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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 13-05-2009

Espaa: Hablemos de las pensiones

Alberto Montero Soler
El Observador


S, hablemos de las pensiones. Por qu no hacerlo? Ya s que con la que est cayendo no es buen momento para introducir ms elementos de incertidumbre en un contexto crecientemente incierto pero no he sido yo quien ha recuperado para la agenda poltica y econmica del pas el tema de las pensiones.

Claro que s, hablemos de las pensiones. Pero hablemos de ellas sin ocultar ases en la manga ni conejos en la chistera. No permitamos que los elementos del discurso sean tan slo aquellos que manejan, como trileros, los agoreros del apocalipsis de la Seguridad Social y pongamos todas las cartas boca arriba. No asumamos como verdades reveladas ni leyes naturales lo que no son ms que opciones polticas que, como tales, entran en el mbito de nuestra capacidad de decisin colectiva y podemos modificar a voluntad de las mayoras. Pongamos sobre la mesa todos los trminos del debate, libermonos de los corss que encapsulan nuestra forma de pensar este tema y asumamos que ni lo existente es lo nico posible ni lo que nos proponen la nica solucin viable.

Dado que algunos creen que es el momento para hablar de las pensiones, no rehuyamos el debate y hablemos de ellas. No perdamos la ocasin de expresar nuestra opinin acerca de lo que afirmaba en su ltima comparecencia en el Congreso Miguel ngel Fernndez Ordez, gobernador del Banco de Espaa, cuando volvi a poner sobre la mesa su preocupacin por la sostenibilidad del sistema pblico de pensiones y la necesidad de acometer su reforma para garantizar que los cotizantes actuales puedan ser los pensionistas del futuro.

Y es que, como suele ser habitual, el anlisis del gobernador se basaba en los supuestos tradicionales que se emplean cuando se trata de vaticinar la debacle de la Seguridad Social: brusca reduccin de la tasa de natalidad y progresivo incremento de la esperanza de vida al nacer que podran motivar una elevacin insostenible de la tasa de dependencia, esto es, de la relacin entre la poblacin mayor de 65 aos y la que se encuentra en edad de trabajar.

A partir de ah la conclusin es inmediata: el incremento del gasto en pensiones pondra en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema de forma que ste entrara en dficit creciente a partir de 2025 y para evitarlo se impondra la necesidad de reformar ya el sistema pblico de pensiones.

Y es ah donde la salmodia del gobernador se corresponde, milimtrica y sospechosamente, con la misma que entonan los servicios de estudios de las instituciones financieras que aspiran a hacerse con el botn de las pensiones pblicas de nuestro pas. Curioso, verdad? Estas son sus propuestas.

En primer lugar, abogan por el retraso de la edad de jubilacin por la va del endurecimiento de las condiciones para el acceso a la jubilacin anticipada; del incentivo a la permanencia en el mercado de trabajo ms all de la edad de jubilacin; o, por ltimo, del retraso de la edad legal de jubilacin en el sentido en que lo ha hecho recientemente Alemania incrementndola de los 65 a los 67 aos.

En segundo lugar, plantean la ampliacin del nmero de aos de cotizacin para el clculo de la base reguladora con la intencin de aumentar la proporcionalidad del sistema, esto es, la relacin entre las pensiones percibidas y las cotizaciones realizadas a lo largo de toda la vida activa del trabajador.

En tercer lugar, proponen la reduccin de la tasa de sustitucin de las pensiones, es decir, el porcentaje que de los ingresos previos a la jubilacin supone la pensin percibida.

Y ya finalmente, el gobernador dej caer la brillante idea de que las compensaciones por desviacin de la inflacin prevista sobre la observada se produjeran de forma simtrica. Es decir, que al igual que se compensa al pensionista por la prdida de poder adquisitivo cuando la tasa de inflacin observada es superior a la estimada cuando se realiz la actualizacin de su valor, aqul proceda a la devolucin de la diferencia en el caso contrario.

Si estas propuestas iban por la va de la contencin del gasto en pensiones, en lo referente a la posibilidad de aumentar los ingresos del Sistema, el gobernador fue tajante en su comparecencia: no parece existir margen de actuacin para realizar incrementos de las cotizaciones sociales, dado que podran tener efectos muy perniciosos sobre el empleo.

Y dicho todo lo anterior, ms algn pullazo adicional contra la rigidez del mercado de trabajo, suponemos que se retir con sensaciones contradictorias: satisfecho por el deber cumplido pero, al mismo tiempo, angustiado por si sus profecas caan, una vez ms y al igual que las de Casandra, en saco roto.

Las reformas necesarias no son las que pregonan los banqueros

Evidentemente, se le puede reprochar al gobernador, como hizo el gobierno, que no es momento para aadir ms catastrofismo sobre la catstrofe que asola nuestra economa y en la que el Banco de Espaa tiene una importante cuota de responsabilidad.

Sin embargo, yo creo que el principal reproche que se le debe hacer al gobernador es su predisposicin a poner el discurso de la institucin que dirige al servicio de los intereses de las instituciones financieras por la va de la construccin de un pensamiento nico en torno al tema de las pensiones. Uno y otras, a fuerza de reiterar machaconamente las mismas advertencias y acompaarlas de idnticas propuestas de solucin, han conseguido un discurso monocorde que, como una gota malaya, est consiguiendo que se interiorice por parte de la ciudadana la idea de que la Seguridad Social est en peligro y de que o se reforma en el sentido antedicho o se producir, ms pronto que tarde, su quiebra.

Y es que es evidente que el sistema de la Seguridad Social necesita reformas. No cabe la menor duda. Toda institucin cuya solvencia depende de la evolucin de terceras variables necesita acompasar su lgica de funcionamiento al ritmo al que se van produciendo cambios estructurales en la dinmica de estas. Sera suicida asumir que la Seguridad Social escapa a la lgica de la evolucin de factores demogrficos y de las variables relevantes del mercado de trabajo.

Pero una cosa es reconocer que las reformas son necesarias y otra bien distinta es plantear que las que plantean al alimn el gobernador del Banco de Espaa y las instituciones financieras son las nicas reformas posibles.

Y es que en el terreno de las reformas del sistema pblico de pensiones lo normal es que se hurten a la ciudadana algunas opciones tan viables como las anteriores pero que, al contrario de las destacadas por el gobernador y sus colegas banqueros, apuntan hacia el refuerzo no slo de su sostenibilidad sino tambin de su carcter pblico en lugar de promover su erosin desde dentro con el fin de ir abriendo vas para la gestin privada.

Pero, para ello, es preciso romper con algunos clichs que modelan nuestra comprensin colectiva del sistema de pensiones. Estos son algunos de ellos.

De entrada, hay que romper la cadena de la contributividad

El primero y ms importante de esos clichs es el que plantea que la financiacin de las pensiones debe depender exclusivamente de las cotizaciones de trabajadores y empresarios sin que quede resquicio para la financiacin fiscal de las mismas.

Por qu secreta razn la Seguridad Social se concibe como un ente separado del Estado y se exige de ella que sean los ingresos de los cotizantes los que sufraguen ntegramente el pago de las prestaciones como si no cupieran vas alternativas de financiacin? Qu ocurrira si pensramos en los mismos trminos de la Educacin, la Sanidad, el Ejrcito o, por qu no decirlo, la propia Casa Real? Se ha llegado a plantear en algn momento que el Ejrcito es una institucin deficitaria y que, por lo tanto, debemos proceder a reformarlo buscando su sostenibilidad financiera a largo plazo? Y si no se piensa eso del Ejrcito por qu hemos de asumir que debe de ser as para el caso de las pensiones? Por qu slo se cuestiona la sostenibilidad financiera de las instituciones vinculadas al Estado de bienestar y no se hace lo mismo con otros sacos sin fondo a donde van partidas presupuestarias cuya relevancia social es mucho menor?

Si superramos esa forma de concebir la Seguridad Social y asumiramos que, en tanto que institucin del Estado, ste debe responder con todos sus ingresos por el pago de las prestaciones de jubilacin nos encontraramos con que la amenaza recurrente sobre la insostenibilidad fiscal de aqulla desaparecera.

En este sentido, habra que comenzar por revisar el Pacto de Toledo en lo que se refiere a la separacin de fuentes de financiacin y eliminar lo all contenido en relacin con la dependencia de la financiacin de las pensiones de las cotizaciones de los trabajadores. De esta forma se lograra romper la tendencia a analizar la Seguridad Social en trminos meramente contributivos y desde una lgica exclusivamente actuarial, tratando de equilibrar ingresos y gastos, para pasar a pensarla, a continuacin, tomando como directriz su sentido solidario original.

Y es que no hay ninguna razn que justifique que las pensiones deban financiarse exclusivamente a travs de las cotizaciones de los trabajadores y no pueda recurrirse a los ingresos generales del Estado para tal fin. La propia historia de la Seguridad Social espaola nos dice que en ningn momento sta ha estado dominada por esa lgica de la igualacin entre pensiones y cotizaciones.

Es ms, si recurrimos al anlisis comparativo con los pases de nuestro entorno nos encontramos con que en tan slo 8 de los 27 Estados de la Unin Europea se igualan pensiones a cotizaciones y que pases como Francia han creado un impuesto especial, la contribucin social generalizada, para dotar el Fondo de Reserva y para financiar las pensiones en el futuro. Por qu entonces en Espaa no se mira a lo que hacen los pases ms avanzados en materia de polticas sociales y se sigue a pie juntillas el discurso neoliberal ms rancio?

De hecho, bastara con un anlisis menos tramposo para justificar y legitimas la financiacin de las pensiones con ingresos generales del Estado. Un anlisis que destacara la cada de la participacin de las rentas salariales (y, por lo tanto, de las bases de cotizacin) frente a las rentas del capital en el total de la renta nacional. Y es que en Espaa el peso de las rentas empresariales respecto al PIB fue en 2007 del 42,3%, el porcentaje ms elevado desde 1995. Evidentemente esto se consigui a costa de la disminucin de la participacin en la renta nacional de la parte correspondiente a los asalariados y a los impuestos. Tal es as, que el peso de las salarios respecto al PIB ha retrocedido en 2,4 puntos entre 1995 y 2007, hasta llegar al 47,3% actual. Eso significa que durante esos aos se ha producido una transferencia de renta desde los salarios e impuestos hacia los beneficios empresariales de en torno a 20 mil millones de euros anuales.

Con esos datos, y por lo tanto, a partir de la constatacin, nos guste o no, de que nos encontramos en una economa en la que las rentas empresariales van en aumento, qu nos impide establecer un impuesto sobre las mismas para financiar las pensiones del conjunto de la poblacin? O es que las nicas medidas fiscales que se pueden plantear en relacin con las rentas del capital son las reducciones impositivas?

Tanto ms cuando la carga fiscal que sufren las empresas espaolas se encuentra muy alejada de las de otros pases europeos por muchos lamentos y plaidos que escuchemos de la Confederacin de Empresarios.

En efecto, la importancia de las deducciones y desgravaciones fiscales en el impuesto de Sociedades provoca que, a pesar de que el tipo nominal del Impuesto sea del 35% el tipo impositivo efectivo -es decir, el que realmente se paga- sea tan slo del 24,51%. Mientras tanto, en la Unin Europea (a 15 miembros) el tipo efectivo medio es del 33,34%, es decir, casi nueve puntos ms y en pases como Italia llega al 42%. Esto provoca que Espaa sea el pas europeo en el que hay ms diferencia entre lo que nominalmente aparece como presin fiscal y lo que efectivamente pagan las empresas. La diferencia es de 10,5 puntos mientras que la media en la UE es de 1,36 puntos.

Si esto no nos da margen para gravar con mayores impuestos las rentas del capital y financiar con ellos las pensiones pblicas es una cuestin que, al menos y en mi humilde opinin, debera ser tan debatida como, por ejemplo, la elevacin de la edad de jubilacin.

Tambin hay que hablar de los ingresos

Esto nos lleva al segundo de los clichs: el relacionado con el sesgo hacia el lado de los gastos en todas las propuestas de reforma, tal y como perfectamente se ilustra en la comparecencia del gobernador cuando afirma, sin ningn pudor, que no parece existir margen de actuacin para realizar incrementos de las cotizaciones sociales.

Que no parece? Cmo que no parece? Creo que deberamos convenir en que esta no es una cuestin de pareceres. O se puede o no se puede y si no se puede se deber argumentar la razn y no zanjarla como si los pareceres, especialmente el suyo, fueran argumentos de autoridad.

Pues bien, por este lado tampoco est claro que no se pueda aumentar la recaudacin por distintas vas y realizando diferentes reformas que vendran a aadirse a la ya referida de eliminacin del principio de separacin de fuentes de financiacin contenido en el Pacto de Toledo.

As, en estos momentos, una parte de las cotizaciones a la Seguridad Social se dedica al pago de las prestaciones por desempleo: en concreto, 7,5 puntos de la cotizacin total se destina a la financiacin de esas prestaciones. Si esos recursos se destinaran a financiar las pensiones en lugar de las prestaciones por desempleo se producira un aumento de en torno al 20% de los recursos disponibles para las pensiones.

Tambin se podran aumentar los tipos de cotizacin a la Seguridad Social algo que, convenientemente debatido y consensuado, podra ser asumido tanto por trabajadores como por empresarios puesto que supondra una sustitucin de parte del salario actual por un mayor salario diferido para el futuro.

Y tampoco debemos dejar de pasar por alto otro elemento importante relacionado con la disponibilidad de un mayor volumen de recursos para financiar las pensiones como son las bonificaciones fiscales en el IRPF por la contratacin de planes de pensiones privados y que, segn diversas estimaciones, alcanzaran un 5% de la cuota lquida de dicho impuesto. Qu sentido tiene incentivar este tipo de productos financieros cuando esos fondos podran estar dedicndose a la financiacin del sistema pblico por el que tanto se preocupan los mismos que, simultneamente, promueven la complementacin del sistema pblico con fondos privados?

Resulta bastante paradjico que se cuestione la sostenibilidad financiera del sistema pblico de pensiones y, al mismo tiempo, no se haga todo lo posible por apuntalarlo.

Es ms, resulta intolerable que se promueva la conformacin de un sistema complementario privado, subvencionado fiscalmente por todos y que es suscrito mayoritariamente por las personas de rentas ms altas, es decir, por aquellos que tienen mayor capacidad de ahorro y que, una vez jubilados, tendrn menos problemas para el mantenimiento de sus niveles de vida previos. Por qu no se eliminan esas deducciones fiscales y se dedican esos recursos a complementar las pensiones de menor cuanta en lugar de favorecer a quienes ya de por s son los segmentos ms favorecidos de la sociedad?

Las razones de esta paradoja hay que buscarla en sus ms directos beneficiarios: las entidades financieras que las gestionan y que, sin embargo, tampoco garantizan que, una vez llegado el momento, se percibirn las rentas comprometidas.

Y mucho ms de los fondos privados de pensiones

Porque esa es otra o, lo que lo mismo, el tercero de los clichs. Al tiempo que se plantea la insostenibilidad financiera del sistema pblico se presenta al sistema complementario privado como si fuera inmune a ese riesgo, como si no existiera en ese mbito ningn problema para hacer frente a los pagos futuros.

Se olvida, sin embargo, que un fondo privado de pensiones puede perfectamente quebrar y hay casos en la historia reciente que as lo demuestran.

Se olvida tambin que una rentabilidad elevada slo se puede conseguir asumiendo mayores riesgos y que cuanto mayor sea la exposicin al riesgo mayores son las posibilidades de quiebra en caso de turbulencias financieras.

Pero es que, lo que es ms grave, esas supuestas mayores rentabilidades derivadas de la gestin privada de las aportaciones a los fondos privados de pensiones son una absoluta falacia. Segn demuestran Fernndez y Bermejo, la rentabilidad media de los fondos de pensiones en los ltimos diez aos no ha superado la inflacin; es ms, la rentabilidad de esos fondos ha sido similar a la obtenida a travs de la inversin en bonos del Estado a 10 aos, es decir, que quienes suscribieron esos fondos podan haber dedicado sus ahorros a financiar al Estado y su rentabilidad habra sido similar y su exposicin al riesgo menor.

Y qu decir si se tienen en cuenta las comisiones y gastos de gestin, la verdadera fuente de ingresos para los bancos y entidades gestoras. Por poner un ejemplo sobre el que ha advertido hasta la propia Comisin Europea que, por otra parte, se encarga activamente de promover la contratacin de planes de jubilacin privados-, una comisin anual del 1% puede suponer casi el 20% de lo aportado al plan durante 40 aos y si la comisin es del 3% el coste sera de hasta el 43% del capital aportado en ese mismo periodo.

Si esto no es un negocio rentable por el que poner a sueldo a toda una plantilla de reputados acadmicos, ya me dirn ustedes qu puede serlo.

Si otros pueden, por qu no nosotros?

En cuarto lugar, tambin alguien tendra que explicarnos por qu si las estimaciones llegaran a ser correctas y, segn pronostica la Unin Europea, el gasto en pensiones fuera en Espaa en 2050 del 15,7% del PIB ese gasto iba a ser insostenible para el Estado espaol.

Por expresarlo ms claramente y sobre la base de los datos que proporciona Eurostat, por qu en estos momentos Italia puede mantener un gasto en pensiones del 14,7% de su PIB, Austria del 14%, Alemania del 12,7% o Portugal del 13% y Espaa no puede llegar a sostener ese porcentaje en 2050 cuando se supone que para entonces nuestra renta nacional ser superior a la de casi todos esos pases? Por qu el gasto medio en pensiones en la Unin Europea de 27 miembros es del 12% del PIB o en el rea del euro es del 12,4% del PIB y esos porcentajes no se consideran insostenibles en estos momentos y, sin embargo, si se consideran para el caso de Espaa en donde el gasto en pensiones no llega al 9% del PIB?

Esas preguntas no slo deben ser formuladas pblicamente sino que, adems, quienes plantean la quiebra de la Seguridad Social deberan responderlas antes de pasar a hacer vaticinios catastrofistas.

En fin, que si hay que hablar se habla

En todo caso, y visto lo visto, yo creo firmemente que s, que hay que hablar del sistema pblico de pensiones. Claro que s. Pero, como dije al principio, hay que hablar de todo y no slo de lo que les interesa difundir a quienes auguran su quiebra; a quienes recubren sus intereses bajo la apariencia de pulcros estudios cientficos plagados de trampas y limitaciones metodolgicas que ponen seriamente en tela de juicio su capacidad predictiva y, por lo tanto, su utilidad para servir de referencia a la hora de adoptar decisiones polticas al respecto.

Que quieren acabar con el sistema pblico de pensiones? Muy bien. Que lo digan, que expongan sus razones y sus intereses y ya nosotros decidiremos qu hacemos al respecto. Pero que no nos engaen negndonos la posibilidad de plantear que hay otras reformas posibles; reformas en las que la Seguridad Social siga actuando efectivamente como un mecanismo de solidaridad intra e intergeneracional, como un avance civilizatorio frente a la barbarie que supone dejar desamparado a quien no puede allegar los recursos necesarios para su subsistencia.

Mientras que el discurso dominante no sea el de solidaridad y s el actuarial; mientras prime la preocupacin por la contributividad en lugar de por el nivel de vida al que pueden acceder nuestros pensionistas seguiremos oyendo los mismos cantos de sirenas. Nos tapamos los odos o les callamos las bocas? En algn momento habr que decidir.

Alberto Montero Soler ([email protected]) es profesor de Economa Aplicada de la Universidad de Mlaga y puedes leer otros textos suyos en su blog La Otra Economa.



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