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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 01-12-2009

Carta de denuncia de la Repblica Bolivariana de Venezuela a la Repblica de Colombia ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la Repblica Bolivariana de Venezuela
Rebelin


Caracas, 23 de Noviembre de 2009

Seor Embajador:

Tengo el honor de dirigirme a Su Excelencia, en nombre del Gobierno de la Repblica Bolivariana de Venezuela, en la oportunidad de transmitir, para la debida consideracin de los Miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la fuerte preocupacin del Gobierno de Venezuela sobre el conflicto armado colombiano el cual constituye, en nuestra opinin, una seria amenaza para la paz y la seguridad internacionales y me permito solicitarle que el mismo forme parte de la agenda de trabajo del Consejo de Seguridad.

Son claras las demostraciones del pueblo y Gobierno venezolano a favor de la paz y la legalidad internacional, cuya conducta se sustenta en una clara vocacin pacifista y solidaria, cimentada en el apego a las normas y principios del derecho internacional pblico, consagrada en la Carta de las Naciones Unidas y otros instrumentos jurdicos internacionales relevantes.

Venezuela ha expresado de manera reiterada su preocupacin por el impacto del conflicto armado en Colombia sobre la paz y estabilidad en la regin. Este clima de enfrentamiento en territorio colombiano se ha visto agudizado por la aplicacin por parte de las autoridades de ese pas de una poltica que privilegia, desde la perspectiva de la fuerza, la va militar para solucionar una situacin de violencia armada entre sectores de la sociedad de ese pas que lleva ms de varias dcadas y tiene su origen en un marcado cuadro de desigualdad econmica y social que an persiste.



Su Excelencia

THOMAS MAYR-HARTING

Presidente del Consejo de Seguridad

Representante Permanente de Austria ante las Naciones Unidas

Organizacin de las Naciones Unidas

Nueva York.


El Gobierno del Presidente Hugo Chvez Fras ha manifestado de manera reiterada la necesidad de que las partes involucradas en el conflicto armado colombiano logren una solucin poltica negociada al mismo. En tal sentido, Venezuela, por solicitud de Colombia, particip como facilitador del proceso que condujo a la liberacin de ciudadanos colombianos retenidos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejrcito del Pueblo, el pasado ao. Este esfuerzo de facilitacin adelantado por el Presidente Hugo Chvez Fras fue reconocido en una Declaracin Especial por el Movimiento de Pases No Alineados durante la Reunin Ministerial sobre Diversidad Cultural y Derechos Humanos, celebrada en Tehern, Repblica Islmica de Irn, en septiembre de 2007.

La intensificacin de las hostilidades entre las fuerzas militares colombianas y los grupos armados irregulares en ese pas ha impactado de forma negativa a pases vecinos con secuelas de paramilitarismo, narcotrfico y otras modalidades de crimen como el secuestro y el sicariato, entre otros problemas. Para Venezuela ha sido una constante preocupacin cmo por varias dcadas nuestro pueblo hermano ha sido afectado por un conflicto armado en cuyo desarrollo ha sido constante la violacin de los derechos humanos y la incapacidad de los gobiernos colombianos de ejercer su autoridad sobre parte de su territorio en manos de grupos irregulares, lo cual ha originado innumerables incidentes en la frontera comn con la Repblica Bolivariana de Venezuela ante la evidente incapacidad del Estado colombiano de cumplir con su deber de proteger a los ciudadanos que all viven y de ejercer el control de su territorio.

Venezuela, al igual que otros pases vecinos de Colombia, ha sido vctima del conflicto colombiano, el cual, en los ltimos aos, se ha agravado producto de una poltica guerrerista impulsada por el Gobierno del Presidente lvaro Uribe Vlez que, lejos de llevar la paz a todo el territorio colombiano, ha violado de forma flagrante las normas del derecho internacional y del derecho internacional humanitario.

Es de hacer notar, que en el conflicto armado que se desarrolla en Colombia se han dado violaciones sistemticas, flagrantes y generalizadas del derecho internacional aplicable y de los derechos humanos que superan de forma ostensible las situaciones de conflicto armado que lamentablemente atraviesan otros Estados miembros de la Organizacin de las Naciones Unidas, y que s forman parte de la agenda del Consejo de Seguridad.

Slo en materia de desplazados internos para el ao 2007, en el numeral 6 de la pgina 02 del documento intituladoInforme del Secretario General sobre la Proteccin de Civiles en conflictos armados de fecha 28/10/07 (Documento S/2007/643), presentado a la Asamblea General de la Organizacin de las Naciones Unidas, por Su Excelencia Ban Ki Moon, Secretario General de esta organizacin, se hizo una mencin precisa del nmero de desplazados internos producto de los distintos conflictos a nivel mundial, el cual alcanzaba para ese ao unos 24,5 millones de desplazados.

De esta cifra llama la atencin cmo la Repblica de Colombia fue superada en el 2007 slo por Iraq y por Sudn/Darfur, cuando alcanz una cifra de 2.100.000 desplazados internos y se ubic por encima de Somalia, Repblica Centroafricana, Chad y Afganistn en cuanto al nmero total de desplazados obtenido de la sumatoria de los desplazados internos de esos cuatro pases, que fue de 1.714.000. (ver anexo 01).

Para el ao 2009, en el prrafo 14 del Informe del Secretario General sobre los nios y el conflicto armado en Colombia, (Documento S/2009/434) del 28/08/09, el Secretario General seal que su representante para la cuestin de los derechos humanos de los desplazados internos ha advertido que la situacin en Colombia es una de las ms graves, ya que el pas cuenta con la segunda poblacin de desplazados internos ms numerosa del mundo. Segn el Alto Consejero Presidencial para la Accin Social de Colombia, desde 1997 hasta diciembre de 2008 se vieron desplazadas 2.935.832 personas, ms de 1 milln de las cuales eran nios.

Adicionalmente cabe agregar que, la produccin y comercializacin de drogas ilcitas en Colombia se ha agravado en los ltimos aos hasta el punto que se ha constituido en una clara amenaza para la seguridad y estabilidad regional.En efecto, tal y como lo seala el prrafo 04 del Informe del Secretario General sobre los nios y el conflicto armado en Colombia (Documento S/2009/434) del 28/08/09, un 60 % de la produccin mundial de cocana tiene su origen en Colombia.

El narcotrfico ha penetrado lo ms profundo del Estado colombiano. As, las vinculaciones polticas e influencia que los crteles tienen en Colombia alcanzan magnitudes insospechadas. En efecto, tal y como ha quedado sealado en el prrafo 03 del Documento S/2009/434 del 28/08/09, los casi 50 aos de conflicto ininterrumpido y la existencia de poderosos crteles de narcotraficantes constituyen un grave impedimento para la gobernanza y el respeto de los derechos humanos. Esta situacin ha repercutido considerablemente en la seguridad de la poblacin y en la situacin humanitaria en general.

La Fiscala General de Colombia ha venido realizando una investigacin que coloca en duda la legitimidad del Congreso de ese pas debido al creciente nmero de congresistas implicados directamente con paramilitares y el narcotrfico. Para el ao 2005 en vsperas de las elecciones parlamentarias de 2006, surgieron informaciones sobre la presencia de allegados al paramilitarismo en las listas de partidos que apoyaban al presidente Uribe. Instalado el nuevo Congreso, el propio Salvatore Mancuso, uno de los ms poderosos lderes del paramilitarismo, una vez desmovilizado, asegur que un 35 por ciento de los congresistas eran amigos de su criminal organizacin.

El entonces director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Jorge Noguera, fue acusado de haber puesto ese organismo al servicio de los paramilitares. Noguera haba sido jefe de campaa del hoy Presidente lvaro Uribe en el Magdalena. Forzado a renunciar por la aparicin de informaciones comprometedoras, Noguera fue nombrado Cnsul en Miln, pero las acusaciones en su contra seguan. El ex director del DAS regres a Bogot y fue capturado en febrero de 2007 sindicado de concierto para delinquir, colaborar y suministrar informacin a los paramilitares. Los paramilitares han infiltrado el sistema poltico colombiano, las instituciones colombianas atraviesan una profunda crisis de legitimidad.

A diferencia de lo que ocurre en Colombia, los logros de Venezuela en la lucha contra el narcotrfico son internacionalmente reconocidos. Venezuela tiene programas de cooperacin antidrogas con 37 pases, incluyendo Francia, Espaa y Portugal. El xito de la lucha contra las drogas en Venezuela ha sido reconocido por la Organizacin de Estados Americanos (OEA) y por la Polica Criminal Internacional (INTERPOL). De acuerdo al Informe de la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen de 2009, Venezuela es el segundo pas de Suramrica con ms incautaciones de droga, habiendo aumentado en un 35% sus incautaciones de cocana. Como se sabe, Colombia es el principal productor de cocana en el mundo. Un comercio del cual se benefician tambin estamentos militares y polticos de Colombia.

Desde enero hasta septiembre de 2009, el Gobierno venezolano detuvo 4,490 individuos por crmenes relacionados al trfico de drogas. De stos, 4219 son ciudadanos venezolanos y 271 son ciudadanos extranjeros. Dada la extensa cooperacin que existe entre Venezuela y otros pases en el combate contra la droga, 20 ciudadanos extranjeros han sido extraditados este ao, hasta el 13 de agosto. De ellos 10 son colombianos.

La eficacia del Plan Colombia en el combate a las drogas, en cambio, ha sido duramente cuestionada. La Oficina de Contralora de los Estados Unidos (Accountability Office) ha notado que La meta del Plan Colombia de reducir el cultivo, procesamiento y distribucin ilegal de narcticos, atacando los cultivos de coca no ha sido alcanzada. El Plan Colombia no ha producido una disminucin en el cultivo de coca o la produccin de cocana, por el contrario, la ha aumentado.

El pasado 19 de noviembre de 2009, Colombia acus de forma desesperada a Venezuela por la voladura de dos supuestos puentes peatonales fronterizos. Nuestro Gobierno rechaza estos infundiosos sealamientos del Gobierno de Colombia, Venezuela procedi a la destruccin de pasarelas ilegales utilizadas fundamentalmente para el trfico de drogas, el contrabando, especialmente de combustible y otras actividades ilcitas. No se trataba de puentes binacionales, ni estructuras de construccin formal autorizadas por ambos pases, y fueron derribadas del lado venezolano, sin violar el territorio colombiano.

Este tipo de medidas es comn en la estrategia contra el trfico de drogas aplicada por todos los pases del mundo. Slo Gobiernos que no tienen la capacidad de ejercer autoridad sobre parte de su territorio y que han sido cooptados por el narcotrfico, pueden criticar pblicamente las acciones legitimas que en pleno cumplimiento de sus atribuciones como Estado y en contra de actividades ilcitas en sus fronteras realizan otros pases.

Con estas denuncias tergiversadas, el Gobierno de Colombia trata de ocultar y descontextualizar el hecho real de la instalacin de las bases militares estadounidenses en su territorio. La estrategia de desinformar y generar alarma solo persigue desviar la atencin sobre el verdadero problema que constituye la clara cesin de competencias propias del Estado colombiano a los Estados Unidos por parte del gobierno del Presidente lvaro Uribe, convirtiendo a Colombia en la base de operaciones de la estrategia regional estadounidense de dominacin y control sobre los pases de Amrica del Sur.

L os gobiernos de Amrica del Sur han manifestado, por primera vez en la historia, su preocupacin por la firma de un convenio militar bilateral. En la Cumbre de la Unin de Naciones Suramericanas (UNASUR), realizada en Bariloche, el 28 de agosto de 2009, los Jefes de Estado y de Gobierno expresaron, refirindose al Acuerdo entre Colombia y los Estados Unidos, La presencia de fuerzas militares extranjeras no puede, con sus medios y recursos vinculados a objetivos propicios, amenazar la soberana e integridad de cualquier nacin suramericana y en consecuencia la paz y la seguridad en la regin.

Venezuela desea recordar que las disposiciones del derecho internacional humanitario y las normas de derechos humanos establecen que los nios afectados por un conflicto armado tienen derecho a ser tratados con especial respeto y a recibir cuidados y proteccin, incluso contra todas las formas de violencia y explotacin sexuales. Segn el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, las violaciones y otras formas de violencia sexual tambin constituyen crmenes de guerra o crmenes de lesa humanidad cuando se cometen como parte de ataques generalizados o sistemticos contra la poblacin.

La Resolucin 1894 (2009) de fecha 11/11/09 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas establece en su prrafo operativo tercero que los ataques dirigidos deliberada y especficamente contra civiles y otras personas protegidas y la comisin de infracciones sistemticas, manifiestas y generalizadas de las disposiciones aplicables del derecho internacional humanitario y las normas de derechos humanos en situaciones de conflicto armado pueden constituir una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, y reafirma a este respecto que est dispuesto a examinar esas situaciones y, cuando sea necesario, adoptar las medidas apropiadas;

Esta Resolucin orienta al Consejo de Seguridad a examinar las situaciones existentes y, cuando sea necesario, a adoptar las medidas apropiadas, destacando que no establece como condicin la tipificacin o no como conflicto armado a la luz de las convenciones de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales, lo que equivale a decir, que el Consejo de Seguridad debe abocarse a estudiar la grave situacin que representa el conflicto armado que atraviesa Colombia desde hace casi 50 aos, as como sus repercusiones para la seguridad regional y para la paz y la seguridad internacionales.


Evidencias de la grave crisis humanitaria que vive Colombia como consecuencia de su conflicto armado, las podemos encontrar en documentos oficiales de la Organizacin de las Naciones Unidas, entre los cuales destacan:


1. Los Nios y los Conflictos Armados: Informe del Secretario General(Documento A/63/785 - S/2009/158): (el subrayado es nuestro)

Este Informe fue preparado por el Secretario General por pedido del Consejo de Seguridad, de conformidad con lo dispuesto en la Declaracin de la Presidencia del Consejo S/PRST/2008/6, en donde se le solicit al Secretario General que presentara un informe sobre la aplicacin de sus resoluciones 1612 (2005), 1261 (1999), 1314 (2000), 1379 (2001), 1460 (2003) y 1539 (2004). (El subrayado es nuestro)

Prrafo 114. Las Naciones Unidas recibieron informacin fidedigna sobre la utilizacin de nios por miembros de las fuerzas de seguridad para fines de inteligencia, a pesar de que esto contraviene la poltica del Gobierno. El Ministerio de Defensa Nacional emiti tres directivas por las que prohiba esta prctica, de conformidad con el Cdigo de la Infancia y la Adolescencia. En febrero de 2008 se inform de que la polica haba utilizado a un nio de 12 aos como informante en el departamento del Valle del Cauca. En consecuencia, el nio recibi amenazas de muerte de las FARC-EP y fue muerto en diciembre de 2008. Tambin en febrero se supo que miembros del Ejrcito y de la Polica Nacional solicitaban informacin a nios de las comunidades rurales de El Carmen de Atrato y Quibdo, en el departamento del Choc, sobre el paradero de grupos de guerrilleros y la identidad de sus miembros.

Prrafo 116.Las Naciones Unidas recogieron informacin fidedigna sobre casos de ejecuciones extrajudiciales de nios. En enero de 2008, un menor de 17 aos desapareci del municipio de Soacha, cerca de Bogot y un da despus las Fuerzas Militares lo declararon muerto en combate en el departamento del Norte de Santander, ubicado en la frontera con la Repblica Bolivariana de Venezuela. Un caso similar se dio con un nio del municipio de Gamarra, en el departamento del Cesar, en agosto de 2008.

Prrafo 117.Segn el Auto No. 092 emitido por la Corte Constitucional de Colombia en abril de 2008, ha aumentado la incidencia de actos de violencia sexual contra nias. Entre los autores figuran miembros de grupos armados ilegales y de las Fuerzas Militares. La Fiscala General ha iniciado investigaciones y, para diciembre de 2008, se haba condenado a algunas personas.

 


2. Informe del Secretario General sobre los Nios y el conflicto armado en Colombia (Documento S/2009/434): (El subrayado es nuestro)

Este informe abarca el perodo comprendido entre enero y diciembre de 2008, ofrece informacin sobre las graves violaciones de que son objeto los nios, como muertes y mutilaciones, reclutamiento y utilizacin por fuerzas y grupos armados, secuestros, actos de violencia sexual, ataques contra escuelas y hospitales y denegacin de acceso humanitario, y se hace hincapi en que es prioritario luchar contra la impunidad de estas graves violaciones.


Prrafo 12.Se han atribuido graves violaciones de los derechos de los nios a todas las partes en el conflicto, pero principalmente a los grupos armados ilegales. Estos grupos continan reclutando a nios, cometiendo delitos de violencia sexual contra mujeres y nias, matando a civiles, colocando minas antipersonal y llevando a cabo secuestros. Tambin se ha tenido conocimiento de violaciones cometidas por oficiales de las Fuerzas Militares de Colombia,lo que contraviene claramente la poltica del Gobierno.

Prrafo 23. In (sic) 2006, el Comit de los Derechos del Nio expres su preocupacin por la utilizacin de nios por las Fuerzas Militares de Colombia para actividades de inteligencia. El Ministerio de Defensa ha publicado tres directivas por las que se prohbe esta prctica a todos los miembros de las Fuerzas Militares, pese a lo cual siguen registrndose incidentes. En febrero de 2008 se inform de que la Polica Nacional haba utilizado a un nio de 12 aos como informante en el departamento del Valle del Cauca. Posteriormente, el nio recibi amenazas de muerte de las FARC-EP y en diciembre de 2008 fue asesinado por un agresor desconocido.

Prrafo 33. Las minas antipersonal y las municiones sin detonar han tenido consecuencias graves para la poblacin civil, incluidos los nios. Segn el informe titulado Landmine Monitor Report 2007, el nmero de personas muertas o heridas en Colombia como consecuencia de los restos explosivos de guerra fue el ms alto del mundo entre 2005 y 2007. Segn el Programa Presidencial para la Accin Integral contra Minas, el nmero de vctimas entre 1990 y 2008 ascendi a un total de 7.515, de las que 722 eran nios. Segn esa misma fuente, en 2008 murieron 14 nios (4 nias y 10 nios) y resultaron heridos 32 (5 nias y 27 nios) a consecuencia de esos artefactos. En enero, en el municipio de Palmira, Departamento del Valle del Cauca, una mujer y su hija de 9 meses murieron al pisar una mina antipersonal; la mujer estaba embarazada de 5 meses. En junio, en el municipio de Samaniego, departamento de Nario, 3 nios varones de 12, 14 y 16 aos de edad murieron al activar accidentalmente una mina antipersonal. En julio, en el departamento de Bolvar, tres nios sufrieron heridas de gravedad, entre ellos una nia de 9 aos que perdi una pierna.

Prrafo 39. Segn la informacin proporcionada por el Instituto Nacional de Medicinal Legal y Ciencias Forenses, en el perodo que se examina 5 nias y 3 nios fueron vctimas de actos de violencia sexual presuntamente cometidos por las Fuerzas Militares, y 18 nias y 1 nio de actos supuestamente cometidos por miembros de la Polica Nacional. Tambin se ha reunido informacin sobre el caso de dos soldados que presuntamente violaron a una mujer y a su sobrina de 13 aos en el departamento de Antioquia en noviembre de 2008.

Prrafo 42. Los nios continan siendo vctimas de las desapariciones forzadas. Desde 2006, la Fiscala General ha encontrado en sepulturas clandestinas los cadveres de 109 nios, casi todos ellos vctimas de los grupos paramilitares. La Fiscala General est investigando tambin 1.636 casos de nios desaparecidos desde 2000, 187 de ellos en 2008.

Prrafo 48. Las restricciones del acceso humanitario debido a las actividades de las partes en el conflicto ponen en peligro la prestacin de asistencia humanitaria y los nios sufren las consecuencias. La presencia de minas antipersonal y de municiones sin detonar no solo dificulta enormemente la circulacin de la poblacin, sino tambin el acceso de los agentes humanitarios a ella.

Prrafo 49. En el perodo que se examina tambin se han producido ataques contra el personal humanitario. Segn el Comit Internacional de la Cruz Roja, los ataques contra misiones mdicas aumentaron de 23 en 2007 a 35 en 2008.

Prrafo 50. Los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales y las Fuerzas Militares de Colombia tambin limitan el acceso humanitario y el abastecimiento de artculos de primera necesidad.

Prrafo 51. Tambin se recibi informacin sobre las restricciones de acceso a determinadas aldeas o municipios impuestas por las Fuerzas Militares, incluidas las relativas a la circulacin de personas y de artculos como alimentos, medicamentos y combustible, como parte de la estrategia de lucha contra los grupos armados ilegales. Por ejemplo, desde enero de 2008, las Fuerzas Militares limitan el paso de artculos de primera necesidad a varias aldeas del trmino municipal de El Dovio, departamento del Valle del Cauca. La Defensora del Pueblo confirm que en mayo de 2008 se haban impuesto restricciones similares en el departamento de Vaups.


El Gobierno de la Repblica Bolivariana de Venezuela desea recordar a los Miembros del Consejo de Seguridad que ha sido el Gobierno de la Repblica de Colombia el que, de forma flagrante, ha concretado amenazas a la paz y la seguridad internacionales en abierta contradiccin con el principio del derecho internacional, contenido en el numeral 4 del artculo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, segn el cual los Estados, en sus relaciones internacionales, se abstendrn de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia poltica de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propsitos de las Naciones Unidas. Ello ocurri cuando en marzo de 2008 ejecut una incursin armada en el territorio de la Repblica del Ecuador violando la integridad territorial de esa nacin hermana.

Esta accin ilegal puso de relieve la poltica belicista promovida por el gobierno del Presidente lvaro Uribe, la cual ha hecho de la nocin del ataque preventivo -promovida por el ex Presidente George W. Bush-, parte fundamental de su doctrina de seguridad y defensa.

La agresin militar colombiana contra la Repblica del Ecuador fue condenada por los pases de la regin, entre ellos, la Repblica Bolivariana de Venezuela, al constatarse la violacin flagrante de normas y principios del derecho internacional; as como la Resolucin 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, intitulada Declaracin sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperacin entre los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. La denuncia ecuatoriana sobre la violacin de la soberana e integridad territorial qued recogida en el Documento S/2008/146del Consejo de Seguridad.

El rechazo unnime a dicha incursin militar oblig al Presidente Uribe, en un acto de contricin pblico y oficial en el marco de la XX Cumbre del Grupo de Ro, celebrada en Santo Domingo, Repblica Dominicana, el 7 de marzo de 2008, a comprometerse a que su pas no volvera a llevar adelante una accin militar guerrerista contra pas alguno del continente americano, pronunciamiento ste del cual los miembros de ese mecanismo tomaron nota de las plenas disculpas que el Jefe de Estado colombiano ofreci al Gobierno y al pueblo del Ecuador, por la violacin del territorio y la soberana de esta hermana nacin, perpetrada por fuerzas militares de Colombia.

El clima de confianza en la regin que se haba venido restableciendo tras los arreglos alcanzados en la XX Cumbre del Grupo de Ro se ha visto afectado luego de los anuncios y posterior firma del Acuerdo Complementario para la Cooperacin y Asistencia Tcnica en Defensa y Seguridad Colombia y los Estados Unidos, sobre el establecimiento de siete bases militares estadounidenses en territorio colombiano. El anunciado despliegue de fuerzas estadounidenses en Colombia en el marco de ese acuerdo de cooperacin ha generado preocupacin entre los miembros de la UNASUR, los cuales, de manera legtima, han advertido sobre los riesgos y amenazas que las mismas plantean para la paz, estabilidad y equilibrio militar de la regin.

Sobre la base de una lgica perversa, el Presidente lvaro Uribe y su equipo de gobierno, pretenden trasladar sus responsabilidades en el manejo del conflicto armado a otros Estados vecinos, como Venezuela, el cual como se ha sealado es vctima de las actividades del narcotrfico, paramilitarismo, sicariato y secuestro, generadas por la intensificacin de las hostilidades con grupos armados al interior del territorio colombiano.

Como es bien conocido, el Estado colombiano al privilegiar la seguridad de sus reas urbanas, principalmente las grandes ciudades, abandon la custodia y proteccin de sus fronteras, situacin sta que fue aprovechada por los grupos armados para ejercer el control de dichos espacios y, por ende, el desarrollo de actividades criminales con incidencia sobre terceros pases.

Este amplio y desproporcionado despliegue militar estadounidense en suelo colombiano intenta justificarse bajo un esfuerzo bilateral de lucha contra el narcotrfico y el terrorismo. Estos argumentos son falsos y no disipan las dudas e inquietudes que tienen los pases de la regin suramericana sobre estas bases militares, percibidas en trminos de amenaza debido a la magnitud del programa que se pondr en prctica con la instalacin de equipos para la guerra electrnica, efectivos militares y personal de empresas contratistas de seguridad. El fortalecimiento de la presencia militar de los Estados Unidos est orientado a proyectar su poder global para disuadir bajo la amenaza de intervenciones militares a pases que mantienen una posicin crtica en relacin con su poltica imperialista.

Estos lineamientos estratgicos se reiteran en el documento de justificacin del financiamiento del proyecto de la Base Militar de Palanquero del Departamento de la Fuerza Area de los Estados Unidos, en el cual se solicitaron y aprobaron en mayo 2009, 46.000.000 de dlares estadounidenses para construir lo que denomina Lugar de Cooperacin en Seguridad y mejorar las instalaciones en Palanquero. La partida est incluida en el Captulo de: Posicionamiento de Defensa Global, en el que se explica la estrategia de Estados Unidos a la hora de ubicar personal y bases militares en el extranjero.

El Documento del Programa de Construccin Militar del Departamento de la Fuerza Area de los EEUU de mayo de 2009 refiere como Datos de Justificacin entregados al Congreso de ese pas los siguientes:


mejorar la capacidad de EEUU para responder rpidamente a una crisis, asegurando el acceso regional y la presencia militar estadounidense con un costo bajo. Una presencia tambin incrementar nuestra capacidad de conducir operaciones de Inteligencia, Espionaje y Reconocimiento (ISR), mejorar el alcance global, apoyar los requisitos de logstica, mejorar las relaciones con socios, mejorar la cooperacin de teatros de seguridad y aumentar nuestras capacidades de guerra expedita.

La fuerte relacin de cooperacin en seguridad tambin ofrece una oportunidad para conducir operaciones de espectro completo por toda Suramrica. () La intencin es utilizar la infraestructura existente al mximo posible, mejorar la capacidad de EEUU para responder rpidamente a una crisis, y asegurar el acceso regional y la presencia estadounidense con un costo mnimo. Palanquero ayuda con la misin de movilidad porque garantiza el acceso a todo el continente de Suramrica con la excepcin de Cabo de Hornos.


Contrario al discurso que ha promovido Colombia respecto a que la va militar incluyendo el acceso irrestricto a bases por parte de militares estadounidenses - conducir indefectiblemente a la finalizacin del conflicto armado, el Gobierno de la Repblica Bolivariana de Venezuela estima que la intensificacin de las operaciones militares generar una situacin de mayor violencia armada que potenciar la dispora colombiana de desplazados hacia muchos pases del mundo, en particular, hacia los Estados vecinos.

Las acusaciones contra Venezuela de armamentismo no pueden ser ms falaces. Slo el 1,1% del Producto Interno Bruto de Venezuela se dedica a la modernizacin de equipos militares, por debajo del promedio regional de 1,7%, y muy significativamente por debajo del 5,7% de Colombia. En contraste , el Gobierno de Venezuela dedicar 45,7% del presupuesto de la Nacin para 2010, a la inversin social, a la reduccin de la pobreza y a la mejora de la calidad de vida de los venezolanos. Venezuela ya ha superado la meta del milenio de reduccin de la pobreza extrema y, de acuerdo a la Comisin de las Naciones Unidas para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), es el pas de la regin que ha avanzado ms en la reduccin de la desigualdad.

Consciente de que la paz de Colombia es la paz de Amrica Latina, tal como lo ha expresado el Presidente Hugo Chvez Fras, el Gobierno venezolano ha reiterado la necesidad de que se llegue a una solucin poltica negociada que conduzca a la superacin de este conflicto armado que ha provocado a lo largo de ms de cuatro dcadas un elevado nmero de vctimas.

En el marco de su prdica belicista, el Gobierno del Presidente lvaro Uribe concibe la seguridad de su pas en trminos absolutos provocando, en consecuencia, inseguridad sobre los Estados vecinos. El establecimiento de las bases militares estadounidenses en suelo colombiano y la continua asistencia militar que los Estados Unidos ha venido brindando a Colombia desde 2001, ha acentuado los dilemas de seguridad en la regin suramericana y creado desequilibrios en la correlacin de fuerzas a nivel subregional producto de la carrera armamentista desatada por las autoridades del Palacio de Nario, con el apoyo del Gobierno estadounidense.

Por tal motivo, el Gobierno de la Repblica Bolivariana de Venezuela, al reiterar una vez ms su vocacin pacifista y respeto irrestricto a los principios y normas del derecho internacional que rigen las relaciones de amistad y de cooperacin entre los Estados, contenidos en la Carta de las Naciones Unidas y dems instrumentos aplicables , desea significar que continuar atento al desarrollo del conflicto armado que ocurre en la Repblica de Colombia y a las posibles consecuencias que el establecimiento de bases militares extranjeras en ese pas ocasione para la seguridad de Venezuela y de la regin, tomando las medidas que sean necesarias para salvaguardar, dentro del orden jurdico legtimamente establecido y con total apego a la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela, la seguridad de la Nacin, la paz y el bienestar del pueblo venezolano.

Sobre el particular, seor Presidente, al estimar en virtud de los argumentos expuestos que el conflicto armado colombiano constituye una seria amenaza para la paz y la seguridad internacionales, me permito solicitarle que el mismo forme parte de la agenda de trabajo del Consejo de Seguridad. En igual sentido, m ucho agradecer se sirva disponer que la presente carta sea distribuida como documento del Consejo de Seguridad.

Sin ms a que hacer referencia aprovecho la oportunidad para reiterar a Su Excelencia las seguridades de mi ms alta estima y consideracin


NICOLS MADURO MOROS

 

Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores

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ANEXO O1

 

 

 

INFORME DEL SECRETARIO GENERAL (S/2007/ 643 ) 2007

Pas

Nmero de Desplazados Internos

Observaciones

Iraq

2.200.000

Tema del Consejo de Seguridad

Sudn / Darfur

2.200.000

Tema del Consejo de Seguridad

Colombia

2.100.000

No es tema del Consejo de Seguridad

Somalia

1.200.000

Tema del Consejo de Seguridad

Repblica Centroafricana

300.000

Tema del Consejo de Seguridad

Chad

170.000

Tema del Consejo de Seguridad

Afganistn

44.000

Tema del Consejo de Seguridad

 

Fuente: Elaboracin propia sobre la base de las cifras presentadas en el Documento S/2007/643 del Consejo de Seguridad.



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