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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 13-10-2009

La esforzada labor de las Cortes espaolas en pro de la impunidad

Pedro Lpez Lpez
Rebelin


El pasado 7 de octubre de 2009 se ultim prcticamente el acoso y derribo al principio de justicia universal en nuestro pas, introducido en la Ley Orgnica del Poder Judicial en 1985 por va del artculo 23.4, que permita perseguir delitos de genocidio y cualquier otro que segn los tratados o convenios internacionales, deba ser perseguido en Espaa. Este funesto da para la persecucin de los crmenes contra la Humanidad el Senado aprob la reforma de este artculo, gracias al cual cualquier juez espaol poda abrir una causa contra atrocidades cometidas en cualquier parte del mundo. El portavoz de Justicia del PP en el Senado, Luis Conde, estaba exultante al haber conseguido terminar con algunos juececitos, segn su propia denominacin. Se refera a los jueces que han abierto causas contra verdugos que han aterrorizado a sus pueblos con asesinatos, torturas y otras intimidaciones que constituyen delitos de lesa humanidad. Al seor Conde le costaba contener la alegra por devolver la impunidad a estos sujetos.

El principio de justicia universal se abri camino en fecha tan temprana como 1961, cuando el Estado de Israel juzg a Adolf Eichmann, dirigente nazi que haba escapado de los juicios de Nuremberg y que haba sido secuestrado ilegalmente en Argentina por agentes israeles precisamente para sentarlo en el banquillo. Es paradjico que ahora Israel haya presionado a Espaa para desactivar este principio ante la causa abierta por unos crmenes en Gaza en 2002. En esta accin Israel provoc 14 muertos. Para qu hablar de las presiones que estn ejerciendo Israel y Estados Unidos contra el informe encargado por la ONU sobre los crmenes cometidos en diciembre de 2008, con ms de 1400 muertos, informe dirigido por un juez sudafricano.

La puntilla al principio de justicia universal perpetrada el pasado da 7 no hace ms que continuar la poltica seguida por el Estado espaol ya desde la Ley Orgnica de Cooperacin con la Corte Penal Internacional, en la que (artculo 7.2) se cercena el principio al establecer que si se presenta una denuncia o querella en nuestro pas, referida a autores de delitos de esta naturaleza que no son espaoles, el rgano ante el que se ha presentado la denuncia se limitar a informar al denunciante o querellante de la posibilidad de acudir a la Corte Penal Internacional, cuando este organismo tiene un carcter complementario de las jurisdicciones nacionales (o sea, la obligacin de investigar crmenes contra la Humanidad es en principio del Estado, no de la Corte).

Pero la labor en pro de la impunidad no termina aqu, sino que el PSOE (el PP aqu no cuenta, no le cabe a uno esperar que la derecha pura y dura haga algo en pro de la justicia, ni social ni penal) se prest, so pretexto de ampliarlos, a recortar los derechos de las vctimas del franquismo, reconocidos por el derecho internacional de derechos humanos, de obligado cumplimiento por el Estado espaol. As, los perpetradores nacionales de crmenes de guerra y de lesa humanidad, ya gozan de su ley de punto final con la Ley 52/2007, conocida como Ley de la Memoria Histrica, que desactiva todos los posibles mecanismos que las vctimas del franquismo pudieran utilizar para resarcirse de los crmenes cometidos por este ominoso rgimen. Mecanismos previstos en la legislacin internacional en materia de derechos humanos (Convencin Internacional para la proteccin de todas las personas contra las desapariciones forzadas, Principios relativos a una eficaz prevencin e investigacin de las ejecuciones extralejales, arbitrarias o sumarias, Principios bsicos sobre el derecho de las vctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, etc.) y que el Estado espaol tiene la obligacin de cumplir. En concreto, esta ley imposibilita ejercer los tres derechos que tienen las vctimas de crmenes contra la humanidad: derecho a la verdad (el Estado se niega a investigar, y ni siquiera permite a las vctimas conocer los nombres de los perpetradores de crmenes), derecho a la justicia y derecho a la reparacin. La ley no ampla derechos a las vctimas, como proclama, sino que los limita estableciendo cortapisas contrarios a las normas de derecho internacional, segn diversos informes de Amnista Internacional y de otras organizaciones de derechos humanos. El esperpento llega al extremo de que puede ser que el nico que pague por los crmenes franquistas sea el juez que ha iniciado actuaciones para aclararlos.

Como vemos, entre 2003 y 2009, prcticamente un lustro, nuestros parlamentarios han trabajado denodadamente por corregir el espritu de persecucin de los crmenes ms graves cometidos contra la Humanidad, introducido en el artculo 23.4 de la Ley Orgnica del Poder Judicial. No tiene, desde luego, nada de sorprendente que el Estado espaol se niegue a investigar los crmenes en suelo ajeno cuando no est dispuesto a investigar los perpetrados en el propio. Quizs el principio de justicia universal haya que invocarlo desde otro pas para denunciar a nuestros gobiernos (sean de un partido o de otro) por negarse a investigar y a reparar los crmenes cometidos en nuestro territorio durante una de las ms feroces dictaduras que han existido en la historia; crmenes que, segn los tratados de los que es parte nuestro pas, est obligado a investigar. As, a lo mejor se nos quita la mana de ir por el mundo dando lecciones de cmo hay que llevar a cabo la transicin de una dictadura a una democracia.

Pedro Lpez Lpez es Profesor de la Universidad Complutense

Rebelin ha publicado este artculo a peticin expresa del autor, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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