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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 03-12-2009

Lanzan una campaa internacional en apoyo a los defensores de derechos humanos
Enrique Santiago: La ficcin de que Colombia es un Estado de Derecho ya no se sostiene en Europa

Patricia Rivas
La Radio del Sur


En Europa se han encendido las alarmas. La crisis humanitaria que arrastra Colombiacomo consecuencia de casi 50 aos de conflicto armado interno y de guerra sucia, se agrava con la persecucin por elementos estatales y paraestatales de las personas que se atreven a defender los derechos humanos.

Con el escndalo destapado en abril de 2009 (1), se constat que en los ltimos siete aos, el principal organismo de inteligencia del Estado colombiano, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), ha interceptado ilegalmente las comunicaciones de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, de periodistas y hasta de jueces de la Suprema Corte. Directivos del DAS estn acusados de colaborar con los paramilitares, de restringir las misiones internacionales de derechos humanos que visitan Colombia, de amenazar, neutralizar y restringir la labor de los defensores o de montar juicios sin fundamento en su contra.

ste es el motivo que ha llevado a la Oficina Internacional de Derechos Humanos -Accin Colombia, que agrupa a ms de 30 organizaciones de derechos humanos de diez pases europeos-, a lanzar este mes de noviembre en Madrid una campaa en defensa de los derechos humanos en Colombia.

En el marco de presentacin de la campaa conversamos con Enrique Santiago, Secretario General del Instituto de Estudios Polticos para Amrica Latina y frica (IEPALA) y Portavoz de la Plataforma Justicia por Colombia de Espaa

Usted ha formado parte de varias comisiones internacionales de verificacin sobre el terreno y ha estado recientemente en Colombia. Cul es el balance de la situacin de los derechos humanos en Colombia?

Desgraciadamente, no se aprecian cambios sustanciales en la situacin de vulneracin sistemtica de los derechos humanos en Colombia. Sigue existiendo una alta impunidad judicial en este tipo de delitos, una inactividad generalizada por parte de la Fiscala y tambin por parte de la Procuradura de la Nacin. Se ha confirmado en estos ltimos aos lo que era un secreto a voces: la intervencin directa de las fuerzas armadas colombianas y de los cuerpos policiales en la vulneracin de los derechos humanos, en el escndalo no el nico, pero quiz el ms significativo- de los falsos positivos (2).

A pesar de que la versin oficial es que con la Ley de Justicia y Paz se produjo la desmovilizacin de los grupos paramilitares, sobre el terreno se constata que siguen existiendo, en muchos casos formados por los mismos actores y dirigidos por los mismos intereses polticos, tanto territoriales como vinculados a la oligarqua colombiana.

Y en los ltimos meses lo que se ha puesto de manifiesto es una intervencin directa del Estado colombiano en las polticas de acoso a defensores de los derechos humanos, oposicin poltica, lderes sindicales y lderes ciudadanos, y un elemento aadido ms: un acoso tambin al poder judicial colombiano, que hasta ahora se haba mantenido independiente del poder omnmodo del Estado representado por el presidente Uribe.

El escndalo de las escuchas del DAS no solamente incluye escuchas sin autorizacin judicial e intromisin en la vida privada, sino la utilizacin de los datos de seguridad del DAS para la realizacin de atentados. Ha quedado confirmado cmo el propio DAS pas datos y orden a organizaciones paramilitares la eliminacin de dirigentes sindicales y sociales que deban estar protegidos precisamente por el DAS. Utilizando los operativos y las estructuras de proteccin del DAS para acabar con la vida y atentar contra la integridad de las personas a las que tenan que proteger.

El balance no puede ser ms negativo, y lo ms preocupante es que la posicin de las instituciones colombianas, y seguida en muchos casos por gobiernos de la Unin Europea, es que el problema del paramilitarismo en Colombia ha dejado de existir, con lo cual no pueden existir vctimas de los paramilitares, puesto que no existen las organizaciones paramilitares. Esto provoca una serie de problemas en cadena: falta de reconocimiento de atencin social, falta de acceso a los mecanismos de verdad contemplados en la Ley de Justicia y Paz y, sobre todo, la falta de reconocimiento por parte de los gobiernos de la Unin Europea de que este problema sigue existiendo y sigue provocando a diario vctimas. Hoy mismo nos han llegado distintas alertas de organizaciones de derechos humanos colombianas de desapariciones atribuidas a organizaciones paramilitares, de lderes comunales, que se han producido esta misma semana.

Desde Europa tiende a verse la realidad colombiana con cierta conciencia limpia. Qu responsabilidad le cabe a los capitales europeos que estn invirtiendo y obteniendo jugosos beneficios en Colombia desde hace ya muchos aos?

Por una parte, los gobiernos de la Unin Europea llevan adelante su poltica exterior y defienden sus intereses diplomticos supeditados a lo que ellos denominan los intereses de las respectivas compaas multinacionales de cada uno de los pases. Estamos acostumbrados, por lo menos aqu en Espaa, a que despus de las reuniones del Consejo de Ministros, se nos ilustre por parte de sus portavoces, manifestando que el Gobierno espaol defiende los intereses de las compaas espaolas en Amrica Latina, puesto que es defender los intereses de Espaa. Sin embargo, cuando estas compaas vulneran convenios internacionales, por ejemplo, los convenios de la OIT, convenios medioambientales, convenios sobre los derechos de los pueblos indgenas, etc., se produce el curioso efecto de que estos mismos gobiernos eluden cualquier tipo de responsabilidad alegando que se trata de actores privados sobre los cuales el Gobierno no tiene ninguna influencia ni es responsable de sus actividades.

Hay una contradiccin evidente entre unos gobiernos que defienden los intereses de esas compaas, aunque sean contrarios, como sucede la mayora de las veces, a los intereses de los pueblos de Amrica Latina, y aunque las actuaciones de estas compaas estn vulnerando los derechos humanos, pero, por otro lado, cuando se les pide una intervencin para contribuir a frenar esas vulneraciones de derechos, esas intromisiones en las esferas polticas y sociales que las compaas multinacionales realizan en Europa, los gobiernos europeos se niegan a intervenir aduciendo esa supuesta independencia de las empresas.

En el caso particular del gobierno espaol, en la ltima dcada hemos pasado por gobiernos de la derecha, del Partido Popular, y de la supuesta izquierda representada por el Partido Socialista. Qu balance se puede hacer de la poltica exterior de los gobiernos espaoles con respecto a Colombia?

Desgraciadamente, y al margen de quin gobierne, la poltica de Espaa respecto a Colombia siempre es la misma, y parte de una primera ficcin, que es considerar que Colombia es un Estado de Derecho homologable y que, a partir de ah, no puede haber ningn tipo de interferencia en las actuaciones del Gobierno colombiano.

Un Gobierno sustentado por unas fuerzas polticas que tienen ahora mismo ms de 60 diputados y senadores procesados o encarcelados en Colombia por vnculos con organizaciones terroristas de extrema derecha, por vnculos con paramilitares; un Gobierno que personalmente ha puesto en marcha la poltica de persecucin y de criminalizacin de los movimientos sociales, de los defensores de derechos humanos, de escuchas y acoso al poder judicial colombiano; un Gobierno que viene permitiendo la connivencia entre las fuerzas de orden pblico y los grupos paramilitares; y un gobierno que ha utilizado todos los mecanismos a su disposicin y ms para evitar, cuando los dirigentes de las organizaciones paramilitares han estado dispuestos a contar la verdad, que no es otra que la implicacin directa del Estado colombiano en la organizacin de los grupos paramilitares y en la fijacin de objetivos de estos grupos militares. El Estado colombiano ha hecho todo lo posible para que estos dirigentes paramilitares no pudieran hablar a la opinin pblica, en este caso, utilizando los mecanismos de la extradicin.

Que en este contexto el Gobierno espaol, por ejemplo, siga manteniendo la ficcin de que Colombia es un Estado de Derecho, es algo que ya prcticamente no se sostiene. Pero esta ficcin lleva aparejada otra serie de consecuencias: en primer lugar, se sigue vendiendo armamento a Colombia. La venta de armamento ahora mismo se presenta como material militar no susceptible de tener carcter ofensivo, y el Gobierno espaol aduce que las ventas se limitan a medios de transporte o sistemas de comunicacin. Tanto esos medios de transporte como esos sistemas de comunicacin se utilizan, como se ha podido acreditar, en estos mecanismos de criminalizacin de la sociedad civil, de persecucin de la oposicin y de vulneracin sistemtica de los derechos humanos.

Adems de eso, el Gobierno espaol se niega a utilizar los mecanismos comerciales de que dispone la Unin Europea para obligar al Gobierno colombiano a que respete los derechos humanos. De hecho, sigue utilizndose el mecanismo de SGP Plus -que es un mecanismo de privilegio de la cooperacin de la Unin Europea hacia los gobiernos con los que se establezca polticas de cooperacin- a favor del Gobierno colombiano, como si no se estuviera produciendo esta situacin de conflicto armado interno, que es lo que hay, presentado como un mero problema entre terrorismo y el Estado, y como si no existieran estas vulneraciones de los derechos humanos.

Por otra parte, igualmente en las polticas de cooperacin al desarrollo, se estn manteniendo importantes aparatos del Estado colombiano que deberan velar por la salvaguarda de los derechos de las vctimas. Por ejemplo, la Agencia de Accin Social, que depende directamente de la Presidencia de la Repblica colombiana y que es el organismo principal encargado de atender a las vctimas, cuyos dirigentes han sido ya judicializados en varias ocasiones por desvo de fondos. El 80% de los fondos que maneja esa Agencia de Accin Social que no llegan a las vctimas, proceden de fondos de la cooperacin internacional, entre ellos, de Espaa.

Y podramos incluso abundar en la actuacin de determinados gobiernos regionales en Espaa. Especialmente ilustrativa es la actuacin de la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular, que a travs de las lneas de Medio Ambiente, est financiando los sistemas de los llamados guardabosques en Colombia, que no es ni ms ni menos que la reconversin de antiguos paramilitares en informantes a favor del ejrcito y de lo que ahora se llaman nuevas bandas emergentes, que siguen siendo las mismas organizaciones paramilitares.

En la ltima misin en que he estado en Colombia, a finales del mes de octubre y principios del mes de noviembre, hemos podido comprobar, con otros miembros de la comunidad internacional, que en zonas absolutamente militarizadas, siguen conviviendo en mbitos geogrficos muy reducidos, dispositivos del ejrcito con dispositivos de organizaciones paramilitares y, a su vez, que, por esas mismas zonas absolutamente controladas por el ejrcito, campan a sus anchas todo tipo de narcotraficantes, entran insumos del narcotrfico, salen toneladas de hoja de coca, sin que intervengan las fuerzas de orden pblico colombiano y adems quieren presentarlo como que la poltica de lucha contra el narcotrfico y contra el terrorismo en Colombia est siendo un gran xito, cuando lo nico que est provocando es mayores daos a la poblacin, ms vctimas, y, sobre todo, la falta de consideracin, el no reconocimiento de la existencia de esas vctimas por esa ficcin, asumida por los gobiernos europeos y por el gobierno espaol, de que ya no existen organizaciones paramilitares en Colombia.

Cules son las principales exigencias que las organizaciones de derechos humanos hacen al Gobierno espaol, especialmente de cara a la prxima presidencia espaola de la Unin Europea?

La primera peticin que se hace al Gobierno espaol, especialmente en su papel de presidente de turno de la Unin Europea, es que se acabe con la ficcin de que Colombia es un Estado de Derecho homologable. En Colombia existe un conflicto armado interno, desde hace muchos aos, y existe un Gobierno que vulnera sistemticamente la legalidad interna colombiana, y vulnera los tratados internacionales, siempre en perjuicio de la sociedad colombiana. sa es la primera exigencia: acabar con esa ficcin.

Adems nos hemos reunido con el Gobierno espaol y le hemos pedido expresamente que se implique en la campaa que las organizaciones de derechos humanos europeas y colombianas han lanzado de proteccin de los defensores de los derechos humanos; que condicione cualquier tipo de cooperacin econmica, comercial, al desarrollo o de asistencia tcnica, al respeto efectivo de los derechos humanos; que establezca mecanismos de seguimiento y verificacin sobre el terreno de la situacin de los derechos humanos en Colombia; y hemos pedido tambin que cese cualquier tipo de venta o transferencia de materiales susceptibles de ser utilizados militar o policialmente, toda vez que estos cuerpos colombianos de la Administracin las fuerzas armadas y la polica- acaban, inexorablemente, siendo brazos, herramientas de la vulneracin de los derechos humanos que padece la poblacin.

(1) Ver http://www.semana.com/noticias-justicia/chuzadas-del-das-alarman-fiscal/123104.aspx y http://www.semana.com/noticias-nacion/pruebas-reinas-chuzadas-del-das-encienden-debate/123941.aspx

(2) Asesinatos de civiles a manos de las fuerzas de seguridad del Estado colombiano (ejrcito y polica), presentados luego como guerrilleros cados en combate. Las organizaciones de derechos humanos en Colombia han registrado hasta el momento ms de 2.200 casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en los dos ltimos aos.



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