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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 25-06-2009

Para qu una Comisin Imparcial sobre Bagua?

Bartolom Clavero
Alai Amlatina


El Gobierno peruano parece tomar la iniciativa. La ministra de Justicia, Rosario Fernndez, ha anunciado que va a crearse la comisin imparcial de investigacin de los sucesos de Bagua recomendada por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situacin de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indgenas, James Anaya, con representacin tanto indgena como internacional. El anuncio parece que no reza para otros miembros del Gobierno, pues siguen anticipando conclusiones por su cuenta. Y el Gobierno an no se ha comprometido a poner en manos de parte imparcial tanto la composicin como la definicin de los trminos de referencia de la Comisin. De otra forma, la imparcialidad misma resultara radicalmente comprometida.

Por su parte, la Ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, se comporta como si ya contase con las conclusiones. Declara que presentar al Congreso pruebas fehacientes de la versin oficial de los acontecimientos de Bagua, la versin que sienta, como dira Federico Garca Lorca, que han muerto ms guardias que cartaginenses y que adems entiende este presunto dato como decisivo a la hora de calificar los hechos. La Ministra del Interior por lo menos es franca, pues puntualiza que dar todas las explicaciones que me alcanza la Polica Nacional. An ms, la Ministra responsabiliza a indgenas, indgenas bajo la influencia de un complot poltico, de las muertes de Bagua conforme a tales explicaciones, las policiales, que tiene por objetivas y veraces. Con todo esto exime de toda responsabilidad al Gobierno. Sobre dichos supuestos, qu idea puede tenerse sobre la necesidad, la entidad y el cometido de una Comisin imparcial?

Ha dicho ms la Ministra del Interior, Mercedes Cabanillas: La polica no actu sola, porque previamente hubo coordinaciones funcionales con el Comando de las Fuerzas Armadas, en base a autorizaciones que se haban gestionado con esas resoluciones supremas, resoluciones a las que ya se ha referido sin mayor especificacin. As reconoce una intervencin militar que por otra parte ha sido evidente y que ha resultado fatal en la provocacin de muertes. Lo importante resulta entonces que esta participacin se la atribuya a resoluciones supremas, las cuales, en el caso y conforme a los trminos de la Constitucin, slo pueden ser las procedentes en forma directa de la Presidencia de la Repblica. El Gobierno presidido por Yehude Simon anda descoordinado, pero se guarda las espaldas. Si la Comisin imparcial, esa comisin que no hara falta segn la Ministra del Interior, llega a apreciar alguna responsabilidad poltica por la masacre de Bagua, la misma ya se ve donde recae segn tambin la Ministra del Interior, no en otra parte que en la misma Presidencia de la Repblica, en el Presidente Alan Garca.

Por si no fuera poca la confusin producida por miembros del Gobierno entre el anuncio de la Comisin por la Ministra de Justicia y el anuncio de las conclusiones por la Ministra del Interior, la Ministra de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Aroz, echa su cuarto a espada. Declara que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC) est en peligro ponindose as en entredicho el crdito internacional del Per. Ya se sabe que el Gobierno peruano, el encabezado por Jorge del Castillo con Alan Garca ya en la Presidencia de la Repblica, sac buen provecho de la entrada en vigor del TLC para hacerse habilitar por el Congreso con unos poderes legislativos extraordinarios, los poderes que le permitieron la promulgacin de la serie de decretos masivamente lesivos de derechos, entre otros de derechos de personas, comunidades y pueblos indgenas.

Pues bien, la Ministra de Comercio Exterior y Turismo arguye ahora que con la derogacin ya habida de algunos decretos no slo impugnados de parte indgena, sino tambin cuestionados por la Defensora del Pueblo y por la Comisin Multipartidaria ad hoc del Congreso, detalles que la Ministra calla, el Per est incumpliendo dicho tratado, con lo cual, aade, los Estados Unidos podran imponer sanciones. Increble, pero cierto, el argumento. Ante su misma inverosimilitud, es secundario, aunque significativo, que el Embajador de Estados Unidos en el Per, Michael McKinley, se haya mostrado comprensivo con dicha rectificacin respaldndolo a su modo incluso. Ha declarado: Apoyamos (los Estados Unidos) los derechos de las comunidades a ser respetadas conforme a lo que vaya a decidirse entre el pueblo y el Gobierno peruanos. La Ministra peruana en cambio pretende que ha tenido que enviar una delegacin al Senado de Estados Unidos para explicar la derogacin de unos decretos, lo cual es algo igualmente inverosmil a la luz de las propias obligaciones contradas con el TLC.

Dice ms la Ministra de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Aroz. Entendiendo siempre que as tranquiliza a los Estados Unidos, anuncia que su ministerio ya est apresurndose en la preparacin de la legislacin que sustituya a los decretos derogados. Resulta esto sorprendente porque, dada la materia, dicha tarea no es competencia del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y porque as adems se sigue flagrantemente ignorando el derecho cuya conculcacin ha generado toda esta crisis, el derecho de los pueblos indgenas a ser consultados. Y la excusa es siempre la de urgencia de la satisfaccin del libre comercio comprometido con los Estados Unidos. Hasta los Estados Unidos lo tienen ahora ms claro. Este Gobierno del Per parece estar buscando la complicidad con unos Estados Unidos que ya no existen, los Estados Unidos del Presidente George W. Bush.

Y dnde queda con todo la Comisin imparcial, una comisin que podra, entre otros resultados, conducir a una rectificacin ms amplia, bastante ms amplia, de toda la legislacin producida con la excusa de la puesta en prctica de TLC? sta es otra. El Gobierno peruano est dando por supuesto que la Comisin habr de ocuparse estrictamente de los acontecimientos de Bagua, una acontecimientos a los que directsimamente se ha llegado a partir del radical vuelco legislativo acometido con la excusa de puesta en marcha del TLC y mediante la brutal repercusin de este cambio en el desmantelamiento de las garantas de derechos de personas, comunidades y pueblos indgenas tan elementales como el derecho a la tierra, al medio ambiente, a los recursos propios, a la salud o, en definitiva, a la vida. Si la Comisin no se ocupa de las causas de lo acontecido en Bagua, su labor ser bastante vana.

El Gobierno an se empea en que han cado ms guardias que cartagineses y en que es dato decisivo para eximirle de toda responsabilidad este que arroja un marcador manipulado en un partido entre muertos. Basta con que la Comisin se site y recluya en este escenario macabro para que la impunidad siga reinando o, mejor dicho, presidiendo en el Per. Tales son las perspectivas si la iniciativa de la formacin de la Comisin se deja en manos del Gobierno o incluso del Congreso y no se toma de parte internacional. De parte peruana, el problema impeditivo no es slo de descoordinacin patente, sino tambin y sobre todo de responsabilidades pendientes.

- Bartolom Clavero es Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indgenas. http://clavero.derechosindigenas.org/?p=1805

Ms informacin: http://alainet.org


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