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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 26-06-2009

Bongo, los tribunales franceses y los bienes mal adquiridos

Renaud Vivien y Damien Millet
CADTM

Traducido para Rebelin por Caty R.


Omar Bongo, dictador de Gabn durante ms de 40 aos, falleci el pasado 8 de junio (1). Mientras Nicolas Sarkozy y Jacques Chirac se apresuran a rendirle un homenaje de apoyo, ese viejo sirviente de la Francfrica y los miembros de su familia tienen pendiente una denuncia en Francia. La muerte de Bongo no implica la detencin de la investigacin judicial que tambin afecta a otros dos jefes de Estado africanos en activo: Denis Sassou Nguesso (Congo-Brazzaville) y Thodore Obiang (Guinea Ecuatorial), acusados de malversacin del dinero pblico de sus pases dilapidado en la adquisicin de automviles de lujo y suntuosos bienes inmobiliarios...

El 5 de mayo de 2009, el decano de los juzgados de instruccin del centro financiero de Pars provoc un autntico terremoto en el mundo poltico-judicial al declarar vlida la denuncia con constitucin de parte civil contra los tres presidentes citados y sus familiares. Pero esta decisin judicial, histrica en la materia, ha suscitado una reaccin hostil del ministerio fiscal de Pars, que la apel el 7 de mayo. El motivo invocado es que el denunciante, Transparency International , no tendra capacidad para actuar, cuando resulta que dicha ONG est especializada en la lucha contra la corrupcin a nivel internacional Ahora corresponde al Tribunal de apelacin de Pars resolver esa cuestin de validez de la denuncia. Desde el inicio de este caso, en 2007, se han ejercido numerosas presiones sobre los congoleos y gaboneses que se atreven a denunciar los bienes mal adquiridos y se presentan como parte civil. Los medios ejercidos sobrepasan ampliamente la intimidacin: el 21 de enero de 2009, hubo dos incendios (uno en Congo Brazzaville y el otro en Francia) en los domicilios de los militantes congoleos Bruno Jacques Ossebi y Benjamin Toungamani, que causaron las muertes del primero, su esposa y sus dos hijos (2).

La apelacin del ministerio fiscal, desgraciadamente, no es nada sorprendente: es la tercera vez que intenta contrarrestar el trabajo de la justicia. El caso ya se cerr irregularmente en noviembre de 2007 y septiembre de 2008, porque la infraccin (la sospecha de malversacin de bienes pblicos) no estaba suficientemente tipificada, segn dicho ministerio fiscal. Sin embargo, una investigacin de los servicios de polica llevada a cabo tras la denuncia simple presentada en marzo por las asociaciones Sherpa, Survie y la Federacin de Congoleos de la Dispora, estableci claramente la existencia de bienes mobiliarios e inmobiliarios de un valor considerable ( 3) que no se corresponda con los ingresos declarados por esos dirigentes y sus familias: 39 propiedades y 70 cuentas bancarias pertenecientes a Omar Bongo y sus familiares, 24 bienes inmobiliarios y 112 cuentas bancarias de la familia Sassou-Nguessso, as como las limusinas adquiridas por la familia Obiang. La investigacin tambin revel el papel jugado por diversos intermediarios, ya que nada habra sido posible sin los beneplcitos del poder poltico, de hombres de negocios y sin la pericia de la ingeniera financiera francesa (4).

Todo eso demuestra con claridad que el ministerio fiscal , nombrado por el presidente de la Repblica y ubicado bajo la autoridad del ministro de Justicia, es una pieza esencial de una Francfrica que contina vigente a pesar de los discursos de ruptura de Nicolas Sarkozy. Los intereses neocoloniales de Francia al servicio de sus multinacionales, como Total, establecida en los tres pases encausados, se siguen defendiendo slidamente y el mecanismo de la deuda es la piedra angular.

En efecto, la deuda ha sido el medio de la nueva colonizacin que, cincuenta aos despus de las independencias africanas, contina saqueando los recursos del sur en provecho de los ricos acreedores y las grandes empresas del norte, con la complicidad de las lites corruptas del sur, que recaudan su comisin al paso. Las malversaciones de dinero pblico de los dirigentes de pases en desarrollo, en realidad, slo son la punta de un iceberg sencillamente inadmisible: un sistema global de dominacin y opresin de un puado de individuos del norte y el sur sobre miles de personas cuyos derechos fundamentales se pisotean (5).

En la poca de la crisis de la deuda del Tercer Mundo, a principios de los aos 80, la soga se cerr alrededor del cuello de los pueblos del sur: los planes de ajuste estructural impuestos por el FMI y el Banco Mundial han conllevado el saqueo masivo de los recursos naturales y un dramtico deterioro de las condiciones de vida. La deuda, la corrupcin y la pobreza galopan, pues, al unsono: los prstamos de los acreedores alimentan las malversaciones y refuerzan las dictaduras esparciendo miseria y represin (6)

Sin embargo, dichas deudas son ampliamente odiosas y nulas en el derecho internacional, puesto que las contrajeron regmenes autoritarios y corruptos, sin beneficio para las poblaciones y con la complicidad de acreedores que no ignoraban la naturaleza de los regmenes a los que prestaban. Por lo tanto, la totalidad de las deudas del sur deberan ser objetos de investigacin. El establecimiento de auditoras de la deuda, reivindicadas por el CADTM y por el experto independiente de la ONU sobre la deuda (7), permitira as revelar el origen de la deuda que se reclama a los pueblos del sur y fijar con precisin las responsabilidades de su acumulacin, en especial la del Banco Mundial que ha apoyado numerosas dictaduras en todos los rincones del mundo violando sus propios estatutos y las leyes jurdicas internacionales (8). El Banco Mundial, que no goza de ninguna inmunidad, debe rendir cuentas a la justicia y ya no tiene ninguna legitimidad para actuar: slo su abolicin y su sustitucin por una institucin radicalmente diferente, basada en la garanta de los derechos fundamentales, son aceptables.

Mientras se prepara una nueva crisis de la deuda del sur a raz de la crisis financiera mundial, es urgente para el sur que se detenga el reembolso de las deudas y se consiga la aplicacin del derecho internacional. La impunidad de todos los autores y cmplices de malversaciones de dinero pblico y de violaciones de los derechos humanos debe cesar definitivamente. Todos los bienes desviados deben devolverse a las poblaciones, como exige la Convencin de la ONU contra la corrupcin ratificada por numerosos Estados, entre ellos Francia. Sin embargo, hasta la fecha, se ha restituido menos del 3% de dichos bienes a nivel mundial. Finalmente, para romper las dictaduras establecidas y permitir el derecho de los pueblos al desarrollo, la primera etapa imprescindible sigue siendo la puesta en marcha de un modelo econmico radicalmente diferente, liberado del yugo de la deuda y de la corrupcin.


Notas
(1) http://www.rebelion.org/noticia.php?id=87044&titular=bongo-la-ruptura-al-fin-
(2) http://www.cellulefrancafrique.org/Biens-mal-acquis-un-21-janvier-de.html
(3) http://www.afrik.com/article16729.html
(4) Biens mal adquis profitent trop souvent. La fortune des dictateurs et les complaisances occidentales. Documento de trabajo del CCFD, abril de 2007.
(5) Damien Millet y Eric Toussaint, 60 questions/60 rponses sur la dette, le FMI el la Banque mondiale, CADTM, Syllepse, 2008.
(6) CADTM, las cifras de la deuda: http://www.cadtm.org/IMG/pdf/LAS_CIFRAS_DE_LA_DEUDA_2009-1.pdf
(7) http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/11session/reports.htm
(8) Eric Toussaint, Banque mondiale, le coup dEtat permanente, CADTM.Syllepse-Cetim, 2006.

Damien Millet es portavoz del CADTM Francia (Comit para la anulacin de la deuda del Tercer Mundo www.cadtm.org ) y Renaud Vivien es abogado del CADTM Blgica.

Texto original en francs: http://www.cadtm.org/spip.php?article4501



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