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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 12-12-2009

Apoyo pblico a las transnacionales espaolas, incoherencia y anticooperacin: el caso de CESCE

Mnica Vargas Collazos
Observatori del Deute en la Globalitzaci


Cada ao el Estado espaol destina millones de euros de las arcas pblicas al apoyo de la internacionalizacin de la empresa espaola, o sea, de las transnacionales espaolas, mediante diferentes mecanismos [1] . En la compleja arquitectura destacaremos aqu el caso de CESCE, puesto que constituye el principal instrumento financiero utilizado por el Estado a ese efecto. Su objetivo principal radica en facilitar la internacionalizacin del sector privado, mediante la cobertura de riesgos de impacto derivados de las ventas de productos y servicios de empresas espaolas en los mercados exteriores. Mediante este tipo de seguros el Estado asume riesgos polticos que podran afectar operaciones empresariales en el exterior (sea inversin directa, sean exportaciones). El gobierno espaol dispone de la mayora de las acciones de CESCE (50,25%) [2].

Qu implica este apoyo pblico por medio de CESCE? Para las empresas, sin lugar a dudas, un apoyo sustancial. En 2009, la Ley de Presupuestos Generales del Estado fij en 4.547,28 millones de euros el lmite mximo de cobertura en los seguros emitidos por CESCE por cuenta del Estado, y en 2010, sta suma se ha duplicado alcanzando los 9.000 millones de euros [3]. En cambio para los pases del Sur, donde tienen lugar las inversiones aseguradas por CESCE, esto implica con frecuencia un incremento de la deuda externa, es decir, una de las principales causas de su empobrecimiento. En efecto, CESCE es responsable del 40% de la deuda externa que tienen estos pases con el Estado espaol. Cmo se produce esta deuda? Los seguros CESCE cubren operaciones con un alto riesgo poltico (omisin de transferencia de divisas, impago de compradores pblicos, catstrofes, guerras, revoluciones, etc.) [4]. Estas operaciones generan deuda cuando las operaciones comerciales resultan fallidas. CESCE restituye el importe perdido a la empresa espaola y al banco que aval la operacin y posteriormente reclama esta suma a la administracin del pas donde tuvo lugar la operacin, aplicando la clusula de garanta soberana. Mediante dicha clusula, esa administracin est obligada a encargarse de los impagos posibles. As, el impago se convierte en deuda externa de dicho pas con el Estado espaol. A finales de 2008, esta deuda generada a travs de CESCE sumaba 3.425,89 millones de euros. Casi el 20% de sta cantidad atae a pases altamente endeudados y empobrecidos o HIPC (Heavily Indebted Poor Countries , por sus siglas en ingls) como: Costa de Marfil, Repblica de Congo, Nicaragua, Bolivia, Togo y Hait [5].

Otro punto relativamente problemtico de CESCE se ubica en el mbito de la transparencia y la corrupcin [6]. En lo que atae a las empresas espaolas, stas no son un ejemplo a seguir desde esta perspectiva. Transparency International elabora informes cada ao entre los cuales destacamos el ndice de Fuente de Soborno (IFS), el cual clasifica a 22 de los pases econmicamente ms influyentes del mundo en funcin de la propensin de sus empresas a pagar sobornos en el extranjero [7]. El Estado espaol se sita en el rango 12, lo que indica una probabilidad an importante de que las empresas espaolas participen en sobornos en sus actividades en el exterior. Desde 2003, CESCE ha comenzado a implementar las propuestas de lucha contra la corrupcin acordadas en el marco de la OCDE, solicitando a las entidades que soliciten la cobertura por cuenta del Estado, una declaracin formal de reconocimiento de las condiciones de la OCDE respecto a la corrupcin, entre las cuales los beneficiarios del seguro se comprometen a no participar en sobornos. No obstante, este modo de funcionamiento pierde credibilidad puesto que, simultneamente, CESCE no permite el acceso exhaustivo a todas las iniciativas a las que da cobertura mediante sus seguros. La opacidad a menudo favorece procesos de corrupcin al descartarse la capacidad de inspeccin y monitoreo por parte de las y los ciudadanos espaoles y de aquellos afectados por los proyectos en los pases empobrecidos. Adems, existe una contradiccin, en trminos de transparencia, entre, por un lado, la Orden ECO/180/2003 en la cual se ampara CESCE para reivindicar la ms estricta confidencialidad sobre los proyectos y datos de sus asegurados; y por otra parte, el derecho del acceso a la informacin de cualquier ciudadano o ciudadanadel Estado, estipulado en la Ley 27/2006.

En el apoyo a la transnacionalizacin de las empresas espaolas, un mbito particularmente preocupante por la posibilidad de violacin de los Derechos Humanos, se ubica en la industria armamentstica. Al respecto, cabe destacar tambin la participacin de CESCE. De hecho, algunas de las operaciones que se han podido identificar se articulan con ventas de armamento a pases altamente conflictivos [8]. En este sector resulta particularmente difcil el acceso a fuentes de informacin sobre el apoyo de CESCE a las empresas armamentsticas. A imagen y semejanza de otras ECA, CESCE promueve la exportacin de armas. El trabajo de CESCE en este mbito adquiere por tanto una dimensin y responsabilidad poltica importante. As, en el ao 2002, el 54% de las operaciones de esta ECA se produjeron en pases con un nivel muy deficiente de control democrtico [9]. Todo indica que CESCE, mediante el dinero de los contribuyentes espaoles, asegura no solo el porvenir de las empresas armamentsticas, sino que facilita el suministro de armas en pases que no disponen de mnimas garantas democrticas. Asimismo, CESCE contina exigiendo deudas odiosas [10], muchas veces relacionadas con conflictos armados e ignorando los impactos de sus demandas sobre los Derechos humanos.

Por otra parte, cabe recordar que CESCE ha asegurado proyectos con importantes impactos ambientales y sociales en los pases destinatarios . Esta realidad ha sido denunciada por diferentes colectivos sociales [11] y tambin ha sido reconocida por entidades como la OCDE [12]. Resulta difcil realizar una evaluacin completa del impacto ambiental global de las actividades apoyadas por la ECA espaola, debido a la opacidad informativa que le caracteriza. El sistema de evaluacin ambiental de los proyectos de CESCE se basa en las directrices obligatorias de la OCDE. Sin embargo, su aplicacin tiene importantes carencias [13].

En este marco, la Ley 38/2006 reguladora de la Gestin de la Deuda estipulaba que el Gobierno presentara un proyecto de Ley de reforma de CESCE. Lo que llama la atencin, ante esta multiplicidad de problemticas vinculadas con CESCE comentadas aqu, es que en la reciente propuesta de Ley, depositada por el Ministro de Industria, Turismo y Comercio, para la Reforma del Sistema de Apoyo Financiero a la Internacionalizacin de la Empresa Espaola, se incumple totalmente con el compromiso de realizar cambios sustanciales en CESCE. Adems, se propone la constitucin del Fondo de para la Internacionalizacin de la Empresa (FIEM), un mecanismo que amenaza con profundizar los impactos negativos de la inversin espaola en el exterior.

Ante este panorama, podemos afirmar que CESCE se encuentra entre los principales mecanismos de anticooperacin del Estado espaol, en tanto que una instancia que interfiere negativamente en el bienestar de los pases empobrecidos donde tienen lugar las inversiones de las empresas espaolas [14]. Resulta evidente, tal como lo seala la campaa Quin debe a Quin? [15], que en primer lugar se deben considerar los beneficios reales para los pases del Sur. Existe un nmero creciente de investigaciones que revelan de manera rigurosa hasta qu grado las empresas espaolas han generado impactos sociales, ambientales, culturales y econmicos negativos en los pases empobrecidos [16]. En cambio, no existen pruebas de que su presencia haya contribuido a mejorar las condiciones de vida de estas poblaciones. Por ello, es importante cuestionar la propia existencia de mecanismos como CESCE y el FIEM. En el caso de que se mantuvieran los seguros de CESCE, resultara indispensable una reforma que subsane todas las problemticas mencionadas. Queda claro que la voluntad del gobierno espaol radica en apoyar a las empresas espaolas y su expansin en el exterior. Empero, dicho apoyo demuestra una total incoherencia con la supuesta intencin de avanzar en mbitos como el respeto de los derechos humanos, del medio ambiente y la lucha contra el empobrecimiento, vigentes en el Plan Director de la Cooperacin Espaola 2009-2012 [17]. Sin un cambio real, el Estado espaol ser anticooperador mucho ms que cooperador con el Sur.



[1] El conjunto de estos mecanismos se analiza en detalle en: Ortega, M. Debe el Estado ayudar a las transnacionales espaolas? Impactos ambientales y sociales del apoyo pblico a la internacionalizacin. Brenes: Muoz Moya Editores Extremeos, 2007.

[2] El Grupo BBVA participa en el 16,3%, mientras que el 21,07 pertenece al Grupo Santander, el 8,48% es controlado por otros bancos espaoles y el 3,9% por diferentes compaas de seguro privadas. CESCE depende del Ministerio de Economa.

[3] Para 2009 vase: http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/24/pdfs/A51773-51897.pdf; y para 2010: http://www.webmurcia.com/nacional/5090-industria-presenta-un-presupuesto-marcado-por-la.html

[4] En el siguiente enlace se ubica un mapa mundial indicando el grado de riesgo poltico para las inversiones identificado por CESCE: http://www.cesce.es/web/sp/Riesgo-Pais/index.aspx

[5] Para ms informacin vase: Gmez-Oliv, D. Informe de la Deuda reclamada por el Estado espaol a 31 de diciembre de 2008, Barcelona: Coleccin Informes ODG, 2009, (en proceso de edicin).

[6] Las Agencias de Crdito a la Exportacin (ECA por sus siglas en ingls) como CESCE siempre han estado en el punto de mira de las investigaciones relacionadas con la corrupcin internacional, puesto que son la principal fuente de financiamiento pblico para el sector privado en el mundo y juegan un papel clave en el comercio internacional. Colaboran en un 10% de las exportaciones de los pases industriales, que constituyen a su vez las tres cuartas partes de las exportaciones globales. Estudios rigurosos elaborados por organismos internacionales (en particular el Banco Mundial) han demostrado que, cuando el marco general del pas donde penetran las empresas transnacionales facilita la corrupcin, los inversores extranjeros copan los negocios ms rentables y disminuyen los estndares de gobernabilidad de la regin. Para ms informacin sobre este tipo de agencias vase: http://www.eca-watch.org/.

[7] El IFS de 2008 publicado en Transparency International. Informe Global de la Corrupcin 2009. Corrupcin y sector privado . Cambridge: Cambridge University Press, 2009 (consulta en: http://www.transparency.org/), fue calculado a partir de una encuesta en la que participaron ms de 2.742 altos ejecutivos de empresas. Se realizaron al menos 100 entrevistas a ejecutivos de 26 pases entre los principales receptores de inversin extranjera directa.

[8] Vase Ortega, M. (op. cit .), p. 140

[9] Citados en el tercio inferior de la clasificacin mundial realizada por World audit : www.worldaudit.org/democracy.htm

[10] El concepto de deuda odiosa se aplica cuando cae un dictador que asumi una deuda en contra de la voluntad popular y/o us los fondos para reprimir a la poblacin o para la violacin de los derechos humanos. Esa deuda desaparece entonces con la cada del dspota, ya que es ste y no el pueblo quien es responsable. Si consideramos el caso de Iraq, se trata de un caso tpico de deuda odiosa que no debera pagarse.

[11] Ver www.odg.cat, www.quiendebeaquien.org

[12] Ver: OCDE. Development Assitance Comit (DAC). Development Co-operation Review of Spain , 2002, p. 36.

[13] Entre ellas, podemos destacar el hecho de que no se destinan recursos para evaluar sobre el terreno los proyectos potencialmente asegurados por CESCE. Tampoco existen protocolos que permitan evaluar los impactos sobre el desarrollo de los proyectos asegurados. De forma tal, que una vez que ha sido aprobado el seguro para un proyecto, no hay un sistema de evaluacin directa sobre los impactos reales en las zonas donde ha sido realizado, a diferencia de otras ECA. CESCE tampoco dispone de unidades independientes que aseguren el cumplimiento de las obligaciones ambientales. Otro aspecto problemtico es queno se toma en cuenta a todos los implicados por los proyectos asegurados, por lo que ni las poblaciones potencialmente afectadas por los proyectos asegurados por CESCE, ni la sociedad civil del Estado espaol, tienen voz en el proceso de decisin.

[14] Para un mayor desarrollo de la teora de la anticooperacin vase: Llistar, D. Anticooperacin. Interferencias Globales Norte-Sur. Los problemas del Sur Global no se resuelven con ms ayuda internacional. Barcelona: Editorial Icaria, 2009.

[15] Vase: http://www.quiendebeaquien.org/spip.php?article1336

[16] Vase por ejemplo: http://www.odg.cat, http://www.omal.info, y los casos de empresas espaolas presentadas ante el Tribunal Permanente de los Pueblos en Viena (2006) y Lima (2008), en: http://www.enlazandoalternativas.org./spip.php?rubrique=3.

[17] Vase: http://www.aecid.es/web/es/aecid/Prioridades/

Rebelin ha publicado este artculo a peticin expresa de la autora, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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