal. As sucede en Reino Unido, en Espaa, en EEUU y en muchos otros lugares, as como en el Derecho Internacional. As sucede cuando se lidia con blanqueo de capitales o tortura. En este caso, la evidencia ha mostrado sin ambigedad que los juristas cruzaron la lnea. Los memorandos que hemos visto la semana pasada se hicieron pblicos ms no son opiniones legales de buena fe. Al contrario: se trata de documentos que demuestran que el cliente la Administracin Bush necesitaba cobertura legal para justificar la tortura. Los abogados liberaron limitaciones, redefinieron el concepto de tortura para parmitir el waterboarding y otras acciones. Sin los juristas, estas tcnicas no hubieran sido aprobadas ni utilizadas. Proporcionaron sus nombres como abogados para encubrir hechos vergonzosos, ilegales, bajo las leyes internacionales que EEUU ha ayudado tanto a erigir.

Cuando mi libro se public en abril de 2008, la idea de la investigacin criminal en cualquier lugar del mundo tena muy poco apoyo. Cmo han cambiado las cosas! Al libro y a un artculo que escrib en Vanity Fair le sucedieron comparecencias en el Congreso de EEUU. Testifiqu tres veces en Washington, donde advert que, si EEUU no pona su casa en orden, otros pases probablemente abriran sus propias investigaciones, puesto que relevantes convenciones internacionales lo permiten. Las audiencias escucharon amablemente. Las sesiones permitieron divulgar ms documentos que confirmaron la idea de que los juristas haban participado en algo parecido a una conspiracin para sortear la ley. A finales de 2008 estaba clarsimo. En enero, me contact un abogado espaol, que me dijo que mi libro Torture Team [Equipo torturador] le haba inspirado para presentar una querella criminal contra los abogados, ahora conocidos como Los Seis de Bush. l quera hacerlo y poda hacerlo porque EEUU no haba cumplido con su obligacin de investigar el crimen de tortura. El asunto est ahora en la Audiencia Nacional. La Justicia en Espaa seguir su curso, como debe ser.

Mientras tanto, la situacin en EEUU ha cambiado. Obama es ahora el presidente. Una de sus primeras acciones fue ordenar el cierre de Guantnamo y exigir a los interrogadores estadounidenses que hagan caso omiso a todos los consejos legales redactados por el Departamento de Justicia entre el 11 de septiembre de 2001 y el 20 de enero de 2009. Ha vuelto el compromiso de EEUU contra la tortura, segn el Derecho Internacional y su definicin. Ha divulgado memorandos considerados previamente secretos. Al hacerlo, tambin ha dicho que, por mala que fuera la anterior posicin legal, los interrogadores de la CIA que creyeron en su buena fe no sern procesados. Lo que no qued tan claro es si pretenda cerrar o no la puerta a todo proceso judicial. Pero luego anunci que no pondra obstculos a posibles investigaciones criminales en EEUU contra abogados o altos cargos de la Administracin Bush le corresponde al fiscal general o a alguna otra forma de investigacin. El momento elegido para decirlo fue significativo. Est claro que la causa espaola ha contribuido directamente al cambio de atmsfera poltica en EEUU. El hecho de que haya habido gran apoyo a las acciones del sistema judicial espaol como se ha reflejado en comunicados y en textos de influyentes peridicos como The New York Times y Los Angeles Times refleja una situacin completamente nueva. Es especialmente significativo que el presidente Obama no apoyara la posicin del fiscal general espaol, Cndido Conde-Pumpido.

Lo que pase a partir de ahora est abierto. No hay en marcha ninguna investigacin criminal contra los juristas y ninguno ha sido sancionado. En estas circunstancias, no hay limitaciones en la ley internacional para que Espaa ejerza su jurisdiccin. La realidad es que hacindolo, incluso en un punto an tan limitado, ha transformado la situacin en EEUU, colocando a Los Seis de Bush en su propio agujero negro legal.

Philippe Sands es Catedrtico de Derecho en el University College de Londres. Autor del libro Torture Team.

 

http://blogs.publico.es/dominiopublico/1247/los-juristas-de-bush/




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