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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 14-07-2009

Comunicado de los ex miembros de la Comisin de Mediacin entre el Ejrcito Popular Revolucionario y el Gobierno Federal
"Llamamos a las partes a reiniciar la mediacin"

Rebelin


Al PDPR-EPR/ Al Gobierno Federal/ A la opinin Pblica/ A los familiares de desaparecidos/ A las organizaciones de defensa de los derechos humanos/ A la Corte Interamericana de Derechos Humanos/ A la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Quienes fuimos parte de la Comisin de Mediacin entre el Partido Democrtico Popular Revolucionario-Ejrcito Popular Revolucionario (en lo sucesivo EPR) y el Gobierno Federal, hemos sostenido varias reuniones de trabajo con el propsito de valorar los llamados de las partes a reintegrarnos a nuestras tareas, cuyo objetivo es la presentacin con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Snchez, los dos militantes del Ejrcito Popular Revolucionario detenidos y desaparecidos en Oaxaca por agentes estatales de los tres niveles de gobierno, incluyendo miembros de las fuerzas armadas, entre el 24 y el 25 de mayo de 2007.

La ltima de estas sesiones se llev a cabo precisamente el 7 de julio del 2009, fecha en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reunida en San Jos, Costa Rica, juzgaba al gobierno de Mxico por la desaparicin forzada de Rosendo Radilla Pacheco, dirigente regional del municipio de Atoyac de lvarez, Guerrero, donde fungi como presidente municipal. Fue detenido en un reten militar el 25 de agosto de 1974 en presencia de su hijo del mismo nombre, en el contexto de la llamada guerra sucia que llev a cabo el Estado mexicano durante varias dcadas, como parte de su estrategia de contrainsurgencia contra las guerrillas de encabezadas por Genaro Vzquez y Lucio Cabaas. Tan slo en ese municipio se registran 470 casos comprobados de desaparicin forzada, de los centenares de casos registrado a nivel nacional.

Este caso es trascendente pues es la primera vez que el Estado mexicano es sometido a juicio en un tribunal internacional por este delito de lesa humanidad. El secretario de Gobernacin, Fernando Gmez Mont, acudi a la audiencia en representacin del Gobierno Mexicano y argument que el tiempo transcurrido exime al Estado Mexicano de la responsabilidad de la desaparicin del luchador de Atoyac. Olvid que los crmenes de lesa humanidad no prescriben, lo cual significa que son sancionables sin importar el tiempo que transcurra entre su comisin y el castigo a los culpables y sin importar la fecha en que Mxico haya suscrito el tratado que reconoce la competencia de la CIDH. En consecuencia, la argucia del Secretario de Gobernacin de que no se puede juzgar al Ejrcito mexicano por un crimen cometido hace 35 aos, cae por su propio peso. Valoramos ese proceso como un acontecimiento importante, que influye directamente en la materia de trabajo de la ex COMED.

Carlos Montemayor, quien fue vocero de la COMED, realiz para la CIDH un peritaje historiogrfico en el que se aclaran los procedimientos usuales de las aprehensiones colectivas que tanto el ejrcito como las corporaciones policiacas han efectuado en Mxico en zonas urbanas y rurales. Precisa que el 2 de octubre de 1968 hubo un despliegue militar inmenso para asegurar la aprehensin de cientos de estudiantes, incluyendo a sus dirigentes, mediante la accin de una brigada creada ex profeso con elementos del ejrcito y de varios cuerpos policiacos: el Batalln Olimpia. El mando nico de ese despliegue, llamado Operacin Galeana, recay, por instrucciones presidenciales, en el Secretario de la Defensa. La orden de que francotiradores del Estado Mayor Presidencial atacaran al ejrcito y a la poblacin civil provino del Presidente de la Repblica: fueron disposiciones directas al Jefe del Estado Mayor Presidencial.

En los aos setenta, se aplic un mecanismo igualmente ilegal y violento: los retenes militares que se colocaron en carreteras y poblados, sobre todo en las zonas rurales, para detener y revisar vehculos, particularmente camiones de pasajeros y de carga. Sin rdenes giradas por jueces ni autoridad legal para ejercer funciones policiales de vigilancia en caminos federales y estatales, el ejrcito actu como poder nico y de excepcin durante muchos aos en poblados y carreteras. Uno de los sitios donde hubo ms acciones de este tipo fue el estado de Guerrero, tanto en las sierras como en ciudades y costas. Autoridades civiles federales, estatales y municipales se plegaron a esas rdenes, que implicaron violaciones, detenciones, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas bajo la responsabilidad de los mandos militares. Los retenes operaban como extensas redes de captura selectiva.

En uno de esos retenes, cerca de Atoyac, entre los poblados de Cacalutla y Alcholoa, fue detenido Rosendo Radilla Pacheco, cuando viajaba hacia la ciudad de Chilpancingo en un autobs de pasajeros y en compaa de su hijo menor que fue testigo del secuestro.

Tambin en esos aos oper un grupo irregular denominado La Brigada Blanca, compuesto por soldados y policas de diversas corporaciones, el cual llev a cabo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y todo tipio de ilcitos relacionados con la guerra sucia.

La violencia de Estado manifestada a travs del delito de lesa humanidad denominado desaparicin forzada de persona fue el sello de los aos setenta del siglo XX y tiene signos de renuevo en los primeros aos del XXI. La impunidad ha permanecido a lo largo de cuarenta aos. El caso de Rosendo Radilla Pacheco podra convertirse en un dique a esta violencia continua que viene desde la poca de la guerrilla de los aos setenta, y persiste hasta los veintiocho trabajadores petroleros secuestrados y desaparecidos en Cadereyta, Nuevo Len, en mayo de 2007; la desaparicin temporal y posterior asesinato, en el mes de febrero de 2009, de los lderes mixtecos guerrerenses Ral Lucas Luca y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la Organizacin para el Futuro del Pueblo Mixteco, y la desaparicin, en Nuevo Laredo, el 17 de marzo de este ao, de Miguel Alejandro Gama Habif, Israel Ayala Ramrez y Aarn Rojas de la Fuente.

El 13 de febrero de 2009, la Comisin Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dirigi a tres niveles de gobierno la Recomendacin 7/2009 relativa al caso de la desaparicin forzada de los militantes del EPR Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Snchez. Ese organismo asever:

Quienes fuimos parte de la Comisin de Mediacin no somos insensibles a las peticiones de las partes (Ejrcito Popular Revolucionario y Gobiernos Federal), ni mucho menos a las de los familiares de las vctimas directas del ilcito. En lo individual, seguimos comprometidos en la defensa irrestricta de los Derechos Humanos. Slo que los hechos de la parte gubernamental no dejan ver un solo indicio de que haya cambiado la actitud que dio lugar a la disolucin de la COMED. Somos conscientes de la importancia de la Mediacin, pero no queremos contribuir a generar falsas expectativas ni a avalar actitudes displicentes, por decir lo menos, de quienes tienen el deber de respetar los Derechos Humanos en nuestro pas.

Con base en estos razonamientos, declaramos y resolvemos:

1.- Quienes fuimos parte de la COMED consideramos de la mayor importancia los llamados de las partes a reiniciar la mediacin, ya que se privilegia la va poltica para la solucin de conflictos. En esta direccin, la extensin de la tregua por parte del EPR es particularmente significativa.

2.- No obstante, los motivos y condiciones que llevaron a la disolucin de la COMED no slo subsisten, sino incluso se han agravado ante la manifiesta carencia de voluntad poltica del gobierno mexicano para aceptar su responsabilidad, particularmente de sus fuerzas armadas, en la comisin de crmenes de lesa humanidad en el pasado de la guerra sucia de los setenta y en presente en el que contina la prctica de las desapariciones forzadas por parte del Ejrcito y otros cuerpos policiacos. Esta falta de voluntad poltica qued manifiesta en la postura tomada por el gobierno de Mxico en su comparecencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 7 de julio pasado, donde el secretario de Gobernacin defendi adems una versin distorsionada del fuero militar.

3. Prximamente, con base en los derechos que reconoce como ciudadanos mexicanos la Ley Federal de Trasparencia, solicitaremos por medio del IFAI la informacin que la SEDENA, el CISEN y la PGR tengan sobre la desaparicin forzada de los militantes del EPR y que sea relevante y de urgente conocimiento para familiares de las vctimas y sociedad toda. Conforme a la Ley citada, esas instituciones del Estado, slo podran dejar de responder a nuestros cuestionamientos si declaran que la informacin solicitada est en reserva por afectar la seguridad nacional. En ese caso, la sola admisin de que lo que solicitamos tiene esa categora, significara admitir que la detencin de los militantes del EPR es asunto de seguridad nacional, lo que a su vez configurara sin lugar a dudas que lo sucedido a las personas referidas es un caso de desaparicin forzada, que supone la intervencin de agentes de la autoridad.

4.- Asimismo, enviaremos copia de todo el expediente de la ex COMED a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como elemento a tomar en cuenta para sus deliberaciones sobre el caso Rosendo Radilla. Haremos lo propio con el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de ONU.

5.- Exhortamos a la Suprema Corte de Justicia de la nacin, ahora que est por resolver los alcances del fuero de guerra, lo limite estrictamente a lo preceptuado en el artculo 13 de la Constitucin de la Repblica, pues las leyes militares lo han ampliado anticonstitucionalmente, para facultar a los tribunales militares a conocer de violaciones de derechos de civiles (paisanos nos llama el texto constitucional). Ese fuero se explica nica y exclusivamente para delitos del orden castrense y para personal militar; para nadie ms ni para nada ms.

Mxico, D.F. a 13 de julio de 2009.

Enrique Gonzlez Ruiz, Miguel ngel Granados Chapa, Juan de Dios Hernndez Monge, Rosario Ibarra de Piedra, Gilberto Lpez y Rivas, Carlos Montemayor,

Samuel Ruiz Garca.



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