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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 19-05-2009

La criminalizacin de la honradez

Carlo Frabetti
Rebelin


No sigo, ni he seguido nunca, consignas de ETA ni de Batasuna. En ms de una ocasin he manifestado, pblicamente y por escrito, mi rechazo a atentados de ETA, calificndolos de ticamente inadmisibles y polticamente absurdos. Y me consta que las personas ms significadas -y ms criminalizadas- de Iniciativa Internacionalista comparten mis opiniones y mi independencia de pensamiento y actuacin.

Conozco bien la obra y las ideas de Alfonso Sastre, que me honra con su amistad. Y no s de nadie que haya defendido con mayor entereza la causa de la verdad y la justicia sin ms armas que las palabras. Por lo que respecta a su participacin en Iniciativa Internacionalista, fui yo mismo quien le habl por primera vez del proyecto y de la posibilidad de que encabezara nuestra candidatura al Parlamento Europeo. Miente quien diga, desde el poder o desde los medios de comunicacin, que Sastre sigue otros dictados que no sean los de su conciencia.

No soy ni he sido nunca militante de Corriente Roja, la formacin liderada por ngeles Maestro, pero coincido bsicamente con sus planteamientos y me une a ella una estrecha amistad. En lo que va de siglo, hemos librado juntos muchas batallas polticas y juntos hemos participado en numerosos foros y debates, y puedo garantizar que Maestro no solo no sigue consignas de Batasuna, y mucho menos de ETA, sino que siempre ha sido -como yo mismo- sumamente crtica con los nacionalismos beligerantes, que solo tienen sentido como respuesta a una agresin o a una negacin de soberana. Y me consta su total rechazo de los atentados sangrientos.

Mi trato personal con Doris Benegas, nmero dos de la candidatura, ha sido escaso; pero he seguido con atencin su trayectoria poltica y la considero ejemplar.

Gloria Berrocal, otra de las candidatas ms conocidas, es una vieja amiga con la que he colaborado tanto en programas de radio y televisin como en actividades polticas y culturales de todo tipo. Siempre se ha mostrado inequvocamente contraria al derramamiento de sangre.

Con la actriz Alicia Hermida y su compaero, el dramaturgo Jaime Losada, tambin candidatos al Parlamento Europeo por II-SP, no tengo una relacin estrecha; pero su andadura profesional es sobradamente conocida, y no creo que nadie en su sano juicio se atreva a relacionarlos con ETA.

En cuanto a las personas que, como yo mismo, apoyan la candidatura sin estar en ella, quiero destacar la presencia del filsofo y escritor Santiago Alba Rico (autor de un artculo titulado Sin ETA lucharamos mejor ), el maestro de periodistas Antonio lvarez Sols, la bibliotecaria Blanca Calvo (ex alcaldesa de Guadalajara y ex consejera de cultura de Castilla-La Mancha), el actor Vicente Cuesta, mis colegas Ricardo Gmez y Gonzalo Moure (galardonados autores de literatura infantil), el humorista grfico Kalvellido, la escritora y periodista Montserrat Ponsa, el msico Antonio Resines, el escritor y catedrtico jubilado Vicente Romano, la escritora y artista plstica Sara Rosenberg, el filsofo Javier Sdaba, el escritor Andrs Sorel, el musiclogo y periodista Carlos Tena, el pintor y humorista Andrs Vzquez de Sola... A todos ellos y ellas los conozco personalmente, y a la mayora los cuento entre mis amigos y los he odo manifestarse contra el derramamiento de sangre.

Por qu, entonces, no hemos condenado pblicamente a ETA? La respuesta que voy a dar es estrictamente personal, auque s que muchas personas, dentro y fuera de II-SP, la suscribiran. He escrito numerosos artculos relativos a esta delicada cuestin (vase, por ejemplo, El significado de la condena , Rebelin, 22 3 08, www.rebelion.org/noticia.php?id=64959 ), y a continuacin expondr una vez ms, aunque de forma necesariamente resumida, mis argumentos:

En un Estado de derecho solo puede condenar un juez, y solo tras un juicio justo y un veredicto de culpabilidad. Cuando un particular o una organizacin condenan algo o a alguien, utilizan una frmula improcedente y se arrogan una funcin que no les corresponde. Pero aun en el supuesto de que se hubiera consensuado una acepcin extrajudicial del trmino y todo el mundo entendiera condenar en el sentido de rechazar o deplorar, quin decide, y con qu criterio, qu es lo que hay que condenar y lo que no? Y, sobre todo, quin tiene derecho a exigirle a nadie que condene algo pblicamente? Como autor de literatura infantil y persona especialmente preocupada por el bienestar de los nios, nada me repugna tanto como la pedofilia. Pero si alguien me exigiera que condenara pblicamente a un pedfilo o una trama de pornografa infantil, me negara en redondo. Primero, porque no soy juez, y, segundo, porque, aun en el supuesto de que fueran oportunas -o tan siquiera lcitas- las condenas extrajudiciales, nadie tendra derecho a decirme a quin debo condenar y a quin no, ni en qu momento o circunstancia. La libertad de expresin empieza por la libertad de silencio.

Huelga sealar que todas estas aclaraciones seran innecesarias en un autntico Estado de derecho, basado en la presuncin de inocencia y en la separacin de poderes. Pero nos encontramos exactamente en el caso contrario: una confabulacin de poderes alrededor de una supuesta culpabilidad. Y ni siquiera supuesta: tanto Interior como los magistrados del Supremo tienen que saber que no somos una tapadera de ETA ni seguimos sus consignas; de lo contrario, no sera concebible que cinco de los diecisis magistrados hubieran votado en contra de la anulacin de nuestra candidatura. Pretenden hacernos creer que un 30% de los magistrados del Tribunal Supremo estn a favor de los proetarras?

En realidad, lo que preocupa a los poderes establecidos es precisamente nuestra independencia. Es precisamente nuestra honradez lo que incita a criminalizarnos. Porque si siguiramos consignas de ETA o de Batasuna, no habramos obtenido el amplio respaldo y las numerossimas muestras de apoyo que nos han llegado de todas partes, y eso es lo que nos hace peligrosos a los ojos del poder.

Personalmente, confo en que el Tribunal Constitucional no repita la bochornosa actuacin del Supremo. Pero, aunque anulen nuestra candidatura, los pusilnimes y los corruptos no podrn pararnos. Somos ms que ellos, y somos mejores. Y estamos cada vez ms unidos.



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