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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 22-05-2009

PSOE y PP se alan con Israel
La Jurisdiccin Universal por encima de las razones de Estado

Antonio Segura/Santiago Gonzlez
Rebelin


El pasado 19 de mayo, nos despertamos con la noticia de que el PSOE y el PP se aliaban para recortar la aplicacin de la Justicia Universal. La verdad es que no sorprendi a nadie. El Ministro de Asuntos Exteriores, Miguel ngel Moratinos ya prometi cambiar la ley que permite la persecucin de crmenes de guerra a la entonces Ministra israel, Livni, cuando todava no se haban apagado los fuegos de los bombardeos israeles en Gaza. El Ministro laborista Barak ya dijo, cuando se admiti la demanda en la Audiencia Nacional contra siete responsables israeles por la masacre de Al Daraj (de 2002) que apelara al compaero Zapatero de su misma Internacional Socialista a cambiar las leyes espaolas para que se cerrase esa y las dems posibles demandas que afectan a la poltica de estado israel de llevar la ocupacin hasta sus extremos ms criminales.

Si se ha pedido que se haga justicia es porque ha fracasado la accin poltica. Ha habido razones de estado y la complicidad de la comunidad internacional, incluyendo a los Gobiernos espaoles, para fortalecer la ocupacin y la impunidad israel. Cuntos hechos consumados israeles ha habido, hay y habr y cunto premio ha recibido la impunidad israel en todos estos aos?

As como suena, cuando afect a Israel una demanda, es cuando el Gobierno espaol y la mayora de los diputados se doblegan y dicen que hay que cambiar la actual ley espaola para no tener que procesar a unos criminales de guerra. Y decimos criminales de guerra porque ni las autoridades israeles, ni el Fiscal espaol que se opone a la investigacin en la Audiencia Nacional del asunto de la masacre de Al Daraj han argumentado que no lo sean, lo que han dicho es que Espaa no es competente, eludiendo sus responsabilidades. Y como Espaa segn las Convenciones de Ginebra, en concreto la cuarta, segn el artculo 96.1 de la Constitucin, segn el artculo 23. 4 de la Ley Orgnica del Poder Judicial, y segn la sentencia del Tribunal Constitucional 327/2003, (caso Guatemala), no puede eludir la aplicacin de la Ley sobre esos criminales, y segn las normas emanadas de su propio parlamento es competente, los diputados del PSOE y del PP deciden cambiar la ley para dar impunidad a estos criminales.

A estos y a todos aquellos que han cometido crmenes tan horrendos, pues no debemos olvidar que la Jurisdiccin Universal es para esos crmenes y no para todos los delitos, los crmenes ms graves contra la humanidad, humanidad que no olvidemos somos todos.

El asunto es de tal gravedad que si cambiamos el delito al que se le pretende dar impunidad, sera como decir que porque el Ministro de un estado x, ha sido sorprendido traficando con sustancias estupefacientes, los partidos mayoritarios se alan para cambiar la ley sobre el trfico de drogas, o porque un presidente de una comunidad autnoma se apodera del dinero pblico en su beneficio, vamos a cambiar el cdigo penal para darle impunidad.

Es evidente que ese actuar sera no solo una falta de respeto al parlamento que en su da legisl lo que ahora se intenta recortar, si no y adems, y esto es lo importante, sera incluso constitutivo de delito, pues a nadie se le escapa que se esta legislando para dar impunidad a delincuentes, saltndose a la torera todas las normas nacionales e internacionales que obligan al juzgamiento. Este tipo de actuar, aunque emane de los diputados de un parlamento, est tambin tipificado en nuestro Cdigo Penal, y por ello hay que recordar a las seoras el contenido de su Artculo 451 que deberan conocer, o cambiar, que a lo mejor se les ocurre:

Ser castigado con la pena de prisin de seis meses a tres aos el que, con conocimiento de la comisin de un delito y sin haber intervenido en el mismo como autor o cmplice, interviniere con posterioridad a su ejecucin, de alguno de los modos siguientes:

1.Auxiliando a los autores o cmplices para que se beneficien del provecho, producto o precio del delito, sin nimo de lucro propio. 2.Ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos o los instrumentos de un delito, para impedir su descubrimiento. 3.Ayudando a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigacin de la autoridad o de sus agentes, o a sustraerse a su busca o captura, siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1. Que el hecho encubierto sea constitutivo de traicin, homicidio del Rey, de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, de la Reina consorte o del consorte de la Reina, del Regente o de algn miembro de la Regencia, o del Prncipe heredero de la Corona, genocidio, delito de lesa humanidad, delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, rebelin, terrorismo u homicidio. 2.Que el favorecedor haya obrado con abuso de funciones pblicas. En este caso se impondr, adems de la pena de privacin de libertad, la de inhabilitacin especial para empleo o cargo pblico por tiempo de dos a cuatro aos si el delito encubierto fuere menos grave, y la de inhabilitacin absoluta por tiempo de seis a doce aos si aqul fuera grave.

En noviembre del 2003, se aprob una ley orgnica en la que se introdujo la circunstancia primera que habla de que el encubrimiento lo sea de un delito de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos, justo lo que ustedes estn haciendo.

De aprobar esa modificacin del artculo 23.4, no solo los diputados estaran dando cobijo a la impunidad encubriendo unos criminales y por tanto delinquiendo segn las leyes vigentes, sino y adems estaran incumpliendo las Convenciones de Ginebra, las cuales se han comprometido a respetar y hacer respetar sin olvidar las obligaciones contradas en el mbito de la Asamblea General Naciones Unidas que les impiden actuar tomando este tipo de medidas legislativas, en concreto las obligaciones contradas en la Resolucin 3074 (XXVIII) de la Asamblea General de 3 de diciembre de 1973, en la cual se determinaron los Principios de cooperacin internacional en la identificacin, detencin, extradicin y castigo de los culpables de crmenes de guerra, o de crmenes de lesa humanidad, y en concreto y para el caso en su punto 8 se dice: Los Estados no adoptarn disposiciones legislativas ni tomarn medidas de otra ndole que puedan menoscabar las obligaciones internacionales que hayan contrado con respecto a la identificacin, la detencin, la extradicin y el castigo de los culpables de crmenes de guerra o de crmenes de lesa humanidad . Precisamente lo que los diputados que aprobaron la Resolucin mencionada pretenden hacer.

Por ello, de aprobar semejante modificacin legislativa, esos diputados se convierten en autnticos delincuentes tanto en el mbito interno como a nivel internacional. Aunque sea por esta argumentacin, ya que evidentemente no les importan los derechos humanos, al menos piensen en ustedes y recapaciten en su actuar, dejando la ley como est, ya que la misma solamente perjudica a los criminales y beneficia al resto de la humanidad.

Antonio Segura. Abogado, autor entre otros de la querella contra siete responsables israeles por un bombardeo en Gaza, contra los autores intelectuales de Guantnamo y de la demanda de los Espaoles vctimas en Mauthausem.

Santiago Gonzlez, es miembro del Comit de Solidaridad con la Causa rabe.


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