Portada :: Amrica Latina y Caribe :: Masacre en Per. Junio 2009
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 16-06-2009

Derechos indgenas vs. derechos de las transnacionales

Jesus Gonzlez Pazos
Mugarik Gabe / Rebelin


Los recientes acontecimientos en Per han puesto sobre la mesa un asunto de suma importancia, como es el ejercicio de los derechos. Las ltimas dcadas han visto como en el plano internacional, refrendado en gran medida en los mbitos nacionales, se han ido aprobando toda una importante serie de declaraciones, convenios y pactos que establecan, en mayor o menor medida, los derechos humanos individuales y colectivos. Esta sucesin de avances se ha celebrado permanentemente como un xito continuo que define cuales son esos derechos y establece la posibilidad de identificar tambin a aquellos responsables de sus violaciones. Adems de establecer su carcter de universales (son aplicables para todos los seres humanos)

, inalienables (nadie puede ser privado de ellos, salvo en determinados casos y conforme a derecho)

, indivisibles, interconexos e interdependientes (no basta con respetar algunos derechos humanos si otros se violan. Todos tienen la misma importancia).

 

Sin embargo, la prctica se aleja permanentemente de la realidad terica y nos muestra la cruda realidad. Una cosa es aprobar derechos y otra, muy distinta, es ejercerlos. De hecho, ste es el mayor problema y cuando l mismo se pretende saltan todas las alarmas del sistema poltico y econmico en su contra. Per ratific en 1993 el Convenio 169 de la Organizacin Internacional del Trabajo y, posteriormente, ha sido uno de los defensores para la aprobacin, en 2007, de la Declaracin de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indgenas. Ambos instrumentos internacionales establecen, aunque con algunas carencias an, los derechos individuales y colectivos de los 370 millones de personas que conforman estos pueblos en el planeta.

Pero, esa aparente actitud democrtica y defensora de derechos choca frontalmente con el sistema econmico internacional, con los intereses de las multinacionales y su derecho apropiado a la explotacin de todos los recursos naturales o, por lo menos, de todos aquellos que generan a estas empresas importantes beneficios. As, una cosa es ser sujeto de derecho sobre el territorio y recursos y otra cosa es ejercer el mismo cuando stos estn en la mira de las multinacionales y/o tratados de libre comercio, como es el caso.

Se desconoce conscientemente que la cultura y la vida, as como la identidad de los pueblos indgenas, estn directamente ligadas a los territorios donde stas se desarrollan. En este sentido, la prdida del territorio lleva consigo consecuencias de toda ndole: econmicas, espirituales, sociales y polticas. El efecto ms grave es el socavamiento de las estructuras socio-culturales y de la identidad como pueblo.

Esto, por que la visin que estos pueblos tienen del territorio difiere totalmente de la concepcin capitalista y occidental. Para sta ltima la tierra no tiene sino un valor econmico en su explotacin y en su propiedad; para los pueblos indgenas, el territorio lo conforma no solamente la capa superficial de la tierra sino que ste incluye las aguas, el aire, el subsuelo y, en suma, todos aquellos elementos que en su conjunto definen la identidad de un pueblo, siendo ste parte de ese territorio y no el ser superior y explotador del mismo.

Por esta razn, el derecho a la tierra y el territorio es un derecho inalienable, y su reconocimiento y ejercicio elemento central en las principales reivindicaciones indgenas.

Ante lo anterior, el gobierno peruano aduce que unos miles de indgenas (400.000) no pueden obstaculizar el desarrollo econmico del pas.

Sin embargo, es pblico y comprobado que muchos de los programas de desarrollo econmico, especialmente los llevados a cabo por las multinacionales as como por las instituciones pilares del sistema capitalista como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), etc., con los pueblos indgenas, en cualquier parte del continente americano, han sido impuestos y casi nunca consultados, trasladando previsiones y requisitos ajenos que han causado la desaparicin de sus bases econmicas y la desestructuracin sistemtica de sus culturas. En esta lnea, han sido vistos en muchas ocasiones como obstculos para el desarrollo, excluyndoseles de los procesos implementados y de los niveles de decisin. Desde fuera se dicta el camino del desarrollo que deben seguir, como si fueran menores de edad desconocedores de aquello que ms les conviene. Se obvia otro derecho reconocido, cual es el que se define como consentimiento libre informado previo (o fundamentado), que traspasa el simple derecho a la consulta e implica el derecho a decir no a cualquier actividad de desarrollo propuesta que pudiera afectar negativamente a las tierras y territorios indgenas, as como a su integridad cultural, social y poltica.

En suma, y aunque as se reconoce en la teora, en la prctica real podemos afirmar que se niega a los pueblos indgenas su propia capacidad de gestin, sus propios mtodos a la hora de solucionar sus problemas y, lo que es ms grave, su capacidad de hablar en su propio nombre. Se niega el ejercicio del derecho reconocido.

En el caso que nos ocupa la obligacin de consultar a los pueblos indgenas y promover su participacin en/sobre cualquier proyecto que les afecte se incumple flagrantemente y se aprueban, por parte del gobierno peruano, toda una serie de decretos que abren la selva amaznica a la venta y explotacin de sus recursos naturales por parte de las transnacionales. Como en tantas ocasiones, el resultado final es conocido: millones de dlares de beneficios para estas empresas; alguna posta sanitaria y letrinas para las comunidades indgenas, adems del territorio deforestado, los ros contaminados y las comunidades desarticuladas poltica, social y culturalmente, adems de hundidas en una profunda miseria. Pero todo se hace en aras del beneficio nacional aunque, incluso en ese plano, Per seguir siendo un pas dependiente y con los mayores ndices de pobreza del continente, excepto su pequea clase dominante, la cual gozar de las migas de riqueza que reparten las transnacionales a cambio de abrir el pas a su explotacin.

Y mientras tanto, la comunidad internacional mira para otra parte, ni tan siquiera pregunta que pas realmente en los enfrentamientos que el gobierno peruano ha planteado como ataque salvaje a la polica por parte de los atrasados indios; no preguntar por los desaparecidos, por las sospechas de cadveres indgenas quemados, arrojados a los ros o enterrados en fosas comunes, denunciados permanentemente por la poblacin afectada. Ni tan siquiera plantear la necesidad de una misin de verificacin internacional que pueda esclarecer lo ocurrido. Se aludir para ello al respeto a la soberana de los estados y que estos hechos son cuestiones internas sobre las que no se pueden inmiscuir terceros. Sin embargo, no se respeta esa misma soberana nacional cuando se protege y se impulsa la entrada de las multinacionales en esos estados a los que se ha condenado al papel de proveedor de materias primas para el mundo rico.

Como decimos, una cosa es reconocer derechos, otra muy diferente, reconocer el derecho a ejercer esos derechos.



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