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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 21-11-2009

Tortura
La ONU reclama al Estado espaol la abolicin de la incomunicacin

Gara


El Comit contra la Tortura de la ONU ha hecho pblicas hoy las conclusiones finales sobre el informe presentado por el Estado espaol los pasados 12 y 13 de noviembre en relacin a su respeto a los principios de la Convencin contra la tortura y sobre las medidas adoptadas para evitar la tortura y los malos tratos.

Entre sus recomendaciones, el organismo de Naciones Unidas destaca que "el Estado parte debe revisar el rgimen de incomunicacin, con el fin de su abolicin, y asegurar que todas las personas privadas de su libertad tengan acceso a los siguientes derechos fundamentales del detenido".

Ah enumera el derecho a escoger un abogado de su eleccin; a ser visitado por un mdico de su eleccin; "que se ponga en conocimiento de un familiar o persona que el detenido desee el hecho de la detencin y el lugar de custodia en que se halle en cada momento; y el derecho a "entrevistarse reservadamente con un abogado", un derecho que, segn el Comit contra la Tortura, "actualmente viene restringido an cuando ste sea un abogado de oficio".

Junto a ello, considera que el Estado espaol "tambin debera implementar y fortalecer las medidas programticas previstas en el Plan de Derechos Humanos en la Medidida 97", esto es, que "el sistema de grabacin cubra todas las dependencias policiales del pas y que se instale en las celdas y sala de interrogacin y no se limite a las reas comunes".

Reparacin y derecho a indemnizacin

Respecto a las denuncias de tortura, reitera que el enjuiciamiento de actos de tortura "no se debe limitar por el principio de legalidad ni por el efecto de la prescripcin", y afirma que el Estado "debera asegurar que los actos de tortura, que tambin incluyen las desapariciones forzadas, no sean crmenes sujetos a amnista". Adems, incide en que el Gobierno "debe asegurar la reparacin y el derecho a una indemnizacin a toda vctima de actos de tortura".

"El Estado parte debera asegurar la imprescriptibilidad de la tortura en todo caso", sostiene el informe de conclusiones.

Ahondando ms en ese asunto, el Comit de la ONU critica "la imposibilidad actual de aportar datos sobre denuncias durante la custodia y detencin policial" y seala que "los datos sobre casos de tortura en centros penitenciarios, si bien disponibles, resultan de alguna manera imprecisos y discordantes, en particular por lo que concierne a los resultados de las investigaciones por tortura, las condenas judiciales y las sanciones impuestas".

Sobre las condiciones de detencin, el Comit contra la Tortura cree que todava es "elevado el nmero de suicidios y muertes violentas" que se producen tanto durante la custodia policial como en las prisiones, por lo que insta al Gobierno espaol a que investigue "pronta, exhaustiva e imparcialmente todos los casos de fallecimiento de detenidos" y proporcione "cuando sea apropiado, indemnizacin adecuada a las familias de las vctimas".

El Defensor del Pueblo ejercer de Mecanismo de Prevencin

En su ltimo punto, relativo a los protocolos facultativos y mecanismos de prevencin de la tortura, el organismo internacional recuerda que se ha establecido que el Defensor del Pueblo espaol, Enrique Mgica, ejercer las funciones del Mecanismo Nacional de Prevencin de la Tortura, mientras que el un adjunto presidir el Consejo Asesor como rgano de cooperacin tcnica y jurdica.

A ese respecto, el Comit contra la Tortura recomienda al Estado espaol que asegure que el Defensor del Pueblo "disponga de recursos humanos, materiales y financieros adecuados para ejercer de manera independiente y eficaz su mandato de prevencin en todo el pas", e insta al Ejecutivo a que "parte de los miembros del Consejo Asesor sean seleccionados a travs de un proceso pblico y transparente y que incluya expertos reconocidos en varias materias que ataen a la prevencin de la tortura, incluyendo representantes de la sociedad civil".

Fuente: http://www.gara.net/azkenak/11/167783/es/La-ONU-reclama-Estado-espanol-abolicion-incomunicacion



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