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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 31-10-2009

Carta abierta al Estado espaol de un represaliado por el franquismo

Antonio Prez
Rebelin

542 y 143 aniversarios de los respectivos nacimientos de Erasmo y de Valle Incln.
39 aniversario de un proceso contra varios miembros de ETA que finaliz con nueve penas de muerte y 500 aos de crcel para el resto de los acusados.


A finales del ao 2007, el gobierno espaol promulg la ley 52 cuyo ttulo, tan prolijo como mentiroso, fue simplificado popularmente como ley de memoria histrica. Segn su enunciado oficial, esta ley ampla los derechos de los millones de republicanos espaoles y otros- que, directa e indirectamente, fueron perseguidos por el franquismo. Es aqu donde encontramos la nica verdad reconocida en esta ley: que los republicanos todava no tienen los mismos derechos que el resto de los espaoles.

Pero, reconocimientos involuntarios y pusilnimes aparte, el verdadero propsito de la ley queda reflejado en su Exposicin de motivos y no es otro que el autobombo de la llamada Transicin, una siniestra entelequia en la que no creen ni siquiera sus cuatro paniaguados, como lo demuestra la vergonzosa propaganda que de ella hacen en esta misma ocasin si tan notoriamente provechosa hubiera sido, qu necesidad habra de propagandearla?-. Y que es pura propaganda oportunista resulta indudable si observamos lo muchsimo que gastan en sonrojantes lisonjas, hiprboles y cacareos cluecos, todo ello para obligarnos a creer que, en palabras de la citada Exposicin, el espritu de la Transicin da sentido al modelo constitucional ms fecundo que hayamos disfrutado nunca. Pues habr sido un espritu estril o fecundo pero lo mnimo que la promulgacin de esta ley nos ensea es que, de haber sido lo ltimo, ha fructificado muy tardamente. En cuanto a lo mximo, peor an porque, pese a que su dilatada gestacin era propia del parto de los montes, al final ha parido una rata roosa.

El paradigma de lo srdido

A cambio de pregonar la Transicin, la ley ofrece unas cuantas limosnas a los represaliados vivos. Es decir, que nada dice sobre los muertos lase, los asesinados y sus deudos-. O, ms angustioso todava, lo que dice de ellos es de una mezquindad tan insultante que da nusea transcribir los prrafos que les mencionan vanse los artculos 5 y 6 y, en especial, el prrafo 2.dos bis del art 7 pero lanse con guantes, mascarilla y un purificador ambiental-.

En cuanto a los (todava) vivos, las tan manidas palabras horror y sus derivados son insuficientes para describir la sensacin que provoca la miseria moral exhibida por los legisladores. La ley abunda en numeritos y numeritos para cuantificar las indemnizaciones pecuniarias que tan dadivosos seores nos ofrecen a los represaliados -justamente lo que siempre hemos desdeado y, desde luego, nunca hemos pedido-. Ni el ms cido de los dramaturgos del teatro de la crueldad podra imaginar las discusiones que los Padres de la Patria han debido mantener en sus debates internos, tal es la infinita mezquindad que han demostrado al decidir que slo tendrn derecho a esos cntimos quienes hayan estado presos durante tres o ms aos pero a condicin de que tuvieran 77 aos en el 2007. Quin habr sido el probo funcionario que ha trabajado! para calcular que, introduciendo semejante requisito, el Estado no gastara casi nada y, a cambio, sembrara confusin en la gente y humillacin en los hipotticos beneficiarios? Aunque la ignominia se haya perpetrado entre mrmoles y ujieres, a semejante villano le queda corta la tpica imagen del avaro contando sus monedas en una covacha.

En Espaa, los perjudicados por eso que llaman terrorismo, gozan de sustanciosos privilegios, sean vctimas o allegados a stas aqu el trmino allegados es tan difuso como concretos son los honores y dineros que devenga-. No me opondra a tamaa generosidad si el Estado se comportara con igual largueza para con las vctimas del terrorismo masivo de los franquistas y el terrorismo selectivo de sus herederos pero, para baldn histrico, el Reyno de Espaa nunca ha calificado, ni retrica ni legalmente, al franquismo como terrorista la ley que hoy nos ocupa tampoco lo hace, pese a que franquismo es sinnimo paradigmtico de terrorismo-. Por ello, la esmerada atencin hacia unos (numricamente) pocos perjudicados conlleva un insufrible agravio comparativo para la inmensa mayora de represaliados que somos los Otros. De ah que las vctimas del terrorismo actual slo puedan ser definidos como privilegiados, una categora inadmisible en cualquier democracia.

Pongamos cifras a lo anterior: en el ao 1.999, el Estado espaol contabiliz 1.300 vctimas del terrorismo y presupuest para su cuidado 46.624 millones de pesetas al ao (= 280 millones de euros, 215.000 euros per capita; 323.000 US$ al cambio actual) Como sabemos lo engaosos que son los nmeros estatales, nunca firmaramos que todo lo presupuestado haya llegado o llegue a los beneficiarios pero, sea cual fuere lo recibido por stos, estamos ante magnitudes que se han mantenido estos ltimos aos. Ms an, ansioso por demostrar su (discriminatoria) munificencia, ese mismo Estado se ha esforzado durante la ltima dcada en buscar ms y ms sujetos plausibles de indemnizar y as, registrando hasta debajo de las piedras, durante este ao 2.009 ha logrado encontrar a 300 individuos que, probablemente, no se consideraban a s mismos como vctimas (ver prensa del 27.julio) Es igual, tendrn su indemnizacin. Vuelvo a lo mismo: todo esto no me parecera especialmente reprobable si el Estado demostrara igual bondad con las vctimas del terrorismo franquista.

Pero no es el caso ni remotamente y a las cifras me remito: segn el artculo 7 de la (maligna) ley, los aterrorizados por el franquismo que ahora sean ancianos de 79 aos y que repetimos- hayan pasado tres o ms aos en las crceles del no-tan-antiguo-rgimen, podrn percibir por una sola vez la millonada de 6.010,12 euros y por cada tres aos completos adicionales, 1.202,02 euros. Por lo tanto, segn la cuenta de la vieja, un afectado por el terrorismo actual percibe todos los aos no menos de treinta y seis (36) veces ms de todo lo que percibir en toda su vida una vctima del franquismo. Y, recurdese, estamos hablando de un represaliado vivo que rena unos requisitos arbitrarios hasta lo indecible -a qu psicpata se le ocurrira eso de poner tres aos como base mnima?-. Y, adems, estamos hablando slo de dinero, no de las mil canonjas que lleva aparejadas la condicin de vctima del terrorismo. Y para concluir, estamos hablando de lo que nunca mencionamos siquiera las vctimas del terrorismo franquista de dinero-.

El lector habr podido observar que los adjetivos ms copiosos en esta primera parte de la presente diatriba, cuando se refieren a la ley de memoria histrica, pertenecen al campo semntico de la miseria (miserable, mezquindad) mientras que, cuando se refieren a las vctimas del terrorismo, son de uso obligado sus antnimos (dadivoso, munificencia, generosidad). Pues bien, con ser escandaloso este contraste cuando de grandes rasgos se trata, lo es todava ms cuando entramos en procedimientos que, por su orden formal, son aparentemente de menor cuanta. Es decir, que la ley est concebida por unas mentes tan nauseabundas que ni siquiera en algn minsculo dato perdido podemos toparnos con atisbo alguno de compasin o de grandeza. Conclusin: la ley es el paradigma de la sordidez. Y, como es en esos detalles donde se manifiestan con mayor evidencia los niveles mximos de ruindad y ellos llegan a la psicopata poltica aguda y sta es una enfermedad contagiosa e incurable, en un arranque de piedad, hemos decidido suavizar el epteto que se merecen los legisladores y calificarlos como simples orates. Por el respeto que debemos a millones de compaeros represaliados y a los verdaderos dementes, es imposible llegar a mayor magnanimidad.

La reparacin irreparada

Por todo ello, para continuar y como ejemplo de estruendosa nadera, analizaremos un ejemplo de (supuesto) beneficio marginal: el reglamentado por el decreto posterior a la ley que desarrolla el art 4 de sta. Pese a que el aspecto de este Decreto (vase, Real Decreto 1791/2008 publicado en el BOE de fecha 17.XI.2008) es el habitual en las normas positivas -a las que, de serlo, debiramos prestar un anlisis jurdico ms acucioso- en realidad es algo bastante menor, algo que podramos calificar como de simple procedimiento: la manera de solicitar y recibir una Declaracin de reparacin y reconocimiento personal (en adelante, DRRP; vase el art 4, prrafo 1 de la ley 52 en el Apndice 1) Aunque la ley 52 est plagada de pormenores similares que, sin duda, propiciarn la proliferacin de Decretos parecidos, a nuestro juicio es en esta pseudo-norma 1791/08 donde brilla con ms roera la luz negra de las negras almas leguleyas.

Lo primero que nos llama la atencin es el lapso transcurrido entre la promulgacin de la ley de memoria histrica y la publicacin del Decreto de marras: once meses. Casi un ao para pergear un misrrimo reglamentucho que ocupa menos de tres pginas. Cuntos hipotticos beneficiarios fallecieron en ese tiempo? Recordando que la mayora de stos estaba obligado a tener 77 aos en el ao de la ley, no cabe duda de que algunos. No tantos como quisiera para el funcionario de turno. Demasiados para la verdadera justicia.

Item ms, del anlisis filolgico-cuantitativo del citado Decreto 1791 se desprenden algunos rasgos que sern meras curiosidades pero no son casuales o banales sino ilustrativas poco, pero significativas-. Por ejemplo: el trmino justicia se repite 16 veces pero en todas ellas se refiere al Ministerio de ese nombre; es decir, que aparece siempre en maysculas -por aquello de burro grande, ande o no ande?-. Por su parte, injusticia se repite dos veces, ambas en el prembulo, ninguna en el articulado y siempre en minsculas. Adems, Dictadura (a veces acompaada de franquista) se repite 11 veces y democracia, una sola. Huelga aadir que el Decreto jams usa trminos como franquismo, terrorismo, tortura, fosas comunes, desaparecidos, fusilamientos, etc.

Por lo dems, el Estado, a qu se obliga segn la DRRP?: a enviar una carta. Esa cuartilla, qu dice?: nada, pues sus 132 palabras (timbre, firma y fecha incluidas) se limitan a repetir el encabezado Drrp. Pero, dirn algunos, aunque no comprometan al Estado, las pginas del Decreto 1791 y ese centenar de palabras algo significarn, as sea desde el punto de vista simblico: error, no hay smbolo alguno puesto que, de haberlo, hubiera sido fagocitado por la mera mecnica, por el automatismo propio de una redaccin rudimentaria, corta y mecnica. Por ello, podemos asegurar que, en esta ocasin, el Estado espaol se ha superado a s mismo perpetrando unos papeles literalmente insignificantes. Pasaron los tiempos en los que las escrituras del Estado siempre significaban algo, as fuera malfico e injusto. Incluso podramos aadir que, en el antiguo rgimen, la letra estatal era la que encerraba el mayor significante al menos para sus sbditos-. Aquello se acab; la DRRP marca un hito en la historia de la teora poltica pues con ella el Estado logra que su letra desaparezca en la niebla de la insignificancia. Ha demostrado que puede acabar con el signo y, de paso, con el smbolo. Debe ser que, por fin!, ha conseguido eso que llaman instalarse en la posmodernidad.

Pero no seamos tan radicales. Encontremos un resquicio de realidad factual que nos salve del nihilismo. Helo: si acaso, tanto el Decreto como la carta-Drrp slo sirven para ilustrar cmo y cundo el Estado es capaz de crear fantasmagoras absolutamente huecas una habilidad de la que ya tenamos abundantes pruebas aunque nunca tan contundentes-. Y, volviendo a nuestro tema, en definitiva, qu es la DRRP?: la Nada absoluta para el Estado -y, en consecuencia, la Humillacin absoluta para los represaliados-.

Esa Nada-DRRP que se agota en s misma y que no comporta ninguna obligacin estatal ni patrimonial ni ninguna otra segn reza el art 5, #5 de la ley 52-, se materializa cuando el represaliado que la haya solicitado, aos o meses antes, recibe una carta del Ministro de Justicia que, tras la morralla de rigor, termina con la frase EXPIDE en su favor la presente DECLARACIN DE REPARACIN Y RECONOCIMIENTO PERSONAL. No hay ms. Se acab. Previamente, el antifranquista ha debido gastar sus energas, sus peculios y su tiempo ocho meses de media para los casos que conozco personalmente- en acumular los miles de papeles que prueben las torturas a las que fue sometido una tarea nada fcil pues buen cuidado ha puesto el Rgimen en que no quede rastro de su sadismo-.

En otras palabras: por parte del Estado, no hay en la prctica ningn reconocimiento de culpa pues, de haberlo, tendra que ser l mismo quien buscara en sus propios archivos y expidiera la DRRP ex officio, sin necesidad de que el interesado aportara esas pruebas que, en rigor, slo posee el propio Estado y de las cuales el represaliado slo suele disponer de copias sin valor legal o, peor an, de borrosas fotocopias. Ahora bien, que el Estado no sea culposo significa que el culpable slo puede ser el Otro -es decir, la vctima-. En otras palabras, el Estado no slo considera al represaliado como delincuente acaso no fue condenado?, acaso no le estamos indultando y solo se puede indultar al delincuente?- sino que le obliga a demostrar su inocencia: cabe mayor aberracin jurdica?

Por ello, no es de extraar que, desde que el Decreto 1791 entr en vigor en noviembre del 2008 hasta septiembre del 2009, slo ciento cincuenta (150) represaliados solicitaron la DRRP. Unas quince solicitudes mensuales. Los posfranquistas dirn que tan exigua cantidad demuestra que el franquismo fue un rgimen benvolo que propici una poca de extraordinaria placidez (Mayor Oreja dixit) Los represaliados sabemos que esos 150 compaeros se han visto obligados a pasar por las horcas caudinas de solicitar ese papelucho, sinrazn y afrenta por las que les acompaamos en el sentimiento y, en el caso de quien suscribe, acicate importante para escribir esta diatriba.

Una vez narrados a grandes trazos los pormenores de la DRRP en el tiempo y en la ms elemental de las teoras polticas, podemos acometer un breve anlisis ideolgico de las frases que, arrejuntadas, articulan es un decir- ese scubo. La carta puede resumirse en tres expresiones clave. A saber:

a) Reparacin moral

Segn reza la carta-Drrp, el solicitante tiene derecho a obtener la reparacin moral que contempla la Ley. Pero, tiene algo que ver la moral con el delito? La DRRP es un oficio jurdico, no un catecismo; la DRRP simula volveremos ms adelante sobre este trmino- perdonar un delito atribuido por un tribunal espaol antecesor de los tribunales que administra el ministro que firma la carta. Slo los tribunales franquistas se permitan uno ms de sus lujos- condenar por actos contra la moral pero este cargo era slo una propina aadida a los cargos reales que se nos imputaban a los represaliados siendo aquellos de carcter exclusivamente ideolgico.

Es evidente que el gobierno emisor de la DRRP se siente heredero de todos los gobiernos anteriores a presumir de esa herencia le suelen llamar sentido del Estado- pero su ministerio de Justicia debera ser un poco ms tcnico, no estar tan contaminado de la cosmovisin franquista y, a la postre, concentrarse en el delito y dejar la moralina para otras instancias. Todo ello sin necesidad subrayar que, para moral, la de los represaliados ni tampoco de preguntar de qu moral habla, olvidando asimismo que ni los represaliados ni tampoco los sbditos tenemos porqu compartir esa moral cuyo monopolio dice poseer el gobierno.

b) La honra

Si la expresin anterior delata una (intencionada) confusin entre lo civil y lo religioso, la expresin que ahora nos ocupa es puro arcasmo. La Democracia espaola honra a quienes injustamente, bla bla bla, estipula la DRRP adoptando una pose calderoniana. Honrar, se honra a los difuntos porque poco ms puede hacerse con ellos. En trminos jurdico-polticos, a los vivos slo se les puede resarcir si han sufrido injusticias o premiar si se han conducido con herosmo cvico es decir, obrando ms all de lo exigible-.

El uso abusivo del concepto honra aade el agravio a la injuria pues, siendo el meollo de la DRRP, retrocede la moralina a los tiempos del Siglo de Oro. Teniendo en cuenta que cada una de las 132 palabras de la carta ha sido sopesada por el consabido comit de expertos, es fcil suponer que la palabra central ha sido examinada con lupa. Dicho de otro modo, se ha preferido engatusar a los represaliados con un trmino ranciamente tradicional antes que situar la Declaracin en el campo de la modernidad.

Pues bien, sepan esos expertos que los represaliados tenemos derecho a ser lo que nos d la gana, calderonianos, punkies o astronautas. Incluso podemos ser simplemente modernos, aunque maldigan los redactores ministeriales. Adems, esos sabelotodos tambin deberan saber que fuimos perseguidos precisamente por defender obviedades parecidas. Defendimos y defendemos valores inmutables la libertad, el respeto a la vida, etc- pero, si bien es cierto que esos valores tambin son tradicionales en la historia de Espaa aunque los oculten los historiadores franquistas- ello es debido a su propia perennidad, no porque hayan sido patrimonializados por esa peligrosa majadera que llaman el espritu nacional. Por ende, seores jurisperitos, no confundan tradicin con folklorismo.

Por lo dems, todos los argumentos que hemos esgrimido en el examen de la reparacin moral pueden igualmente aplicarse a la honra.

c) Reparacin y reconocimiento personal

La DRRP pone buen cuidado en recalcar que el reconocimiento es personal. Ahora bien, puesto que todas las acciones delictuosas o de beneficencia- que mantuvimos los represaliados eran necesariamente polticas o sea, colectivas-, resulta infamante que no aparezca en la DRRP la menor alusin a lo colectivo.

Por otra parte, qu carajo quiere decir eso de reconocimiento personal? Es que antes no nos conocan y/o es que antes no nos consideraban personas? En cuanto a lo primero, es obvio que el franquismo nos conoca para nuestra desgracia-. En cuanto a lo segundo, hay que admitir que el franquismo no nos trat como personas pero ese no fue un rasgo exclusivo de los represaliados sino que era su propio fundamento: no tratar humanamente a nadie.

Va a retroceder la Democracia espaola hasta el punto de ignorar a las personas? Sonar duro pero si un sbdito as sea ex represaliado- necesita un papel para ser reconocido como persona al mismo tiempo que se le niega la posibilidad de pertenecer a algn colectivo, estamos ante una clara regresin hacia el franquismo. Por todo lo cual, podemos finiquitar el examen de estas tres expresiones clave concluyendo que la DRRP es moralista, religiosa, arcaizante e inhumana.

Pasaremos ahora a otros temas pero antes sealaremos que nos hemos dejado en el tintero algunos otros posibles comentarios sobre lo que nos parecen aspectos menores u obvios de la DRRP. Por ejemplo, por qu dice que la sentencia sufrida por el solicitante es injusta y aade que se emiti sin las debidas garantas si, a rengln seguido, se califica como ilegtimo al tribunal que la dict? No hay redundancia en la redaccin? Claro que la hay pero no nos parece que ella sea producto de la ignorancia sino algo peor: es un modo de evitar el abundamiento en lo principal, a saber, la ilegitimidad del tribunal franquista. De haberse limitado el funcionario redactor a constatar esa ilegitimidad, hubiera quedado manifiestamente claro que se impona obrar en consecuencia y la nica manera de hacerlo hubiera sido declarar reos a los jueces y magistrados de esos tribunales al menos, reos de prevaricacin ya que victimario no es trmino propio de los jurisperitos-. Justo una de las medidas que comporta la exigencia de justicia que manifestamos los represaliados.

Otro ejemplo: por qu un oficio del ministerio de Justicia emplea trminos como la Democracia espaola? qu significa eso en trminos jurdicos? Obviamente nada porque la democracia es un sistema poltico, no una figura legal. Por lo tanto, quien honra a los represaliados es, una vez ms, la Nada. Y as podramos seguir indefinidamente, tan numerosos son los vicios que la democracia espaola? acumula en esas pocas 132 palabras.

Resumiendo, la DRRP es una muestra tpica de esa cultura del simulacro que hegemoniza Occidente. Rezuma simulacin por los cuatro costados para empezar porque se sita en un horizonte de discriminacin en los terrorismos: se simula por pasiva que el franquista no existe mientras que, por activa, se cargan todas las significaciones en el terrorismo actual en la creencia de que esta sobrecarga de sentido har real y pecaminoso un fenmeno poltico que no admite tamaa simplificacin ni tan grosera manipulacin.

Por todo lo cual, reconsiderando lo expresado en el primer pargrafo de este texto, podemos concluir que, buena hija de pap Simulacro, la DRRP simula mezquindad pero en realidad es chantaje, humillacin, desvergenza, sadismo y terrorismo legal es decir, franquismo-.

Disposicin final

Habiendo sido demostrado por todo lo anterior que el Estado posfranquista no slo no tiene la menor intencin de democratizarse histricamente hablando sino que, por el contrario, reincide con hirientes regularidad y contumacia en ofender a los represaliados que ya ofendi su progenitor el franquismo, es irremediable concluir que, en materia histrica, es fiel copia de su pap aunque se diferencien en los grados de opresin cotidiana absolutamente intolerable en el original e intolerable a secas en la copia-.

Ello supone que el Estado posfranquista, por mucho que presuma de europesmo, no puede homologarse a las llamadas democracias de nuestro entorno. Entre otros gravsimos motivos porque le separan de ellas 150.000 desaparecidos que no son desaparecidos propiamente puesto que se sabe dnde estn. Mientras no se permita a sus deudos que los rescaten de las cunetas y mientras que, como ocurre actualmente aunque parezca increble, deje de empapelarse a los jueces que intenten aplicar la ley de memoria histrica, el Estado espaol seguir siendo la ms grotesca e hipcrita de las monarkas bananeras todas lo son pero la espaola, ms-.

Item ms, la misma ley de memoria histrica reconoce que hay vctimas pero cae en el ms ridculo de los absurdos cuando niega la existencia de victimarios. Semejante raciocinio, es exclusivo del pensamiento religioso valga el oxmoron- pues slo este tipo de pensamiento es capaz de predicar que existe un ente superior e inmaterial que es el nico responsable del castigo infringido a las vctimas. Cmo se llaman los Estados que piensan religiosamente?: teocrticos. Pues eso, menos ver la paja en el ojo de Irn y ms ver la viga en Espaa.

Otros, por ello, mientras otra ley no investigue y castigue a los victimarios, la teocracia espaola seguir vigente. Adems, debemos aadir que estamos ante una teocracia que goza de excelente salud como lo prueba que, en ms de tres dcadas, no haya sido procesado ni uno solo de los miles de verdugos que putrefactan el suelo patrio. Verdugos que, encima, todo el mundo conoce entre otras razones porque ellos mismos se siguen vanagloriando de sus crmenes lanse, por ejemplo, Fraga Iribarne y Martn Villa-. Mientras persista esta odiosa impunidad absolutamente absoluta, el Estado espaol seguir clasificado en el pelotn de las teocracias ms estrictas, en compaa de los EEUU, Reino Unido regido por la Papisa de la Iglesia anglicana-, Arabia saudita, Irn y etc.

Concluyendo: por teocrtico, el Estado espaol carece en absoluto de la capacidad cvica que le autorizara a expedir certificados de moral ciudadana u otra-. Por lo tanto, en la ms benigna de las apreciaciones, sus DRRP son un prodigio de imbecilidad pero, si le aplicamos un escrutinio ms riguroso, esas perversas cartitas aparecen como lo que verdaderamente son: un descargo para los verdugos, una humillacin excesiva para las vctimas, la ms torpe de las maniobras polticas contemporneas y, en definitiva, un monumento a la mala fe.

Seor Estado espaol, se lo voy a decir una sola vez: mientras sus actuales sayones estaban adulando a Franco para, poco despus, convertirse de la noche a la maana en demcratas de toda la vida, ramos nosotros, los represaliados, quienes, amparndonos en nuestros amigos, nos sacrificbamos para implantar alguna suerte de democracia a Espaa. Lo conseguimos en escasa medida, quiz porque Usted desapareci a muchos de los mejores mediante las muchas maneras que Usted conoce de desaparecer a una persona no slo fsicamente-. S de sobra que Usted sostiene la canallesca creencia en que las desapariciones se pueden indemnizar; lo comprendo porque Usted me ha dado pruebas ms que suficientes de que concibe a la ciudadana como un concepto cuantificable y, por ende, ve al ciudadano como una mercanca susceptible tanto de explotacin como de amortizacin. Pues bien, entrese de que los represaliados aborrecemos de la misma palabra indemnizacin. Llegue Usted a los extremos que quiera o pueda en su afrenta pero sepa que el recurso a la indemnizacin es la lnea roja. Entienda que, por respeto a la memoria de los desaparecidos, siempre exigiremos justicia pero nunca dinero y se lo digo as, en bruto, para ponerme a la altura de sus zafias entendederas-.

Esa justicia que pedimos puede articularse de muchas formas. Cada represaliado est en facultad de escoger la que le parezca y quien suscribe, aunque sospeche que muchos de mis compaeros comparten estos argumentos, slo se representa a s mismo y eso, no siempre-. Incluso admito que algunos represaliados se vern obligados a aceptar sus odiosas limosnas una infamia ms en su abultada cuenta corriente estatal-. Pero, salvaguardado por este reconocimiento de no representatividad y nula delegacin, vuelvo a utilizar un plural nada mayesttico sino literal para espetarle, seor Estado espaol, que con la ley de memoria histrica y con su grotesco colofn de la DRRPP, Usted nos ha provocado gratuitamente. La gratuidad de su afrenta no slo proviene de un capital moral del que Usted carece y que los represaliados jams le prestaremos sino tambin de que Usted se atribuye una tutela sobre nosotros que pretende ser benfica cuando histricamente ha sido siempre lo contrario y cuando la misma ley de memoria es un agravio ms. Sobre los represaliados, Usted slo tiene la fuerza. No pretenda tener, adems, la razn.

Seor Estado espaol, mtaselo en su psicoptica sesera: los represaliados estamos orgullosos de haber sido perseguidos. Para muchos, es casi nuestro nico timbre de honor pero qu gran honor! Usted lleva dcadas intentando enturbiarlo pero ni lo ha conseguido ni tampoco nos lo podr arrebatar as que -es un consejo gratuito-, no lo intente siquiera y mtase sus certificados de buena conducta donde le quepan porque somos nosotros, los represaliados, los nicos que tenemos la fuerza moral para expedir certificados de buena conducta cvica (vase un hipottico borrador de nuestra DRRP en Apndice 2)

Cada uno de mis compaeros harn lo que les dicte su conciencia pero, por mi parte, sepa que jams le expedir ninguno ni, huelga aadirlo, jams solicitar su DRRP aunque cumpla de sobra todos los requisitos exigidos. Al contrario, por las razones que se enumeran en el Apndice 2, junto a la presente le extiendo una DECLARACIN DE AGRAVIO Y DESCONOCIMIENTO INSTITUCIONAL. He dicho.

APNDICE 1

Reproduccin de la Declaracin de reparacin y reconocimiento personal (DRRP):

El Ministro de Justicia del Gobierno de Espaa

Habiendo quedado acreditado que D. MENGANO DE TAL padeci persecucin por razones polticas e ideolgicas, siendo injustamente condenado en virtud de sentencia dictada, sin las debidas garantas, por el ilegtimo Tribunal de Orden Pblico [fecha y algn otro detalle de la sentencia]

VISTO que D. MENGANO DE TAL tiene derecho a obtener la reparacin moral que contempla la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, mediante la cual la Democracia espaola honra a quienes injustamente padecieron persecucin o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura,

EXPIDE en su favor la presente DECLARACIN DE REPARACIN Y RECONOCIMIENTO PERSONAL, en virtud de lo dispuesto en el prrafo 1 del artculo 4 de la citada Ley.

En Madrid, a de de 2009

Francisco Caamao Domnguez

La anterior trascripcin imita al original en su tipografa (letra Arial 12 puntos, uso de negrillas y de maysculas) La Declaracin es enviada por correo postal en un oficio timbrado arriba a su izquierda por el escudo de Espaa y la leyenda MINISTERIO DE JUSTICIA. Hay un sello de tinta, circular, del ministro que acompaa a la firma autgrafa. La apariencia general de este papelucho es similar a la de los diplomas escolares papel blanco marfil de unos 100 gramos, semisatinado, con el timbre del Ministerio en relieve y el escudo espaol en colorines-. En el reverso, aparece un sello con el nmero de registro de salida y otras menudencias meramente administrativas.

Transcripcin del artculo de marras de la ley 52:

Artculo 4. Declaracin de reparacin y reconocimiento personal.

1. Se reconoce el derecho a obtener una Declaracin de reparacin y reconocimiento personal a quienes durante la Guerra Civil y la Dictadura padecieron los efectos de las resoluciones a que se refieren los artculos anteriores.

Este derecho es plenamente compatible con los dems derechos y medidas reconocidas en normas anteriores, as como con el ejercicio de las acciones a que hubiere lugar ante los tribunales de justicia.

NB. Este mismo artculo, en su prrafo 5, aade que la Declaracin no constituir ttulo para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado ni de cualquier Administracin pblica, ni dar lugar a efecto, reparacin o indemnizacin de ndole econmica o profesional.

APNDICE 2

El Represaliado por el franquismo

Habiendo quedado acreditado que la MONARQUA espaola y los GOBIERNOS que la han administrado desde el bito del genocida Francisco Franco siguen persiguiendo a los republicanos por razones polticas e ideolgicas y siguen injustamente condenndonos en virtud de leyes y decretos promulgados sin las debidas garantas jurdicas y sin el menor sentido comn,

VISTO que el contumaz ESTADO ESPAOL no ha reunido el menor mrito para obtener la reparacin moral que contempla el derecho natural, mediante el cual los demcratas espaoles honramos a quienes gobiernan en justicia,

EXPIDE en su contra la presente DECLARACIN DE AGRAVIO Y DESCONOCIMIENTO INSTITUCIONAL, en virtud de lo dispuesto por la prxima Constitucin republicana.

En Madrid, a treinta de octubre de 2009

Firmado: Yo

Rebelin ha publicado este artculo a peticin expresa del autor, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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