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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 04-05-2009

Otra vez la "guerra del agua"

Jos Antonio Errejn
Viento Sur


De nuevo la llamada guerra del aguavuelve a ocupar espacios en los medios de comunicacin y en las agendas de los polticos. La milagrosa solucin de la ex ministra Carbona con su programa AGUA y sus desaladoras no ha podido solucionar un problema histrico agravado desde la dcada de los 60 del pasado siglo como consecuencia de la explosin de las demandas ligadas a la expansin de los regados , el sector turstico y, a partir de la ley del suelo del PP, del sector inmobiliario.

Ni la consagracin del dominio pblico hidrulico ni la proclamacin del principio de unidad de cuenca, d la que tan orgullosos se han mostrado los gobernantes del PSOE desde la promulgacin de la ley de aguas de 1985, han podido atajar como mnimo regular los dficits crecientes de recursos hdricos y sus consecuencias en trminos de conflictos de intereses, expresados como enfrentamientos territoriales en el Estado de las Autonomas. El paradigma de la poltica hidrulica inspirada en las propuestas regeneracionistas de equilibrar Espaa y llevar agua desde sobra a donde falta fue el proyecto de trasvase Tajo Segura diseado por el ingeniero Lorenzo Pardo y finalmente aprobado por ley franquista en 1971. mediante los 1000 Hm3 proyectados para trasvasar a la cuenca del Segura se pretenda abastecer las demandas de agua de un sector agrario al que los tecncratas de la Dictadura queran convertir en uno de los motores del desarrollo capitalista espaol, adecuado para su integracin en el Mercado Comn Europeo (hoy UE) cuando las circunstancias polticas lo hicieran posible. Lo que se seala, por cierto, para mostrar la continuidad de las polticas econmicas de la Dictadura y el rgimen parlamentario.

Como en muchos otros aspectos, las polticas econmicas de los gobiernos constitucionales no han divergido mucho de las inspiradas por los tecncratas del franquismo. La proclamacin por la ley del 85 del carcter demanial de las cuencas y del principio de su unidad de gestin no alter las prcticas oligrquicas y clientelares en los aprovechamientos de la aguas por los grandes regantes y las compaas elctricas as como la orientacin efectiva de la gestin hidrulica segn las pautas tradicionales del Cuerpo de Ingenieros de Caminos al servicio de los proyectos de expansin de negocio de las grandes constructoras. La obsesin franquista por las inauguraciones de presas fue heredada por los gobernantes socialistas, alcanzando el paroxismo con el PHN del ex ministro Borrell en el que se pretendan trasvasar Hm3 y al que la recesin del 92-94 y las polticas de ajuste presupuestario de Solbes enterraron definitivamente.

En una coyuntura muy determinada, el PSOE consigui convertirse en la herramienta til para un importante conjunto de sectores sociales, especialmente en Aragn y Catalunya, para derogar el trasvase del Ebro que el PP haba convertido en el buque insignia del PHN del 2001. Conseguida esta derogacin-no la del conjunto del PHN2001,an en vigor- , por razn de restricciones en los recursos presupuestarias de la UE que deban financiar tan importante inversin, se puso en marcha el llamado programa AGUA destinado a compensar la frustracin de las expectativas de las CCAA y los sectores beneficiarios del trasvase del Ebro(Comunidad Valenciana, Murcia, Andaluca Oriental y los sectores del regado, turstico e inmobiliario, todos ellos dirigidos por la derecha gobernante en estas CCAA y en la mayora de los municipios de ambas regiones), bsicamente mediante la construccin de un conjunto de plantas desalinizadoras que abastecern de agua al regado y a los abastecimientos urbanos.

No es el momento de detenerse a analizar la viabilidad econmica y la adecuacin ecolgica de estas infraestructuras. Procede, sin embargo, sealar la continuidad con las polticas hidrulicas de oferta vigentes desde el franquismo. Las actuaciones de utilizacin de aguas residuales, de ahorro y eficiencia en los sistemas de regado y, sobre todo, las de racionalizacin de la demanda, frenando la locura urbanizadora del litoral levantino, no han pasado de un nivel testimonial destinado a legitimar el ncleo duro de las desaladoras ante la audiencia ecologista y los sectores agrupados en torno al discurso d la nueva cultura del agua y la consigna agua par siempre. Esta poltica de cebar la bomba aumentando la oferta de recursos no ha sido correspondida del lado de la demanda porque los sectores regantes que deban comprar el agua producida por desalacin rechazan los precios al que se les ofrece (0,35 euros/m3) porque hara inviables sus explotaciones. No parece demasiado aventurado suponer que estos sectores estn actuando de punta de lanza en el pulso que le est echando al Gobierno el amplio bloque de regantes, sectores inmobiliarios y hoteleros, sector de la construccin, etc, organizados en torno a los gobiernos del PP y su demaggica consigna agua para todos; y la pasividad, cuando no la complicidad. de la izquierda sistmica (PSOE e IU) en las CCAA de Valencia y Murcia. Un pulso expresado en el medio milln de personas en la manifestacin del 18-M en Murcia y en los 10.000 de Elche, demandando ambas la continuidad de trasvase Tajo Segura cuya fecha de caducidad para 2015 proclama el proyecto de Estatuto de Autonoma que actualmente se discute en el parlamento de Castilla La Mancha. La entrada en liza del gobierno regional de Castilla la Mancha aade un factor adicional de complejidad. Al calor e la ingente cantidad de ayudas recibidas de los Fondos Europeos, un cierto nivel de prosperidad se ha producido desde los aos 80 en esta regin con la emergencia de un bloque social beneficiario de las mismas de parecida composicin al antes descrito para las regiones levantinas pero con intereses lgicamente antagnicos por lo que se refiere a las aguas del Tajo. Este bloque social ,en cuya configuracin tanta importancia ha tenido el actual presidente de las Cortes, cuestiona e papel de mero cedente de recursos hdricos que reserva a la regin la franquista ley del trasvase, alegando la efectiva carencia de tales recursos excedentes y los derechos que le asisten a utilizar tales recursos para su desarrollo econmico. Subyace a este alegato un cuestionamiento, todava no explicitado, del carcter de dominio pblico de todos los espaoles de las aguas que discurren por una determinada regin. Inaugur este cuestionamiento el Estatuto de Aragn al establecer una reserva de 600 Hm3 de agua del Ebro para el disfrute de la regin y como forma d blindarse contra futuros trasvases. Aunque el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado al respecto, dicha reserva significa una derogacin de hecho de la Ley de Aguas y una restriccin importante ante lo que pudiera determinar en materia de transferencia de recursos entre cuencas el Plan Hidrolgico Nacional.

La Directiva Marco de Aguas de la UE del ao 2000, mal transpuesta al ordenamiento jurdico interno por la ley de acompaamiento de los presupuestos para el 2004, debera contribuir a solucionar los problemas sealados por la implementacin de una poltica orientada por los principios del buen estado ecolgico de las aguas, la racionalizacin de las demandas, la gestin integrada de las cuencas y la participacin pblica en los procesos de decisin y gestin. Se trata de una poltica racionalizadora que busca maximizar la eficiencia en la asignacin de los recursos mediante al utilizacin de mecanismos d mercado-principio de recuperacin de costes -una de las expresiones del capitalismo verde que la Comisin lleva postulando hace aos y que tiene su expresin ms conocida en el llamado mercado europeo de derechos de emisin para la reduccin de gases efecto invernadero.

La aplicacin de esta poltica capitalista , postulada aqu por el PSOE y descansando sobre un bloque social modernizante no definitivamente configurado y en el que destaca la presencia de grandes empresas constructoras y del sector elctrico ,choca con los intereses del capitalismo ms castizo, soportado por el amplio bloque social principal beneficiario de la prosperidad/milagro de la ltima dcada.

No es precisamente un escenario recesivo como el actual el ms adecuado para que se impongan las propuestas del primer bloque de intereses. Diversos factores se conjugan para dificultar esta alternativa de la poltica de aguas:

El principio de recuperacin de los costes incurridos en la prestacin de los servicios del agua implica una subida generalizada en las tarifas del agua para los distintos usos del mismo difcil de asumir en general, especialmente para aquellos sectores cuya prosperidad ha descansado en la prctica gratuidad de tales servicios. An descontando la parte de demagogia utilizada por los voceros de estos sectores, son innegables las dificultades que tales subidas pueden representar para sectores como el turismo de sol y playa y la agricultura de regado.

La circunstancia anterior puede pesar decisivamente en los proyectos de la direccin del PSOE, consciente de la concentracin de la mayor parte del electorado en el arco mediterrneo y de los elevados costes ya pagados por las alegras ambientalistas de la ex ministra Carbona.

Una parte de la nueva poltica del agua-en realidad, como ya se ha visto, continuacin de la tradicional poltica de oferta- est seriamente cuestionada por el rechazo de los sectores tericamente demandantes y la inhibicin de los sectores privados que deban sumarse en la tan pregonada modalidad de financiacin pblico privada.

Existen condiciones favorables para hacer posible un entendimiento, un arreglo razonable entre los partidos que organizan ambos bloques. Las actuales dificultades por las que pasa el PSOE para garantizar unas mnimas condiciones de gobernabilidad le vuelven demasiado vulnerable para afrontar un conflicto de de la envergadura del del agua. La titular actual de la poltica de aguas a escala de Estado con un perfil ciertamente ms bajo que su antecesora, parece haber asumido la inviabilidad de la llamada nueva poltica de agua y su proyecto estrella, la produccin d 1100 Hm3 por desalacin. Parece asistirse, por el contrario, al desesperado intento de formar, en el seno de la UE, el sindicato de los agraviados por la prdida de las ayudas de la PAC con las que el Gobierno espaol querra seguir manteniendo explotaciones econmicamente inviables y ecolgicamente esquilmadoras de los ecosistemas acuticos.

En la actual coyuntura de grave recesin econmica, el gobierno del PSOE parece haberse olvidado que no hace tanto aprob la llamada Estrategia Espaola para el Desarrollo Sostenible, un captulo de la cual estaba dedicado a los recursos hdricos. Un vulgar y por lo dems tmido keynesianismo parece ser el nico repertorio terico frente a la crisis. Ni siquiera es eses keynesianismo verde que Michel Husson ha analizado y criticado. Ante las dificultades, el capitalismo espaol retrocede ante lo que debiera ser, de acuerdo con sus idelogos, su misin histrica de asuncin de riesgos en el emprendimiento de nuevos proyectos, incluso cuando dichos riesgos estn generosamente apoyados por el dinero publico como en el caso de las energas renovables. El capital financiero bastante tiene con tapar sus agujeros, al parecer bastante ms grandes que la arrogancia de sus patrones pareca indicar. Y los recursos pblicos tienen demasiados pretendientes como para ser inmovilizados en proyectos de dudosa rentabilidad como las desaladoras. El destino de programas como el AGUA, presentado como la solucin a los dficits hdricos del Mediterrneo, es ms que incierto.

No hay soluciones milagrosas para el problema del agua pero cualquier que pudiera concebirse debera partir de asumir las restricciones fsicas y climatolgicas a los usos del agua en la Pennsula Ibrica. El rgimen clientelar y oligrquico de gestin de las aguas es insostenible pero la pretendida eficiencia los llamados mecanismos de mercado est todava por demostrar. Pero an ms infame resulta invocar necesidades de abastecimiento no verificadas para justificar la construccin de grandes infraestructuras como el embales que proyecta Esperanza Aguirre en el norte de la Comunidad de Madrid y con el que pretende ,de paso, justificar la entrada de capital privado en el Canal de Isabel II para financiar tan cuantiosas inversiones. Se trata de hacer revivir el bloque inmobiliario rentista ahora garantizando cartera a las grandes constructoras al tiempo que se anima a la promocin inmobiliaria a continuar en su tarea de repoblar la regin de urbanizacin extensa y segundas residencias intensivas en el consumo de agua, en cuya cultura parecen descansar las aspiraciones del PP de eternizarse en el gobierno de la Comunidad.

El acceso al suministro de agua en condiciones de cantidad y calidad para asegurar unas dignas condiciones de vida debiera ser un derecho al abrigo de coyunturas econmicas y de la viabilidad de unas u otras soluciones tecnolgicas. En la reciente conferencia mundial del agua celebrada en Estambul, varios Estados se han opuesto al reconocimiento de este derecho. No en vano la administracin del agua ha fundado en el pasado las formas ms antiguas de despotismo que se conocen. Pero no es menos cierto que tambin en la administracin del agua estn depositados los ms valiosos testimonios de gestin cooperativa y solidaria del bien comn que es, al fin, lo que es el agua.

El derecho al agua, que debiera estar consagrado como tal en la propia Constitucin debe estar garantizado por un servicio publico digno de tal nombre. Los actuales Organismos de Cuenca, una herencia de la Dictadura de Primo de Rivera, constituyen objetivamente uno de los ms poderosos baluartes contra el proyecto de democratizacin de la gestin del agua, por tmido y moderado que fuese.

El proceso de transferencias a las CC AA presenta resultados desiguales pero en general poco satisfactorios y parece estar sirviendo, sobre todo, para cimentar el poder y las relaciones clientelares de los aparatos polticos regionales de los dos partidos de gobierno. Ello podra estar sirviendo de justificacin, junto con las permanentes invocaciones de la CEOE por las amenazas a la unidad del mercado, para discretos pero inequvocos movimientos de acercamiento entre el PSOE y el PP para reconducir el proceso de descentralizacin en materia de aguas hacia una recuperacin estatal de competencias.

Hay que rechazar de plano estos intentos. La alternativa no es recentralizar sino descentralizar seriamente, garantizando la participacin de los sectores afectados, no solo de los tradicionalmente beneficiarios sino de la totalidad de las poblaciones de la cuenca y, desde luego, de quienes representan los usos mas sostenibles, de los defensores del conjunto de los ecosistemas acuticos.

La determinacin de las necesidades de agua por los ciudadanos y la planificacin democrtica de sus usos as como de las inversiones pblicas necesarias para proveerlos es la nica alternativa viable a la situacin actual

Postfacio


Terminado este artculo, el Gobierno ha aprobado una transferencia de 109 Hm3 de la cuenca del Tajo a la del Segura, 20 de los cuales van destinados al PN de las Tablas de Daimiel, permanentemente amenazado por la sobreexplotacin derivada de los regados que se abastecen del acufero 23 .

La bondad del ao hidrolgico permite al Gobierno este trasvase y, con l y con los efectos de la implicacin de Camps en el caso Gurtel, reducir la presin alcanzada por la derecha en la manifestacin de Murcia del 18M pero habr que preguntarse sobre su posicin en los ms que probables aos de sequa que pueden venir, en la perspectiva ,adems, del plazo de caducidad del trasvase Tajo Segura fijado para 2015 en el proyecto de Estatuto de Autonoma para Castilla la Mancha.

La ms que probable realizacin del trasvase del Tajo medio al Segura desde el embalse de Valdecaas en Extremadura, implica tambin a esta CA en la guerra del agua y vuelve a coger a contrapie al PSOE carente de un discurso nacionaldistinto del tradicional que sostiene el PP y en el que parecen condenados entenderse en una revisin loapista del proceso descentralizador por el que claman no solo los empresarios sino tambin diversos sectores desencantados con el Estado de las Autonomas


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