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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 31-12-2009

Dos periodistas condenados por informar en la web
Un juez espaol afirma que Internet no es un medio de comunicacin

Carlos Martinez
Rebelin


El Magistrado-juez Ricardo Rodrguez Fernndez, titular del Juzgado de lo Penal n 16 de Madrid, ha condenado al Director de la SER, Daniel Anido, y al Director de Informativos de la cadena, Rodolfo Irago, como autores de un delito de "revelacin de secretos" con la apreciacin de una eximente incompleta de ejercicio legtimo de una profesin, a un ao y nueve meses de prisin y a las penas accesorias de "inhabilitacin especial para la direccin de medios de comunicacin y el ejercicio de la actividad de periodistas".

El juez, ha recogido la peticin del fiscal, y ha dictado sentencia condenatoria contra ambos al haber publicado en la web de la Cadena Ser un documento en el que se denunciaban afiliaciones irregulares al Partido Popular. Entre los implicados figuraban los Bravo y Vzquez, relacionados posteriormente con el "Tamayazo", mediante la cual eminentes empresarios compraron a dos diputados del PSOE para que la Presidencia de la Comunidad de Madrid recayera en Esperanza Aguirre cuando corresponda, segn la urnas, al socialista Rafael Simancas.

El magistrado reconoce que los hechos tenan inters informativo, existan irregularidades en la afiliacin, sus vnculos con una trama de corrupcin urbanstica... Pero afirma el togado que la que la publicacin de los datos personales, afiliacin nombre y domicilio no era necesaria para informar a los ciudadanos.

Entiende el juzgador que la ideologa forma parte de la intimidad personal y por tanto no debe ser publicada. Cita como precedente una sentencia condenatoria a un periodista que public el nombre y apellido de de dos internos en un centro penitenciario que trabajaban en la cocina y tenan la enfermedad del SIDA.

Lo ms subrayado por los medios es que el juez entienda que la proteccin constitucional al derecho a informar y ser informado solo alcanza a los medios clsicos: televisin, prensa y radio. Y que no protege en el caso de Internet pues es libre y universal (sic).

La sentencia es llamativa y esta siendo criticada por muchos periodistas y juristas prximos al gobierno. En ninguna de ellas he ledo ninguna mencin al fiscal que interes la condena de los periodistas y que el juez recogi. Desde un punto de vista amplio sobre el funcionamiento de la administracin de justicia ha de destacarse que la nica sentencia recada que tiene que ver con el "tamayazo" ha sido una que condena a los periodistas, ninguna ha habido (ni habr) que condene a los que alteraron la voluntad popular mediante el cohecho.

Pero es cierto que la sentencia puede causar un grave precedente por diferentes motivos. En primer lugar, es un disparate jurdico afirmar que el derecho a informar no protege la informacin que se realiza por Internet. Internet puede ser una radio, un medio escrito o una televisin. Internet es una herramienta, eso s, libre y universal, pero eso que el Juez ve como un obstculo, es precisamente todo lo contrario, una garanta para que los derechos a la pluralidad informativa, el derecho a informar y a recibir una informacin veraz sean reales y efectivos.

En otro orden, el juzgador tambin confunde el derecho constitucional a no declarar sobre la propia ideologa con la militancia poltica. Esta ltima, supone de una actividad social, no hay nada ms pblico y notorio que la militancia poltica o sindical. No hay intimidad que proteger cuando no se desvelan algo que es conocido, como era el hecho denunciado, por el cual determinados militantes del PP tomaron partido en favor de Esperanza Aguirre y en contra de Gallardn y el documento lo que haca era probar las irregularidades en la afiliacin. Si acaso, en lo nico que se pudieron exceder los periodistas condenados es que en el documento aparecan el domicilio de alguno de ellos.

En todo caso, cuando se informa de unos hechos tan graves y tanta transcendencia, el juez, y previamente el periodista, tiene que valorar los dos bienes jurdicos en juego: la intimidad de la persona que ejerce cargos pblicos y el derecho a informar. Es continua la jurisprudencia de que en el caso de que los hechos publicados afecten a una persona con responsabilidades polticas, la proteccin a su intimidad esta ms limitada que en el supuesto de personas sin actividades publicas. En la sentencia, el juez reconociendo que los periodistas deban informar, se atreve a dar lecciones a los condenados afirmando que no era necesaria para la informacin la publicacin de esos datos (nombre y afiliacin poltica).

Este juez ha puesto muy alto el listn de la proteccin a la intimidad; el problema es que no siempre es as. Tenemos todo el derecho a sospechar que si en lugar de ser militantes del Partido Popular se hubiera tratado de inmigrantes, sindicalistas o cualquier persona humilde no hubiera habido condena. Por ejemplo, son cada vez ms comunes las sentencias que absuelven al superior que entra en el correo de su trabajador, entendiendo los jueces que en este caso no se atenta contra la intimidad. O son muchas las informaciones en los medios de comunicacin que tratan a militantes de izquierda como verdaderos delincuentes.

El juez, para motivar su sentencia, cita como precedente una previa resolucin en la que se condena a un periodista por publicar, ni ms ni menos, la situacin de presos y enfermos de sida de dos personas. Cualquiera puede entender que esta ltima informacin ataca infinitamente ms la intimidad que la accin enjuiciada y denota una falta de medida por parte del juzgador. En resumen, los militantes de la derecha tienen ms protegida su intimidad que cualquiera de nosotros.

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