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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 12-05-2009

Ponencia presentada en el Foro Social para el Desarrollo y Bienestar de Villanueva de La Serena (Badajoz)
Resistencias de proximidad. Respuestas desde lo local ante la crisis econmica y el desempleo

Jnatham F. Moriche
Rebelin


La sostenibilidad local est llamada a converger con la global. Sin embargo, la diferencia entre ambas cobra importancia cuando, como es habitual, no se razona a largo plazo. Jos Manuel Naredo

Lo que va a cambiar al mundo son las prcticas locales. Ral Zibechi

En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a los compaeros y compaeras del Foro Social de Villanueva [http://forosocialvillanueva.blogspot.com], por organizar este acto, y a todos los que habis atendido esta convocatoria, y que estis interviniendo ahora, a ttulo individual o en representacin de vuestras organizaciones sociales o polticas, en esta primera ronda de exposiciones, o lo haris luego durante el debate. Quisiera aadir, antes de entrar en materia, que la celebracin de este acto, en estas dependencias municipales, es ya en s misma una victoria, compartida por todos aquellos que, cada cual desde su muy legtima opcin ideolgica y organizativa, pelean cada da en esta ciudad por la libertad de expresin, por la transparencia de las instituciones, por los derechos sociales, por los servicios pblicos... En actos como este expresamos nuestras mejores razones, escuchamos las de los dems, cuestionamos y somos cuestionados, acertamos o nos equivocamos. Pero slo por estar aqu, esforzndonos por convencer, y exponindonos a ser convencidos, ya podemos apuntarnos un tanto de ventaja sobre quien se niega a debatir, no tolera que sus razones sean cuestionadas y descalifica por sistema y sin mesura a quien se atreve a hacerlo.

El esquema de propagacin de la monumental recesin econmica mundial que padecemos y las grandes cifras que describen la situacin actual son perfectamente conocidas, y aqu apenas las referir por encima. En la primavera-verano de 2008, el sector hipotecario norteamericano colaps debido a las masivas prcticas especulativas de alto riesgo posibilitadas por la sistemtica desreglamentacin. En su cada, el mercado de hipotecas arrastr primero al resto del sector financiero. Y luego se ha extendido a la economa real, dado que, si se contrae el crdito por falta de liquidez del mercado financiero, desciende la demanda, y si desciende la demanda se recorta la produccin y, consecuentemente, el empleo. Evidentemente, un sistema econmico mundial basado en la especulacin, la desregulacin y el endeudamiento es un disparate demencial que, como ahora estamos constatando, slo puede terminar de una manera: estrepitosamente mal.

El impacto de la crisis sobre el empleo y las condiciones de vida de la clase trabajadora mundial es ya una trgica pandemia. La Organizacin Internacional del Trabajo calcula que este ao se perdern unos 50 millones de empleos en todo el mundo, cifra que otras fuentes elevan significativamente. En el Estado espaol, la tasa de paro prcticamente se ha duplicado desde principios de 2007 y supera ya el 17% de la poblacin activa (ms de cuatro millones de personas). La Unin Europea nos augura un 20'5% de aqu a ao y medio. Un porcentaje que en Extremadura ya hemos superado (21'7% en abril de 2009, lo que equivale a ms de 105.000 trabajadores desempleados). Las consecuencias sociales de esta debacle econmica pueden perfilarse a travs de unas pocas cifras significativas. Ms de un milln de parados espaoles han perdido ya su cobertura de desempleo y dependen exclusivamente de la asistencia social o la cooperacin de sus familias (en Extremadura, los desempleados sin cobertura son ya ms de 15.000). El nmero de ejecuciones hipotecarias se ha incrementado en 2008 un 126% en el Estado espaol (en cifras redondas 59.000 casos, frente a los 26.000 del ejercicio anterior), y podra alcanzar durante 2009 los 85.000 casos, segn previsiones del Consejo General del Poder Judicial (el incremento interanual en Extremadura ha sido del 100%, de 361 a 723 casos). La organizacin asistencial Critas ha incrementado sus intervenciones en un 50% a lo largo de 2008 y afronta 2009 completamente desbordada por las demandas de alimentos, alojamiento, asistencia mdica... Las colas interminables a las puertas de sus comedores se estn convirtiendo en el ms expresivo icono del devastador impacto social de esta crisis de sistema.

Es evidente que esta crisis tiene un origen y un alcance global, y que sus grandes soluciones debern ser igualmente globales. Los Estados y los organismos internacionales deben tomar (o ms bien, deberan haber tomado hace mucho) una serie de medidas imprescindibles e inexcusables, como son la aplicacin de regulaciones e impuestos a los grandes capitales especulativos transnacionales, la supresin de los parasos fiscales, la recuperacin del control democrtico sobre los bancos centrales y la creacin de potentes bancas pblicas, la imposicin de una fuerte progresividad fiscal sobre las rentas ms altas y los beneficios empresariales... Por desgracia, al menos de momento, gobiernos y organismos multilaterales estn haciendo, segn el caso, entre poco (y mal), nada o sencillamente lo contrario de todo esto. Para describir la (completa ausencia de) respuesta econmica del gobierno espaol ante la crisis, nuestro convecino Mario Trinidad ha empleado este certero y expresivo titular (que sera tambin aplicable a otros muchos pases y organismos internacionales): esperar a que escampe. Pero, implica eso que en nuestros territorios, ciudades, pueblos y barrios, quienes no disponemos de poltrona propia en el G-20 (ni cuenta numerada en las Islas Caimn), debemos quedarnos tambin de brazos cruzados ante la crisis econmica y sus devastadoras consecuencias sociales, agachar la cabeza y entregarnos al slvese quien pueda y tonto el ltimo, permitiendo que nuestros lazos y afectos ciudadanos, los fundamentos de nuestra convivencia social, sean tambin entregadas como vctimas sacrificiales del desorden econmico? No existen acaso mejores alternativas, construidas desde abajo, desde la realidad cotidiana de nuestros territorios y comunidades, para enfrentarnos a esta dramtica situacin?

Afortunadamente, s, existen. Podemos dar respuestas desde lo local ante la crisis econmica y el desempleo, articulando aquello que llamar provisionalmente, a falta de una denominacin mejor, resistencias de proximidad. Decisiones sobre nuestro contexto ms inmediato, que muy posiblemente no van a remansar el tsunami globalizado en el que nuestras comunidades navegan, pero que pueden ofrecernos en esta situacin de emergencia un marco local ms aceptable de estabilidad, de seguridad y de equidad. Y que, a la vez, pueden convertir a nuestras comunidades locales en contribuyentes netas a la causa comn y a largo plazo de un orden social y econmico mundial ms estable, seguro y justo.

En lo que sigue, propondr slo unas cuantas de estas posibles decisiones. Se trata apenas de unas piezas, partes de un puzzle ms grande y complejo, cuya elaboracin y puesta en prctica no puede ser sino extensamente colectiva y profundamente democrtica.

(1) introducir clusulas sociales y criterios de utilidad pblica en las ayudas pblicas a la gran actividad econmica privada. Aunque la mayora de medidas de apoyo pblico a la actividad empresarial estn en manos de las CCAA o el Estado central, otras son gestionadas desde los Ayuntamientos y las comarcas o mancomunidades. Una muy importante, aunque no la nica, es la cesin de suelo pblico municipal a precios preferentes (o directamente gratis) para la actividad productiva y comercial. Hasta ahora, casi nadie desde las instancias locales ha aplicado ms criterio a la hora de otorgar esas ayudas que la creacin de empleo y la generacin de impuestos, en bruto y a muy corto plazo. Rara vez se han puesto en cuestin, desde los Ayuntamientos, la calidad y la duracin del empleo que esas actividades iban a generar, ni el trato que iban a prestar a sus proveedores y empresas auxiliares locales, ni el impacto de conjunto y a largo plazo que esas grandes empresas iban a tener sobre la actividad econmica y el mercado de trabajo locales. As, se ha promovido que grandes empresas multinacionales se hayan instalado en nuestras comunidades locales con amplio apoyo pblico, desdeando el hecho de que, generando empleo precario y muy dependiente de los vaivenes globales, y llevndose muy lejos el grueso de los beneficios empresariales, destruan empleo de mayor calidad y estabilidad en el tejido econmico local (que es el que reinvierte un porcentaje mucho mayor de su beneficio empresarial en el propio territorio). El caso ms evidente son las grandes superficies de ocio y consumo como Carrefour, que estn desertizando el pequeo comercio y la actividad econmica familiar en todos los municipios en los que se instalan y en las comarcas que los circundan, como ya se puede constatar en nuestra regin en Plasencia y el Valle del Jerte, o Villanueva y la comarca de La Serena. Sin olvidar que, por causa de esta crisis o de la siguiente, estas grandes cadenas pueden perfectamente de un da para otro echar el cerrojo y deslocalizar su actividad doscientos kilmetros arriba o abajo en el mapa, dejando como legado una masiva catstrofe laboral y social en el territorio que les acogi aturdido por su propaganda.

Una primera muestra de nuestra resistencia de proximidad ante la crisis debera ser, sin duda, poner coto a estas prcticas de estas grandes corporaciones en nuestro territorio local, condicionando mediante una exhaustiva negociacin las condiciones laborales que deben ofrecer a sus trabajadores y trabajadoras, y las condiciones comerciales que deben ofrecer a sus proveedores y empresas auxiliares locales, y poniendo todas las trabas jurdicamente imaginables a su instalacin en caso contrario. Es posible? S. Por ejemplo en EEUU muchas comunidades han adecuado sus normativas municipales en materia de urbanismo o medio ambiente a fin de imposibilitar legalmente la instalacin de grandes cadenas como Wall-Mart o Starbucks, perfectamente conocidas por todos los norteamericanos como campeonas de la explotacin laboral y el maltrato salarial a sus trabajadores y trabajadoras.

(2) atraer los tramos de mayor valor aadido de las actividades econmicas locales y tradicionales. En El modelo extremeo. Ecodesarrollo de La Serena y La Siberia, el profesor Mario Gaviria propona tajantemente hace ya treinta aos: "Se prohbe la salida [de la comarca] de materias primas alimentarias (ganado vivo, cereal sin molturar y transformar, etc.)". Por qu? Los economistas explican que los mrgenes ms amplios de beneficio de las actividades econmicas suelen desplazarse hacia las fases ms avanzadas y por tanto ms cercanas al consumidor. As, por ejemplo, procesar, empaquetar, distribuir o comercializar deja unos beneficios mayores que sembrar y cosechar, algo muy relevante en una comunidad como la extremea, que conserva una fuerte base primaria en su estructura econmica, pero que carece, con un puado de excepciones (como pudiera ser el tomate de las Vegas Altas del Guadiana), de un sector de transformacin y comercializacin equiparables, con lo que los extremeos nos vemos sistemticamente hurtados, a beneficio de terceros muy lejanos, del mayor valor aadido de esos eslabones avanzados de la cadena de produccin. No slo perdemos con ello nivel de renta, tambin hacemos nuestra economa regional insoportablemente esclava del capricho y la avaricia ajena. Nuestras actividades agroganaderas ms tradicionales, ms arraigadas en el entorno y ms compatibles con su sostenibilidad medioambiental, como el corcho, el aceite o el cerdo, no estn en crisis slo por la recesin mundial: tambin por los constantes abusos de las grandes corporaciones, que constantemente juegan con su red de proveedores para presionar a la baja sus precios, hasta arruinarles si les place y conviene a sus estrategias comerciales, como hace unos das denunciaban los productores de aceite de La Serena en las calles de Monterrubio. Cmo resistirse a estas prcticas mafiosas de las grandes corporaciones, que no slo destruyen empleo y saquean riqueza en los pueblos y comarcas extremeas, sino que adems las arrojan a los pies de los caballos del insensato modelo de industrializacin esquilmadora y contaminante que subyace a iniciativas como la refinera petrolera de Tierra de Barros, las centrales trmicas de la comarca de Mrida o las mineras de uranio de La Serena, Las Hurdes o la Sierra de Gata?

Para no irme ms lejos, citar el ejemplo de una explotacin familiar de porcino de la que son propietarios unos amigos residentes en esta comarca. En manos de las grandes distribuidoras, a los precios que actualmente estas imponen, su explotacin ya hubiera quebrado y ellos hubieran tenido que emigrar sabe Dios dnde para ganarse el sustento. En lugar de eso, han hecho un gran esfuerzo humano y econmico para procesar y comercializar su propio producto... A pesar de la crisis, la empresa sigue abierta y genera empleo y beneficios. Se trata de un caso afortunado pero particular, que para convertirse en una segunda muestra de nuestra resistencia de proximidad debera inspirar todo un modelo de actuacin empresarial, fomentada y protegida desde lo pblico, que preserve del exterminio a las actividades econmicas tradicionales localmente enraizadas y facilite su insercin competitiva en un mercado como el actual, en el que los grandes monopolios (como ejemplo de especial inters para los extremeos, los cinco oligarcas corporativos que se reparten el 55% de la distribucin alimentaria en el Estado espaol) campan libremente sembrando desgracias. Desde los poderes pblicos locales se pueden fomentar estas iniciativas prestndoles un apoyo preferente, fomentando la cooperacin entre emprendedores y la diversidad y complementariedad de sus proyectos, aportando recursos humanos y materiales para tareas de inters compartido como investigacin y desarrollo, formacin, mercadotecnia, distribucin... Un ejemplo de referencia podra ser el sector de la madera y el mueble en la localidad cacerea de Hervs, en el que siguen siendo predominantes el capital local y las formas empresariales familiares y cooperativas, y que se ha dotado en una estructura asociativa que facilita su presencia y competitividad en el mercado nacional e internacional (sin olvidar su importante papel como garante de la supervivencia del ecosistema autctono y de la cultura popular y tradicional a este vinculada).

(3) fomentar la economa social y cooperativa frente a otras formas de organizacin empresarial. Las iniciativas empresariales cooperativas, descritas por la vigente Ley 27/1999 como "de libre adhesin y baja voluntaria [...] con estructura y funcionamiento democrtico", permiten una redistribucin muchos ms amplia y justa del beneficio empresarial, y tienden a sostener modelos de gestin mucho ms sensatos y nichos de empleo mucho ms resistentes ante situaciones como la actual que el rgimen convencional de separacin trabajo-propiedad o el rgimen de autnomos. Ante una reduccin de la demanda, una cooperativa opta naturalmente por un reparto del trabajo en lugar de por la destruccin o la precarizacin del empleo. Asimismo, a cambio de las ventajas fiscales y de otro tipo de las que se benefician, las cooperativas tienen importantes limitaciones a la hora de realizar operaciones especulativas que pudieran comprometer su patrimonio y la continuidad de sus actividades productivas. Adems, la ley les fija unos porcentajes mnimos que del beneficio empresarial deben dedicarse a inversin productiva, previsin, formacin...

Cientos de empresas espaolas y extremeas estn quebrando y arrojando al desempleo a sus trabajadores, no tanto por causa de la crisis mundial, como por el completo descompromiso de sus empresarios con la actividad econmica que realizaban, por sobreendeudarse, por no dedicar esfuerzo alguno a la innovacin tecnolgica, la investigacin de mercados o la formacin de capital humano. Despus de aos de incentivos de la Junta de Extremadura, despus de cientos de miles de horas de formacin del SEXPE, despus de importantes inversiones como los semilleros tecnolgicos Vivernet o el Centro Tecnolgico de la FEVAL de Don Benito, qu porcentaje de la poblacin activa extremea trabaja en el sector de la I+D y la tecnologa punta, de ms alto valor aadido y ms resistente a la coyuntura negativa? Segn las cifras del Instituto Nacional de Estadstica para 2007, apenas un lgrimo 3%, frente al 7'3% de media estatal, el 10'7% de Aragn, el 11% de Navarra o el 13% de Euskadi. Para qu invertir en formacin, tecnologa u otras menudencias, cuando se puede apostar el grueso de los beneficios en algn chiringuito financiero o inmobiliario, y fundir el resto en coches de importacin, cocana y clubes de alterne? Dejaremos para otro da el debate, a la significativa luz de los actuales acontecimientos, sobre la capacidad y la moralidad de la clase empresarial espaola y extremea. Aunque parece claro que el balance no ser, en trminos generales, precisamente positivo...

Es cierto que una cooperativa de trabajo asociado, como cualquier otra empresa en un mercado capitalista, pueden quebrar. Pero el margen de seguridad que ofrecen a sus trabajadores es incomparablemente mayor que cualquier otra forma empresarial. Y lo mismo cabe decir de los asociados a otros tipos de cooperativas que recoge la Ley: de vivienda, de seguros, sanitarias, de enseanza, de servicios financieros... Una decidida apuesta de los poderes pblicos locales por la economa social sera una tercera muestra de nuestra resistencia de proximidad, que debera plasmarse en una intensa promocin del cooperativismo en forma de ayudas directas e indirectas, formacin profesional, acompaamiento administrativo... E incluso, de experiencias de empresarialidad mixta pblico-cooperativa, mediante un modelo de propiedad y administracin colegiada entre instituciones municipales y cooperativistas. Quisiera en este punto hacer mencin a la importante experiencia de las llamadas fbricas recuperadas que proliferaron en Argentina despus de la crisis que destroz la economa de ese pas a principios de esta dcada. Trabajadores y trabajadoras de esas fbricas, que sus patronos pretendan cerrar, permanecieron en sus puestos, asumieron la gestin y la comercializacin, siguieron produciendo, hicieron beneficios y mantuvieron sus empleos, demostrando que el nico motivo de su cierre hubiera sido la deficiente gestin o la avaricia desmedida de sus dueos, que en muchos casos empleaban las supuestas quiebras para ocultar una posterior deslocalizacin de su actividad. Exactamente lo mismo que est ocurriendo en muchas ocasiones en nuestro entorno ms inmediato. Con posterioridad, el Parlamento y los jueces argentinos has dictado leyes y sentencias que respaldan la iniciativa de los trabajadores y trabajadoras de fbricas como Zann, Bruckman u otras muchas, reconociendo temporal o definitivamente sus derechos sobre instalaciones, materias primas, marcas comerciales... (esta extraordinaria historia de tesn y coraje puede conocerse, por ejemplo, a travs del emocionante documental La toma que realizaron Naomi Klein y Avi Lewis). Cuntas de las empresas que hoy estn cerrando sus puertas en nuestros pueblos y comarcas podran seguir produciendo, obteniendo beneficios y dando empleo duradero y de calidad, si fueran convertidas en cooperativas bajo el control de sus trabajadores, con el apoyo pblico suficiente que les permitiese emprender esta tarea, mediante la ayuda financiera directa o la asignacin preferente de carga de trabajo, o incluso mediante la copropiedad pblico-cooperativa, temporal o definitiva? No tendra mucho ms sentido emplear el dinero de las ayudas (por ejemplo, las encuadradas en el Fondo Estatal de Inversin Local y el Plan Extremeo de Empleo Local implementados respectivamente por los gobiernos central y autonmico) en mantener abiertas las fbricas bajo ese nuevo modelo de gestin y con nuevas estrategias laborales, productivas y comerciales, en lugar de gastarlo en peonadas de trabajo descualificado de muy escasa utilidad pblica, ms all de su valor puramente asistencial (y sin embargo, enormemente gravoso para las arcas pblicas, con un disparatado coste promedio que supera los 35.000 euros trabajador / ao)?

(4) preservar los bienes y servicios pblicos y comunitarios, e impulsar la creacin de consorcios empresariales pblico-comunitarios de mbito local. La defensa de los servicios municipales de titularidad pblica es absolutamente imprescindible, no slo como garanta de la correcta atencin de aquellos derechos universales de ciudadana de los que son proveedores, sino por su importante papel como herramienta de polticas pblicas de empleo y redistribucin de la renta. As, por ejemplo, los servicios municipales en manos pblicas pueden modular sus polticas de contratacin ante situaciones de emergencia como la actual, poniendo en primer plano, no slo el beneficio empresarial o la reduccin de costes (como por pura lgica lo hacen una vez puestos en manos privadas), sino la lucha contra la exclusin social, por ejemplo discriminando positivamente a desempleados de media y larga duracin o con cargas familiares, demandantes de primer empleo, mayores... O, con idntico fin de combatir la exclusin social, pueden establecer sus tarifas de modo que refuercen la proporcionalidad de la contribucin tributaria, aliviando la presin sobre los ms desfavorecidos y repercutiendo sobre los ms pudientes la gratuidad o el precio protegido de quienes en caso contrario no podran costearlos.

Por todas estas razones, proteger el carcter pblico de los servicios municipales sera una tercera muestra de nuestra resistencia de proximidad, y sin duda es hoy el ms inequvoco signo de sensatez de un gobernante local y de los ciudadanos que le otorgan su confianza. Pero esta no es slo una propuesta defensiva, tambin ofensiva. En primer lugar, hay que recuperar para el bien comn todo aquello que siendo tradicionalmente pblico en los ltimos aos se hubiera privatizado, como por desgracia ha sucedido con los servicios de aguas en Villanueva de La Serena y muchsimas otras localidades espaolas y extremeas. Pero ms all de esos servicios municipales esenciales como el transporte colectivo, el suministro de agua o la recogida de basura, hay otros campos a los que la empresarialidad institucional, o institucional-comunitaria, puede ser un factor de estabilidad econmica y equidad social en los escenarios locales. La creacin de nuevas empresas presenta en el primer trimestre de 2009 un descenso interanual del 35%, mientras miles de empresas cierran y miles de autnomos se dan de baja en la Seguridad Social. No podran las municipalidades y la iniciativa comunitaria y cooperativa ocupar ese espacio de la esfera econmica desertizado por la crisis (y por dcadas de psimas prcticas empresariales)?

De entre los distintos ejemplos posibles, quisiera centrarme en uno de especial inters en esta clida y soleada tierra extremea que nos da sustento y cobijo: la energa. Desde que el Estado espaol impuls los precios protegidos para la energa solar, cientos de empresas han invertido con la expectativa de grandes y seguros beneficios en esta actividad generosamente incentivada (y no es balad aadir que el llamado "fraude solar" acumulado en estos pocos aos se cifra en miles de millones de euros y es uno de los principales factores de ralentizacin en el desarrollo del sector, demostrando que no hay negocio lo suficientemente limpio como para quedar al margen de la insana y desmedida avaricia de la clase empresarial). Por qu no podran haber invertido tambin en esas condiciones ventajosas los Ayuntamientos y las mancomunidades de municipios, partiendo de sus propios recursos y/o canalizando la inversin cooperativa de la comunidad, y aplicando las ganancias en la mejora de su calidad de vida mediante el refuerzo financiero de los servicios pblicos y/o la redistribucin directa de renta bajo criterios de necesidad, equidad y progresividad, bajo la forma por ejemplo de una Renta Bsica de insercin de mbito local? Como cercano botn de muestra de esta empresarialidad comunitaria, podemos mencionar el caso de la localidad cacerea de Baos de Montemayor, cuyo conocido balneario de aguas termales es de propiedad histricamente pblica (aunque su gestin es licenciada a una empresa privada) y un sustancioso margen de sus beneficios revierte en la comunidad, que asambleariamente decide los fines a los que esos beneficios son destinados. Resulta estimulante imaginar las posibilidades de desarrollo y bienestar para las localidades y los ciudadanos de la regin si se pusiese bajo ese modelo de propiedad y explotacin un razonable 50% del potencial energtico solar extremeo. Afortunadamente, muchos municipios extremeos an tienen la posibilidad de emprender este camino.

(5) implementar una nueva poltica de suelo y vivienda y de control efectivo de las actividades urbansticas especulativas y depredadoras. Si bien, como decamos al principio, esta crisis es mundial y tiene su detonante en el mercado financiero transnacional, las (peores) caractersticas especficas de nuestra economa han intensificado su impacto en el Estado espaol. No hay casi nada que podamos aadir a todo lo que ya sabemos sobre el fabuloso despliegue de codicia, inmoralidad e incompetencia que ha alimentado la hecatombe del sector inmobiliario espaol, cuya responsabilidad es compartida con unos poderes pblicos, del Estado central al ms humilde consistorio, que han fracasado clamorosamente en sus funciones de planificacin y vigilancia. De hecho, la burbuja inmobiliaria nunca se hubiera producido si los Ayuntamientos hubieran practicado, o el Estado les hubiera impuesto, otra poltica del suelo. Estas y no otras son las causas de que Espaa sea hoy campeona de Europa, adems de en ftbol, en destruccin de empleo, aportando 2 de cada 3 nuevos parados en el territorio de la UE.

Al igual que ha sucedido con tantos miles de ciudadanos y familias espaolas, el ilusorio "efecto riqueza" generado por la especulacin inmobiliaria ha hipnotizado a los Ayuntamientos. Dejando al margen la pandemia de corrupcin de trasfondo inmobiliario que intoxica la vida poltica municipal espaola, y mantenindonos dentro de los estrictos lmites de la legalidad, muchos ayuntamientos espaoles y extremeos han bendecido increbles desatinos urbansticos cegados por la perspectiva de ingresos fciles y rpidos. Ingresos que casi nunca se han revertido en inversiones productivas a medio o largo plazo (y s en el mantenimiento de redes clientelares y despilfarros suntuarios, sin ms objeto que asegurarse la siguiente victoria electoral), y que hoy muestran su cara ms amarga: municipios descapitalizados, sin liquidez ni patrimonio, incapacitados para afrontar los importantes gastos sociales que exige paliar las consecuencias sociales de la crisis sobre las comunidades, adems de completamente desacreditados ante sus ciudadanas. En semejante panorama de desolacin econmica, tica y poltica es comprensible que haya adquirido un brillo especial la lucha contra el urbanismo depredador y la defensa de la sostenibilidad econmica y ecolgica de sus comunidades del puado de alcaldes decentes e inquebrantables, como los de Sesea (Toledo) o Villanueva del Rosario (Mlaga), que han marcado la diferencia en estos aos de fango.

Es hora, y este sera el eje vertebrador de una quinta muestra de nuestra resistencia de proximidad ante la crisis, de mudar radicalmente de modelo de gestin del suelo y la edificacin, poniendo en primer plano el imperativo que nunca debi abandonarlo: el derecho universal y garantizado a una vivienda digna. La Ley del Suelo vigente, aprobada durante la anterior legislatura, fue un paso, es cierto que en la buena direccin, pero insuficiente hasta la irrelevancia para enmendar dcadas de bandolerismo urbanstico. En un pas repleto de gente sin casa y de casas sin gente (segn datos del Banco de Espaa, el parque total superaba a finales de 2007 los 25'5 millones de viviendas, sobre un total de 16'5 millones de familias, cifras de las que resulta uno de los promedios ms altos del mundo), la nica alternativa razonable es la que componen una tajante moratoria que paralice durante una dcada la reclasificacin y venta de suelo pblico para uso residencial, la focalizacin de todos las ayudas y estmulos dirigidos al sector de la construccin (tanto residencial como de uso pblico, institucional, comercial y de servicios) en empresas y proyectos de rehabilitacin, el despliegue de una activa poltica de incentivo al alquiler (por ejemplo, penalizando duramente la fiscalidad de los inmuebles de prolongada desocupacin) y la creacin de importantes parques municipales de vivienda pblica, con los que (en rgimen de cesin temporal, bajo peridica revisin y precios directamente proporcionales a la renta disponible), las instituciones puedan cubrir las demandas de alojamiento de los individuos y familias en situacin o riesgo de exclusin social, con el objetivo mnimo de alcanzar ese promedio del 18% de presencia del sector pblico en el mercado de alquiler de la Unin Europea, frente al misrrimo 1% que se registra en el mercado espaol.

En lo que respecta a Extremadura, es preciso sealar, adems del menoscabo al derecho universal a una vivienda digna, la interaccin que se ha producido entre el expolio urbanstico y la degradacin de la base agroganadera de la economa regional. El alza de los precios del suelo a causa de la inversin en alojamiento turstico y vivienda vacacional en el medio rural, y la indiscriminada poltica recalificadora de los Ayuntamientos (muchas veces impotentes o cmplices ante los hechos consumados de la masiva edificacin ilegal), han animado al desmantelamiento de muchas explotaciones primarias y han aadido dificultades a los ya de por s escasos nuevos emprendimientos en el sector. Parte de una estrategia de resistencia local relacionada con el suelo y la edificacin en nuestra regin debera ser el diseo y la aplicacin de una nueva legislacin que recoja la proteccin de aquellas actividades econmicas que participan de la sostenibilidad del entorno, y del territorio en que se desarrollan. Donde puede haber regados, bosques o dehesas productivos no hay lugar para ms chals ni ms campos de golf.

(6) constituir organismos de mbito municipal con la capacidad y legitimidad necesarias para impulsar estas y/u otras estrategias locales de resistencia ante la crisis y el desempleo. Es a primera vista evidente que existe un insalvable abismo entre, por un lado, las distintas medidas hasta ahora enunciadas, la concepcin general de la economa de escala local de la que emanan y el papel que lo pblico y lo pblico-cooperativo juegan en ella, y por otro lado, la actual configuracin institucional y capacidad de gestin de los municipios espaoles y extremeos. Tal y como hoy son entendidas y puestas en prctica, las instituciones locales seran completamente incapaces de promover y gobernar actuaciones como las descritas. Por ejemplo, los Ayuntamientos se han acostumbrado a funcionar con plantillas muy escasas, concentradas en la pura administracin burocrtica y en aquellas actividades deficitarias en trminos de mercado (y, por tanto, ms difcilmente susceptibles de ser privatizadas), adems de un escaso puado de puestos de trabajo (o ms bien, de "jornales") de finalidad sobre todo asistencial, cuando este modelo de resistencias de proximidad apuesta decididamente por un muy importante incremento en las plantillas pblicas o pblico-cooperativas, diversificadas hacia diversas actividades rentablemente productivas. Si adjudicamos a esta nueva economa poltica popular de proximidad el modesto objetivo de neutralizar el desempleo de media y larga duracin y las formas ms salvajes de precariedad laboral, estaramos hablando de plantillas pblicas y pblico-cooperativas que acapararan segn territorios entre un 20 y un 30% de la poblacin activa local (y un porcentaje equivalente de los capitales y bienes productivos, incluyendo algunos de tan compleja gestin como infraestructuras energticas, redes de distribucin comercial, capitalizaciones de seguros y pensiones...).

Un 25% de la poblacin haciendo compulsas detrs de un mostrador?", preguntarn irnicos y desdeosos los enemigos por sistema de lo pblico. Evidentemente no, no estamos hablando de eso. Hablamos de ingenieros, de mdicos, de maestros, de albailes, de transportistas, de impresores, de agricultores, de economistas... Hablamos de fbricas, de laboratorios, de explotaciones agrcolas, de mutuas mdicas y de seguros, de centros de estudio, de comercios... Si revisamos la lista de actividades susceptibles, segn la ley vigente, de realizarse bajo la forma de sociedad cooperativa, son pocas las facetas de la vida econmica sobre las que este modelo no puede desplegarse. Por ejemplo, las cooperativas de servicios financieros pueden convertirse en el germen de autnticas bancas pblicas locales, capaces de ofrecer la cobertura crediticia preferente tan necesaria en la presente coyuntura para el pequeo y mediano emprendimiento empresarial, pero que el desmantelamiento de la banca pblica estatal tradicional y las insuficiencias del Instituto de Crdito Oficial (ICO) hacen hoy imposible. E incluso es posible, como hoy se est experimentando en la comarca catalana del Montseny, implementar sistemas monetarios alternativos o complementarios de mbito local, propuesta de la que existen precedentes en municipios de Brasil, Argentina, Chile o el Reino Unido.

Se basta una simple concejala econmica, un Ayuntamiento tal y como ahora los conocemos, para dinamizar y coordinar procesos tan complejos como estos? Por supuesto que no. Y no ya slo por cuestin de eficacia, sino tambin por cuestin de legitimidad y representatividad. Ningn proceso de esta naturaleza es concebible sin el slido y frtil sustento del dilogo y la participacin entre ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil e instituciones pblicas del que hoy sistemticamente adolece la vida pblica de nuestros municipios. En este sentido, una imprescindible sexta muestra de nuestra resistencia de proximidad es la constitucin democrtica de una institucionalidad municipal reforzada, capacitada y legitimada para gobernar democrticamente estos mrgenes crecientes de soberana econmica que las comunidades locales pueden recuperar frente al (des)orden econmico de la globalizacin capitalista. Un camino complejo y laborioso que puede arrancar con la puesta en marcha de un Consejo Econmico y Social Local, con fines similares a los de sus equivalentes estatal y regional, aunque de mbito municipal, con mayor poder de decisin y de base representativa ms amplia e incluyente, dando voz propia al tejido vecinal, a los usuarios de servicios pblicos, a los desempleados, a los trabajadores precarios, a los jubilados, a los inmigrantes...

A la abierta y vibrante pluralidad, en suma, del trabajo vivo y la multitud productiva. Las nicas fuerzas conocidas capaces de embridar el rumbo desbocado y suicida de las fuerzas econmicas, sometindolas al imperio de aquellos principios rectores ante los que nunca deberamos haberles permitido insubordinarse: el desarrollo humano integral y el perfeccionamiento de la constitucin democrtica de nuestros proyectos de convivencia.

Jnatham F. Moriche, Vegas Altas del Guadiana, Extremadura Sur, 7 de mayo de 2009

http://jfmoriche.blogspot.com | [email protected]


ALGUNAS REFERENCIAS DE INTERS:

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BASES DE DATOS:

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