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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 18-05-2009

Estado de Derecho: sobre la ilegalizacin de Iniciativa Internacionalista

Ricardo Rodrguez
Rebelin


Desde que en el siglo XIX Robert von Mohl formulara la primera concepcin fundamentada del Estado de Derecho, la nocin ha vivido innumerables vicisitudes a lo largo de ms de ciento cincuenta aos. Ya el jurista alemn le aada una vertiente sociolgica inexistente en la teora puramente liberal kantiana y, de entonces para ac, fue sometida a crtica por su excesivo formalismo, se le sumaron los calificativos de social y democrtico e incluso fue usada para sus fines bastardos por notables juristas nazis. Pero hasta en su significacin ms vaga siempre que sea legtima-, y sin entrar en profundidad alguna, el Estado de Derecho nace por oposicin al oscurantismo absolutista y se caracteriza por la preservacin de la libertad ciudadana frente al arbitrio de un poder sin control. Es el Estado de la razn, nos dira Robert von Mohl; en la Ilustracin se halla su fuente inspiradora.

Desde luego, no podemos incurrir en la crueldad de exigir a los polticos profesionales que ostentan altos cargos que se anden con cuidado al usar las palabras. Para ellos, al igual que para Humpty Dumpty, el personaje de Carroll, el significado de las palabras no importa; lo que importa es quin manda. E invocarn los instrumentos del Estado de Derecho -curiosa perfrasis- igual para ordenar el apaleamiento de jvenes que reivindican el derecho a una vivienda digna en las calles de Madrid que para justificar que se asesine a personas y se abrasen sus cadveres en cal viva. Sin remordimientos, sin titubeos. Y es una grave prostitucin de las palabras. Pero cuando la estructura misma del Estado puede, a plena luz del da, vulnerar los derechos constitucionales bsicos de miles ciudadanos y hacer pasar el fraude por limpia accin democrtica ante una mayora social anestesiada, cuando ya ni siquiera se hace necesario disimular la indecencia, es que se ha dado un salto de gigante hacia el abismo. La decisin del Tribunal Supremo, a peticin de la abogaca del Estado y del Fiscal General, de anular la candidatura de Iniciativa Internacionalista a las elecciones europeas se encuentra a mi juicio en este nuevo peldao de degradacin.

La desvergenza de los argumentos empleados para motivar el atropello ha alcanzado cotas inditas. El hecho en s constituye un hito del esperpento: se pretende ilegalizar una candidatura electoral y suprimir de tal forma el derecho de sufragio activo y pasivo de miles de personas que no han cometido ningn delito por el que sentencia judicial alguna los haya inhabilitado se dice que con el fin de salvaguardar la democracia. Sera para rerse si todo fuese una mala pesadilla. Pero no lo es.

En un artculo reciente, el escritor Santiago Alba Rico denunciaba que el conjunto de los llamados indicios de la vinculacin de la candidatura con la izquierda abertzale nos hacen retroceder a la poca siniestra de las ordalas medievales, lo cual es cierto. Pero se pueden encontrar tambin llamativas referencias ms prximas, en el pasado siglo. Hubiera henchido de orgullo al senador Joseph McCarthy la investigacin llevada a cabo sobre las andanzas de cada uno de los miembros de la candidatura en la que se vuelve sospechosa cualquier declaracin, la presencia en actos o reuniones, cualquier sombra de relacin prxima o remota con quienquiera prxima o remotamente relacionado con la izquierda nacionalista. Se alcanza lo grotesco cuando se menciona la asistencia de Doris Benegas al funeral de un parlamentario de HB en 1989, ao en el que por cierto HB era una formacin poltica legal. Tendramos que preguntarnos dnde se sita el lmite, porque tal vez habra que ilegalizar al PP por haber designado al ex militante de ETA Jon Juaristi como director de la Biblioteca Nacional. Por no hablar de la exigencia de declaraciones expresas de condena. Los representantes de la candidatura han manifestado su voluntad inequvoca de perseguir sus fines por procedimientos estrictamente pacficos y legales, con lo que queda fuera de lugar la estupidez proferida por el ministro Rubalcaba de emplazar a elegir entre los votos o las bombas. Rechazada la violencia como medio para alcanzar metas polticas, que es el requerimiento incluso de la Ley de Partidos, qu ms? Una condena concreta de la violencia de ETA? Y por qu no del asesinato del joven antifascista Palomino, por qu no de la invasin de Iraq, por qu no de los bombardeos de hospitales y caravanas de refugiados por la OTAN durante la guerra de Yugoslavia? ste es el problema, no es cierto? Basndose en una interpretacin estricta de la Ley de Partidos se podran prohibir todos. Lo que quiere decir que solamente se prohibirn aquellos que decida el poder establecido. No hay ley a la que se deban someter todos los ciudadanos; es ley lo que al prncipe le plazca. No existe el Estado de Derecho, slo la autoridad; no hay fuerza de la razn, nicamente la razn de la fuerza.

La idea de la contaminacin de la candidatura por la presencia en ella del dramaturgo Alfonso Sastre es sin ms totalitaria, repugna a la conciencia jurdica ms laxa. Da lugar al absurdo de que un ciudadano que no ha cometido ningn delito y est en uso pleno de sus derechos civiles y polticos contagie involuntariamente la criminalidad a otros ciudadanos por el mero hecho de asociarse a ellos para una empresa, la de presentarse a unas elecciones, que a su vez es completamente legal. Recuerda a los folletos que se repartan en los hogares norteamericanos en la dcada de la caza de brujas dando instrucciones a los padres patriotas para que supiesen detectar si sus hijos se haban vuelto comunistas. A los que aadi la revista reaccionaria Commentary un sesudo estudio psiquitrico en el que se explicaba cmo poda llegar uno a transformarse en un comunista sin darse cuenta. Por lo visto, Alfonso Sastre y otros portan sin saberlo un germen que difunde la maldad con independencia de lo que ellos hagan.

Y, como todo puede empeorarse, el auto del Tribunal Supremo ha incorporado una nueva perversin extraordinariamente peligrosa, que es la de basar la anulacin en que por proximidad ideolgica la candidatura puede ser tomada como referencia para los votantes de la izquierda abertzale. Ya en las demandas del abogado del Estado y de la Fiscala General se sealaba acusadoramente la coincidencia de ideas. Se referan quiz a la defensa del derecho de autodeterminacin o a la bsqueda de una salida negociada a la violencia en el Pas Vasco? Pero no habamos quedado en que todas las ideas podan ser defendidas de manera pacfica? Ahora, la sentencia ampla de manera inaudita el arco de lo que podr ser censurado limitndose a estirar segn el gusto la nocin de proximidad. Ni siquiera ser imprescindible detectar, aunque sea de forma falaz, coincidencia alguna. En un pas en el que poderosos medios de comunicacin y destacados dirigentes del PP han tildado de extremistas de izquierdas a Gaspar Llamazares y al mismsimo Zapatero, las posibilidades que abre el auto del Alto Tribunal son como para echarse a temblar.

En otros tiempos se reprimi a los disidentes, ms que ahora; en otros tiempos la libertad fue pisoteada, con muchsima ms ferocidad que hoy en da. Lo que en la actualidad es diferente y nuevo y de lo que viene a ser una muestra infame el caso de Iniciativa Internacionalista es de la inversin descarada y absoluta del significado de las palabras. Aquellas ideas que fueron alumbradas para la emancipacin humana y para luchar contra el oscurantismo libertad, democracia, Estado de Derecho- son invocadas con el fin cabalmente de retornar al oscurantismo y de volver a los ciudadanos a un estado de temerosa servidumbre. Es preciso desenmascarar la trampa y moralmente obligatorio no guardar silencio.



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