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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 15-06-2009

Masacre en la Amazonia: la guerra por los bienes comunes

Ral Zibechi
Argenpress


La masacre perpetrada el Da Mundial del Medio Ambiente, 5 de junio, contra indios amaznicos por el gobierno de Alan Garca, es el ltimo captulo de una larga guerra por la apropiacin de los bienes comunes, apoyada en la firma del TLC entre Per y los Estados Unidos.

A las seis de la maana del viernes 5 de junio despegaron tres helicpteros MI-17 de la base de la Polica Nacional en El Milagro, sobrevolaron la Curva del Diabloparte de la carretera que une la selva con la costa norteque estaba ocupada desde haca diez das por unos cinco mil awajn y wampis (antes llamados jbaros). Lanzaron gases lacrimgenos sobre la multitud (aunque otras versiones dicen que adems dispararon metralletas) mientras de forma simultnea un grupo de agentes arremeti en tierra contra el bloqueo disparando sus fusiles AKM. All se habran producido un centenar de heridos de bala y entre 20 y 25 muertos.

La poblacin de la cercana ciudad de Bagua, unos mil kilmetros al noreste de Lima, cerca de la frontera con Ecuador, sali a las calles en apoyo de los indgenas, incendiando instituciones estatales y locales del oficialista partido aprista (APRA). Varios policas fueron atacados y muertos en venganza, mientras otros indgenas eran muertos por la polica. A la vez, fueron tomados como rehenes un grupo de 38 policas que custodiaban una estacin petrolera en la Amazonia, algunos de los cuales habran sido muertos por sus captores, mientras unos mil inidos amenazaban con incendiar la estacin nmero 6 del oleoducto norperuano.

Las versiones son contradictorias. El gobierno asegur, tres das despus de los hechos, que hay once indgenas y 23 policas muertos. Las organizaciones indgenas sealan que los muertos en sus filas llegaran a 50 y habra hasta 400 desaparecidos. Segn testigos los militares incineraron cadveres y los arrojaron al ro para ocultar la masacre, a la vez que tomaron prisioneros heridos en los hopitales. En todo caso, lo seguro es que el gobierno envi fuerza armada para desalojar una protesta pacfica que llevaba 57 das focalizada en las regiones selvticas de cinco departamentos: Amazonas, Cusco, Loreto, San Martn y Ucayali.

El da 8, la Comisin Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), perteneciente a la OEA, conden los hechos de violencia, record al Estado peruano su obligacin de esclarecer los hechos y de reparar sus consecuencias y llam a las partes a promover un proceso de dilogo1. El da 9 la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos denunci "haber registrado una serie de irregularidades y posibles violaciones a los derechos humanos" en la zona de Bagua. Destac la negativa del gobierno a informar qu personal policial est encargado de la investigacin de los hechos, su preocupacin por la situacin de 25 detenidos en el cuartel de El Milagro y los 99 detenidos desde que se implant el toque de queda en Bagua2.

El presidente Garca acus a los indios de "terroristas" y habl de una "conspiracin internacional", en la que segn sus ministros estaran involucrados Bolivia y Venezuela, ya que como pases productores de gas y petrleo buscaran evitar que Per explote esos recursos y se convierta en competidor3. Hace pocas semanas Per otorg asilo al dirigente antichavista venezolano Manuel Rosales, acusado de corrupcin, y a tres ex ministros bolivianos del gobierno de Gonzalo Snchez de Lozada procesados por la muerte de cerca de setenta personas durante la "guera del gas" en octubre de 2003.

Sin embargo, el martes 9 se produjo la renuncia de la ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Carmen Vildoso, en discrepancia con la forma como el gobierno ha manejado la situacin. Segn el primer ministro Yehude Simon, la renuncia se debi a su discrepancia con un spot publicitario emitido por el gobierno en el cual, con el fondo de fotos de los policas muertos y de indgenas portando lanzas y flechas, se presenta a los nativos como "salvajes", "asesinos feroces" y "extremistas" que siguen "consignas internacionales" para "detener el desarrollo del Per" e impedir que el pas "disfrute de su petrleo". El anuncio asegura que no hubo represin sino "un asesinato salvaje de policas humildes"4.

El dirigente de AIDESEP (Asociacin Intertnica por el Desarrollo de la Selva Pereuana), que rene a 300 mil indgenas y 1.350 comunidades, Alberto Pizango, fue considerado como "delincuente" por la ministra del Interior Mercedes Cabanillas y se pidi su captura, por lo que pidi refugio en la embajada de Nicaragua en Lima. La bancada parlamentaria oficialista, acus a la izquierda, al dirigente del Partido Nacionalista del Per, Ollanta Humala, y a los medios de comunicacin amaznicos de "haber azuzado actos de violencia para que los nativos ataquen a la polica" y amenaz con una demanda por terrorismo.

El conflicto haba comenzado el 9 de abril con la movilizacin de los pueblos amaznicos y la toma de carreteras y ductos de gas y petrleo, contra la implementacin de una batera de decretos en el marco de la implementacin del TLC. Pero la situacin se agrav el jueves 4, cuando el APRA impidi al Congreso debatir la derogacin de algunas leyes cuestionadas por los indgenas, que ya contaban con un dictamen de la Comisin de Constitucin por considerarlas inconstitucionales.

El perro del hortelano

El TLC con Estados Unidos comenz a negociarse en mayo de 2004 bajo el gobierno de Alejandro Toledo (2000-2005). El tratado estaba destinado a sustituir la Ley de Promocin Comercial Andina y Erradicacin de Drogas, firmada en 2002 y vigente hasta diciembre de 2006. El TLC elimina obstculos al intercambio comercial y adems facilita el acceso a bienes y servicio y los flujos de inversiones, pero incluye como se sabe una amplia gama de temas vinculados a la propiedad intelectual, contrataciones pblicas y de servicios, y solucin de controversias.

El TLC fue suscrito el 8 de diciembre de 2005 en Washington, siendo presidentes Alan Garca y George W. Bush. En junio de 2006 fue ratificado por Per y en diciembre de 2007 por el Congreso de los Estados Unidos. El 1 de febrero de 2009 entr en vigor luego de que Bush y Garca lo firmaran el 16 de enero de ese ao.

La firma del TLC provoc grandes movilizaciones en 2005, sobre todo por parte de campesinos que se mostraron como el sector ms perjudicado por la eliminacin de aranceles y protecciones comerciales. Aunque el gobierno asegur que dara compensaciones a los productores, stas nunca llegaron. El 18 de febrero de 2008 se produjo la Paralizacin Nacional Agraria con cortes de rutas en todo el pas que se saldaron con cuatro muertos por la represin policial y la imposicin del Estado de Emergencia en ocho provincias.

El 28 de octubre de 2007 Alan Garca public un largo artculo en el diario El Comercio, de Lima, bajo el ttulo "El sndrome del perro del hortelano". Considera la naturaleza como un recurso, y sostiene que negarse a expolotarla es una tontera, pasando por alto cualquier debate sobre la conservacin de la Amazonia: "El viejo comunista anticapitalista del siglo XIX se disfraz de proteccionista en el siglo XX y cambia otra vez de camiseta en el siglo XXI para ser medioambientalista".

En su opinin, los que se oponen a la explotacin intesniva de la Amazonia son como el perro del hortelano, que "no come ni deja comer". "Hay millones de hectreas para madera que estn ociosas, otros millones de hectreas que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarn, adems cientos de depsitos minerales que no se pueden trabajar y millones de hectreas de mar a los que no entran jams la maricultura y la produccin. Los ros que bajan a uno y otro lado de la cordillera son una fortuna que se va al mar sin producir energa elctrica", dice en su artculo.

"El primer recurso es la Amazonia", asegura. Son 63 millones de hectreas que propone parcelar en grandes propiedades de "5.000, 10.000 o 20.000 hectreas, pues en menos terreno no hay inversin formal de largo plazo y de alta tecnologa".

Sobre la tierra, apunta que no se debe "entregar pequeos lotes de terreno a familias pobres que no tienen un centavo para invertir", y que "esa misma tierra vendida en grandes lotes traera tecnologa". Poco le importa que esas tierras sean propiedad colectiva de las comunidades, ya que en su opinin son apenas "tierras ociosas porque el dueo no tiene formacin ni recursos econmicos, por tanto su propiedad es aparente".

El TLC y los Decretos Legislativos

En base a esa lgica de convertir todo en mercanca, el gobierno pidi al Congreso facultades para legislar los temas relativos a la implementacin del TLC a travs de Decretos Legislativos (DL). El 19 de diciembre de 2007, el Congreso le otorga plenas facultades al gobierno para legislar durante seis meses por decreto materias vinculadas al TLC, a travs de la Ley 29157. Amparado en esas potestades, elabora 99 DL que estn en la base de la polmica actual.

Un informe jurdico independiente difundido por OXFAM Amrica, concluye que el Poder Ejecutivo aprovech las atribuciones cedidas temporalmente por el Parlamento "para expedir un amplio nmero de normas con ninguna o muy escasa vinculacin efectiva con el TLC, distorsionando y desnaturalizando as los trminos de la delegacin aprobada por el Congreso"5.

En consecuencia, el informe establece que "tales decretos pueden ser calificados de inconstitucionales por razones de forma", cuestin que "ameritara su derogacin" por parte del Congreso o del Tribunal Constitucional. Adems, seala que a travs de los 99 DL "se ha buscado realizar una reforma sustantiva del marco organizativo y competencial de diversas entidades del Estado, as como del rgimen regulatorio aplicable a actividades econmicas de especial relevancia", sin relacin estricta con el TLC6.

Los ms controvertidos son los DL 1015 y 1073, declarados inconstitucionales por el informe de OXFAM, por modificar el nmero de votos requeridos para vender las tierras comunales (slo tres votos podan enajenar la tierra de lacomunidad). El 1015 fue derogado por el Congreso en agosto de 2008. El DL 1064 (Rgimen Jurdico para el Aprovechamiento de las Tierras de Uso Agrario), deja sin efecto el requisito de acuerdo previo para emprender proyectos y se lo considera tambin inconstitucional.

El DL 1083 (Promocin del Aprovechamiento Eficiente y la Conservacin de los Recursos Hdricos) favorece la privatizacin del agua a grandes usuarios como las empresas mineras. Adems los DL 1081, 1079 y 1020 liberalizan diversos aspectos de la legislacin en reas de explotacin minera, maderera y de hidrocarburos. Pero ha sido el DL 1090 (Ley Forestal y de Fauna Silvestre) uno de los ejes de la polmica. Deja fuera del rgimen forestal 45 millones de hectreas, o sea el 64% de los bosques del Per, incluida la biodiversidad de flora y fauna, con lo que podran ser vendidos a empresas transnacionales.

El 9 de abril las 1.350 comunidades que integran AIDESEP acuerdan iniciar movilizaciones al interior de sus comunidades. El primer ministro Yehude Simn, ex aliado del grupo armado MRTA (Movimietno Revolucionario Tupac Amaru), califica el 18 de abril las demandas indgenas de "caprichos". El 5 de mayo los obispos de ocho vicariatos catlicos exigen al presidente Alan Garca derogar los DL porque los consideran una "amenaza para la Amazonia". El 10 de mayo el gobierno decreta el Estado de Emergencia en cinco regiones del pas donde se producen cortes de rutas y paralizacin de puertos y oleoductos.

El 19 de mayo, la Comisin de Constitucin del Parlamento declara el DL 1090 como inconstitucional. El informe elevado por la Comisin7, establece en sus conclusiones que el decreto "no respeta las limitaciones que establecen los artculos 101 y 104 de la Constitucin Poltica, en cuanto a las materias prohibidas de ser legisladas". Adems seala que "contraviene el artculo 66 de la Constitucin, al regular la materia de recursos naturales, que est exclusivamente reservada a la ley orgnica".

En suma, los legisladores acordaron que el Poder Ejecutivo no tiene facultades para legislar por decreto en ciertas materias, segn lo estipula la Constitucin, tarea que recae exclusivamente en el Congreso. La decisin de la comisin debera ser debatida por el pleno del Congreso, pero el 22 de mayo la ministra de Justicia Rosario Fernndez, denuncia a Alberto Pizango, dirigente de AIDESEP, por sedicin y conspiracin. El 26 de mayo awajn y wampis toman la carretera Belande Terry en la Curva del Diablo y unos 1.200 indios vigilan la Estacin 6.

El 26 de mayo se produce una masiva movilizacin en Lima en apoyo a la lucha amaznica. El 28 de mayo comuneros de la selva de Cusco toman una segunda vlvula del gasoducto de Kamisea. El 1 de junio industriales y exportadores exigen al gobierno "aplicar la ley" para liberar carreteras y ductos en la Amazonia. El 2 de junio la presidenta del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indgenas pide algobierno peruano "suspender inmediatamente el estado de sitio en contra de las comunidades y organizaciones indgenas" y "evitar cualquier accin, como la intervencin militar, que podra aumentar el conflicto"8.

El 4 de junio en el Parlamento la mayora aprista decide suspender el debate sobre la inconstitucionalidad del DL 1090. La Defensora del Pueblo presenta un recurso de inconstitucionalidad contra el DL 1064. El 5 de junio, 639 agentes de la Direccin de Operativos Especiales y personal de las fuerzas armadas atacan a los indgenas en la Curva del Diablo con decenas de muertos, cientos de heridos y desaparecidos.

La masacre de los penales

El 18 de julio de 1986, a las seis de la maana, los presos polticos pertenecientes a Sendero Luminoso en las crceles de San Juan de Lurigancho y El Frontn, y el penal de mujeres Santa Mnica, en Lima y Callao, se amotinaron de forma coordinada. Los hechos sucedieron de forma simultnea a la realizacin de un congreso de la Internacional Socialista en Lima, en el que participaba el Partido Aprista Peruano encabezado por el entonces presidente Alan Garca.

Los presos elevaron un pliego de 26 demandas vinculadas a la mejora de las condiciones de reclusin. Una reunin del Consejo de Ministros encarg a las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Marina la recuperacin de los penales. El primero fue la crcel de mujeres a cargo de la Guardia Republicana, que demoli una pared, lanz gases paralizantes y liber a los rehenes con un saldo de dos presas muertas.

A medianoche se inici el ataque a la crcel-isla de El Frontn por parte de la Infantera de Marina. El director del penal, el juez y el fiscal protestaron por la presencia de marinos a quienes negaron autorizacin para ingresar al edificio. En el asalto murieron tres miembros de las fuerzas armadas, un rehn y 135 presos, sobreviviendo apenas 34. En Lurigancho actu la gendarmera y el Ejrcito con un saldo de 124 senderistas muertos y ningn uniformado.

El escndalo nacional e internacional fue enorme. Americas Watch asegur que fue "el ms devastador atentado contra los derechos humanos en el Per en dcadas", ya que "se mat a sangre fra a gran cantidad de prisioneros despus de haberse rendido". La Corte Interamericana de Derechos Humanos conden los hechos y una comisin parlamentaria encontr suficientes pruebas para determinar la responsabilidad poltica del presidente. Sin embargo, Alan Garca otorg impunidad a los autores de la masacre. El vicealmirante Luis Giampietri Rojas, jefe del operativo de la Marina en El Frontn, es el actual vicepresidente del segundo gobierno de Alan Garca.

Un documento publicado por la iglesia catlica el mismo 19 de junio, titulado "Masacre de los penales de Lima", hace un breve y estremedor relato de esos hechos: "En Santa Brbara crcel de mujeres- interviene la Guardia Republicana. Los rehenes son liberados. Hay dos reclusas muertas. En Lurigancho intervienen el Ejrcito y la Guardia Republicana. Al amanecer del 19 un rehn es liberado. Los ciento veinticuatro reclusos son fusilados despus de rendirse. En El Frontn, la operacin se encomienda a la Marina que bombardea el Pabelln Azul durante todo el da. Sobreviven treinta internos que se rinden. Eran alrededor de doscientos detenidos. En todo el proceso se impide el acceso a las autoridades civiles: jueces, fiscales, directores de penales. Tampoco a la prensa".

La Comisin de la Verdad y Reconciliacin sostuvo que la matanza fue un punto de inflexin en la poltica antiterrorista, ya que hasta ese momento Alan Garca haba mostrado inters en frenar las constantes violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas, pero partir de ese momento alent la represin.

Con semejantes antecedentes, cabe esperar una agudizacin de la represin por parte del gobierno peruano. La protesta amaznica no ha bajado en intensidad luego de la masacre: la casi totalidad de los 56 pueblos indgenas amaznicos reafirmaron que continuarn con los bloqueos hasta que el gobierno retire los Decretos Legislativos que violan el Convenio 169 de la OIT y los derechos sobre sus territorios. Segn todos los testimonios, la situacin es explosiva.

En un intento tardo por descomprimir la situacin, el da 10 el Congreso con los votos del APRA y los fujimoristas, aprob la suspensin de dos de los nueve Decretos Legislativos ms cuestionados por los indgenas. Los DL 1090 y 1064 quedaron suspendidas indefinidamente. La decisin puede ser apenas una maniobra dilatoria o bien abrir espacios para una negociacin. Sin embargo, tanto la huelga amaznica como las marchas en las principales ciudades del pas fueron confirmadas luego de conocerse el paso atrs dado por el gobierno.

Hugo Blanco, legendario luchador social peruano y editor del mensuario Lucha Indgena, esboza en su editorial un mirada de largo aliento: "Luego de 500 aos de silenciamiento, los amaznicos reciben el respaldo de los pueblos del Per y del mundo. Puede ser que el mayor logro de estas jornadas sea el visibilizar esas nacionalidades, tejiendo lazos entre los diversos sectores del pas, tan divididos por quienes nos dominan. Al defender la Amazonia estn defendiendo la vida de toda la humanidad; y al no ceder ante los engaos del gobierno, estn re-escribiendo la historia, recuperando para todos el sentido de la palabra dignidad"9.

Foto: Per, Bagua - Los hechos del 5 de junio dejaron un centenar de heridos de bala y entre 20 y 25 muertos. / Autor: INTERCONTINENTALCRY

Notas:
1) Servindi, 9 de junio de 2009.
2) Idem.
3) La Jornada, 7 de junio de 2009 en base a cables de Reuters, AFP y DPA.
4) Pgina 12, 10 de junio de 2009.
5) Francisco Eguiguren, ob. cit. p. 96.
6) Idem p. 97.
7) "Informe sobre DL 1090. Comisin de Constitucin y Reglamento", 19 de mayo de 2009 en www.servindi.org.
8) Cronologa extrada de Lucha Indgena No. 35 y Ana Maria Vidal ob. cit.
9) Lucha Indgena No. 34.

Ral Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de Amrica Latina, y asesor a varios grupos sociales.

http://www.argenpress.info/2009/06/masacre-en-la-amazonia-la-guerra-por.html


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