Portada :: Amrica Latina y Caribe :: Masacre en Per. Junio 2009
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 16-01-2010

Per
Sin consenso sobre Bagua

Milagros Salazar
IPS


La polmica suscitada por el informe del gobierno de Per sobre el enfrentamiento entre policas y nativos registrado en junio en Bagua, que dej ms de 30 personas muertas, opac otros tres trabajos sobre demandas indgenas, que plantean recomendaciones para atacar los orgenes del conflicto.

Con acuerdos poco claros, concluy la labor del Grupo Nacional de Coordinacin para el Desarrollo de los Pueblos Amaznicos, que conform el gobierno de Alan Garca tras las protestas de los indgenas contra decisiones legislativas que vulneraban sus derechos colectivos, y que derivaron en el saldo trgico del 5 de junio de 2009 en Bagua, provincia de la nortea regin de Amazonas.

El grupo, integrado por ocho ministros, presidentes de regiones de la Amazonia y representantes indgenas, tuvo su ltima sesin el 12 de este mes para debatir los cuatro informes producidos por las mesas de trabajo, con el objetivo de elaborar un plan de desarrollo sostenible para los pueblos indgenas.

Sin embargo, los lderes nativos de la Asociacin Intertnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y de la Confederacin de Nacionalidades Amaznicas de Per (Conap) sealaron a IPS que el dilogo se entramp en las crticas al informe sobre Bagua y que no hubo tiempo para analizar los otros tres documentos ni aprobarlos de manera oficial, pese a que en gran parte son avalados por los indgenas.

Tanto Aidesep como Conap, los dos mayores gremios de organizaciones selvticas, usualmente enfrentadas, coincidieron en rechazar el informe de los hechos violentos, por considerar que no aportaba a la verdad ni a la justicia, que llegaba a conclusiones parciales y que no reconoca claramente las responsabilidades de las autoridades.

Por ello, ambas organizaciones solicitaron que se ample la investigacin.

El secretario de Aidesep, Sal Puerta, pidi una comisin independiente y seal que el ministro de Agricultura y coordinador del Grupo Nacional, Adolfo de Crdoba, dio por concluido el debate sin terminar de escuchar las observaciones de los indgenas.

"Esto es una provocacin", dijo a IPS Puerta, tras insistir en la derogacin de los decretos promulgados por el Poder Ejecutivo, en la indemnizacin a las vctimas de los nativos que murieron tras los hechos sangrientos, y en facilidades para el retorno de Alberto Pizango, lder de Aidesep, asilado poltico en Nicaragua.

Los otros tres informes, a los que tuvo acceso IPS, pertenecen a la mesa dos, que analiz los decretos legislativos 1090 y 1064, referidos a la gestin forestal y de fauna silvestre, a la mesa tres, sobre la consulta previa que establece el Convenio 169 de la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indgenas y Tribales, y a la mesa cuatro, sobre el desarrollo de la Amazonia.

En sus conclusiones, los integrantes de la mesa dos dan aportes tcnicos para mejorar las normas forestales, planteando la creacin de un viceministerio para el tema y un organismo tcnico especializado.

El documento tambin propone prohibir el cambio de uso de las tierras forestadas y las protegidas, con o sin cobertura de bosques, para evitar otras actividades econmicas, como s lo permitan los decretos 1090 y 1064, que fueron promulgados por el Poder Ejecutivo de manera inconstitucional segn los crticos.

En esa misma lnea, plantea sanciones penales y administrativas para los funcionarios que "autorizan el cambio de uso de tierras de manera ilegal y promueven el trfico de tierra o invasiones".

Asimismo, propone un ordenamiento territorial y forestal nacional que considere las condiciones ecolgicas del bosque y que no slo responda a una lgica de explotacin de los recursos, como sucede ahora.

Este ordenamiento, segn las conclusiones de la mesa, tambin debera incluir los usos y costumbres de los pueblos nativos, y priorizar el mantenimiento de la cobertura forestal, los suelos y los recursos hdricos, antes que autorizar actividades extractivas de alto impacto.

De igual forma, plantea que se realice una consulta previa a los aborgenes sobre estas actividades.

Otra propuesta es el trmino del proceso de titulacin de las tierras de las comunidades nativas. El texto tambin recoge la peticin de derogatoria de ocho decretos legislativos y de la ley de recursos hdricos, elaborada por las organizaciones indgenas, y la contrasta con las observaciones del gobierno.

En este sentido, solicita que las propuestas y planteos contenidos en los informes sean presentados al Congreso legislativo y al Tribunal Constitucional.

Para los indgenas, los decretos legislativos fueron aprobados para habilitar el acceso de firmas transnacionales a sus territorios y a los recursos naturales y para crear instituciones sin una consulta previa, libre e informada, como establece el Convenio 169 de la OIT.

Sobre la ley de recursos hdricos, sealan que centraliza el papel del Estado, tiene una gestin incoherente del manejo de cuencas y no garantiza jurdicamente el derecho al recurso a los pueblos indgenas.

En un documento elaborado para la ltima reunin con el Grupo Nacional, Aidesep propone que los acuerdos de la mesa dos sean presentados al Poder Legislativo para que se deroguen los decretos.

La mesa tres, en tanto, propuso una ley que establezca mecanismos de consulta, considerando la iniciativa de los indgenas, la postura del gobierno regional de Junn y las observaciones del Poder Ejecutivo.

El proyecto tiene 42 artculos y siete disposiciones complementarias finales, pero 29 de estos puntos no han sido consensuados entre el gobierno y los indgenas.

Uno est referido a la jerarqua de la ley, en el que se seala que "no podr invocarse el inters nacional u otras disposiciones del derecho nacional como justificacin" para no cumplir con la consulta.

Para el gobierno, no deben presentarse excepciones al inters nacional, pero para los nativos no pueden superponerse normas internas para evadir instrumentos internacionales que el Estado suscribe, como seala el artculo 26 de la Convencin de Viena sobre el Derecho de los Tratados, suscrito en 1969 y que entr en vigor en 1980.

El documento plantea la creacin de un organismo tcnico especializado en materia de consulta que pueda supervisar el proceso y dar asesora tcnica al respecto. Hay consenso para que el actual Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amaznicos y Afroperuanos asuma esta labor.

Aidesep consider que esta mesa alcanz importantes acuerdos y por lo tanto la propuesta debe pasar al Congreso para que sea debatida y se apruebe en un plazo mximo de 60 das.

El informe del ltimo grupo, el cuarto, detalla un plan nacional de desarrollo amaznico, que va desde garantizar los derechos de propiedad de la tierra y de seguridad jurdica de las comunidades de la Amazona hasta el acceso a la educacin y salud con un enfoque intercultural.

Asimismo, demanda la participacin de los pueblos indgenas en el manejo y los beneficios de las reas naturales protegidas, as como en el uso de los recursos naturales.

Tambin que se evite la contaminacin ambiental, que se protejan los conocimientos colectivos y que se establezca un marco laboral especial para los nativos.

Los indgenas exigen, adems, que el gobierno disponga un presupuesto pblico, suficiente y oportuno para ejecutar el plan.

Aidesep est de acuerdo, en lneas generales, con los postulados del cuarto informe, pero pide aprobar polticas pblicas especficas al respecto.

El ministro De Crdoba dijo a IPS que se har un seguimiento de los avances de las mesas, a travs de una comisin que estar integrada por personas designados por el Grupo Nacional, y que "el dilogo con los pueblos indgenas contina".

Pero para los lderes nativos, el futuro se ve an nebuloso, por lo que piden mensajes claros del gobierno y que se consideren sus demandas para avanzar en el proceso.

Fuente: http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=94407



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