Portada :: Colombia
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 11-11-2009

Violencia sexual en el conflicto armado sin un slo fallo condenatorio

ngela Castellanos Aranguren
SEMlac


A ms de un ao de la sentencia de la Corte Constitucional que ordena al Estado investigar los casos de violencia sexual cometidos en el marco del conflicto armado que vive Colombia y desarrollar una poltica pblica para las colombianas desplazadas, no hay un slo fallo condenatorio y los programas estn muy retrasados.

"Toca hacer acciones de tutela (medida legal para defender derechos) para que le den a una la ayuda humanitaria, y cuando una gestiona algo (para la comunidad desplazada) la vuelven a amenazar (los grupos armados). Yo tengo un ao de estar en Bogot, y slo me han dado un avantel (radio-telfono), pero eso no sirve para parar las balas. Y a las que hemos sido violadas, nos toca contar la historia varias veces, hasta el vigilante de las oficinas pblicas tiene que saber que una fue violada".

As resumi para SEMlac C.A., una mujer de 32 aos que sufri cuatro desplazamientos, el asesinato de su hermano, un secuestro de los paramilitares y fue violada por soldados.

"Yo viva de la agricultura, pero perdimos la tierra. He recibido apoyo psicolgico de la organizacin 'Tierra de Hombres', pero dicen que necesito una atencin ms profunda". C. A., adems, fue testigo de tortura sexual que llev a la muerte a otras mujeres.

Las colombianas no slo son vctimas del conflicto armado, en tanto que sus familiares son asesinados, secuestrados o desaparecidos. Tambin enfrentan ataques, amenazas, asesinatos, al igual que los varones. Adems, son vctimas de brutales actos de violencia sexual, tales como mutilacin, esclavitud sexual y violacin.

Con el fin de intimidar a la comunidad, cobrar venganza y ejercer control social, los grupos armados -paramilitares, guerrilla y fuerzas armadas- han cometido abusos sexuales contra las mujeres y nias de la poblacin civil.

Como resultado, muchas colombianas de las zonas rurales abandonaron sus tierras y huyeron hacia las ciudades capitales, constituyndose en poblacin en situacin de desplazamiento forzado.

En el auto 092 de 2008, la Corte Constitucional dispuso, especficamente, que la Fiscala de la Nacin d trmite acelerado a los casos de violencia sexual perpetrados en el contexto del conflicto armado, y ordena la creacin y ejecucin de 13 programas para llenar los vacos en la atencin a las mujeres desplazadas.

"Esta sentencia es el producto de la evaluacin de la situacin humanitaria de las mujeres desplazadas, a travs de una audiencia con ellas, de la cual la Corte concluy que los derechos que tienen las colombianas no se estn cumpliendo para las desplazadas y, por ello, mediante los programas que ordena, busca que se ejecute una poltica pblica de gnero para ellas", explic a SEMlac Marco Romero, director de la ONG Consultora para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES).

Los programas ordenados por la Corte comprenden prevencin de violencia sexual, salud, educacin, reparacin, tierra, asistencia humanitaria y prevencin de violencia intrafamiliar y comunitaria.

Estos "deban estar diseados y en ejecucin, a nivel nacional, en octubre del ao pasado y apenas hay nueve, en etapa de diseo", afirm a SEMlac Lida Nez, coordinadora del Programa de Desplazados de la ONG Corporacin de Investigacin y Accin Social y Econmica (CIASE), que integra la Mesa de Seguimiento a los proyectos dictados en la mencionada sentencia.

Sin embargo, a nivel regional han avanzado un poco ms. Recientemente se empezaron a ejecutar estas iniciativas en la ciudad de Medelln, pero slo para las 98 mujeres que tienen una medida de proteccin emitida por la Corte Constitucional.

Entre los programas ordenados por la Corte Constitucional, uno se enfoca hacia la prevencin de la violencia sexual contra las mujeres desplazadas y la atencin integral a sus vctimas, y otro a la prevencin de la violencia intrafamiliar y comunitaria en contra de la misma poblacin.

"Accin Social -el organismo gubernamental encargado de atender a los desplazados- resolvi unir estos dos planes en uno, cuando la Corte orden que fuesen dos diferentes. En sntesis, Accin Social no ha mostrado avances en su cumplimiento. Este organismo se defiende diciendo que su tarea es coordinar. Esa es una psima interpretacin de lo ordenado por la Corte Constitucional", asever Nez.

De otro lado, el director de CODHES, organizacin que hace parte de la Mesa de Seguimiento de los casos de violencia sexual, afirm que "aunque la Fiscala ha avanzado en las investigaciones, estas van muy lentas y todava no hay fallos condenatorios".

Si bien 70 por ciento de las denuncias por violacin de derechos humanos cometidos en el conflicto armado son presentadas por mujeres, muy pocas son sobre delitos sexuales.

De las 179.990 denuncias reportadas hasta diciembre de 2008, solo 28.644 se refieren a actos punibles contra las mujeres, y entre estas apenas 164 son referidas a delitos sexuales.

"En general, las mujeres sienten temor y pudor de denunciar los abusos sexuales. Organizaciones de mujeres y ONGs trabajan por su visibilizacin, pero son conscientes de que se trata de delitos cuyas vctimas requieren acompaamiento; y dado que el Estado no lo est brindando adecuadamente, pues las ONGs no promueven la denuncia, ya que sera irresponsable", explic a SEMlac Luz Piedad Caicedo, coordinadora de Investigacin de la ONG Corporacin Humanas-Colombia.

Sin embargo, las ONGs no se han limitado a dar seguimiento, tambin han aportado para contribuir con el cumplimiento de la sentencia de la Corte. De hecho, la Mesa de Seguimiento dise los lineamientos de los programas que fueron acogidos por la Corte Constitucional, de manera que incorporen el enfoque de gnero.

Por su parte, la Corporacin Humanas lanz en julio pasado la primera "Gua para judicializar casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado".

Ese documento, que se elabor luego de analizar 276 casos de violencia sexual, es una herramienta para los funcionarios judiciales, a fin de que investiguen el delito en su contexto, puedan entender que no se trata de un delito aislado y lo consigan documentar como parte de una estrategia de guerra", afirm a SEMlac Cecilia Barraza, directora de la Corporacin Humanas-Colombia.

Si bien este pas no tiene tipificado el delito de lesa humanidad, s lo contempla como circunstancia de agravamiento en el Cdigo Penal. "Colombia debe armonizar su legislacin con el Estatuto de Roma para poder pensar en declarar la violencia sexual en el marco del conflicto como un crimen de lesa humanidad. Y an as, es difcil, pues se requiere probar varias condiciones", aclar Barraza.

No obstante, la gua busca contribuir a que los casos empiecen a ser investigados, con miras a darles carcter de crmenes de guerra.



Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter