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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 17-06-2009

Entrevista a Jorge del Cura, autor del Informe sobre la Tortura 2008
Si el poder quiere acabar con la tortura, es posible

Alvar Chalmeta
Diagonal


Jorge del Cura, portavoz de la Coordinadora para la Prevencin de la Tortura, reclama mayor conciencia ciudadana a la hora de no aceptar verse vejados.

DIAGONAL: Cules son las mayores diferencias respecto al informe del ao anterior?

JORGE DEL CURA: Cambios sustanciales, para bien o para mal, no hay. Existen, eso s, algunas variaciones, pero habr que ver si se mantienen en el futuro o son aleatorias. Destacara una disminucin importante en el nmero total de denuncias conocidas por la Coordinadora: 689 denuncias en el informe del pasado ao, 576 en el nuevo informe. Una disminucin de algo ms del 16%. Tambin detectamos un cambio en la actitud de algunos tribunales de justicia pocos pero creo que es significativo que han obligado a juzgados de instruccin a revocar el archivo de la denuncia y a continuar la investigacin.

D.: Y las semejanzas?

J.C.: El elevado nmero de denuncias recogidas en este informe, su distribucin por toda la geografa, que se dirigen contra todo tipo de funcionario encargado de la custodia de personas privadas de libertad... lo que indica que la prctica de la tortura y malos tratos sigue siendo generalizada en el Estado. Tambin se mantiene la negacin de las agresiones, el apoyo a los denunciados y la descalificacin de los denunciantes por parte institucional y de los sindicatos de funcionarios. Por otra parte, se confirma una clara relacin entre las naciones y comunidades ms activas en la defensa de los derechos humanos y con mayor nivel de lucha social, con mayor nmero de alternativas polticas y un mayor nmero de denuncias por tortura a detenidos. Es decir, la ausencia de denuncias no se debe a que no haya agresiones, sino a una menor capacidad de respuesta social y, como consecuencia de esto, un mayor temor a la hora de denunciar las agresiones.

D.: Por qu crees que han disminuido las denuncias en 2008?

J.G.: Los datos recogidos a nivel estatal por la Coordinadora en los cinco informes hasta ahora publicados (755 en 2004, 596 en 2005, 610 en 2006, 689 en 2007 y 576 en 2008) reflejan crecimientos y disminuciones en las denuncias pero no una tendencia concreta. Hay que tener en cuenta que no tenemos conocimiento de muchas denuncias hasta dos, tres o ms aos despus de producirse la agresin. As que los datos reales sobre cada ao son superiores a los recogidos en los informes anuales (por ejemplo, actualmente tenemos conocimiento de ms de 900 denuncias en el ao 2004, y ms de 700 en el ao 2005). Hay que esperar un tiempo para que esos nmeros se estabilicen y ver si hay una tendencia real.

D.: Y respecto a la distribucin geogrfica de las denuncias?

J.C.: Tanto en el actual informe como en el anterior Ceuta y Melilla, por una parte, y Nafarroa y la Comunidad Autnoma Vasca, por otra, aparecen a la cabeza, con un mayor porcentaje de denuncias por numero de habitantes, es decir, en trminos relativos. Muy por encima de la media estatal. Una posible razn sera la mayor conflictividad social y poltica y la apuesta por la respuesta policial, pues estos territorios cuentan con una mayor proporcin de agentes de polica por habitante. Madrid, Andaluca, Euskadi y Catalunya siempre han estado a la cabeza en el nmero absoluto de denuncias, si bien han podido cambiar de orden. La mayor poblacin de estos territorios es un dato decisivo. Pero lo ms llamativo es que en trminos relativos estos territorios (adems de Ceuta y Melilla) han estado tambin entre los primeros. Esto, con la incgnita de Madrid, se explicara mejor por la existencia de fuertes organizaciones de defensa de derechos humanos y, en concreto, por una mayor presencia de la Coordinadora para la Prevencin de la Tortura en estos territorios. Por lo que respecta a la existencia de nuevos cuerpos policiales las policas autonmicas, lamentablemente la experiencia nos indica que no ha habido ruptura ni en su formacin ni en sus prcticas. Hay que tener en cuenta que, no solamente a nivel estatal sino a nivel mundial, se est produciendo un fortsimo avance de una cultura punitiva, del castigo, de la represin, y no solamente desde el 11-S, sino que viene de mucho antes. Mientras la sociedad reclame ms mano dura, ms represin, no va a ser posible introducir de verdad actitudes ms respetuosas con los derechos humanos en las comisaras.

D.: Segn el informe, entre los activistas sociales ha bajado el nmero de denuncias ante el temor de ser objeto de una contradenuncia.

J.C.: Las denuncias por agresiones en movilizaciones sociales, que siempre han sido la parte ms representada en los informes de la Coordinadora, han disminuido (de 227 en 2007 a 175 en 2008). Igualmente las de migrantes (de 102 a 84). Pero, realmente, han aumentado los casos de agresiones policiales, aunque al no ser denunciadas no las recogemos. Tambin es llamativo el aumento de agresiones policiales a personas cuando participaban en actos deportivos o festivos, que ha llevado a incluir un apartado especfico en el informe de 2008. Igualmente, hay un mayor nmero de agresiones policiales a menores de edad. En todos estos casos, junto al colectivo de personas presas, la contradenuncia policial es habitual, dando lugar a denuncias y atestados por desobediencia y atentado a los agentes de la autoridad. Una vez en los tribunales, estas contradenuncias son admitidas a trmite de forma rutinaria y en un alto porcentaje acabarn con una condena del ciudadano agredido. Mientras, las denuncias contra los funcionarios suelen ser rechazadas de plano, sin apenas investigacin y justificando las lesiones de los ciudadanos en el uso de la fuerza mnima para reducirle o cualquier frmula similar. Esta situacin ya ha sido denunciada reiteradamente por organismos internacionales.

D.: Cul ha sido el efecto de la instalacin de cmaras de vdeo en las comisaras de los Mossos dEsquadra?

J.C.: Desde el anuncio de la instalacin de dichas cmaras el nmero de denuncias por agresiones en el interior de las comisaras ha disminuido de manera espectacular. Se mantienen, eso s, las denuncias por agresiones en la calle, durante o despus de la detencin, y antes del traslado de los detenidos a comisara. Este ltimo hecho no es aislado, ya ocurri con la instalacin por la Ertzaintza de cmaras en sus dependencias. Estos y otros ejemplos nos indican que cuando el poder poltico ha querido impedir o limitar el riesgo de torturas y/o malos tratos, y disminuir el grado de impunidad de su prctica, ha sido posible y en muy poco tiempo. Pero hay que tener en cuenta que estas medidas slo se han puesto en prctica cuando las autoridades (locales, autonmicas o estatales) se han visto forzadas por una movilizacin social. La iniciativa no ha partido nunca de ellos.

Ms info: La tortura perdura de forma sistemtica en el Estado espaol


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