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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 17-10-2009

Uruguay: entre la dignidad y la impunidad

Gilberto Lpez y Rivas
La Jornada


El 25 de octubre los ciudadanos uruguayos enfrentan una eleccin compleja en la que dirimirn paralelamente la posibilidad de un segundo gobierno del Frente Amplio, la obtencin del voto en el exterior y, sobre todo, la decisin de anular por la va plebiscitaria la Ley de Caducidad de la Pretensin Punitiva del Estado, que fue aprobada a la salida de la dictadura cvico militar en diciembre de 1986.

sta ha constituido el marco jurdico de la impunidad y a su amparo han encontrado proteccin los delitos cometidos hasta el primero de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por mviles polticos o en ocasin del cumplimiento de sus funciones y de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el periodo de facto (artculo 1). Este engendro jurdico elimin el ejercicio de la coercin judicial sobre los uniformados, consagrando as la desigualdad de los uruguayos ante la ley, y destruy la separacin de poderes al obligar al juez, por su artculo 4, a remitir a la presidencia de la repblica toda denuncia sobre personas desaparecidas as como de menores presuntamente secuestrados en similares condiciones, a fin de que ste califique la procedencia o improcedencia del acto denunciado.

Todos los presidentes inmediatamente posteriores al restablecimiento del orden civil ampararon con esta ley a los criminales de lesa humanidad. Centenares de denuncias promovidas por los familiares de los detenidos-desaparecidos regresaron a los juzgados con el sello del Ejecutivo que ordenaba al Poder Judicial considerar el caso amparado y con la indicacin de archvese. Ni siquiera fueron exentados y sometidos a investigacin los sumarios de los bebs secuestrados en el marco de la represin cuyo paradero investigaban los organismos de derechos humanos de ambas mrgenes del Plata con objeto de restituirles su identidad y reintegrarlos a sus familias originarias. As, por ejemplo, Simn Riquelo logr enterarse a los 26 aos de edad que era hijo de Sara Mndez, de cuyos brazos fue arrebatado a los 22 das de vida, y no el vstago de un funcionario policial argentino, mientras Macarena Gelman, la nieta del poeta, consigui recuperar su identidad y lo que quedaba de su familia originaria, no as los restos de su madre, desaparecidos en alguna unidad militar.

Este ciclo de impunidad plena se modific, en alguna medida, cuando el gobierno frenteamplista, que asumi en 2005, logr manejarse entre los pequeos resquicios que dej el funesto artculo 4 y desclasific algunos casos importantes de los ms de 200 detenidos desaparecidos en el curso de la represin dentro y fuera de las fronteras nacionales, en el marco de la Operacin Cndor. Una decena de militares han sido procesados, junto a dos civiles, no amparados por la ley. Me refiero a Juan Mara Bordaberry, el presidente constitucional que en alianza con las fuerzas armadas rompi el orden institucional, en 1973, y Juan Carlos Blanco, su ministro de Relaciones Exteriores.

Se constatan algunos avances, desde este momento, en materia de escudriar la verdad y aplicar algo de justicia. El presidente Tabar Vzquez, en acuerdo con la Universidad de la Repblica, confi una investigacin minuciosa sobre los detenidos desaparecidos a un connotado equipo de historiadores, e inici excavaciones a cargo de antroplogos forenses de la misma universidad. Los resultados de estas investigaciones fueron volcados en cinco grandes volmenes que conjuntan ms de 3 mil 600 pginas, y que constituyen la demostracin fehaciente del terrorismo de Estado y de ninguna manera los excesos aislados de unos pocos elementos de las fuerzas armadas, como sostienen los mandos militares uruguayos, que solapan un pacto mafioso de silencio en torno a la ubicacin de los cuerpos de los desaparecidos.

Aunque nula de origen, por contravenir tanto la normativa interna como los principios universales en materia de derechos humanos, la ley sigue rigiendo a pesar de los diversos apercibimientos que ha recibido el Estado uruguayo. En 1992, la Comisin Interamericana de Derechos Humanos recomend a Uruguay revertirla por ser violatoria del pacto interamericano en la materia. En el mismo sentido se han pronunciado el Comit de Derechos Civiles y Polticos de las Naciones Unidas y otras instancias internacionales.

Esta ley, que garantiz ms de 20 aos de impunidad, no pudo ser derogada cuando fue sometida a referndum, en abril de 1989, momento en que la presencia dictatorial era un fantasma que amagaba desde las sombras. Pese a la alta votacin que obtuvo su derogacin, fue insuficiente para reunir la mayora. Un manto de olvido y complicidad trat de tender el sector poltico civil cmplice de la dictadura sobre los crmenes del pasado.

Alguno de sus integrantes y no poco representativos, como el ex presidente Julio Mara Sanguinetti, sostenan que no haba que mirar al pasado y tener los ojos en la nuca y que todo terminara finalmente cuando, transcurrido el tiempo, murieran las partes involucradas. Ante estos propugnadores de la amnesia social, la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad, con el apoyo de diversos organismos sociales y polticos, entre ellos el Frente Amplio, impulsan la anulacin de la ley; buscan arrancar la venda de los ojos que durante ms de tres dcadas ha impedido conocer la verdad y aplicar la justicia. Esa es la apuesta del 25 de octubre, momento en que los uruguayos debern decidir si incluyen, junto al voto de su preferencia poltica, una papeleta de color rosa que anule la ley de impunidad. Los ojos del continente tienen la mirada puesta en ese pequeo y querido pas del sur. Como sostienen algunos tericos: el antnimo de olvido no es memoria, sino justicia.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2009/10/16/index.php?section=opinion&article=026a1pol

Rebelin ha publicado este artculo a peticin expresa del autor, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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