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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 17-05-2009

Sobre el intolerable atropello que supone la ilegalizacin de Iniciativa Internacionalista
Aqu s se encarcela a Voltaire

Luis Alegre Zahonero
Rebelin


El descomunal atropello contra derechos fundamentales que implica la ilegalizacin de Iniciativa Internacionalista hace especialmente indignante que estas tropelas traten de justificarse apelando al Estado de derecho, el respeto a las leyes y la independencia de la Justicia.

Comencemos por el principio y tratemos de recordar por un instante el origen de la Ley de Partidos: desde el momento mismo de su tramitacin parlamentaria, nadie trat de ocultar que se trataba de una ley expresamente diseada para la ilegalizacin de Batasuna. Es fcil comprender que eso de elaborar una ley para regular un caso concreto supone por s solo un atentado contra la divisin de poderes. En efecto, si el Parlamento decide no slo cul es la norma sino tambin cul es el caso al que hay que aplicarla qu es exactamente lo que les queda por decidir a los tribunales? Sin duda es cierto que el poder judicial colabora con entusiasmo en esta farsa, pero, si por algn motivo decidiese no hacerlo, tampoco lo tendra fcil. Ciertamente, imaginemos que, en su momento, el Tribunal Supremo hubiese dictaminado que Batasuna no incurre en los supuestos de ilegalizacin previstos en la Ley de Partidos. El Parlamento habra podido decir: cmo que no?! es que no se han dado cuenta de que son los supuestos los que se disearon para ajustarse a Batasuna y no la actividad de Batasuna la que se tendra que ajustar a los supuestos?.

Ahora bien, recordemos tambin por qu hizo falta recurrir a esa Ley de Partidos para lograr ilegalizar a Batasuna: no bastaba con el cdigo penal para lograrlo. Y no es que el cdigo penal no prevea la posibilidad de suspender asociaciones encaminadas a cometer delitos (eso es algo que, como es evidente, contempla cualquier cdigo penal). De hecho, ETA misma es perfectamente ilegal sin necesidad de aprobar, ad hoc, ninguna especie de Ley Orgnica para la Ilegalizacin de ETA. Como su actividad contraviene lo previsto en la legislacin penal, se trata de una asociacin ilcita. No hay ms que hablar. Nunca han hecho falta leyes muy originales para disolver organizaciones que tuviesen cualquier tipo de comportamiento delictivo. Si para lograr la ilegalizacin de Batasuna hizo falta una ley tan descabellada como la Ley de Partidos es, precisamente, porque su actividad no slo no era delictiva segn el cdigo penal vigente sino que no lo era segn ningn cdigo penal posible. Si se hubiese podido imputar algn delito por la actividad de la organizacin o si se hubiese podido al menos tipificar como delito parte de su actividad, es decir, si se hubiese podido aplicar el cdigo penal a la actividad de Batasuna o, al menos, ampliar el cdigo penal para incluir como delito parte de su actividad, sin duda se habra hecho. Y se ha intentado, pero no es posible llegar tan lejos como para introducir en la legislacin penal, por ejemplo, la negativa a sumarse a rituales de condena.

En cualquier caso, una vez consumada la ilegalizacin por la va estrafalaria de la Ley de Partidos, resulta ya casi automtico declarar ilegal (tal como prev la propia ley en su nica disposicin transitoria) cualquier partido poltico que contine o suceda la actividad del ilegalizado. A partir de aqu, basta que una determinada formacin poltica pueda atraer al electorado de Batasuna para que el Ministerio del Interior la considere sucesora de su actividad, pues conviene notar que continuar la actividad de una organizacin que no cometa ningn delito no puede significar nada ms que representar al electorado que votaba por esa opcin.

As pues, el resultado de todo esto son varias decenas de miles de ciudadanos a los que es imposible imputar nada -y que, por lo tanto, mantienen supuestamente intactos todos sus derechos polticos- pero que, sin embargo, se ha decretado que deben carecer de expresin electoral. El resultado, como es evidente, no puede ser otro que el escandaloso atropello al que estamos asistiendo: Alfonso Sastre (el mejor dramaturgo vivo en lengua castellana, dos veces Premio Nacional, de Teatro -en 1985- y de Literatura -en 1993-, y un hombre de una honestidad implacable) encabeza una candidatura que, como quiz pudiera continuar la actividad de Batasuna (es decir, como quiz pudiera resultar una opcin posible para su electorado), es ilegalizada. Ni s ni me importa si el electorado y la militancia de Batasuna tenan previsto dar su apoyo o no a la candidatura encabezada por Alfonso Sastre. Lo que no puede dejar de importarle a nadie comprometido con los derechos polticos ms elementales es la lgica del asunto: decenas de miles de personas que no tienen ninguna causa judicial pendiente (y, por lo tanto, mantienen en principio intactos sus derechos polticos, tanto para votar como para pedir el voto), tienen la capacidad de colocar fuera de la ley a cualquier opcin poltica a la que pudieran apoyar. No se trata de que, como pudiera quiz pensarse ingenuamente, slo estn dispuestos a votar y a pedir el voto para organizaciones que se hallen fuera de la ley sino que, por el contrario, es la simple posibilidad de obtener su voto lo que coloca fuera de la ley a la opcin poltica de la que se trate. No pesa sobre sus derechos restriccin formal alguna y, por lo tanto, pueden votar lo que quieran excepto, eso s, lo que el Ministerio del Interior sospeche que pretenden votar.

Este atentado contra el gigante literario que es Alfonso Sastre (al que se estn permitiendo tratar como a un delincuente comn), y contra la candidatura que encabeza, demuestra que no estn dispuestos a respetar nada en este proceso de desmantelamiento de derechos y libertades. En un momento de extraordinaria tensin poltica, De Gaulle decidi no emprender acciones legales contra el desafo de Sartre: a Voltaire no se le encarcela, declar. La derecha espaola (que en este caso parece ir desde el PP hasta, como mnimo, Willy Meyer) no parece que tenga ninguna intencin de detenerse ante gigantes de dimensin universal como Alfonso Sastre. As pues, es tarea de todas y todos (tanto quienes localizan su opcin poltica en Iniciativa Internacionalista como quienes la localizamos en otro sitio) resistir contra esta barbarie.



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