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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 30-11-2009

Llamamiento a la comunidad internacional
Centroamrica es una zona de asesinatos y persecucin sindical

Asociacin Nacional de Empleados Pblicos y Privados (ANEP)
Rebelin


Centroamrica debe ser declarada como "Zona de Emergencia Sindical".

Comunidad de Birr, Heredia, Costa Rica
Viernes 27 de noviembre de 2009.

Encuentro Centroamericano, del Caribe y Mxico de organizaciones afiliadas y fraternas de la Federacin Sindical Mundial (FSM) El Sindicalismo Clasista: Retos y Estrategias

Jueves 26 y viernes 27 de noviembre de 2009

Llamamiento a la comunidad internacional: Centroamrica debe ser declarada ZONA DE EMERGENCIA SINDICAL

1- Demandamos de la comunidad internacional, de los gobiernos del orbe, de las instituciones globales, de las organizaciones no gubernamentales (ongs), de las organizaciones sociales y sindicales, de las dems autoridades y personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos fundamentales, se proceda de forma urgente a declarar a Centroamrica, Zona de Emergencia Sindical. Nuestro vehemente llamado al mundo se fundamenta en lo siguiente:

2- En toda la regin de la Amrica Central, conforme avanza y se consolida el modelo neoliberal, las oligarquas, aliadas al capital financiero transnacional, han procedido a satanizar y criminalizar la accin de lucha desplegada por las organizaciones sindicales y sociales. Esta criminalizacin se manifiesta de dos formas:

3- La primera consiste en el despliegue articulado de una costosa campaa de ataque desde los grandes medios de comunicacin convertidos en verdaderos latifundios mediticos, desde los grupos de poder econmico y desde el propio Estado (en algunos casos), contra la dirigencia sindical y sus organizaciones; desprestigindolas, calumnindolas, para presentarlos ante la opinin pblica como integradas por personas haraganas, vagas, corruptas, defensoras de golleras, enemigas del progreso, conspiradoras y traidoras de la Patria; y, desde luego, cerrando a los sindicatos todo espacio para hacer llegar a la opinin pblica, sus acciones, posiciones y propuestas. Se trata, en el mejor de los casos, de denigrar a los sindicatos y a sus dirigencias, hasta hacerlos aparecer como delincuentes y personas despreciables ante la opinin pblica y, peor an, ante la propia clase trabajadora.

4- La segunda consiste en pasar de las palabras a los hechos. Desde los estados y gobiernos controlados por grupos de poder poltico-empresarial, se despliega toda una campaa reaccionaria contra la organizacin sindical y su dirigencia que se plasma en la persecucin abierta: amenaza, enjuiciamiento, encarcelacin, creacin de sindicatos patronales y otras organizaciones pseudolaborales (como las asociaciones solidaristas y los comits de empresa para negociar los famosos arreglos directos), buscando constreir con ello toda posibilidad de organizar sindicatos. En este camino han llegado al extremo de encarcelar y de asesinar a la dirigencia sindical. Adems, para protegerse y asegurarse una actuacin conforme a la ley, estos violadores de las libertades sindicales han procedido a dictar leyes donde se criminaliza, y por tanto se penaliza, la accin sindical, dndole rostro de legalidad a sus criminales acciones.

5- Las polticas neoliberales, con la hambruna que genera y con las prdidas de puestos de empleo intrnsecas a las mismas, han propiciado que los trabajadores y las trabajadoras, y as lo proclaman los empleadores inescrupulosos, vean como una bendicin contar con un empleo aunque sea de forma precaria y mal pagado. La resignacin es tal que, constantemente, se escucha decir la frase lapidaria, peor es nada. Considrese que en la regin centroamericana, globalmente comprendida, el desempleo alcanza al 60% de la poblacin. Esta cruda realidad, aunada a la criminalizacin de la organizacin sindical y de su dirigencia, hacen que los trabajadores y las trabajadoras ven como una amenaza al sindicato, pues en lugar de garantizar seguridad en el empleo, el reclamo del sindicato por el respeto y el fomento de los derechos laborales, se torna en amenazante y es usado por el empleador para chantajear a la clase trabajadora. El arma es, si quiere empleo, aljese o renuncie del sindicato.

6- Violacin del Derecho Humano fundamental de organizarse en sindicatos. En toda la regin las constituciones, los tratados de la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT), las diferentes declaraciones universales y regionales sobre Derechos Humanos, las leyes y los reglamentos nacionales, establecen el derecho de las personas trabajadoras a organizarse en sindicatos. Pero no hay tal. Los gobiernos, los empresarios hacen caso omiso a estas normas y los ministerios de Trabajo, instituciones encargadas de tutelar estos derechos, se apegan a las orientaciones de los gobiernos y patrones; y, en el mejor de los casos, aunque tengan alguna voluntad de hacer respetar la ley sindical, en la prctica no cuentan con posibilidades materiales y reales para fiscalizar su cumplimiento y, mucho menos, propiciar sanciones por ello.

7- Los gobiernos se niegan a cumplir con los convenios y tratados internacionales de la OIT, ratificados por los estados de la regin, haciendo caso omiso de las recomendaciones y resoluciones de este organismo. Ante ello, la OIT permanece impvida.

8- En el TLC con los Estados Unidos de Amrica (CAFTA, por sus siglas en ingls), impuesto a los pequeos pases de la regin centroamericana (incluyendo a Panam), as como a la Repblica Dominicana, se establece un captulo de normas mnimas en materia laboral que deben cumplir los estados y gobiernos firmantes. Las organizaciones sindicales de Guatemala, ante situaciones tan graves como los asesinatos de sus dirigentes, invocaron tal captulo de lo expuesto en ese TLC y el resultado fue negativo. La norma no funciona, tratndose de derechos laborales.

9- La Unin Europea (UE), que tanto se engalana con su discurso de cooperacin y de dilogo poltico, establece en su Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias (SGP plus), una serie de sanciones comerciales para aquellos pases beneficiados con las mismas pero que se nieguen a cumplir con los derechos humanos laborales universalmente reconocidos (como el de formar sindicatos sin perder el empleo por ello).

10- La realidad es una. Las oligarquas exportadoras, importadoras y financieras de la regin centroamericana, coordinadas entre s por asuntos de negocios en comn, incumplen, hasta el colmo, esta normativa, incluso ensangrentando y violentando las instituciones democrticas como lo son los casos extremos de Guatemala y de Honduras. La famosa UE permanece, tambin, impvida.

11- Situaciones alarmantes. Las diferentes formas de violacin a la Libertad Sindical en cada uno de los seis pases de la regin centroamericana, merece que, de una manera demasiado general, destaquemos un pequesimo detalle por pas. Veamos:

12- Guatemala. En lo que va del ao 2009, el suelo de Guatemala se ha regado con la sangre de 11 dirigentes sindicales asesinados. Esto sin contar los asesinatos, las amenazas y los secuestros de dirigencia comunal, campesina, indgena, juvenil y de mujeres. En este pas, la oligarqua asesina, sin asco alguno y al amparo de una impunidad degenerada, acta abominablemente.

13- Honduras. 26 asesinatos de dirigentes sindicales y de otras organizaciones populares; cientos de torturados y encarcelados. Sindicatos proscritos, cerrados y una dirigencia perseguida por las fuerzas polticas y policacas del rgimen de facto.

14- Panam. Tres asesinatos de militantes sindicales, 100 enjuiciados por acciones sindicales en defensa de derechos fundamentales, como el derecho a la salud. Creacin de sindicatos amarillos, vicariato y amenaza permanente a la dirigencia sindical y de nuevo, la impunidad reina.

15- Nicaragua. Si bien el actual gobierno de este pas, reconoce y auspicia el ejercicio de la libertad sindical, lo cierto es que quienes ostentan el poder real en esa hermana nacin (el capital oligrquico, financiero, exportador e importador), obligan a la dirigencia sindical a enfrentar, a diario, las arbitrariedades a las que acude esta oligarqua cuando la clase trabajadora acude a su de derecho de sindicalizacin.

16- El Salvador. El nuevo gobierno, de corte progresista, ha tomado medidas para asegurar el derecho a sindicalizarse y formar sindicatos en el sector Pblico, legalizando en lo que va de su administracin, unas diecisis organizaciones sindicales. No obstante lo anterior, en el sector Privado, al igual que en toda la regin, se persigue y se niega el derecho de sindicalizacin de los trabajadores y de las trabajadoras. Tal y como lo dijimos, a pesar de la voluntad poltica gubernamental, el Ministerio de Trabajo no cuenta con los recursos ni con los instrumentos jurdicos apropiados para tutelar, con oportunidad, el derecho de sindicalizacin.

17- Costa Rica. Por tratarse de una democracia centenaria, como lo pregona a diario la oligarqua nacional, en este pas debera respetarse, para ser consecuentes, el derecho de la clase trabajadora a organizarse en sindicatos, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Tenemos que en este pas, en el sector Pblico, si bien se permite la sindicalizacin, se niega a la clase trabajadora de este sector, el derecho fundamental de negociar convenciones colectivas de trabajo, violentando con ello los tratados internacionales en materia de Negociacin Colectiva. Por otra parte, en el sector Privado, aunque la ley lo permite, el derecho de sindicalizacin es una quimera, dado que en la prctica este derecho est vedado a los trabajadores y las trabajadoras de este sector.

18- En las empresas privadas, la palabra sindicato es sinnimo de despido. Se tiene que el Estado y el Gobierno de Costa Rica, estn sentados en el banquillo de los 25 pases acusados, en estos momentos y en el seno de la OIT, de violentar las libertades sindicales. Resulta impresionante constatar que el actual mandatario costarricense, Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias Snchez, haya tenido la desfachatez de deshonrar su propia palabra empeada en el mismsimo seno de la sede mundial de la OIT, cuando, en el 2006, le minti a esta organismo internacional sobre la puesta al da de Costa Rica en cuanto a sus compromisos pendientes de Libertad Sindical en el Sector Privado y de Negociacin Colectiva en el sector Pblico. A la fecha, ya terminando su gobierno, Costa Rica no ha cumplido con nada, burlndose, nuevamente, de la OIT, exponiendo al pas a ser condenado en la prxima conferencia, de junio de 2010. Smese, adems, que en este pas se est ensayando una nueva moda para amedrentar a la dirigencia sindical: enjuiciarlos en los tribunales de justicia. Y en los dos ltimos aos y para vergenza de esta democracia, ya se procede a amenazar y atentar contra la vida de los y las dirigentes sindicales.

19- Por tanto, solicitamos a las autoridades y Gobiernos del mundo y a los organismos internacionales tutelantes de los derechos humanos fundamentales, especialmente a la OIT; a las organizaciones no gubernamentales que trabajan por la defensa y promocin de los Derechos Humanos; a las organizaciones sindicales hermanas y fraternas de todas las corrientes del sindicalismo internacional, as como a todas las personas comprometidas con la causa de los Derechos Humanos, manifestarse y exigir de la comunidad internacional que la Regin Centroamericana sea declarada, Zona de Emergencia Sindical.

20- Con su esfuerzo y aporte, esperamos cese la violencia, cese el derrame de sangre obrera en las tierras centroamericanas y el ejercicio abierto del Derecho Humanos a la libre sindicalizacin sea una hermosa realidad para el establecimiento de una real convivencia democrtica civilizada.

Que vivan las Trabajadoras y los Trabajadores del mundo!

Rebelin ha publicado este artculo a peticin expresa de los autores, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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