Portada :: EE.UU.
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 20-05-2009

EU: impunidad perpetuada

Editorial de La Jornada
La Jornada


En una votacin dividida, de cinco contra cuatro, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos rechaz juzgar a dos altos funcionarios de la administracin de George W. Bush, el ex procurador general de ese pas, John Ashcroft, y el actual director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en ingls), Robert Mueller, acusados de disear una red de reclusin y abuso en contra de sospechosos de terrorismo.

El mximo tribunal del vecino pas revoc as la decisin de una corte federal de apelaciones en Nueva York que dictaminaba que Mueller y Ashcroft podan ser responsabilizados de los maltratos a los que fueron sometidos cientos de inmigrantes musulmanes entre ellos el denunciante Javaid Iqbal, detenidos tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 y posteriormente procesados por violaciones a las leyes migratorias y otros delitos menores, sin que pudiera probarse vnculo alguno con el terrorismo. El propio Iqbal, luego de haber permanecido varios meses en una prisin de Brooklyn, privado de atencin mdica y sometido a revisiones humillantes y golpizas sistemticas segn su testimonio, fue declarado culpable de fraude y finalmente deportado a Pakistn, su pas de origen.

La determinacin de la Corte Suprema de Estados Unidos tiene implicaciones escandalosas e inaceptables por cuanto proporciona, en los hechos, una cobertura de impunidad a los posibles autores intelectuales y materiales de crmenes de lesa humanidad, a pesar del reclamo de distintas organizaciones humanitarias internacionales y de amplios sectores de la sociedad estadunidense, y no obstante la sobrada evidencia de gran cantidad de atropellos perpetrados por funcionarios civiles y militares estadunidenses en el contexto de la guerra contra el terrorismo, abusos que difcilmente pudieron haber ocurrido sin el conocimiento y la anuencia de altos funcionarios de la administracin Bush.

A lo anterior deben aadirse los recientes enredos declarativos de la presidenta de la Cmara de Representantes en Washington, Nancy Pelosi, quien primero acus a la Agencia Central de Inteligencia de ocultar al Congreso del vecino pas la aplicacin de tcnicas de tortura a los enemigos combatientes capturados tras las invasiones a Afganistn e Irak, y despus reconoci estar enterada de dichas prcticas desde 2003.

Estos hechos, en conjunto, daan severamente la imagen del sistema de justicia de Estados Unidos, de por s desvirtuado; exhiben a connotados integrantes de las mximas instancias Judicial y Legislativa de aquella nacin como garantes de la impunidad ya sea por accin o por omisin y erosionan, a fin de cuentas, la credibilidad del proyecto poltico de Barack Obama, quien lleg a la Casa Blanca hace casi cuatro meses con la consigna de sanear la vida institucional de Estados Unidos y sacar a ese pas de la bancarrota poltica y moral en que se encuentra como saldo de la desastrosa era Bush.

No puede pasarse por alto, en lo que respecta al fallo judicial mencionado, que la absolucin de los funcionarios referidos pudiera resultar, en lo inmediato, conveniente en trminos polticos para el propio Obama, pues reducira las presiones ejercidas por los halcones de Washington, uno de cuyos representantes, el ex vicepresidente Dick Cheney, ha adquirido en los ltimos das notoriedad meditica como crtico virulento de la actual administracin. Es claro, sin embargo, que si el mandatario estadunidense no encuentra la manera de revertir la sentencia emitida ayer por la Corte Suprema, sta acabar, ms temprano que tarde, por deteriorar la confianza que en l han depositado los electores de la nacin vecina, as como amplias franjas de la poblacin mundial.

Ante estas consideraciones, es deseable que el presidente de Estados Unidos entienda que la situacin que hoy enfrenta su pas no es muy diferente a las que en su momento se vivieron en las naciones sudamericanas en la poca posterior a las dictaduras militares; en Espaa, tras el fin de la era franquista, e incluso en nuestro pas, despus del periodo en que el poder pblico emprendi una guerra sucia contra oposiciones armadas pero tambin contra luchadores sociales pacficos: un periodo en el que los precedentes inmediatos del ejercicio ilegal, criminal y abusivo del poder demandan una investigacin a fondo, el esclarecimiento de los crmenes cometidos y el castigo a los responsables.

http://www.jornada.unam.mx/2009/05/19/index.php?section=edito

 


Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter