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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 01-11-2009

Conflictos sociales sin solucin
La pesada herencia que deja Bachelet

Editorial de Punto Final
Punto Final


A menos de cincuenta das de las elecciones presidenciales y parlamentarias, arrecian los conflictos sociales que desnudan la realidad del pas al finalizar el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Decenas de miles de profesores de escuelas municipalizadas iniciaron un paro indefinido reclamando el pago de la deuda histrica que mantiene con ellos el Estado desde que la dictadura termin con la educacin fiscal y la entreg a los municipios. Por su parte, los empleados pblicos afiliados a la ANEF paralizaron en defensa de sus reivindicaciones econmicas y exigen la contratacin de miles de funcionarios sujetos a contratos temporales y que no tienen acceso a las plantas regidas por el estatuto administrativo. Asimismo, se reactivan las movilizaciones de los deudores habitacionales y los pobladores sin casa que reclaman el fin del pago de dividendos usurarios y el derecho a una vivienda digna de la que carece un milln de familias. Los trabajadores de los consultorios de atencin primaria organizan nuevas protestas. Un milln de cesantes padecen las consecuencias de la crisis, a pesar del exultante ministro de Hacienda que destaca los xitos macroeconmicos y afirma que para Chile la crisis ha terminado. Finalmente, se agrava la situacin en el territorio mapuche, donde la represin policial alcanza a nios, mujeres y ancianos.

Nada parece afectar, sin embargo, la popularidad de la presidenta Michelle Bachelet, que en una encuesta alcanz 83% de apoyo. Tampoco el gobierno ha cado en el respaldo que indican esas encuestas. Esta popularidad sustentada sobre el fracaso y la decepcin, parece ser producto de una extraa forma de masoquismo colectivo debido a la ausencia de una masa crtica y movilizada tras objetivos de cambio social. Su resultado ms paradojal es que sigue punteando el candidato presidencial de la derecha, Sebastin Piera, aunque ahora en declive. Es una situacin que llama la atencin y anticipa eventuales sorpresas electorales. No bastan para explicarla la manipulacin de los medios de comunicacin, la simpata de la presidenta Bachelet ni los bonos que regularmente han venido a paliar la situacin de los sectores ms desprotegidos.

Existe sin duda una crisis de gobernabilidad de la que son responsables las clases dominantes, y por lo mismo tanto el gobierno como la oposicin derechista. Es evidente, por ejemplo, que en el caso de la efervescencia en el territorio mapuche, la derecha est por incrementar la represin y apoya a los terratenientes. Insina, incluso, la posibilidad de militarizar la regin con intervencin de las Fuerzas Armadas. El gobierno, por su parte, carga con la ineficiencia y la corrupcin de la institucionalidad creada para atender las demandas de tierras, y echa mano a una desmedida y cruel represin. Carabineros, dependientes del Ministerio del Interior, acta en La Araucana como una fuerza de ocupacin y reprime indistintamente a hombres, mujeres y nios. Se invaden violentamente las comunidades, persiguiendo a supuestos terroristas y se crea una situacin imposible de manejar dada la rebelda que provocan los abusos y la impunidad con que actan sus hechores.

El gobierno de la presidenta Bachelet ha sido denunciado por la Unicef (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia) por los atropellos policiales a nios mapuches. Su representante en Chile, Gary Stahl, se entrevist con tres ministros para darles a conocer la preocupacin del organismo internacional por la brutalidad policial con los nios de las comunidades mapuches. El abogado Jos Aylwin Oyarzn, del Observatorio Ciudadano, ha expresado igualmente su repudio a prcticas impropias de un Estado democrtico de derecho, y no descarta los montajes policiales en La Araucana.

El problema mapuche evidencia, por lo tanto, el fracaso de las clases dominantes en el tema indgena.

En la educacin la situacin no es muy diferente en trminos de responsabilidades compartidas. La mayor visibilidad est dada por el tema de la deuda histrica, que el gobierno se niega a reconocer, y por tanto, a pagar. Desmiente con su accionar el reconocimiento que de la misma hicieron anteriores gobiernos de la Concertacin; la existencia de sentencias favorables en los tribunales, que se ha negado a cumplir; las conclusiones alcanzadas por una comisin especial de la Cmara de Diputados y hasta recomendaciones de la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT), que en su conferencia trat este ao el problema e inst al gobierno chileno a reparar la deuda con el magisterio, puesto que la misma viola tratados suscritos por el Estado. Repentinamente, el gobierno ha negado la existencia de la deuda, que se arrastra desde 1981 cuando la dictadura transfiri los establecimientos fiscales a los municipios. Al profesorado no se le reconoci entonces el reajuste especial de entre 50 y 90 por ciento del sueldo base que se les haba entregado pocos meses antes, junto a los dems empleados pblicos. Se trata, por lo tanto, de una obligacin jurdica y tica que no debe ser desconocida, y que justifica la enrgica reaccin de los profesores. Pero el tema de la deuda histrica es parte de un problema ms general que afecta al conjunto de la educacin y en consecuencia, debilita el sistema democrtico y la existencia misma de valores republicanos. Se encuentra en peligro la educacin estatal -entregada por Pinochet a los municipios- cuya desaparicin no rechaza la derecha. Esta quisiera la total privatizacin de la educacin, dejando parte de ella en manos de la Iglesia Catlica y otras instituciones confesionales, y el resto en poder de empresarios que acten conforme al mercado, ligando la calidad de la educacin a las ganancias que produce.

El gobierno percibe el peligro y como no hace nada para evitarlo, se justifica la sospecha de que tampoco est comprometido a fondo con la educacin pblica. Lo demuestra la sorprendente ineptitud que en esta materia han demostrado las sucesivas autoridades de la Concertacin. Desde la fracasada reforma educacional que, con todo, signific la construccin de importante infraestructura, hasta la ceguera que llev a la rebelin de los pinginos, que conmocion al entonces recin instalado gobierno de la presidenta Bachelet. Hubo compromisos, propsitos de enmienda y tramitaciones que desembocaron en el reemplazo de la Ley Orgnica Constitucional de Educacin (LOCE) por la LGE, que sigue manteniendo el lucro como motivacin del sistema y elude una reforma a fondo de la educacin.

Los funcionarios fiscales tienen tambin motivos para protestar. Han obtenido mejoramientos importantes pero no han logrado que se termine con la aberracin de los empleos a contrata de miles de trabajadores. Se ha creado al interior de la Administracin Pblica una especie de apartheid entre los funcionarios que estn incorporados a las respectivas plantas -sometidos al estatuto administrativo-, y los trabajadores que tienen un empleo precario, sin previsin social, sujeto a plazos que muchas veces se prolongan por aos, pero que pueden ser despedidos por simple voluntad del jefe. A la derecha no le interesa que exista una eficiente Administracin Pblica. Una de sus consignas favoritas es menos Estado; prefiere los empleos precarios en que es fcil el despido. Con mayor razn ahora, cuando a corto plazo aspira a hacerse cargo del gobierno.

Ni la Concertacin ni la derecha parecen comprender la profundidad de los problemas que se acumulan en el pas. Su solucin es ineludible y demandar un verdadero proyecto nacional que junto con la excelencia tcnica y el sentido democrtico que lo inspire, exija recursos que debern provenir de impuestos a las grandes fortunas y a las empresas mineras transnacionales que obtienen utilidades escandalosas que deberan estar al servicio de los chilenos.

En resumen, estos problemas -que no son los nicos- dejar pendientes la administracin de la presidenta Bachelet. La raz comn de ellos se encuentra en la desigualdad social que se ha acentuado durante los gobiernos de la Concertacin. Cifras de la Cepal indican que este ao el ingreso per cpita del 20% ms rico supera ms de trece veces el ingreso del 20% ms pobre.

El 20% ms rico se lleva el 58% del ingreso, mientras el 20% ms pobre slo alcanza al 5%. En palabras del obispo Alejandro Goic, presidente de la Conferencia Episcopal, ms de tres millones de chilenos viven con 100 mil pesos al mes, y a veces con menos.

Esta es la pesada herencia que dejar al prximo gobernante la presidenta Bachelet. Pero ninguno de los tres candidatos con posibilidades de llegar a La Moneda, plantea soluciones de fondo. Por el contrario, cada uno a su modo promete ser continuador del actual gobierno.

Es claro que mientras no se levante una alternativa democrtica y popular, orientada hacia el socialismo, Chile vegetar en la injusticia social en que lo sumieron el capitalismo neoliberal y las bayonetas, situacin que los gobiernos de la Concertacin no se han atrevido o no han querido modificar.


(Editorial de Punto Final, edicin N 697, 30 de octubre, 2009)



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