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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 03-06-2009

La urgencia del debate por una nueva ley de comunicacin

Florencia Copley
Rebelin


La propuesta para reemplazar la ley de radiodifusin en Argentina propici una discusin que abre un postergado camino en la necesaria y urgente democratizacin de los medios de comunicacin en un contexto de cambios regionales y coyuntura electoral en el pas.

El gobierno nacional argentino ha hecho pblica, el 18 de marzo de este ao, una propuesta de Proyecto de Ley de Servicios de Comunicacin Audiovisual para cuyo debate se dispuso un plazo de 60 das antes de que sea tratado en el parlamento. Para discutir este anteproyecto se organizaron en diferentes puntos del pas una serie de actividades donde surgieron posturas a favor y en contra de la propuesta pero tambin significativos aportes para una nueva ley que de ser aprobada trascender a los gobernantes de turno.

Cuando los comunicadores y militantes de organizaciones sociales recuerdan que en la Argentina existen 25 aos de lucha por una nueva legislacin para los sistemas de comunicacin, no es una cuestin de retrica. Diferentes sectores han reclamado durante ms de dos dcadas que se reemplace el Decreto-Ley 22.285 sancionado durante la ltima dictadura militar en el ao 1980 y que an hoy contina vigente. En la democracia de los posteriores gobiernos argentinos la ley sufri un total de 207 modificaciones pero la introduccin de dichos cambios ha colaborado con la concentracin y centralizacin de los medios masivos de comunicacin, favoreciendo la tendencia a los monopolios y oligopolios.

Ya en el ao 1984, al recuperar los trabajadores de prensa sus organizaciones con la incipiente democracia, la Asociacin de Periodistas de Buenos Aries -luego Unin de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA)- particip en la elaboracin de un proyecto para reemplazar la Ley de Radiodifusin, que aos ms tarde fue elevado al Consejo de Consolidacin de la Democracia. Desde 1987 casi un centenar de proyectos fueron presentados en las Cmaras de Diputados y Senadores(1). Finalmente, la Coalicin por una Radiodifusin Democrtica, iniciativa surgida en el ao 2004 de la convergencia de organizaciones, instituciones, sindicatos, organismos de Derechos Humanos y radios comunitarias, logr que los 21 puntos por el Derecho a la Comunicacin acordados en ese espacio hace cuatro aos fueran contemplados en el Proyecto de Ley de Servicios de Comunicacin Audiovisual que present oficialmente el gobierno nacional argentino el 18 de marzo de 2009.

Ah empez la carrera: 60 das de plazo para debatir el proyecto de Ley. Pero la urgencia de un tema tantas veces postergado parece haberse desatado con la sesgada cobertura meditica del lock out agropecuario y el insistentemente difundido "conflicto del campo" que deriv en un pblico enfrentamiento entre el gobierno y el Grupo Clarn, que en la actualidad controla ms del 40% de los contenidos que circulan a travs de las distintos soportes de comunicacin masiva (diarios, revistas, radio, televisin abierta y paga e internet) y nico holding que participa en toda la cadena de valor del negocio de los medios de comunicacin, desde la produccin hasta la emisin y distribucin de contenidos(2).

En esta coyuntura poltica y en un confrontativo ao electoral, el gobierno de Cristina Fernndez da impulso entonces a un nuevo Proyecto de Ley de Servicios de Comunicacin Audiovisual, cuya propuesta comenz a difundirse, promoverse y discutirse en diferentes puntos del pas en actividades organizadas para ese fin. Algunos sectores sociales al momento de evaluar la posible nueva legislacin no lograron salir del anlisis de coyuntura y denunciar la conveniencia del oficialismo en la aprobacin de esta Ley de su autora. Muchos otros, priorizando la urgencia de actualizar la regulacin actual de los medios de comunicacin en el pas, han visto sin embargo la oportunidad de iniciar un camino en la democratizacin de la informacin y la comunicacin -que deber ir mucho ms all de la aprobacin de esta ley- como aspecto esencial en la construccin de una sociedad ms justa.

La discusin pblica sobre la nueva ley de comunicacin de alguna manera se ha instalado en universidades y diferentes espacios donde ha llegado el debate pero pareciera haber sobre este tema, como mencion el periodista Eduardo Aliverti, "un apagn televisivo y casi un apagn radiofnico". Porque cambiar la legislacin vigente es un gran avance en la democratizacin de la informacin pero por otro lado determina cmo y a quin se otorgarn mayores beneficios en el manejo de los medios masivos.

Las propuestas de la nueva ley

Prcticamente todas las organizaciones, instituciones y agrupaciones que han analizado el anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicacin Audiovisual presentado por el Poder Ejecutivo(3), coinciden en la importancia de algunos puntos clave de esta propuesta. Seguramente los ms relevantes son los que han generado una mayor polmica tanto entre quienes se encuentran trabajando en la produccin de aportes para el mejoramiento del proyecto como para aquellos medios comerciales que hoy detentan grandes beneficios y se han mostrado reacios a perder su poder.

Entre los puntos ms sobresalientes cabe mencionar la "retransmisin o emisin televisiva de determinados acontecimientos de inters general como los deportivos en directo y de manera gratuita en todo el territorio nacional"; la "exigencia de programacin propia"; "el rgimen de concurso abierto y permanente" para otorgar las licencias; las "audiencias pblicas para la renovacin de licencias" y las "limitaciones a la transferencia de licencias"; las "cuotas de produccin nacional, de transmisin de producciones nacionales, cuotas obligatorias de produccin propia que deben cumplir los licenciatarios y la incorporacin de seales locales en los sistemas de televisin por suscripcin".

Otras de las cuestiones relevantes son las "cuotas especficas de espectro para comunicacin orientada a fines sociales" donde se destina "el 33% de las localizaciones planificadas, para personas de existencia ideal sin fines de lucro"; el establecimiento de un "nmero mximo de licencias que pueden ser prestadas por un solo sujeto; la imposibilidad "de que un solo prestador controle ms del 35% a nivel nacional y para todos los servicios de abonados o habitantes"; "la creacin de un Fondo de Fomento Concursable para Produccin de Programas de Televisin de Calidad para Nios, Nias y Adolescentes"; "la creacin de un Registro Pblico de Licencias y Autorizaciones" y "el Registro Pblico de Seales y Productoras"; el establecimiento de una "cuota de pantalla del cine nacional".

En cuanto a las licencias y los prestadores de servicios, el Proyecto de Ley establece "limitaciones a la concentracin de licencias" (hasta diez licencias de radiodifusin cuando se trate de servicios de radiodifusin sonora, de radiodifusin televisiva abierta y de radiodifusin televisiva por suscripcin con uso de espectro radioelctrico -excluyendo servicios sobre soporte satelital- y hasta 24 licencias para la explotacin de servicios de radiodifusin por suscripcin); "el ingreso de nuevos actores: las cooperativas y los licenciatarios de servicios pblicos, en condiciones de libre apertura del mercado"; la admisin de "tres tipos de prestadores: de gestin estatal, de gestin privada con fines de lucro, de gestin privada sin fines de lucro".

Otro de los cambios que introduce la propuesta radica en la creacin de Radio y Televisin Argentina Sociedad del Estado, que tendr a su cargo la administracin, operacin, desarrollo y explotacin de los servicios de radiodifusin sonora y televisiva del Estado Nacional, as como la creacin de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicacin Audiovisual (AUFER) encargada de aplicar, interpretar y hacer cumplir la ley y cuyos miembros sern designados por una Comisin Bicameral y el Poder Ejecutivo de la Nacin. Adems se establecer un Consejo Federal cuyos miembros provinciales representaran a los prestadores privados, a las emisoras universitarias, a los medios pblicos y a los trabajadores de prensa; y se creara tambin una Defensora del Pblico de Servicios de Comunicacin Audiovisual.

Aportes y crticas

Poniendo en evidencia el claro enfrentamiento con el gobierno, el Grupo Clarn opt por dar difusin slo a las crticas realizadas tanto por la oposicin como por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), asociacin con sede en Miami que nuclea a grandes propietarios de medios de comunicacin del continente en la defensa de sus intereses oligoplicos y de la cual forman parte Clarn y tambin el diario argentino La Nacin(4).

"La SIP le reclama al Gobierno que 'cese la escalada de hostigamiento' hacia los medios", titul Clarn el 16 de marzo, y pese a que el informe de la SIP fue elaborado antes de que se divulgue el contenido de la propuesta del Proyecto de Ley, sostena que "la iniciativa oficial no slo profundizara la confrontacin con los medios sino aumentara los controles y tambin el manejo de los mismos".

Una vez presentado el Proyecto de Ley por el gobierno nacional, tanto los medios grficos como algunos noticieros televisivos, en lugar de propiciar el debate, se limitaron a difundir la conferencia de prensa que dieron los principales sectores polticos opositores al oficialismo. All aparecieron crticas viscerales como la de Elisa Carri, lder de la Coalicin Cvica (CC), para quien esta propuesta es una ley "extorsiva" que "pone a todos de rodillas", y la del senador Gerardo Morales, presidente de la Unin Cvica Radical (UCR), quien sostuvo que: "debatir cambios a la Ley de Radiodifusin con este gobierno equivale a convertir a la Argentina en la Venezuela de Chvez",

Por otro lado y sin cobertura meditica, se generaron diversos espacios donde las posiciones -ms enfrentadas o ms cercanas al kirchnerismo- no les impidieron ocuparse de estudiar seriamente la propuesta y presentar crticas y observaciones, gran parte de las cuales deberan ser contempladas a la hora de debatir el Proyecto de Ley en las instancias parlamentarias.

Tal vez los aportes ms interesantes sean los elaborados por las organizaciones de medios comunitarios, ya que en ese mbito el debate ha cobrado la dimensin que impone la urgencia de los pueblos por hacer frente a los grandes monopolios de la informacin desde la construccin de una comunicacin propia, alternativa a las agendas del poder empresarial.

Una de las propuestas coincidentes de estos espacios es la derogacin del Decreto 527/05, que extendi por diez aos ms el plazo de las licencias de los medios comerciales. Para la Asociacin de Radios Comunitarias (AMARC): "La anulacin de este Decreto, por los mecanismos constitucionales que resulten ms convenientes es imprescindible para sostener en la prctica los principios democratizadores de este proyecto"(5).

Tambin de acuerdo con este punto, la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) hizo pblica una serie de propuestas que apuntan a la necesidad de especificar "conceptos, definiciones que aparecen poco claros o ambiguos de manera que no estn sujetos a interpretaciones de unos pocos cuando la ley se reglamente".

Por ejemplo, con respecto al 33% designado para entidades privadas sin fines de lucro, la RNMA afirma que: "nuestros medios tendran que disputar licencias con fundaciones, iglesias, corporaciones sindicales y otras organizaciones que entran en la misma tipologa de licenciatario cuyo poder poltico y econmico (y sus caractersticas y objetivos) son completamente distintos a los nuestros. Los medios comunitarios, populares y alternativos deben estar especialmente protegidos y su actividad especficamente promovida para poder gozar de un ejercicio de la comunicacin plenamente democrtico. La garanta del ejercicio pleno de los derechos de los comunicadores comunitarios, populares y alternativos tiene que ser una obligacin del Estado y esto tiene que quedar claro en la Propuesta de Proyecto de Ley". Es en este sentido que reclama la incorporacin de esta nueva tipologa de licenciatario que correspondera a los medios de comunicacin comunitarios, populares y alternativos, as como "mecanismos especficos de acceso a licencias" para este sector(6).

Adems, en el documento de la RNMA y tambin en otros espacios donde se discuti el Proyecto de Ley se propuso la incorporacin de nuevos miembros en las autoridades de aplicacin que puedan ser designados por medios comunitarios, alternativos y populares.

En cuanto a la cantidad de licencias permitidas, hay organizaciones que concuerdan en que el lmite de diez y 24 licencias que manifiesta el Proyecto de Ley de Servicios de Comunicacin Audiovisual no es suficiente para terminar con los monopolios mediticos, a pesar de que pueda significar un avance frente a la legislacin actual.

Estos y otros tantos aportes que pueden seguirse a partir de documentos y declaraciones de organizaciones, instituciones, agrupaciones de medios de comunicacin y periodistas, entre otros, dan una dimensin de la importancia que radica en aprovechar esta instancia de involucramiento de la sociedad civil y a la vez -como afirm Cristian Jensen representando a la Coalicin por una Radiodifusin Democrtica en una actividad pblica- proponer "que la reglamentacin de la Ley se construya en trminos participativos".

Para esto es necesario que el debate trascienda los mbitos acadmicos, institucionales o profesionales y tome las calles. El derecho a la informacin es un Derecho Humano y los medios masivos de comunicacin deben asumir su rol social con un compromiso basado en principios ticos y no corporativos.

Contexto regional de la comunicacin

El debate por una nueva legislacin que regule los sistemas de comunicacin en la Argentina no es un hecho aislado ni el resultado directo de una coyuntura poltica puertas adentro del territorio nacional. En la reciente visita que realiz el presidente de Venezuela Hugo Chvez al pas, en la conferencia de prensa que brind el 15 de mayo junto a la presidenta Cristina Fernndez, el mandatario bolivariano destac que la lucha contra el terrorismo meditico "es parte de la batalla por la libertad de nuestro continente".

El gobierno venezolano ha sido una de las principales vctimas de la manipulacin de los medios masivos, cuyos dueos y representantes participaron abiertamente del intento de golpe de Estado en abril del 2002, calificado internacionalmente como "golpe meditico". Con ese antecedente, la Asamblea Nacional de Venezuela sancion en diciembre de 2004 la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisin tambin conocida como Ley Resorte, estableciendo una serie de restricciones y sanciones para frenar los abusos de los medios de informacin que ejercen un gran poder sobre la opinin pblica.

En la actualidad, otros pases de la regin tambin estn trabajando en consolidar un marco legal de mayor democracia para los sistemas de comunicacin. Dentro de esos nuevos procesos, el Foro Ecuatoriano de la Comunicacin inici un debate con diversas organizaciones sociales sobre la propuesta de una nueva Ley de Comunicacin para ser discutida en la Asamblea Nacional y que -tal como dispone la nueva Constitucin- deber aprobarse antes de octubre de este ao. Segn Osvaldo Len, director de ALAI, "la nueva Constitucin de Ecuador, aprobada por referendo en septiembre del ao pasado, es la ms avanzada de Amrica Latina, y quizs del mundo, en materia de comunicacin"(7).

A su vez, en Brasil, el Tribunal Supremo Federal aboli a fines del pasado mes de abril, la Ley de Prensa vigente desde el ao 1967, sancionada tambin en tiempos de dictadura. Ahora el Parlamento debe asumir la tarea de hacer una nueva ley acorde con la Constitucin y con la necesidad de democratizar el acceso a la informacin(8).

En El Salvador, donde la izquierda representada en el Frente Farabundo Mart para la Liberacin Nacional (FMLN) ha ganado recientemente las elecciones presidenciales, estn surgiendo iniciativas como la promovida por el Movimiento para la Comunicacin Democrtica desde donde diferentes organizaciones y agrupaciones exigen un marco jurdico para que "la comunicacin sea un bien pblico y no una mercanca"(9).

Otro avance en materia legislativa ha sido la aprobacin de la Ley de Radiodifusin comunitaria en Uruguay, en diciembre de 2007, gracias a la cual un ao despus el gobierno autoriz el otorgamiento de licencias a 38 radios comunitarias, adems de otras 200 solicitudes que estn siendo evaluadas y fueron presentadas a partir de un censo establecido en la ley(10).

A pesar del largo camino que queda por recorrer en todos los pases del continente hasta lograr reglamentaciones que verdaderamente limiten el poder de las corporaciones de la informacin y la comunicacin, la participacin de la sociedad civil en el debate y la discusin es determinante en la construccin de un acceso igualitario y democrtico.

En esa direccin debe apuntarse tambin la conformacin de instancias que potencien y regulen el trabajo de los medios comunitarios, alternativos y populares, ya que es en la consolidacin de estos espacios donde la pluralidad de voces y discursos podr hacerse efectiva. Seguramente el pas de la regin con mayores logros en el fortalecimiento de este tipo de medios, sea Venezuela, donde el ao pasado a travs de una consulta pblica realizada en 13 encuentros regionales con ms de 1.500 participantes, se elabor una propuesta para la construccin del Sistema Pblico Nacional de Comunicacin Popular, Alternativa y Comunitaria (SPNCPAC).

"De esta manera, la comunicacin estar en manos de los trabajadores, de los campesinos, de los indgenas, en la que se plantea un proceso dialctico, donde los medios promueven la construccin del poder popular y el poder popular va transformando la propiedad en propiedad social", sostiene el resumen de la propuesta del SPNCPAC, publicada por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicacin y la Informacin de la Repblica Bolivariana de Venezuela en octubre de 2008. La propuesta contempla adems la sostenibilidad y creacin de fondos que permitan llevar adelante la iniciativa y a la vez desarrollar la plataforma tecnolgica necesaria.

Es en este ltimo aspecto donde la propuesta para la nueva legislacin en la Argentina encuentra otro punto de debate, porque como se ha sealado en diversos foros y actividades realizadas en torno al Proyecto de Ley de Servicios de Comunicacin Audiovisual, es el fomento por parte del Estado para la inversin en tecnologa de informacin y comunicacin, as como en formacin y capacitacin, lo que permitir pasar de proposiciones idealistas a un marco jurdico que otorgue posibilidades reales a la democratizacin, la pluralidad y el acceso a la informacin.

NOTAS:
(1) Carta presentada por la Coalicin por una Radiodifusin Democrtica a la presidenta Cristina Fernndez de Kirchner, Buenos Aires, 30 de julio de 2008. En: http://www.coalicion.org.ar
(2) Javier Posse, "El monstruo pisa fuerte", Revista En Marcha. En: http://www.ajb.org.ar
(3) Presidencia de la Nacin, Propuesta de Proyecto de Ley "Servicios de Comunicacin Audiovisual", Marzo de 2009. En: http://www.comfer.gov.ar
(4) Observatorio de Medios de Argentina - APM Agencia Periodstica del Mercosur, "Ms sobre el rechazo de Clarn a la nueva Ley de Radiodifusin", 19 de Marzo de 2009. En: http://www.insurrectasypunto.org
(5) "Aportes desde la Asociacin Mundial de Radios Comunitarias en Argentina para analizar el anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicacin Audiovisual". En: http://www.redeco.com.ar
(6) "La RNMA frente a la Propuesta de Proyecto de Ley de Servicios de Comunicacin Audiovisual". En: http://www.redeco.com.ar
(7) "La ley de Comunicacin ecuatoriana debatida por los movimientos sociales", ALAI. En: http://www.movimientos.org/foro_comunicacion/
(8) "Abolieron la ley de medios en Brasil", Diario Pgina/12, Buenos Aires, 2 de mayo de 2009.
(9) "El Salvador: Libertad de expresin para un nuevo pas". En: http://www.movimien
tos.org/foro_comunicacion/
(10) "La insistencia y el ejemplo", Revista Cara y Seal, Diciembre de 2008.

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Florencia Copley es Periodista y realizadora audiovisual argentina


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