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(defendiendo el libre mercado)
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 07-11-2009

Racismo en tiempo de crisis: la Ley de Extranjera

Luis Zhu
En lluita / En lucha


Mientras la crisis econmica se alarga y golpea a las personas ms vulnerables, se debate en el Parlamento espaol una nueva reforma de la Ley de Extranjera que no har ms que acentuar la precariedad de la poblacin inmigrada.

Las migraciones han sido una constante a lo largo de la Historia de la Humanidad y una de las claves para la expansin de la especie humana en el planeta. Sin embargo, en las sociedades actuales existe una percepcin social espoleada por los medios de comunicacin y algunas organizaciones polticas de la inmigracin como fuente de conflictos y desestabilizacin. Ms concretamente, en el Estado espaol est visin se ha acentuado en los ltimos aos con el aumento de la poblacin inmigrada y, recientemente, con la crisis econmica. A ello hay que aadir el papel de unos medios de comunicacin de masas y unos partidos polticos que vinculan ms o menos explcitamente la inmigracin con la delincuencia y la saturacin del Estado del Bienestar. La Ley de Extranjera, cuya reforma est tramitando el Gobierno central, es un buen ejemplo de ello.

En este contexto, el ascenso de movimientos racistas es una realidad a tener cada vez ms en cuenta. Si bien es cierto que las acciones y manifestaciones racistas promovidas por organizaciones fascistas son an puntuales y de poca intensidad, en otros pases europeos las organizaciones fascistas han llegado incluso al Parlamento y a la televisin, como en Austria o Gran Bretaa.

Las personas inmigradas y la crisis

La poblacin inmigrada siempre refirindonos a personas provenientes de fuera del Estado experiment un rpido aumento entre los aos 2000 y 2009, pasando de 800.000 a 4.400.000 (9,7% de la poblacin total), segn datos de la Encuesta de Poblacin Activa (EPA). Ello se explica principalmente por el auge de sectores intensivos en mano de obra no especializada, sobre todo la construccin y los servicios, y por las condiciones de empobrecimiento de sus pases de origen. Ahora con la crisis, se ha pasado del 12,3% de paro en 2005 a un 28% entre la poblacin inmigrada. El maremoto empez primero en la construccin, donde el 24,7% de los parados son extranjeros. Despus golpe con an ms fuerza en el sector servicios, en el cual representan el 35% de los que se han quedado sin trabajo. As, las cifras de paro entre la poblacin inmigrada duplican y triplican su peso demogrfico real en el Estado espaol.

Las consecuencias del paro para estas personas son las mismas, pero se suman a otros problemas derivados de la Ley de Extranjera actual. Una de los ms graves es la renovacin y la obtencin de un permiso de trabajo, requisito imprescindible que exige la ley para su permanencia en el territorio. As, la imposibilidad de conseguir un contrato de trabajo de al menos 6 meses de duracin podra situar a estas personas en el llamado grupo de los inmigrantes irregulares, lo cual conlleva el riesgo de ser internado en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) por un perodo de hasta 4 meses antes de su expulsin del pas. En la misma situacin, o peor, se encontrarn las personas que hayan migrado recientemente y no puedan conseguir empleo legal. Como ya ha venido sucediendo en los ltimos aos pero ahora agravado por la destruccin de empleo, muchos trabajadores extranjeros tendrn que emplearse en la economa sumergida, ya que la situacin de caresta de medios de vida y la urgencia de enviar dinero a sus familias les impulsar a aceptar cualquier trabajo que puedan desempear. En casos extremos, son los propios inmigrantes los que se ofrecen a pagar los 6 meses de cotizacin a la Seguridad Social para asegurarse la renovacin del permiso. Esta tendencia se ve reforzada, por una parte, por empresarios que buscan preferentemente mano de obra extranjera, a sabiendas de la vulnerabilidad y la forzada docilidad de sta; y, por otra parte, la propia Ley de Extranjera facilita esta explotacin decimonnica al priorizar, mediante el criterio de situacin nacional de empleo, a los trabajadores autctonos a la hora de ofrecer los puestos de trabajo disponibles.

Otro problema importante que tendrn que afrontar los trabajadores inmigrados es la cuestin de la vivienda. Con la crisis y el paro, muchas personas no pueden pagar las hipotecas de unos pisos que, en algunos casos, haban construido ellos mismos. Esto no slo supone que tienen que renunciar a la hipoteca y vivir de alquiler en el mejor de los casos, sino que, en el caso de verse obligados a compartir vivienda, afectar a sus posibilidades de reagrupar a sus familiares. Uno de los requisitos que la Ley de Extranjera exige para la reagrupacin familiar es disponer de medios de vida para sustentar a la familia y una vivienda para acogerla. De este modo, con la prdida del empleo pueden perder tambin el derecho a la vida familiar, contemplado en la Declaracin Universal de los Derechos Humanos de la ONU.

Reforma o derogacin

Desde la primera Ley de Extranjera, promulgada en 1985 por el PSOE, sta ha sido reformada en cinco ocasiones, la ltima en 2003. En esta ltima reforma, en la que se mantienen los mecanismos restrictivos a la inmigracin, los aspectos que ms polmica han suscitado son tres.

Uno es la limitacin del reagrupamiento familiar, que slo permitir reagrupar a los ascendientes mayores de 65 aos. Esta medida, adems de atentar contra la vida familiar, sugiere implcitamente al impedir la entrada de personas en edad de trabajar por la va del reagrupamiento que la causa de la crisis son los trabajadores extranjeros, que stos sobran y que los puestos de trabajo deben ser para los autctonos.

El segundo es la ampliacin de la reclusin de las personas inmigradas sin documentos en los CIEs, que pasar de 40 a 60 das. Brian Anglo, de la asociacin Derechos y Papeles para Todos, nos recuerda que un CIE es como una prisin, a veces peor, con la diferencia de que quienes van a una crcel lo hacen por un delito, mientras que los inmigrantes son detenidos en los CIEs por una mera falta administrativa.

El tercero es que la poblacin inmigrada sin documentos legales no podrn empadronarse, de modo que no tendrn derecho a acceder a la sanidad ni a la educacin bsica, como s pueden hacerlo ahora si figuran en el padrn municipal.

En conjunto, la Ley de Extranjera y su reforma se convertir en una herramienta restrictiva, utilitarista y criminalizadora de las personas que migran desde fuera del Estado. Mantiene las medidas policiales, jurdicas y los vergonzosos CIEs para impedir la llegada y permanencia de los trabajadores inmigrados, si la situacin nacional de empleo no lo permite. Da legitimidad a la idea de que los inmigrantes acaparan los recursos pblicos, cuando la mayora de estudios sealan lo contrario. A modo de ejemplo, en 2005 su balance de gastos y aportaciones a las arcas pblicas arroj un saldo favorable de 5.000 millones de euros (0,5% del PIB), segn el informe Inmigracin y economa espaola, de la propia Oficina Econmica del Presidente. En el 2007, el grupo de investigacin Polticas pblicas y bienestar social, de la Universidad Autnoma de Madrid, seal en su informe Inmigracin y gasto social que el gasto social dedicado a las personas inmigradas ascendi al 3,6% del total, cuando el peso relativo de stas dentro de la sociedad era de un 9% aproximadamente.

Por ltimo, sealar que la Ley de Extranjera es en s misma discriminatoria, como nos explica Brian Anglo: Nosotros, a diferencia de otras organizaciones, no slo estamos contra la reforma de la ley, sino que estamos contra la Ley de Extranjera en s misma porque el hecho de que exista una ley especfica para los extranjeros es ya una forma de discriminacin.

Contra la Ley de Extranjera, contra el racismo

La asociacin Derechos y Papeles para Todos no ha sido la nica que se ha pronunciado en contra de la Ley de Extranjera. En momento de escribir este articulo, activistas de varias decenas de organizaciones agrupadas en la Red Estatal por los Derechos de los y las Inmigrantes se encontraban a 70 kilmetros de Madrid en la Marcha por la Igualdad, que haba empezado en Barcelona el 23 de septiembre y que acabar en la capital para protestar contra la Ley. Asimismo, algunos sindicatos como CGT y organizaciones polticas de izquierdas como Izquierda Anticapitalista han manifestado su absoluto rechazo a la Ley de Extranjera y han reclamado la regulacin sin condiciones y la igualdad de derechos para todas las personas inmigradas.

Antes de la crisis, en septiembre de 2007, un informe del Centro de Investigaciones Sociolgicas (CIS) ya indicaba que un 70% de la poblacin pensaba que haba bastantes o demasiados inmigrantes en el Estado espaol. Si a esta percepcin le sumamos una crisis econmica que golpea a los sectores ms vulnerables de la sociedad, como jvenes, mujeres y inmigrantes, tenemos un contexto en el que una ley como la de extranjera no hace ms que contribuir a la precarizacin y a la exclusin social de las personas inmigradas. Ello fomenta el conflicto social entre la poblacin inmigrada marginada y la autctona, facilitando que calen hondo los discursos racistas. Incluso una institucin nada sospechosa de izquierdista como el Observatorio Espaol del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) afirmaba en su informe de 2008 Evolucin del racismo y la xenofobia en Espaa que el racismo y la xenofobia se exteriorizan ms en los segmentos de poblacin que se hallan expuestos a situacin de competencia con la poblacin inmigrada: las clases bajas y las clases medias-bajas. Son stos quienes ms compiten con los inmigrantes, ya para acceder a puestos de trabajo, servicios o prestaciones pblicas. No las capas altas que, por el contrario, pueden beneficiarse del aumento de personas con necesidad de trabajar en un mercado donde ejercen de empleadores.

Desde las organizaciones que nos consideramos anticapitalistas, revolucionarias e intercionalistas siempre hemos considerado que el racismo no es algo inherente a la naturaleza humana, sino un mecanismo del sistema socioeconmico, el capitalismo, para dividir a los trabajadores entre autctonos y extranjeros, restarles fuerza y as explotarlos mejor. Asimismo, el racismo y el fascismo no hacen otra cosa que culpabilizar a los sectores ms dbiles, inmigrantes o LGTB por ejemplo, de los problemas de la clase trabajadora. La Ley de Extranjera agudizar la precariedad de las personas inmigradas y dar municin a los discursos racistas. Ante esta ley y la crisis econmica, debemos recuperar en los centros de trabajo, en los sindicatos y en la calle aquel grito de nativa o extranjera, la misma clase obrera.

Fuente: http://www.enlucha.org/?q=node/1712



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