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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 03-12-2009

Los aeropuertos espaoles, terreno abonado para la ilegalidad
A Aminetu la estamos viendo

M.L. Gonzlez
Rebelin


"Habr que preguntarle al Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperacin (Miguel ngel Moratinos) si Espaa tiene como principio bsico la violacin de los derechos humanos dentro de su territorio, porque las condiciones que ha ofrecido no resuelven la situacin en la que el Gobierno de Espaa ha colocado a Aminetu Haidar".

Esta pregunta fue hecha por Ins Miranda, abogada de la dirigente saharaui, confinada desde hace dieciocho das por la accin conjunta de los Gobiernos de Espaa y Marruecos, en el aeropuerto de Lanzarote, y en huelga de hambre desde hace diecisiete para exigir su regreso al Sahara Occidental, de donde fue ilegalmente expulsada. (1)

La respuesta a tal interrogante es s, y los que siguen algunos de los fundamentos para hacerlo:

Este Gobierno, al que pertenece Moratinos (como hiciera en su da el PP), ha usado aeropuertos espaoles (que son territorio del Estado) como puente para los vuelos de la CIA, cuyos pasajeros eran personas detenidas sin ley en cualquier pas del mundo y llevadas hacia crceles secretas (entre otras ubicaciones, en Marruecos, pas en el que se eran entregadas a los propios servicios de inteligencia marroques) (2).

En este sentido, Espaa figura en una lista de 14 pases que permitieron, o no investigaron, el uso de su territorio por la Agencia Central de Inteligencia de EEUU (CIA) para el secuestro y traslado ilegal de personas a crceles secretas, en las que fueron interrogadas y sometidas a torturas, violando con ello los acuerdos de la Convencin de Ginebra.

Dicha lista es parte en un informe elaborado por el presidente de la Comisin de Asuntos Jurdicos y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Dick Marty, en el que se dan detalles de la utilizacin de aeropuertos europeos en cientos de vuelos de la CIA realizados entre 2001 y 2005 (el PSOE gobierna desde mediados de 2004), y en el que no slo se consideran probados los secuestros y traslados ilegales de centenares de personas en ese tiempo, sino que se afirma que es poco verosmil que los Ejecutivos europeos no estuvieran informados de lo que ocurra en su territorio.

Resulta imprescindible decir aqu que este uso aeroportuario se vincula directamente con la vulneracin del Derecho Internacional y el derecho interno, y, ms concretamente, con los tratados que se refieren a Derechos Humanos y Libertades Fundamentales: Convencin de Naciones Unidas contra la Tortura, Convencin de Ginebra y Estatuto del Tribunal Penal Internacional (3).

Esto no lo pudimos ver.

Este Gobierno, al que pertenece Moratinos, ha usado y usa los aeropuertos espaoles para hacer llegar armas a Marruecos, a sabiendas de que hacindolo contraviene el Cdigo de Conducta de la UE, segn el cual no deben venderse armas a pases sancionados, inestables, en conflicto armado, o que vulneren los Derechos Humanos, armas que son utilizadas en la represin que sus divisiones policiales especiales (GUS, GIR) marroques ejercen cotidianamente contra la poblacin saharaui.

A pesar de que esta prevencin existe contra Marruecos, el pas norteafricano obtuvo de Espaa armamento por valor de 113,90 millones de euros en 2008, ocupando el tercer puesto entre los clientes de la industria militar espaola (el primero entre los que no son europeos).

Ocurre que esto, aunque supimos de ello, tampoco lo pudimos ver.

Pero ahora, este Gobierno, al que pertenece Moratinos, est usando un aeropuerto espaol (en este caso, canario) para colaborar al confinamiento de Aminetu Haidar, violentando as las propias leyes nacionales y, como ha resaltado la Subcomisin de Extranjera del Consejo General de la Abogaca, los acuerdos europeos e internacionales ratificados por Espaa. (4)

Aminettou Haidar, defensora saharaui de DDHH, militante por la autodeterminacin de su pueblo, lucha y resiste frente a la agresin que este Gobierno, al que pertenece Moratinos, est haciendo contra sus derechos fundamentales y humanos, y, desde su fragilidad fsica, les est dando a ambos una leccin de firmeza y honor que posiblemente no calcularon.

Aminettou ha sabido descifrar los mensajes arteros y falaces que escondan las bondadosas ofertas de este Gobierno, al que pertenece Moratinos, y las ha rechazado una tras otra.

La cuestin es que esta nueva barbarie s la estamos viendo, todos los pueblos de Espaa y todos los pueblos del mundo. A Aminettou [email protected] la estamos viendo.

Est en nuestras retinas y multiplica cada da nuestra condena a los responsables. Multiplica cada da nuestra condena a este Gobierno, al que pertenece Moratinos. Y multiplica la exigencia de los pueblos de Espaa y de los pueblos del mundo para que Aminettou vuelva al Sahara Occidental.  

Notas:

(1) Marruecos no tiene soberana sobre el territorio ni el pueblo del Sahara Occidental; por tanto, los saharauis que viven en los territorios ocupados no tienen el deber de afirmar una ciudadana que el Derecho Internacional no reconoce. Este criterio fue establecido por el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya en octubre de 1975: la conclusin del Tribunal es que los materiales e informacin presentadas a l no establecen ningn vnculo de soberana territorial entre el territorio del Sahara Occidental y el reino de Marruecos o la entidad mauritana. Por tanto, el Tribunal concluye que no ha encontrado vnculos jurdicos de tal naturaleza que puedan afectar a la aplicacin de la resolucin 1514 (XV) de la Asamblea General de la ONU- a la descolonizacin del Sahara Occidental y, en particular, al principio de autodeterminacin a  travs de la libre y genuina expresin de la voluntad de los pueblos del territorio. Aminettou Haidar fue expulsada de El Aain por poner en la casilla Nacionalidad del formulario de entrada a ese aeropuerto: Shara Occidental.

(2) El Pas, 24/05/06. Nacional. Destino Marruecos (Centro de detencin de Temara). Autor: Jose Mara Irujo; y http://www.publico.es/internacional/183087/carceles/secretas/lado/oscuro

(3) En su artculo 7, el Estatuto del Tribunal Penal Internacional sanciona la desaparicin forzada de personas, independientemente de la acusacin o causa que pese sobre ella.

(4) La Declaracin del rgano del Consejo General de la Abogaca Espaola establece en sus puntos tercero y cuarto:

-Que a juicio de esta Subcomisin de Extranjera, independientemente de la concurrencia de alguno de los tipos penales del Ttulo VI del Cdigo Penal referido a los Delitos contra la libertad, la prohibicin de salida de Espaa impuesta por la va de hecho contraviene el derecho fundamental de Haidar a la libertad de circulacin, protegido expresamente por el prrafo segundo del artculo 19 en relacin con el artculo 13.1 de la Constitucin Espaola, que garantiza el derecho de toda persona espaola o extranjera a entrar y salir libremente de Espaa en los trminos que la ley establezca. Este derecho, segn la legislacin vigente, no puede ser limitado por motivos polticos o ideolgicos.

-Que este derecho ha quedado consolidado por la reciente ratificacin por Espaa (BOE 13.10.2009) del Protocolo n 4 al Convenio para la Proteccin de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales del Consejo de Europa, que en su artculo 2.2 contempla el derecho a la libertad de circulacin al sealar que toda persona es libre de abandonar un pas cualquiera, incluso el suyo.

 

Rebelin ha publicado este artculo a peticin expresa del autor, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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