Portada :: Amrica Latina y Caribe :: Masacre en Per. Junio 2009
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 18-06-2009

El desarrollo en Per
Modelo para desarmar

Milagros Salazar
IPS

Al aceptar la derogacin de dos de los decretos que encendieron un sangriento conflicto indgena en la regin de Amazonas, el gobierno de Per demostr que esas normas no eran, como alegaba, una exigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con Estados Unidos, apuntan analistas y crticos.


Lima escuch parcialmente el reclamo indgena y anunci el martes que presentar un proyecto para derogar los dos principales decretos cuestionados, el 1.090 y el 1.064, que promueven la explotacin de recursos naturales en la Amazonia y que son considerados inconstitucionales por legisladores, juristas y organizaciones nativas.

El primer ministro Yehude Simon seal a la prensa que "el TLC no corre ningn peligro con ello" y seal su compromiso de pacificar el pas, tras lo cual abandonara el gabinete.

Con ese paso se contribuy a calmar en algo los nimos.

La Asociacin Intertnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que condujo desde el ao pasado la campaa contra esas reformas, reconoci el martes en un comunicado la nueva actitud del Poder Ejecutivo y "su proclamada voluntad poltica de resolver" sus demandas.

Adems, la Aidesep resalt "el sacrificio y la firmeza de las comunidades y pueblos indgenas de la Amazonia por el logro de estos reconocimientos" y pidi el cese del estado de emergencia en las zonas afectadas y la creacin de una comisin de la verdad para investigar las muertes de al menos 34 personas --incluyendo 24 policas, cinco indgenas y cuatro mestizos-- en la provincia nororiental de Bagua, Amazonas.

La Aidesep reclama tambin que cesen las incursiones del ejrcito y los sobrevuelos en las comunidades, y que se retiren las denuncias penales contra sus dirigentes regionales y nacionales, se brinde atencin humanitaria y se reivindique y repare la dignidad de los heridos y deudos de los fallecidos en los enfrentamientos.

Adems, el martes lleg a este pas el relator especial de las Naciones Unidas sobre la Situacin de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indgenas, James Anaya, para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Pero el cuerpo legal que dio origen al conflicto subsiste.

El Poder Ejecutivo aprob un centenar de normas en junio del ao pasado, en el marco de las facultades legislativas que le haba otorgado el Congreso legislativo en diciembre de 2007 para implementar el TLC.

En diciembre de 2008, una comisin multipartidaria del parlamento determin que el gobierno se haba excedido en el uso de esas facultades, decretando por ejemplo algunas normas que contravenan el derecho consagrado a la consulta previa a las comunidades para disponer acciones que afecten sus territorios.

Los decretos 1.090 y 1.064 modifican el rgimen de manejo forestal y el uso de tierras agrarias, vulnerando la Constitucin y el Convenio 169 de la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT), afirmaron los legisladores.

En opinin del analista de polticas y legislacin ambiental Alberto Barandiarn, el gobierno "ha dejado en evidencia que estos decretos no eran necesarios para el TLC con Estados Unidos, y que solo aprovech la situacin para promover un modelo econmico que privilegia la inversin privada".

Segn dijo el experto a IPS, el Ejecutivo modific el marco legal para el acceso y uso de los recursos naturales de la Amazonia no slo en un decreto o dos, sino "diseminando esos propsitos en varias normas", por lo menos 10 relativas a la selva, "que han complicado el anlisis" y la bsqueda de "una solucin".

En 2007, el gobierno de Alan Garca haba pretendido abordar todos esos aspectos en un nico proyecto de ley de promocin de inversin privada en la Amazonia. Ante el rechazo que despert en el Congreso, el Ejecutivo solicit la delegacin de facultades parlamentarias para realizar las reformas necesarias a la aplicacin del TLC.

Las lneas maestras del plan haban sido expuestas por Garca en dos artculos que public en el peridico El Comercio, en octubre y noviembre de 2007, en los que calificaba a los crticos de la inversin privada como "perros del hortelano", que no comen ni dejan comer, y consideraba ociosas las tierras amaznicas porque "el dueo (el comunero) no tiene formacin ni recursos econmicos".

El decreto 1.090, suspendido desde el lunes 8 y por 90 das por el Congreso, modific la ley de flora y fauna silvestre, abriendo la posibilidad de cambiar el uso de tierras forestales para otros fines, como explotacin de hidrocarburos.

Su aplicacin entraara que 60 por ciento de los bosques primarios, unas 45 millones de hectreas, dejaran de ser patrimonio forestal y podran ser vendidos. Las concesiones petroleras y gasferas ya cubren ms de 70 por ciento del territorio amaznico.

Para aplicarlo se requiere del decreto 1.064, que dej sin efecto la ley de tierras de 1995. ste ltimo, segn Barandiarn, es ms lesivo por lo que deroga que por sus nuevas disposiciones.

Por ejemplo, la ley anterior contemplaba dos opciones para autorizar el desarrollo de las industrias extractivas: la negociacin directa con las comunidades y el proceso de servidumbre.

La servidumbre permita que la empresa solicitara un permiso al sector competente del gobierno central para ejercer su actividad en cierta zona por un perodo determinado, a cambio de una compensacin a las comunidades dueas de las tierras.

El decreto 1.064 elimin esa modalidad que, si bien era criticada, representaba al menos un mecanismo para que las poblaciones locales expresaran su posicin, indic el experto.

Sin la servidumbre, qued un vaco legal que las empresas pueden aprovechar para solicitar el cambio de uso de tierras forestales para cualquier actividad o para "apelar al derecho de desbosque, es decir que se tale una determina zona para desarrollar la minera o los hidrocarburos", expuso Barandiarn.

En su opinin, "las comunidades cuestionan principalmente que no se respete su visin de desarrollo y su opinin", quitndoles la garanta de la consulta, contemplada en la Declaracin de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indgenas y el Convenio 169 de la OIT.

La Defensora del Pueblo (ombudsman) present una accin de inconstitucionalidad contra el decreto 1.064, alegando que vulnera derechos de identidad cultural, de propiedad de la tierra y de consulta previa a las comunidades nativas, consagrados en la Constitucin y en instrumentos jurdicos internacionales ratificados por este pas.

Adems, la ley de tierras, por ser orgnica, slo poda ser derogada por la mitad ms uno de los miembros del parlamento, y no por un decreto del Poder Ejecutivo.

La dirigencia indgena cuestion en total 10 decretos legislativos. Si bien la comisin del Congreso los haba considerado inconstitucionales en diciembre, el bloque oficialista se neg a tratar su derogacin, llevando a las organizaciones nativas a retomar sus protestas en la primera semana de abril, bloqueando carreteras, puertos fluviales y estaciones de bombeo de gas y petrleo.

En agosto de 2008, los nativos amaznicos ya se haban conseguido derogar otras dos de esas normas, los decretos 1.015 y 1.073, que habilitaban la venta de tierras comunales autorizada apenas con los votos de la mitad ms uno de los asistentes a una asamblea comunitaria.

Los acontecimientos prueban que "el proyecto poltico de Garca, sustentado en la inversin privada a toda costa, ha entrado en crisis. La derogatoria de estos decretos es un primer paso, pero no la solucin", dijo a IPS el historiador Nelson Manrique, de la Pontificia Universidad Catlica del Per.

Pero, adems, se ha instalado la sospecha.

Algunos decretos, como el 994, son rechazados sobre todo por temor, dijo a IPS el especialista en recursos naturales Laureano del Castillo, del Centro Peruano de Estudios Sociales.

Ese decreto promueve inversiones en proyectos de irrigacin para la ampliacin de la frontera agrcola en tierras eriazas que se ubican sobre todo en la costa y no en la Amazonia, seal el estudioso.

Pero, "como el gobierno siempre ha manipulado la entrega de tierras en la selva, hay mucha desconfianza", asegur el especialista.

http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=92455


Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter