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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 04-09-2009

El juez estrella Garzn marca otro gol a la ya de por s mermada democracia espaola

Pablo A. Martn Bosch
Rebelin


Poner en duda que el reino de Espaa sea una verdadera democracia o un Estado de Derecho homologable a otras de su entorno, o si se trata ms bien de una dictadura blanda o disfrazada de cordero es algo que ya no se le escapa ni tan siquiera aunque se deba ms a motivos electorales y propagandsticos a la tan manida derechona de Alfonso Guerra.

El PP ha venido denunciando en las ltimas semanas el estado policial al que nos vemos sometidos por las supuestas escuchas a dirigentes del partido. No se quiere hablar de los intentos de infiltracin del CNI en NaBai, y mucho menos de los fehacientemente demostrados actos de espionaje a formaciones como HB, hoy en da ilegales, pero con todos los derechos cuando se cometieron los delitos. Delitos que, por cierto, no tuvieron condena.

Dejo, pues, en manos del Partido Popular su denuncia a la falta de libertades en el reino. Les cedo esa lid, y slo espero que su resultado sea de aplicacin tan universal cual exige el cumplimiento de la Ley, que, si bien es dura, es Ley, y no pueda ser reinterpretada o reconducida ad hoc en funcin de los supuestos delincuentes a los que se deba aplicar como se hizo con De Juana Chaos, del cual se afirm que si tena ms delitos habra que inventrselos; o con la llamada Doctrina Parrot, de aplicar las condenas en su totalidad, sin atender a los beneficios penitenciarios; o el Caso Botn, que permite personarse a la acusacin particular en unos casos y en otros no; o a la Ley Garaikoetxea, que prohbe al presidente de una Comunidad (la CAV) estar empadronado en otra (CFN). Se han dado cuenta de que ciertas Leyes del reino poseen nombre propio?

As, desde la Ley de Extranjera, pasando por los cierres de medios de comunicacin, leyes de excepcin encubiertas y persecuciones de ndole poltico y no slo judicial, hasta la retirada de carteles pro-amnista algo que denunciamos como propio de la dictadura de Birmania, pero que sufrimos en nuestro pas sin pestaear, la estancia preventiva en las crceles durante aos sin celebrarse juicio alguno, y un largo etctera, el reino de Espaa ha dejado de ser un Estado de Derecho incluso para la extrema derecha, eso s, si toca la Justicia a sus peones.

Hoy en da la mesa Nacional de HB sigue encarcelada, representantes parlamentarios de EHAK se ven sometidos al enjuiciamiento y al pago de multas y fianzas de gran cuanta para evitar su paso por las prisiones del Estado. El delito de opinin se va extendiendo peligrosamente a lo largo de la geografa espaola, y la sospecha de connivencia con el terrorismo se ampla a sectores ajenos a la lucha armada.

A su vez, la Falange Espaola y el Cristo Rey renace con fuerza. Realizan pintadas, agreden a inmigrantes, destrozan mobiliario de las vctimas del franquismo, amenazan de muerte y actan con total impunidad ante la indiferencia de las autoridades, que prefieren mirar hacia otro lado antes de tomar partido, si no aplauden sus reivindicaciones como respuesta patritica frente a amenazas externas. El peligro del pensamiento nico va tomando forma poco a poco, sin que nos enteremos y con el beneplcito de una poblacin despolitizada.

En los ltimos quince das se ha dado un nuevo paso en favor del Estado Autoritario de Derechas (fascismo). El Gobierno francs ha concedido y ejecutado la orden de extradicin de la militante de ETA Maite Aranalde. No es cuestin plantear si dicha medida responde o no al derecho de asilo que le asiste a la detenida en ste caso, eso les corresponde a los jueces internacionales y no ha de ponerse en duda su imparcialidad.

El hecho es que Maite Aranalde es extraditada al reino de Espaa, y es puesta en manos de una polica cuyas prcticas de torturas han sido repetidamente denunciadas por AI. El juez de instruccin de turno Eloy Velasco decide, vista la situacin de la detenida, su caso y sus circunstancias, dejarla en libertad bajo fianza. La activista (o terrorista, como se prefiera) queda libre por decisin de un juez que interpreta las leyes.

A continuacin, el juez estrella Baltasar Garzn decide que las medidas anteriores no le complacen a l, y propone su encarcelamiento inminente. La polica no la encuentra, la da por huda, y da orden de busca y captura. Hasta aqu nada extrao en un Estado de Derecho.

Pero el juez Garzn va ms all, y hace declaraciones en contra de su homlogo, Velasco, a quien acusa veladamente de favorecer la huda de la reclusa, sin mencionar que no estaba siquiera sometida a la vigilancia preceptiva por parte de la polica. La crtica la hace en los medios de comunicacin no en los rganos competentes de la Judicatura dando as un doble mensaje: nadie se puede oponer a lo que l dicta, y l dicta la lnea poltica que deben seguir los jueces en lo sucesivo. La crtica, as, pasa de ser judicial que se debera dirimir en los rganos competentes a poltica lo que conlleva la identidad de los poderes poltico y judicial impropio de los Estados de Derecho.

Si el Consejero de Interior del Gobierno Vasco (Ares) y el Ministro de Interior del Gobierno Espaol (Rubalcaba, el defensor de los GAL, tal y como denuncia el PP) han criminalizado la mera exhibicin de carteles de solidaridad con los presos (no de apoyo o apologa del terrorismo), ahora el juez Garzn aprieta la tuerca un poco ms en favor del rgimen fascista que se nos quiere imponer al politizar la Judicatura, que ya no atiende a la universalidad de la Ley, sino al capricho del gobernante.

Basta ya de arbitrariedades! No al fascismo encubierto! No a las Leyes de Excepcin!

Pablo A. Martn Bosch (Aritz) es Doctor en Filosofa por la UPV/EHU, Licenciado en Filosofa por la UD, Licenciado en Antropologa Social y Cultural por la UD, Especialista Universitario en Ciencia, tecnologa y sociedad por la UNED.


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