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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 07-07-2009

Ahorro de costes y adecuacin a la legalidad, motivos de una medida que se queda corta
El gobierno planea sacar a concurso la sanidad privada de los funcionarios pblicos

Carlos Martnez
Rebelin


En el Reino de Espaa hay un total de 18.103.487 personas afiliadas a la Seguridad Social. Entre ellas, el colectivo ms estable y con unos buenos salarios es el compuesto por funcionarios pblicos, que suma 2,3 millones de personas. Estos trabajadores pblicos, en su gran mayora, no son usuarios de la red publica sanitaria, sino que, a travs de sus mutualidades, pueden elegir compaa sanitaria privada. Segn cuenta el diario ABC, el Gobierno quiere cambiar el sistema de eleccin de compaa sanitaria para los funcionarios, pero no para que sus trabajadores pasen al sistema pblico con el consiguiente ahorro e inyeccin econmica en la red pblica, sino convocar un concurso pblico entre las aseguradoras para reducir costes y adaptar las actuaciones de las mutualidades a la nueva ley de contratos del sector pblico, en vigor desde 2008.

En medios de derecha y neoliberales es muy comn leer opiniones respecto a los privilegios de los funcionarios, de ah que una de las medidas que propone la derecha para esta coyuntura de crisis econmica sea congelar el sueldo a los empleados pblicos. Pues bien, esta obsesin de reduccin de costes laborales del sector pblico no tiene su debido reflejo respecto a los sistemas especiales de seguridad social de los funcionarios.

Dos son los motivos de este silencio liberal: En primer lugar, las altas castas del sector pblico, como son los militares de alta graduacin, jueces, fiscales, abogados del estado... que se oponen rotundamente a ser atendidos en la sanidad pblica (excepto que no sea una enfermedad realmente grave, en cuyo caso, las compaas privadas se desentienden y los gastos tienen que ser abonados directamente por las mutualidades a la sanidad pblica).

El segundo y ms determinante es que la sanidad de los funcionarios es un gran negocio. El artculo citado del ABC, recoge la preocupacin aparente de las compaas aseguradoras privadas porque esta medida redunde negativamente en el nivel de calidad de la asistencia recibida por los funcionarios.... Y a continuacin la preocupacin real: ... al tiempo que podra poner en peligro el futuro de la red sanitaria privada espaola.

Constantemente se critican los supuestos privilegios de los empleados pblicos. La estabilidad del empleo no es un privilegio, ni la percepcin de un salario digno, son derechos de los que deberan gozar todos los trabajadores, de lo que se trata no es reducir estos derechos a los funcionarios sino extenderlos a los empleados de empresas privadas.

El sistema de mutualidades y prestacin sanitaria privada s que es un verdadero privilegio que, muchas veces, se torna contra los trabajadores del sector pblico. Adems desde el punto de vista del inters general es un sistema ineficaz, ineficiente, crea duplicidades burocrticas y, especialmente en el caso de las mutualidades ISFAS y MUGEJU, son organismos con nula participacin democrtica entre sus afiliados y estn gestionados por las respectivas lites militares y judicial.

La nica medida racional que cabe hacer en esta cuestin es integrar a los funcionarios pblicos en el Rgimen General de la Seguridad Social. Espaa es el nico lugar donde las nicas personas que pueden evitar pagar sus cuotas de Seguridad Social por enfermedad al erario pblico son precisamente los funcionarios pblicos. Sera inconcebible que una aseguradora sanitaria privada le diera a elegir a sus trabajadores otras empresas de la competencia donde recibir atencin sanitaria, pero parece que cuando se trata de beneficiar a empresas del sector privado, las medidas ms peregrinas imaginables pueden ser sufragadas con fondos pblicos.

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