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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 19-08-2009

La otra guerra

Samuel
Quilombo


En Estados Unidos una persona sin antecedentes penales que sea detenida en posesin de 500 gramos de cocana recibir una sentencia de al menos cinco aos de crcel. Es lo que se conoce como una sentencia mnima obligatoria, que el juez est obligado a dictar sin tener en cuenta aspectos como la culpabilidad o los factores eximentes o atenuantes, y que atiende exclusivamente a tres elementos: el tipo de droga, su peso y el nmero de condenas que haya recibido con anterioridad. El primero de ellos es decisivo: la misma pena (cinco aos) se impondr por la posesin de tan slo cinco gramos de crack, que no es otra cosa que un derivado de la cocana. Esta disparidad de 100 a uno no se justifica porque los efectos del crack sean particularmente ms dainos, y constituye uno de los pilares de la discriminacin del vigente sistema penal y penitenciario de los Estados Unidos. Segn esta lgica, alguien condenado por distribuir ms de 50 gramos de crack se enfrenta a una sentencia mnima obligatoria de 10 aos, mientras que seran necesarios cinco kilogramos de polvo de cocana para recibir una condena similar.

La norma que castiga con mucha mayor dureza el crack data de 1986, momento en que Ronald Reagan daba un nuevo impulso a la segunda guerra contra las drogas proclamada por Richard Nixon diecisiete aos antes [la primera corresponde al perodo de la Prohibicin durante los aos veinte]. Esta guerra ha supuesto en realidad una guerra social que se ha cebado con los consumidores pobres, fundamentalmente con las clases populares negras e hispanas. Si durante los aos ochenta, la cocana represent la droga de jvenes blancos profesionales con xito (yuppies), el crack era la droga de que conduca a los afroamericanos a la perdicin. Otra medida que contribua al incremento de las penas es la ley de reincidencia mltiple o "three strikes law", que multiplica notablemente la duracin de las penas en la tercera condena, y que en Estados como California ha llevado a condenas de veinticinco aos o ms por delitos menores. Cualquiera que haya visto la excelente serie de televisin The Wire podr hacerse una idea de los resultados de dicha guerra en ciudades como Baltimore. La represin no ha reducido el consumo; tampoco lo ha mejorado.

Como consecuencia de esta cruzada moral contra el consumo de drogas, en dos dcadas se cuadruplic el nmero de personas presas en las crceles estadounidenses hasta alcanzar la cifra de 2.300.000 personas, 756 presos por cada cien mil habitantes, la mayor poblacin penitenciaria del mundo en trminos absolutos y relativos. La mayora de los detenidos lo son por delitos relacionados con las drogas, principalmente por posesin y no por comercializacin. Y la mayor parte de los que acabaron en prisin han sido negros. Estos datos los ha recordado el senador demcrata Jim Webb (el mismo que ha negociado la liberacin de un preso estadounidense en Myanmar/Birmania). Webb impulsa un proyecto de ley para crear una comisin nacional que reforme las polticas de justicia penal, lo cual pasa por acabar con la llamada "guerra contra las drogas" y el racismo explcito que la sostiene.


La guerra contra las drogas, una fbrica de presos. Grfico: The November Coalition.

No es el nico proyecto. Varias propuestas van en la direccin de una poltica de drogas menos represiva, como una iniciativa para despenalizar el consumo de marihuana o la reforma de la Ley de Educacin Superior para que no se nieguen becas a los estudiantes convictos por posesin de drogas. A finales de julio un subcomit del Congreso aprob, con votos demcratas y republicanos, el proyecto de Ley de Equidad en las Condenas contra la Cocana de 2009, destinada precisamente a acabar con la discriminacin en las condenas. Estas modestas iniciativas -nada que ver con la abolicin de la prohibicin- no estn recibiendo tanta cobertura por parte de los medios de comunicacin como la controvertida reforma de la sanidad, lo que puede facilitar que alguna de ellas acabe aprobndose.

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A propsito del sistema de salud estadounidense, uno de los rasgos ms notables de la vigente guerra contra las drogas, y que lo diferencia de la primera, es la coincidencia del incremento de la represin del consumo de determinadas drogas con una expansin masiva del consumo de drogas legales. Los aos noventa fueron los aos de la medicalizacin de los problemas, especialmente aquellos que tienen que ver con la mente. Las drogas -legales o ilegales- siempre han cumplido una funcin de control artificial de los estados mentales y emocionales, ya sea para acceder a un determinado estado -de euforia, de somnolencia, etc.- o para escapar de situaciones menos deseables como la tristeza, el agotamiento o la ansiedad. Pero en las ltimas dos dcadas la industria farmacutica apost por medicamentos psicoactivos -o que pasan a cumplir esa funcin- que pretendan resolver todo tipo de necesidades humanas. Los cerebros conectados en red tienen que ser activos, creativos y permanentemente estimulados. Asimismo, la frontera entre el uso teraputico y recreativo pas a desdibujarse. El trnsito al capitalismo cognitivo pasa por la farmacia.

El profesor de derecho Joseph E. Kennedy explica, en un ensayo de 2003, que en este contexto de celebracin de la auto-realizacin personal y de super-felicidad como signo del xito, el uso de drogas slo se rechaza cuando se considera que "causa problemas", algo que viene determinado no tanto por la mortalidad (cada ao muere ms gente por sobredosis accidentales de drogas legales, a menudo con prescripcin mdica, que por drogas ilegales como la cocana o la herona) como por una percepcin sobre las probabilidades de adiccin de todo un colectivo determinado o de la sociedad en su conjunto. Es decir, la prohibicin se basa en lo que Kennedy llama una moralidad epidemiolgica que tiende a exagerar el riesgo de la toxicidad y adiccin de determinados productos y su posible propagacin.

Pero el profesor aade que esto no es suficiente para explicar la severidad del castigo penal de ahora en comparacin con la de los aos de la primera Prohibicin (donde eran pocos los aos que podan pasar en prisin las personas -blancas, sobre todo- que consuman drogas o alcohol). Si se piensa que el riesgo del consumo de determinadas drogas es tan elevado y si el dao que produce su consumo extendido en determinadas comunidades se considera tan grave es porque entran en juego argumentos de raza y clase, el miedo a las clases peligrosas que en Amrica se tie de color. Como dice Kennedy,

"Nuestra actual guerra contra las drogas depende mucho ms que su predecesora en la distancia intelectual y emocional que permite la diferencia racial, porque la inmoralidad de tomar drogas para resolver problemas no estrictamente mdicos gira en torno a preguntas sobre el dao de las drogas. Dar a tu propio hijo Ritalin [en Espana, Rubifen] y enviar al hijo de otra persona a prisin por usar cocana mientras t mismo consumes Prozac requiere que t veas al otro en trminos fundamentalmente diferentes. Requiere que imagines que el otro toma a sabiendas una droga terrible que volvera a cualquiera que la tome en un peligro para s mismo y para los dems."

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La guerra contra las drogas tambin tiene su frente exterior. Ha servido para financiar aliados y justificar intervenciones imperialistas, en Amrica Latina o Afganistn. En este frente, sin embargo, no parece que soplen los vientos de cambio.

En Afganistn los Estados Unidos abandonan la poltica de erradicacin de cultivos del opio para reforzar la represin de su trfico y venta y de este modo no alienarse el apoyo de los campesinos afganos. El Pentgono acaba de incluir a narcotraficantes afganos vinculados a los talibanes en la lista de blancos a abatir. En la lista no se incluye a los narcotraficantes vinculados al gobierno.

Una estrategia parecida es la que sigue en Amrica Latina. Durante la cumbre trilateral entre Estados Unidos, Mxico y Canad se ha hablado de drogas, entre otros asuntos. Bsicamente, Barack Obama ha ratificado la Iniciativa Mrida, programa aprobado todava bajo el mandato de George W. Bush en junio de 2008. La Iniciativa es el equivalente mexicano del Plan Colombia, que tambin ahora cobra un nuevo impulso con el acuerdo por el cual Estados Unidos podr hacer uso de siete bases militares estadounidenses en ese pas, lo que amenaza con desestabilizar la regin suramericana. Ambos planes comparten una militarizacin de la problemtica del narcotrfico y permiten crear estructuras militares de carcter regional en el norte y en el sur del continente.

En ambos casos se apoya a gobiernos con relaciones ms que dudosas con el narcotrfico que tericamente se pretende combatir. Las relaciones de lvaro Uribe con paramilitares y narcotraficantes son conocidas. Por su parte, desde que el presidente Felipe Caldern iniciara la guerra contra determinados grupos de narcotraficantes en diciembre de 2006, no por casualidad poco tiempo despus de resultar elegido en una discutida eleccin presidencial, se ha desatado una violencia brutal entre crteles de la droga y entre stos y el Estado. Desde entonces la guerra ha provocado ms de 10.000 muertos y una intervencin brutal del Estado. La intervencin del ejrcito se justificaba por la corrupcin de la polica, pero todo parece indicar que aqul se comporta como un crtel ms peleando por su cuota de mercado, como acusaba a principios de ao el subcomandante Marcos. Un reciente reportaje del periodista Charles Bowden, publicado en la revista Mother Jones, parece darle la razn.

Guerra contra determinados consumidores en el norte, guerra por el negocio en el sur.
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Tomado del blog del autor:http://www.javierortiz.net/voz/samuel/


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