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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 28-11-2009

Derechos contra transnacionales

Erika Gonzlez y Jess Carrin
OMAL


La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos organiz recientemente una consulta pblica en Ginebra (Suiza) sobre el marco de actuacin para transnacionales y derechos humanos -Proteger, respetar, remediar- impulsado por John G. Ruggie, representante especial del secretario general para derechos humanos y multinacionales. En este mbito, algunas organizaciones y redes sociales pusieron sobre la mesa el debate sobre la necesidad de unas normas de obligado cumplimiento para las multinacionales en materia de derechos humanos. Aunque este debate tuvo su origen en la dcada de los setenta -cuando se intent aprobar un cdigo vinculante de normas para las multinacionales en la ONU-, desapareci durante la dcada de los ochenta y noventa cuando las propias Naciones Unidas decidieron impulsar exclusivamente los cdigos de conducta voluntarios, como el Global Compact.

Las voces que reclaman hoy volver a incorporar en el debate la regulacin obligatoria para las transnacionales fundamentan su propuesta en que las quejas de afectados y afectadas por los impactos sociales, econmicos, culturales y ambientales de estas compaas no ha parado de crecer. De hecho, las denuncias estn cobrando cada vez mayor relevancia social y son ms difciles de ignorar y ocultar. Es en este contexto en el que se debe situar el plan de Ruggie, que, ya en su anlisis inicial, alberga multitud de contradicciones. Por ejemplo, la postura de Ruggie reconoce que no se puede dejar en manos del mercado y de la voluntariedad de las empresas el respeto de los derechos humanos, pero, a su vez, no cuestiona el Global Compact, sino que ms bien lo respalda.

El marco propuesto promueve el deber estatal de proteger a las vctimas, la obligacin empresarial de respetar los derechos humanos y la mejora del acceso efectivo a mecanismos de reparacin de las vctimas. De estos tres ejes, en la citada consulta, Ruggie puso la mayor parte de la responsabilidad en los gobiernos nacionales. Las organizaciones sociales ven en esta postura un aspecto positivo y numerosos interrogantes. El positivo es que recoge parte de las demandas de movimientos sociales que denuncian la falta de coherencia de gobiernos, como el espaol, que promocionan los derechos humanos pero luego, en sus polticas econmicas, firman acuerdos bilaterales y comerciales cuyas condiciones favorecen a las multinacionales espaolas, mientras vulneran los derechos humanos de las poblaciones receptoras. El relator tambin encomi a los gobiernos donde se ubican las centrales de dichas transnacionales a la aplicacin del principio de la extraterritorialidad para hacer que dichas corporaciones respeten los derechos humanos en terceros pases donde actan.

Ahora bien, detrs de estos planteamientos se encuentran mltiples interrogantes. El primero de todos tiene que ver con la crisis de representatividad que tiene hoy la ONU para resolver cualquier conflicto. Por otra parte, es altamente cuestionable dejar el control sobre las multinacionales en manos de gobiernos que comparten intereses con estas corporaciones y cuyas polticas estn subordinadas a acuerdos internacionales de libre comercio. Es real que los gobiernos de Nigeria, Sudn, Colombia o Filipinas prioricen los derechos humanos frente a los derechos de las transnacionales? Pero an hay ms: si hasta ahora las iniciativas de crear normativas obligatorias sobre derechos humanos para las transnacionales en la ONU no han prosperado es porque han contado con la oposicin frontal de los gobiernos de origen, que protegen de forma incondicional los intereses de sus transnacionales.

Con el fin de aportar a este debate, Enlazando Alternativas (red birregional Europa-Amrica Latina) y el Tribunal Permanente de los Pueblos, que llevan aos en el seguimiento y denuncia de los impactos de las multinacionales, proponen la creacin de un cdigo normativo internacional que delimite las responsabilidades legales de las compaas multinacionales. Adems, plantean que se debera conformar un centro independiente para el seguimiento de las denuncias de sus impactos e insisten en la necesidad de una Corte Internacional que pueda juzgar a las empresas transnacionales por sus delitos. La idoneidad de una Corte Internacional sobre derechos humanos que pueda juzgar a las multinacionales tambin fue planteada recientemente por dos relatores de Naciones Unidas, si bien la propuesta estaba enmarcada en un proyecto que no pertenece a la ONU llamado Iniciativa de Suiza. En cualquier caso, las tres medidas citadas han sido desechadas por Ruggie argumentando que la falta de recursos econmicos y la aprobacin de un Tratado por una mayora de naciones retrasaran dcadas su realizacin. Dicho argumento contrasta enormemente con la rapidez con la que el G-20 se puso de acuerdo y aprob un presupuesto de ms de un billn de dlares para salir al rescate de la banca en plena crisis financiera.

Para concluir, el marco Proteger, respetar, remediar presentado por Ruggie traspasa la responsabilidad sobre el control de las transnacionales a los Estados sin concretar cdigos, organismos, ni cortes internacionales en las que se puedan denunciar dichos delitos. Parece que, como en otras muchas ocasiones, las palabras se las llevar el viento. Mientras tanto, y siendo conscientes de que las soluciones no son sencillas, las vctimas, las organizaciones sociales, sindicales, ambientales, etc. van a seguir trabajando para poner en la agenda social estos debates. Y fortalecer as la presin social que obligue a los gobiernos de origen de las compaas y a las Naciones Unidas a tener la voluntad poltica necesaria para hacer respetar los derechos humanos a las transnacionales en cualquier parte del mundo.

Erika Gonzlez
Observatorio de Multinacionales en Amrica Latina - Paz con Dignidad (OMAL)
Jess Carrin
Observatorio de la Deuda en la Globalizacin (ODG)

Fuente: http://www.omal.info/www/article.php3?id_article=2522



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