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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 11-05-2009

Ante el informe remitido por el Gobierno a la Comisin de Derechos Humanos de la ONU
La impunidad hoy

Luca Seplveda Ruiz
Rebelin


En forma coincidente con el informe que el gobierno chileno rindi ante la Comisin de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Coordinador de Derechos Humanos de los Colegios Profesionales dio a conocer una declaracin en la que denuncia la vigencia de la impunidad en Chile y muestra su valoracin del fallo de la Corte Suprema del Per respecto del ex dictador Fujimori. Se incluye un listado reciente de casos de impunidad que afectan a crmenes cometidos en tiempos de dictadura en las que la Corte Suprema ha aplicado la amnista o la media prescripcin. Tambin denuncia la impunidad respecto de los asesinatos de luchadores sociales mapuche y la criminalizacin de sus luchas por la tierra. Suscriben la declaracin del Coordinador, fechada el 6 de mayo, Luis Astorga, coordinador de la entidad y Presidente de la Comisin de Derechos Humanos del Colegio de Contadores de Chile, y los captulos o departamentos de ddhh de los Colegios de Asistentes Sociales, Periodistas, Antroplogos, Enfermeras, Matronas, Administradores Pblicos, Fonoaudilogos y el Colectivo de Ingenieros por los Derechos Humanos.

En el marco de esa reflexin llaman a

-Anular la Ley de Amnista

- Reconocer la imprescriptibilidad de los crmenes de lesa humanidad y de las demandas que emanen de ellos-

- Ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional

- Promulgar la Convencin contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

- Juzgar en tribunales civiles los casos actuales de uniformados involucrados en torturas y homicidios

- Derogar la legislacin antiterrorista

En la declaracin sostienen que la sentencia contra Fujimori, primera de su tipo en el mundo, no ha concitado inters en Chile. Por ello examinan el papel que la Corte Suprema ha cumplido respecto de la impunidad, que consideran vigente en muchos aspectos hasta ahora junto con la herencia poltica y represiva de la dictadura de Augusto Pinochet.

Luego de recordar cmo el ex dictador chileno fue trado a Chile y termin sus das sin ser sentenciado, enumeran los fallos de la Corte Suprema que constituyen denegacin de justicia. En el ao 2009, se manciona las sentencias por crmenes cometidos contra Jecar Neghme, Daro Miranda Godoy, Jorge Solovera Gallardo y Enrique Jeria, y la sentencia de rebaja de condenas para los responsables de la masacre de 31 campesinos en Osorno. En el ao 2008, se denuncia la media prescripcin aplicada en el caso de Ivn Montti Cordero y Carmen Daz Darricarrerre, y luego en el caso del secuestro de Ariel Santibez Estay. Refirindose finalmente a la otra impunidad citan los casos de Alex Lemn y Matas Catrileo, en los cuales tampoco ha habido justicia.

A continuacin el texto completo de la declaracin del Coordinador de DDHH de los Colegios Profesionales de Chile.

COORDINADOR DE DERECHOS HUMANOS DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES APLAUDE FALLO DE CORTE SUPREMA DE PERU Y REFLEXIONA SOBRE LA IMPUNIDAD

La Corte Suprema peruana, en un fallo unnime emitido luego de 16 meses de juicio, conden al ex dictador Alberto Fujimori a 25 aos de prisin, como autor de las matanzas de Barrios Altos (asesinato de 15 personas, entre ellos un nio, en 1992), y La Cantuta (9 estudiantes y un profesor universitario, en 1991), considerados crmenes de Estado y/o de lesa humanidad. La Asociacin Pro Derechos Humanos APRODEH, que junto a los familiares de las vctimas fue la principal impulsora de este juicio, fue galardonada en 2008 en Washington con el premio Letelier-Moffit del Instituto para Estudios en Poltica por su lucha contra la impunidad y a favor de la verdad y la justicia. APRODEH ha declarado que la persistente lucha de los familiares ha sido el motor del proceso y que el fallo emitido el 7 de abril pasado marca un importante hito para la justicia universal pues se reconoce que las violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de Fujimori obedecieron a una poltica antisubversiva de guerra sucia, paralela a la oficial, comandada por l.

El histrico juicio se inici el 10 de diciembre de 2007 luego de la extradicin del dictador desde Chile, solicitada el 3 de enero de 2006 y concedida en septiembre de 2007. La sentencia, primera de su tipo en el mundo, no ha concitado inters en Chile. Por ello examinaremos el papel que la Corte Suprema ha cumplido respecto de la impunidad, vigente en muchos aspectos hasta ahora junto con la herencia poltica y represiva de la dictadura de Augusto Pinochet.

Corresponde al actual candidato presidencial de la concertacin, el entonces presidente (1994-2000) y actual senador Eduardo Frei y a la Corte Suprema, el baldn histrico de haber asegurado la impunidad para Augusto Pinochet El dictador muri el 10 de diciembre de 2006 sin ser sentenciado en ninguna de las ms de quince causas por las que fue procesado desde el 2000, existiendo miles de querellas adicionales que ni siquiera alcanzaron a ser tramitadas.

Cronograma de la impunidad

El gobierno de Frei lo trajo de regreso a Chile el 3 de marzo de 2000, tras 17 meses de arresto en Londres, asegurando sera juzgado en Chile. El 8 de agosto de ese ao, la Corte Suprema desafor al dictador por el caso Caravana de la Muerte. El ex juez Juan Guzmn logr procesarlo por primera vez en diciembre de 2000, por las 74 vctimas del caso Caravana de la Muerte. Pero la Corte Suprema lo sobresey argumentando falazmente demencia vascular moderada (2002) y luego lo hizo por la Operacin Cndor y por el asesinato del General Carlos Prats (2005). Se le proces posteriormente por malversacin de fondos pblicos (cuentas del Banco Riggs), por la Operacin Colombo, y por los secuestros y torturas en Villa Grimaldi. En todas las causas la Corte de Apelaciones conceda prontamente su libertad condicional. El 27 de noviembre de 2006, qued con arresto domiciliario por el secuestro y homicidio de dos presos polticos, en la Caravana de la Muerte en 1973. Haban transcurrido seis aos del inicio de este caso y de su primer procesamiento. La impunidad se consum a pesar del notable esfuerzo de jueces que marcaron la excepcin a la regla, y la incesante bsqueda de justicia de los abogados y organizaciones de derechos humanos.


Vigencia de la impunidad

A partir de nuestra valoracin del fallo de la Corte Suprema peruana, llamamos la atencin sobre la vigencia de la impunidad en Chile. Slo 44 de de los 257 criminales condenados por violaciones a los derechos humanos estn en prisin. El resto cumple penas remitidas. Segn FASIC (Fundacin de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas) slo en la mitad de los casos de los 3.278 desaparecidos y ejecutados reconocidos como vctimas, hay avances judiciales. En el ao 2008 se dictaron cien sentencias, quince de las cuales definitivas, es decir de la Corte Suprema. Pero est aun vigente la ley de amnista.. La Corte Suprema ha dictado 50 sentencias en materia de procesos por violaciones a los derechos humanos desde 2005. En varios casos emblemticos se ha hecho justicia, como por ejemplo respecto del asesinato del general Carlos Prats y su esposa. Pero aqu mostraremos la tendencia a la aplicacin de la prescripcin o la media prescripcin, una falsa justicia con clemencia ms preocupada de los victimarios que de las vctimas, a espaldas de la doctrina internacional de ddhh.

Denegacin de justicia

Ao 2009

-Enero: la Corte Suprema benefici a los asesinos del dirigente del MIR Jecar Nehgme con libertad vigilada.

-Marzo: la Corte Suprema en los casos de Daro Miranda Godoy, Jorge Solovera Gallardo y Enrique Jeria, militantes comunistas, revoc el fallo aplicando la media prescripcin dejando en libertad condicional a Carlos Lpez Tapia, ex jefe de Villa Grimaldi..

-Marzo: la Corte de Apelaciones de Valdivia revoc la sentencia de la jueza Emma Daz contra los responsables de masacrar a 31 campesinos en Osorno, (caso Rahue III, 1973) Cambi la sentencia a prisin perpetua para Adrin Jos Fernndez Hernndez, responsable de 15 secuestros, condenando a l y a otros cuatro criminales en serie a 20 aos. Absolvi a seis condenados por la jueza y dej a los restantes 15 libres.

Ao 2008

-Diciembre: la Corte Suprema recus la sentencia dictada en el caso de Ivan Montti Cordero y Carmen Daz Darricarrere reemplazndola por la media prescripcin Los directivos de la DINA recibieron 4 aos con beneficios de libertad vigilada.

-Noviembre: la Corte Suprema sentenci a Ricardo Lawrence Mires (ex coronel de carabineros) a 3 aos por el secuestro de Ariel Santibez Estay. As el ex DINA, empresario distribuidor de camarones, sigue disfrutando de libertad.

-Septiembre: la Corte Suprema rebaj las condenas de los responsables de la matanza de 15 campesinos en Liquie, liberando al ex coronel Hugo Guerra Jorquera y el empresario Luis Garca Guzmn.

-Septiembre: la Corte Suprema fall la libertad condicional para los cinco agentes de la CNI responsables del homicidio de Fernando Vergara, de la emisora clandestina Radio Liberacin, en 1984.

-Mayo: La Corte Suprema aplic la prescripcin liberando al nico imputado por el homicidio calificado del estudiante Constanzo Vera en el Fuerte Borgoo, Julio Alarcn Saavedra, oficial de la Armada.


La otra impunidad

A estos hechos se suma la alarmante violencia policial ejercida contra la protesta social y en especial en los allanamientos a comunidades indgenas, sumada a la criminalizacin de sus demandas. No existe por parte de la autoridad y los jueces la voluntad de investigar y sancionar las prcticas de uso indiscriminado de la fuerza y los tratos inhumanos, crueles y degradantes a los que son sometidas comunidades mapuche involucradas en las luchas por recuperacin de sus tierras. Los asesinatos de jvenes como Matas Catrileo y Alex Lemn tambin permanecen impunes.

La persistencia en aplicar a luchadores mapuche la legislacin antiterrorista, herencia de dictadura, no contribuye a resolver problemas derivados del despojo histrico de tierras. El ambiente de impunidad a su vez se presta para montajes de inteligencia, nuevas violaciones a los derechos humanos por parte de la polica, el irrespeto del debido proceso y la existencia de condenas mediticas a los imputados por parte de las autoridades, vulnerando los ms elementales principios de respeto a la honra de las personas y la presuncin de inocencia. La prctica recurrente de legislar a espaldas de la opinin de los interesados, pretendiendo beneficiarlos, slo agrava el conflicto y muestra que gobierno y parlamentarios no slo desconocen el derecho internacional en derechos humanos sino tambin las normas de derecho indgena globalmente aprobadas.

Consideramos que autoridades de gobierno, parlamentarios, jueces honestos y nuestros propios asociados, profesionales que luchamos por la defensa de los derechos humanos estamos llamados a contribuir a romper las cadenas de la impunidad, en los distintos mbitos que ello se expresa. Denunciar, educar, solidarizar y actuar para impedir que estas prcticas continen extendindose es nuestra misin y a ello convocamos para impedir que las luchas que hoy dan los chilenos en distintos mbitos por la defensa de sus derechos sea criminalizada y que por los crmenes de ayer se logre verdad, justicia y reparacin.

En el marco de esta reflexin llamamos a:

-Anular la Ley de Amnista

- Reconocer la imprescriptibilidad de los crmenes de lesa humanidad y de las demandas que emanen de ellos-

- Ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional

- Promulgar la Convencin contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

- Juzgar en tribunales civiles los casos actuales de uniformados involucrados en torturas y homicidios

- Derogar la legislacin antiterrorista

Luis Astorga

Pdte.Comision de DD.HH.Colegio de Contadores de Chile R.M. y

Coordinador de DD.HH. Colegios Profesionales de Chile

Captulo de DD.HH Colegio de Asistentes Sociales, Comisin de DD.HH Colegio de Contadores de Chile Regional Metropolitana, Departamento de DD.HH Colegio de Periodistas, Colegio de Antroplogos de Chile, Colegio de Enfermeras de Chile, Colegio de Matronas, Colegio de Administradores Pblicos, Colegio de Fonoaudilogos, Colectivo de Ingenieros por los DD.HH.

Santiago, 6 de mayo de 2009.



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