Portada :: Amrica Latina y Caribe :: Golpe militar y resistencia popular en Honduras
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 17-07-2009

Entrevista a Francisco Palacios Romeo, profesor de Derecho Constitucional, sobre los acontecimientos de Honduras
"La nica manera de que una mesa de negociaciones avance sera con amenazas internacionales serias como el bloqueo econmico y diplomtico integral, con un cierre de fronteras incluido"

Salvador Lpez Arnal
Rebelin

[] Micheletti es muy directo y ya dijo en cuanto se instal la mesa de negociaciones que la nica manera de que Zelaya regresara a Honduras es directamente al Juzgado para responder por ms de diez delitos. A partir de ah, qu mesa de negociaciones es posible? Zelaya ha hecho bien en aceptar la Mesa para que no se le acusara de intransigente, pero debe marcar un plazo y, sobre todo, debe dejar constancia de la nula voluntad de los golpistas para desalojar el poder usurpado.


Francisco Palacios Romeo es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Zaragoza y miembro del Comit Internacionalista de Aragn. Entre sus ltimas publicaciones relacionadas con las transformaciones del Estado en Latinoamrica, cabe destacar: La ruptura constitucional del Estado precario: los derechos sociales en el nuevo constitucionalismo iberoamericano. La especificidad del modelo venezolano en Venezuela en transicin. La experiencia bolivariana de gobierno, gora. Revista de Ciencias Sociales, n 14, 2006, y Constitucionalizacin de un sistema integral de derechos sociales. De la Daseinsvorsorge al Sumak Kawsay en Desafos Constitucionales. La Constitucin ecuatoriana del 2008 en perspectiva, ed.: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Tribunal Constitucional, Quito, 2008.

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En su opinin, profesor Palacios, ha habido o no ha habido un golpe militar anticonstitucional en Honduras? Estamos ante una situacin polticamente similar a la que ocurri con Allende en 1973 o en Espaa en 1936?

S ha habido un golpe de Estado anticonstitucional porque se ha desalojado por la fuerza al Presidente legtimo de Honduras. Uno de los argumentos golpistas es que lo ha destituido el Congreso avalado por la Corte Suprema pero Qu artculo constitucional habilita al Congreso a destituir al Presidente? Ninguno. Qu articulo constitucional habilita a la Corte Suprema a destituir al Presidente? Ninguno. Qu normativa autoriza a la Corte Suprema a detener al Presidente de esa manera y sin cumplir toda una serie de gravosos requisitos? Ninguna. No hay ningn mecanismo legal en la Constitucin de Honduras para poder deponer al Presidente. Es ms, la Constitucin guarda silencio en cuestiones de fuero y estatuto del Presidente, as como en cuanto a las posibilidades su destitucin por el Congreso. Solamente se habla de que la Corte Suprema conocer los procesos incoados a los ms altos funcionarios del Estado y diputados. Y es en este prrafo en el que hay que suponer (que es mucho suponer) que el Presidente va incluido en la acepcin los ms altos funcionarios. Y caso de que ello fuera posible debera haberse abierto un proceso pleno en garantas y de largo recorrido siguiendo todas las fases procesales a las que apela la normativa penal hondurea. Algn tribunal ha incoado algn proceso? No. Cabra incoar un proceso penal por ste motivo? Tampoco, porque la accin del Presidente, si acaso, nos conducira a un conflicto de poderes pero nunca a responsabilidades penales por el hecho de habilitar una consulta popular.

Las tres situaciones que mencionas en t pregunta tienen en comn la ilegitimidad y la ilegalidad. En las tres ocasiones se depuso por la fuerza al gobierno legtimo del pas. Las tres son situaciones en donde la fuerza bruta militar se utiliza contra la fuerza institucional-democrtica. Aunque son tambin coyunturas distintas que mereceran un anlisis por separado.

Cul cree usted que era la finalidad del presidente Zelaya con la consulta?

El Presidente deseaba abrir un debate social sobre las posibilidades de una nueva Constitucin. Sobre todo porque el texto constitucional de Honduras era un texto que vena lastrado por tener sus orgenes en la anterior junta militar golpista y por ser un texto de la segunda generacin constitucional. El Presidente valoraba positivamente los nuevos modelos constitucionales latinoamericanos por las amplias posibilidades que asignaban en materia de derechos fundamentales, participacin poltica y social, modelo soberanista del Estado y estructura de seguridad integral.

Hay que reparar en una gran diferencia de legitimidad histrica que separa dos fechas 1982 y 2009.

a) Ao 2009, el Presidente democrtico intentaba abrir un gran debate nacional -con la mayor parte de los grandes medios de comunicacin oligoplicos en su contra- sobre si Honduras quera darse un nuevo modelo de contrato poltico.

b) Ao 1982, una Junta militar dictatorial en el poder abre un proceso constituyente, en el que controla todos los escenarios: 1) no pregunta al pueblo s desea o no desea una asamblea constituyente y en qu trminos la desea; 2) la propia junta militar convoca la asamblea constituyente; 3) organiza las elecciones, controla el debate pblico y proclama los resultados; 4) dirige el gobierno y el pas bajo la excepcionalidad dictatorial mientras se ejecutan los trabajos de la propia asamblea constituyente.

Existe una casi sospechosa unanimidad en condenar la factura del golpe de Estado en Honduras, ha escrito usted. Por qu sospechosa?

Porque nunca ha habido tanta unanimidad en los ms diversos gobiernos mundiales en condenar un golpe militar, incluidos gobiernos profundamente hostiles al gobierno hondureo y al Presidente Zelaya. Y eso ha sido por tres cosas. En primer lugar por la nueva estrategia de la hegemona estadounidense por la que la dominacin y la influencia debern basarse en mecanismos de propaganda y de control que no pasen por operaciones de fuerza poltica anticonstitucional explcita salvo en casos extremos. Este no era un caso extremo y, sin embargo, la factura era obscenamente antiesttica. Por ello, por ser una operacin torpe y obscenamente antiesttica ha sido desechada y condenada por Estados Unidos y, de seguido, por todos los crculos concntricos estratgicos del hegemonismo estadounidense sin excepciones. Es decir, la nueva Administracin Obama ha decidido desempolvar el concepto maquiavelista de virt y reinterpretarse en su poltica exterior con mayor sagacidad y menor temeridad. En segundo lugar, la aceptacin del golpe hubiera supuesto un precedente para la legitimacin de cualesquiera acciones no institucionales o no jurdicamente homologables y eso no le interesa al sistema dominante, por el momento, ya que todava domina la mayor parte de la superestructura jurdico-poltica de los Estados. En tercer lugar porque la imagen internacional del Presidente Zelaya no estaba deteriorada. Los medios masivos de intoxicacin no haban podido sacarle ni un solo affaire negativo en los cuatro aos de gestin.

El coronel hondureo Herberth Bayardo Inestroza ha afirmado que desde mediados de abril estaban asesorando al jefe del Estado Mayor Conjunto para que no fuera a comprometer a las Fuerzas Armadas en una probable orden ilegal que poda emitir el Ejecutivo. Segn afirma este coronel golpista, pensaron que una orden de ese tipo era posible por la situacin que se vena dando desde el convenio con Venezuela sobre el ALBA y la firma en la plaza de La Libertad, en la que estuvieron jefes militares en una ceremonia poltica y por una comparecencia del Ejecutivo en la que estuvo el subjefe del Estado Mayor Conjunto en lugar del Ministro o viceministro de Defensa. Observa usted en todo ello indicios de ilegalidad?

 La nica autoridad que puede firmar convenios internacionales es el Presidente. La presencia de miembros de la Administracin civil o militar en nada compromete a dichas autoridades en algo que es funcin y competencia del Presidente de la Repblica. Los funcionarios -civiles o militares- suelen acompaar en la formalizacin protocolaria de los actos, pero nada ms. En cuanto a la comparecencia del subjefe de Estado Mayor desconozco en que trminos sustituy o represent al ministro de defensa. Pero an en el caso de que hubiera sido inconveniente no dejara de ser un hecho insignificante de representacin no estrictamente adecuada; aunque no olvidemos que la representacin o sustitucin protocolaria es un hecho muy laxo susceptible de innumerables variantes. En cualquier caso cuestiones sin importancia de orden protocolario cuya exhibicin argumental s que es indecorosa.

Para el coronel Bayardo Inestroza, sigo por este sendero tenebroso, el problema se da cuando el presidente Zelaya da esa orden ilegal de emplear las Fuerzas Armadas para apoyar el proceso de la encuesta. El 26 por la tarde, afirma, present al jefe del Estado Mayor Conjunto una opinin que conclua que jurdica, tica y moralmente no era posible proporcionar apoyo porque el artculo 272 nos da un papel de garantes de la Constitucin, de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Es as en su opinin? No les era posible proporcionar ese apoyo a las fuerzas armas hondureas constitucionalmente?

 Las fuerzas armadas son garantes del orden constitucional pero sin autonoma deliberativa para ello. Las fuerzas armadas forman parte de la Administracin del Estado, son la Administracin militar del Estado. Y por lo tanto estn subordinadas estrictamente a las rdenes que les imparte el poder ejecutivo, es decir el Presidente y el Gobierno.

Pero ya que el general golpista alude al artculo 272, comentemos el artculo 272. Y lo primero que dice este artculo es cmo las las Fuerzas Armadas de Honduras, son una Institucin Nacional de carcter permanente, esencialmente profesional, apoltica, obediente y no deliberante. Es decir: obediente, apoltica y no deliberante. Dnde est ah la autonoma del Estado Mayor para opinar sobre lo bueno o lo malo que puede ser el Presidente Zelaya, o sobre lo divino y lo humano? No deliberante significa que en ningn caso pueden entrar en el debate interinstitucional. Obediente significa seguir rdenes siempre rdenes de quien? De aquella institucin que prescribe la Constitucin y que no es otra que la Presidencia de la Repblica: Ejercer el mando en Jefe de las Fuerzas Armadas en su carcter de Comandante General, y adoptar las medidas necesarias para la defensa de la Repblica (art. 245.16). Por lo tanto las fuerzas armadas tienen un Comandante en jefe que es el Presidente de la Repblica.

Y cuando se cita la segunda parte del artculo 272 no se tiene en cuenta que cuando dice pondr a disposicin del Tribunal Nacional de Elecciones es slo para acometer las funciones que describe ese mismo artculo: garantizar el libre ejercicio del sufragio, la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales y dems aspectos de la seguridad del proceso. Por lo tanto, lo dicho en el artculo 272 no significa que tenga que ser transferida la funcin constitucional de comandante en jefe al Tribunal Electoral sino de que hay una obligacin de colaboracin con el Tribunal para tal menester. Funciones administrativas secundarias de las fuerzas armadas que en absoluto les da un papel deliberante en dichas funciones. Convertir una funcin constitucional subordinada en una traslacin integral de competencias no deja de ser un razonamiento tan falaz como subordinada es la funcin del 271 respecto a la del 245. Slo desde el ridculo se puede sostener que el Tribunal Electoral queda investido de Comandante en jefe durante los procesos electorales en interpretacin del artculo 271. Es ms, si as fuera sera un nuevo motivo para la inexcusable necesidad de una Asamblea Constituyente.

Djeme hacerle la ltima pregunta sobre las declaraciones del coronel Inestroza. Sostiene tambin que el Ejrcito en pleno vea con recelo al presidente Zelaya. El seor Presidente, afirma este activista y simpatizante del golpismo, estaba utilizando a la Fuerza Armada como una herramienta poltica. Es as? Hay indicios y hechos que confirman esta acusacin?

Cualquier coronel puede ver con todo el recelo que quiera al Presidente Zelaya como yo puedo ver con todo el recelo que quiera al Presidente Rodrguez Zapatero. En una democracia todo el mundo puede pensar lo que quiera de otros. Pero, ahora bien, cualquier funcionario pblico debe cumplir con sus obligaciones y con su deber de obediencia de forma inexcusable porque pertenecen a la Administracin Pblica como cuerpo. El Presidente de la Repblica es la mxima autoridad en la direccin general del Estado (art. 247.2 y 247.12) y, por lo tanto, es la mxima autoridad de su brazo instrumental, como lo es la Administracin Pblica desde el siglo XV. No lo es el Congreso Nacional, ni la Corte Suprema ni mucho menos el Tribunal Electoral.

El coronel Inestroza debera saber que l ha elegido la profesin en donde la obediencia y la disciplina son omnipresentes y una de las razones de ser de dicha institucin, precisamente porque es depositaria de los principales instrumentos de fuerza y violencia. Debera saber que el funcionario militar es el que mayor servidumbre tiene en cuanto al principio de obediencia. En el ejrcito tradicional existe una estructura cerrada de disciplina, hasta el punto que una figura del derecho penal como la eximente de obediencia debida -presente en todos los cdigos penales del mundo- est pensada en funcin de la extrema servidumbre a la que estn supeditados los cuerpos armados tanto hacia dentro como hacia fuera de la institucin. Si a ello aadimos la rigurosa advertencia constitucional sobre la no deliberacin del Ejrcito nos encontramos con que el coronel Inestroza confunde el Ejrcito con un clan mafioso dispuesto a cambiar sus lealtades en funcin de intereses espurios de grupo o de bandera. Y confunde al Estado constitucional con una taberna donde las normas y los comportamientos cambian al albur de la ingesta alcohlica. El coronel Inestroza debera aprender en primer lugar que es un Estado y, en segundo lugar, que son los derechos humanos.

Qu papel ha jugado en el proceso la Corte Suprema de Justicia hondurea? Cmo se puede explicar un comportamiento as de una institucin que dirige el poder judicial?

 La Corte Suprema en su conjunto ha jugado un papel gregario institucionalmente hablando, aunque alguno de sus miembros s ha participado en la direccin del golpe. Como institucin se ha dedicado a convalidar las acciones golpistas del mando militar y del feln Micheletti. Su papel ha sido tan gregario que ni siquiera le dejaron dictar la Comunicacin con anterioridad al golpe sino que le instaron a redactarla con el golpe ya consumado el da 28 de junio. Una Corte Suprema resolviendo a travs de un Comunicado La Corte Suprema ha sido el escribano del golpe al dictado de los coroneles de turno. No hay poder judicial ms pattico como el que le escribe las cartas al coronel.

Represe en qu papel como juristas han jugado analizando slo el ltimo prrafo de dicha Comunicacin que avala el golpe. Dice el Comunicado: si el origen de las acciones del da de hoy esta basado en una orden judicial emitida por Juez competente, su ejecucin esta enmarcada dentro de los preceptos legales, y debe desarrollarse contra todo lo que ilegalmente se anteponga a devolver al Estado de Honduras, el Imperio de la Ley. El silogismo resulta infantil: si el golpe militar se basa en una orden judicial emitida por un juez, la ejecucin de dicho golpe de Estado est dentro de la ley y debe llevarse adelante con todas sus consecuencias. Es decir, que para cumplimentar una sentencia -susceptible de recursos- hay que detener a todo el Gobierno legtimo, destituir a su Presidente, deportarlo, proclamar el estado de sitio y reprimir y matar a ciudadanos. La pregunta sera: va a tomar ese tipo de decisiones la Corte Suprema cada vez que un Alcalde o Gobernador o Ministro no acate una decisin judicial que hipotticamente pueda contravenir la Constitucin? Va a convalidar un golpe de Estado o la destitucin va policial o militar de cualquier cargo electo cuando se d cualquier tipo de conflicto entre el Estado central y un ayuntamiento, entre el Gobierno y el Congreso, entre un juzgado y otro, entre el Procurador y el Fiscal? Es sencillamente grotesco. Casi tan grotesco como el amparo expres que ese mismo tribunal da al depuesto general golpista Romeo Vsquez alegando que se vulnera su derecho al mrito. Un amparo concedido en menos de 24 horas saltndose todos los procedimientos y prestando amparo respecto a una destitucin del que es uno de los cargos de confianza ms relevantes del Estado.

Por lo dems, en qu condiciones polticas se elabor la constitucin hondurea? Obraron los constituyentes con total libertad?

 La Constitucin se elabora bajo la influencia determinante de la junta militar golpista. Y se elabora bajo las condiciones que impone un gobierno dictatorial. Recordemos lo dicho con anterioridad, que es la propia junta militar presidida por el general Policarpo Paz la que convoca las elecciones para una Asamblea Constituyente, la que supervisa el proceso electoral y la que proclama los resultados. Y no slo eso sino que es una junta militar que contina ejerciendo el poder ejecutivo mientras la asamblea constituyente realiza sus trabajos, Una junta militar que no se disuelve mientras se realizan trabajos constituyentes! Alguien cree que los constituyentes actuaban con entera libertad? Peor an: son legtimas unas elecciones bajo la fiscalizacin de una dictadura? Unas elecciones en las que haba encarcelados, organizaciones polticas ilegales, desapariciones sin esclarecer y amenazas a todo espacio presuntamente disidente. Incluso elevando la cuestin: es legtima dicha Constitucin? O yendo a la cuestin que nos ocupa: es admisible que un texto constitucional con tales lastres no pueda ser totalmente reformado mediante una asamblea constituyente ni ms ni menos que un cuarto de siglo despus?

La Asamblea Constituyente de 1982 sera un pacto a tres bandas entre el Ejrcito, la oligarqua bipartidista y la secretara de Estado de Ronald Reagan dentro de la nueva estrategia estadounidense de normalizacin institucional progresiva en aquellos Estados donde los golpes de Estado haban cumplido con su misin de limpiar la disidencia y establecer estructuras institucionales clientelistas y patrimonializadas. Es necesario recordar como la dcada de los ochenta es la dcada de reestablecimiento institucional controlado para la culminacin del modelo neoliberal puro, el cual exiga igualmente una estructura poltica formalmente liberal. Resulta muy llamativo observar cmo en la dcada de los ochenta se produce el fin de toda la amplia serie de juntas militares que gobernaban el subcontinente. Cmo durante esa poca se abren numerosos procesos constituyentes y procesos electorales al unsono.

Quiz fuera, se ha dicho, por casualidad

 Casualidad? Slo la ingenuidad o el cinismo pueden concluir que es casualidad, sobre todo porque en la en la prctica totalidad de los casos son las propias juntas militares las que inician el proceso: Bolivia en 1982, El Salvador en 1982, Argentina en 1983, Guatemala en 1984, Brasil en 1985, Uruguay en 1985, Chile en 1988, Paraguay en 1989. Como se ve es la prctica totalidad del continente la que inicia procesos constituyentes y primerizos procesos electorales. Es una orden lanzada desde Washington a todas las juntas golpistas. Es la dcada de transicin poltica que tiene la misin de adaptar las super-estructuras polticas a las necesidades del modelo imperialista. Es decir, se pasa del Plan Condor (dcada de los setenta) a la nueva poca que prepara la dcada del Consenso de Washington (dcada de los noventa) en donde se iba a introducir el nuevo modelo hegemnico econmico-social de globalizacin neoliberal en donde las corporaciones multinacionales pudieran reconquistar el espacio que los Estados haban ganado en las dcadas de los cincuenta y sesenta. La dcada de los ochenta debera ser la etapa de normalizacin institucional, de democracias formales controladas, de la continuacin del control poltico y social por otros medios, una vez eliminados los ncleos fuertes de disidencia y oposicin.

Y ah es donde entra la Constituyente de Honduras de 1982 y el nuevo papel institucional del general Policarpo Paz (que irona de apellido) instalado en el centro de la estrategia servil del imperio estadounidense. Y podemos volver a preguntar: es realmente legtima la Constituyente del 82? Y sobre todo: no es legtimo poder volver a pedir una Asamblea Constituyente, con esos antecedentes, 25 aos despus?

El articulo 374 de la Constitucin hondurea afirma: no podr reformarse en ningn caso el articulo anterior 373. Este artculo sostiene por su parte que la reforma de esta constitucin podr decretarse por el Congreso Nacional, en sesiones ordinarias, con dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros. El decreto sealar el artculo o artculos que hayan de reformarse y aade, como usted sabe muy bien, que no podrn reformarse en ningn caso los artculos relacionados a la forma de gobierno, al territorio nacional, al periodo presidencial, a la prohibicin para ser nuevamente Presidente de la Republica el ciudadano que lo haya ejercido anteriormente y el referente a quienes no pueden ser Presidentes de la Repblica por el periodo subsiguiente. Un articulado as, en una situacin poltica-econmica-social como la hondurea, permite en algn caso concebible reformas constitucionales sustantivas?

 Es un modelo de reforma constitucional que tcnicamente se denomina muy rgido. Eso significa que es muy difcil poder modificar cualquier aspecto del texto constitucional. De hecho hay pocos textos tan rgidos como el de Honduras: a) hacen falta que dos terceras partes del Congreso que aprueben la reforma para que esta pueda ser hecha; b) hay que esperar a la siguiente legislatura para que avale nuevamente la reforma, debiendo alcanzar el mismo nmero de votos; c) en ningn caso existe la posibilidad de intervencin popular directa, el pueblo nunca va a poder opinar sobre la reforma; d) hay artculos que la Constitucin prohbe modificar.

Por lo tanto estamos no slo ante un texto ultra-rgido sino ante un texto con clusulas de intangibilidad, por las cuales hay artculos y materias inmodificables a perpetuidad. Algo as como una cadena perpetua constitucional que vincule a todas las generaciones de hondureos hasta el final de los tiempos Es eso concebible y legtimo? Y, sobre todo, lo es teniendo en cuenta que fue un texto controlado y redactado bajo el poder ejecutivo de una junta militar?

As que respondiendo a la pregunta podramos decir que resulta casi imposible hacer reformas sustantivas y que hay artculos orgnicos que es imposible modificarlos. Y quiero resaltar que s resulta plausible cobijar a los derechos fundamentales bajo clusulas rgidas o incluso de intangibilidad en cuanto a la reduccin o merma de dichos derechos fundamentales, con base a que los derechos fundamentales son conquistas personales y patrimonio de todos los seres humanos en la evolucin de los estados constitucionales, mantenidas por convenios y tratados internacionales bajo clave ius cogens. Sin embargo, resulta inadmisible establecer dichas clusulas para simples aspectos orgnicos de un texto constitucional, mxime por recnditos intereses de una asamblea constituyente tutelada como fue la de 1982.

Qu puede ocurrir en las negociaciones conducidas por scar Arias entre el presidente Zelaya y el representante del golpismo?

 Creo que nada. Es una estrategia dilatoria de los golpistas y, sobre todo, de determinada diplomacia internacional para aparentar ante la opinin pblica que se est intentando algo. Otra cosa no ser pero el presidente-golpista Micheletti es muy directo y ya dijo en cuanto se instal la mesa de negociaciones que la nica manera de que Zelaya regresara a Honduras es directamente al Juzgado para responder por ms de diez delitos. A partir de ah, qu mesa de negociaciones es posible? Zelaya ha hecho bien en aceptar la Mesa para que no se le acusara de intransigente, pero debe marcar un plazo y, sobre todo, debe dejar constancia de la nula voluntad de los golpistas para desalojar el poder usurpado. La nica manera de que una mesa de negociaciones avanzara sera con amenazas internacionales serias tales como el bloqueo econmico y diplomtico integral, con un cierre de fronteras incluido. Otras medidas tibias no harn sino fortalecer da a da a la junta golpista.

Jurdicamente, hay alguna salida admisible que no pase por la vuelta sin condiciones a la presidencia del presidente depuesto?

 Pocas y todas ellas no constitucionales. El Presidente Zelaya es el Presidente legtimo al que le ha sido usurpado el poder. Ha habido una ruptura del orden democrtico grave y debe retornarse a dicho orden. Por ello, y en una primera fase, habra que intentar una restitucin integral de la anterior situacin constitucional. Ello debera contar con el apoyo diplomtico y toda la capacidad de presin de la sociedad internacional, fundamentalmente de la O.E.A. Podra ocurrir que la sociedad internacional no estuviera dispuesta a ejercer una presin fuerte y que la situacin se estancara. En ese caso habra que intentar unas concesiones mnimas de segunda fase.

Estas contrapartidas mnimas podran ser: 1) Contrapartidas a las instituciones golpistas: a) que accediera a la Presidencia de la Repblica un secretario de Estado del gabinete legtimo, a eleccin del Presidente Zelaya hasta los comicios de noviembre; b) la declaratoria de una amnista para todas las conductas ilegales de aquellas autoridades y personas autores o cmplices del golpe. 2) Contrapartidas a la Presidencia y gobierno legtimo: a) retorno inmediato de Manuel Zelaya; b) instalacin de la cuarta urna en las elecciones de noviembre con la pregunta sobre una Asamblea Constituyente; c) reconfiguracin del Tribunal Supremo Electoral de manera paritaria entre Congreso y Gobierno.

El peor de los escenarios sera la progresiva indiferencia de la comunidad internacional. Entonces no quedara sino la estrategia conjunta de los gobiernos latinoamericanos alternativos y una estrategia popular insurreccional en posible juego de suma cero.

La Administracin Obama ha condenado lo sucedido aunque, si no estoy mal informado, la expresin golpe militar no ha sido usada hasta la fecha. Cul cree usted que ha sido el papel de Estados Unidos en los acontecimientos? Han estado al margen? No saban nada? No han podido hacer nada aunque quisieron evitar lo sucedido?

 El presidente Obama ha condenado la usurpacin de poder de manera no contundente. S la ha condenado pero no ha establecido una lnea firme para la solucin de la crisis.

 Es difcil pensar que ninguna agencia de Estados Unidos ha intervenido en el golpe de Estado. Ninguna instancia orgnica de un Estado tradicionalmente subordinado como Honduras mueve ficha tan importante sin tener el plcet de la embajada estadounidense o, en su defecto, de algn crculo central de su Estado. Desde hace dcadas hemos comprobado una y otra vez que las distintas agencias centrales de inteligencia o las instituciones econmicas fundamentales de un Estado tienen lgica propia y capacidad de decisin al margen de cauces institucionales. Desde Proudhon hasta Chomsky pasando por Miliband se ha teorizado extensamente sobre el fenmeno estructural por el cual distintos organismos del Estado obedecen estrategias y dictados de otros grupos de presin distintos de las autoridades legtimas del propio Estado. Sobre todo los centros de inteligencia, el ejrcito o los bancos centrales. Pero lo ms seguro es que el Presidente Obama nunca haya avalado ni pensado en este golpe. Al presidente Obama de seguro se le sustraen muchos centros de poder institucional y de presin. l mismo est atrapado y con una capacidad de maniobra muy relativa que l asume y con la que l convive polticamente.

Por qu cree usted que se han producido tantas vacilaciones sobre lo sucedido en Honduras incluso en medios, digamos, tan civilizados y democrticos como El Pas?

 Y no slo vacilaciones sino creacin indirecta de condiciones mediticas objetivas para que se diera o sostuviera el golpe. El editorial de El Pas del da 27 de junio es estremecedor. Ese da el grupo golpista estaba debatiendo si el golpe se daba, cmo y cuando. Los golpistas -como todos los golpistas- tenan una sala de evaluacin estratgica que meda las reacciones ante la situacin y ante un presunto golpe. Una sala que meda actitudes a favor y en contra de Zelaya. Dicha sala elabor informes peridicos para valorar las posibilidades del golpe. De esos informes se concluy como el golpe tena muchas posibilidades de ser viable. Cmo elabora una sala situacional, una sala de evaluacin estratgica ese tipo de dictmenes? Con unas amplias series de elementos entre los cuales se encuentra el estado de opinin. El estado de opinin lo compone un panel con los que se consideran medios de comunicacin ms influyentes. Y uno de los que punta -y punta alto- es el diario El Pas. Ese da 27 -da y medio antes del golpe- el editorial trataba a Zelaya como un forajido jurdico que estaba intentando constreir tanto las libertades que ello explicaba el papel disuasorio que vena jugando el ejrcito. Y as -mintiendo sobre el carcter de la consulta- hablaba de la moda de repetir mandatos presidenciales saltndose la ley, apelaba a la conducta de Zelaya como propia del caudillismo de izquierdas y remataba y esto es lo ms grave- justificando las maniobras intimidatorias y pre-golpistas del Ejrcito, hablando de la negativa militar a cooperar en la consulta ilegal.

Los medios de comunicacin no son ajenos a intereses ideolgicos, polticos y econmicos a pesa de esa tpica etiqueta de independiente. A la hora de analizar un fenmeno siempre valoran quien lo protagoniza y si ese protagonista est en su onda programtica o no. Zelaya no estaba en la onda programtica de las 9/10 partes de los grandes medios de comunicacin. Por un lado, no han tenido ms remedio que condenar el golpe porque era formalmente obsceno, pero, por otra parte, todos ellos han lanzado confusas y no argumentadas sombras de sospecha sobre el comportamiento constitucional del Presidente Zelaya porque no podan asignarle ni una pizca de legitimidad a quien no consideraban en su programa positivo.

Y El Pas estaba en esa honda

 El Pas estaba en esa honda ya que todo aquel gobierno que intente formar parte del bloque de fuerzas polticas y gobiernos alternativos latinoamericanos est sometido a criminalizacin en lnea editorial e informativa. Esa ha sido su opcin y ellos lo saben. En El Pas hay mucha inteligencia en todos los sentidos y, por lo tanto, no les vamos a ensear en que consisten los nuevos modelos polticos y como esos modelos -con todos sus problemas y errores- intentan profundizar en una sociedad ms participativa, ms social y ms plural a construir a travs de un nuevo Estado social, participativo y comunitarista. Por lo tanto, no hay que confundir la maldad con la idiotez. Y en El Pas pueden ser malvados pero no son precisamente idiotas. Su direccin sabe como en ningn sitio se debaten los derechos fundamentales y las garantas con tanta amplitud como en las nuevas experiencias de Venezuela, Ecuador, Bolivia o Paraguay. Y tampoco ignora como por primera vez en su Historia una gran cantidad de Estados son capaces de tomar las riendas soberanas sobre aspectos fundamentales de sus economas y cmo, por fin, pueden convertir en normal lo que era excepcional, que no era sino empezar a consumar bsicamente ese viejo mito liberal, por cierto, de la soberana de los Estados y de los pueblos no permitiendo que multinacionales y gobiernos hegemonistas controlen sus polticas pblicas y condicionen su modelo de crecimiento (subdesarrollo y dependencia). Y en esa lgica podramos incluir ltimamente a Brasil, Argentina, Uruguay o la propia Honduras, adems de los pases arriba mencionados. Eso lo sabe El Pas, pero el problema de El Pas es el mismo problema que el de una gran parte de multinacionales y de grupos de poder, y es cmo ellos han iniciado una lgica de autopoiesis degenerativa por la que slo acaba mirando por su crecimiento y por su capacidad para la determinacin de otros espacios y grupos por parte de su propio grupo. Ese neurtico crecimiento totalizante no les lleva a crecer con identidad sino a perderla para acabar siendo integrados por el sistema superior en cuanto asumen pautas polticas y financieras de lgica insustrable. Han sido deformados por las lgicas del crecimiento financiero y por su simbiosis circunstancial con otros espacios de poder que los traslada a escenarios de seduccin social y cultural que poco o nada tiene ya que ver con su primigenia vocacin progresista y humanista. Terminan durmiendo con el enemigo. Acaban siendo su peor enemigo.

Lo sucedido en Honduras, lo que est sucediendo, puede ser un precedente, un modelo para futuras aventuras de la reaccin en Amrica Latina? Puede pensarse en una nueva modalidad golpista? Acuso de inconstitucional tal o cual medida del gobierno, agito las Fuerzas Armadas, golpeo militarmente y ms tarde, si es el caso, para dar buena impresin, negocio o converso desde una posicin de poder armado poniendo a las fuerzas del cambio a mis pies y en una correlacin de fuerzas muy desfavorable.

No es mala estrategia. Y que no es mala estrategia lo demuestra el hecho de que esa es, ya, su estrategia desde que en 1998 Hugo Chvez comienza un proceso de cambio y de transformacin por vas escrupulosamente constitucionales. Chvez no parte del viejo supuesto subversivo por el cual todo el Derecho es un instrumento del enemigo y de las clases dominantes y que no merece ser considerado. Chvez asume el reto jurdico-poltico de los postulados democrtico-comunitarios del enciclopedismo rousseauniano, toda la aportacin del ius-publicismo social europeo, la capacidad crtico-anlitica del marxismo, el pensamiento socialista decimonnico civil-gremialista e incluso mitos del viejo liberalismo como el de la soberana. Paralelamente asume todo el corpus generacional de derechos asignndole lgica de sistema. Con todo ello se configura un nuevo modelo constitucional que, por canales de puro institucionalismo democrtico clsico y por una nueva institucionalizacin de estructuras de participacin civil-popular transforme el tipo de Estado y sociedad. Tipologa actual que es profundamente desigual, oligrquica y miserable y que, adems, es uniforme en su modelo cultural de condicionamientos, roles y estereotipos. En definitiva, se configura un nuevo Derecho y se configura una profundizacin social-democrtica a travs de arquitecturas constitucionales e institucionales que habiliten dicho nuevo derecho. A esta hiptesis en construccin se le llama socialismo del siglo XXI, y no hay que permitir cnicos recelos con el trmino porque as se reivindic todo el frustrado socialismo democrtico del siglo XIX.

Por eso ahora ellos tienen que desacreditar el modelo, porque ya no luchan contra puras y simples estrategias marxistas-leninistas, contra grupos o movimientos mimticos komintern sino contra estrategias muchos ms slidas de ocupacin y transformacin del poder. Luchan contra un planteamiento en el que el nuevo modelo constitucional marca con concrecin la forma de expansin e institucionalizacin de una sociedad civil-popular participativa y de un Estado integralmente soberano. Un nuevo modelo constitucional mucho ms democrtico, ius-garantista, participativo y soberanista que el viejo modelo del liberalismo occidental. Por ello, no hablan del modelo ni intentan discutir el modelo, slo intentan satirizar los comportamientos de los gobernantes que estn prximos a l urdiendo todo tipo de informaciones inexactas, sesgadas o, simplemente, falsas. Saben que se est intentando profundizar en derechos civiles, polticos y sociales que estaban prcticamente inditos hasta ahora. Por eso tiene que inventar permanentes comportamientos antidemocrticos aunque sea descontextualizando y desdibujando con toda la habilidad que su oficio les ensea. Y esa es y va a seguir siendo su estrategia.

Lo que les puede resultar ms difcil es articular golpes de Estado legtimos porque las fuerzas armadas no son tan monolticas como hace 20 aos y porque el movimiento popular es ya, en muchos pases, difcilmente vencible. Y, en tercer lugar, porque los subsistemas geopolticos y geoeconmicos ofrecen contrapesos mucho ms complejos.

Tambin usted ha sealado que algunos intelectuales, que suelen intervenir en El Pas o en medios de Prisa (Vargas Llosa y Villalobos, por ejemplo), hacen sus comentarios bajo el parapeto estratgico de condenar formalmente el golpe pero avalando el argumento del golpe. Qu argumento avalan concretamente? En su opinin, estn convencidos de ello? Estn cegados polticamente? No saben de qu hablan y agitan y agitan?

 No dan argumentos jurdicos por sistema. Desde hace aos trabajan con descalificaciones hechas con generalidades y con juicios polticos cuyos elementos extraen de las leyendas mediticas que se han tejido sobre ellos. Determinados grandes medios de comunicacin han fabricado estereotipos y matrices mediticas que no hacen falta demostrarse. Y sobre ellas caminan. Y lo hacen bien sobre todo novelistas como Vargas Llosa que no hacen sino aplicar a la realidad poltica su profesin de fabulador profesional. Vargas Llosa no analiza la realidad poltica concreta de un mandatario sino que escribe La fiesta del Chivo, la aplica, festivamente, a todo lo que le conviene y califica de idiota a capricho. Buena prueba de ello es su ltimo artculo en El Pas (12 de julio) en donde tiene la desfachatez de acusar al Presidente Zelaya de todos lo males universales y de ser el golpista originario, con base a mentiras puras sobre el comportamiento institucional del Presidente.

Ellos no ignoran ni estn cegados polticamente, si acaso estn cegados social y culturalmente. Ellos saben como son las oligarquas de sus pases, qu situaciones han producido y siguen produciendo, como es la vida en sociedades desvertebradas y miserables. Quienes son los culpables. Lo saben y saben que hay que transitar a modelos de cambio, pero han sido seducidos por otros salones, por los salones de las oligarquas occidentales a los cuales no podran acceder con discursos de cambio real. Y en los cuales no seran recibidos si no fueran radicales crticos de experiencias polticas que impugnan la existencia misma de todos esos salones. Han asumido un estatus social y un rol que les mimetiza con las oligarquas occidentales y les redime de tener que conformarse con los para ellos ms chabacanos crculos sociales peruanos o salvadoreos. A cambio reciben becas exclusivas, programas de investigacin, conferencias y cursos, galardones de todo tipo, recibimientos, condecoraciones. Otros casos como el de Moiss Nam (Foreign Policy, National Endowement for Democracy)) son diferentes, son casos de clsicos tcnicos del sistema que desde siempre han operado en espacios neurlgicos de poder y que estn mucho mejor integrados en centros de inteligencia. Vargas Llosa o Villalobos son starlettes, mientras Naim es un alevoso miembro de los centros de inteligencia. Cada uno tiene su papel.

A ellos se les puede aplicar lo ya dicho para los grandes grupos mediticos: son vctimas de toda una lgica de cooptacin e integracin social en el sistema hegemnico. Si los grandes grupos mediticos como El Pas han perdido toda su capacidad autopoietica esencial estos han perdido su personalidad, su independencia y se convierten en replicantes de los elementos del discurso del mtodo de governanza.

En definitiva, y recapitulando, ah estn todas las diferencias, todas las luchas y el sentido de toda una vida, en una opcin: ser integrados e intercambiables o deliberantes y libres. Manuel Zelaya ha elegido esto ltimo.

Profesor Palacios, le parece bien que dediquemos esta entrevista a la ciudadana hondurea resistente, a los ciudadanos y ciudadanas que no estn dispuestos a transigir con la barbarie, el golpismo, la traicin y la sinrazn?

Es lo justo. Ellos son los hroes.

 



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