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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 01-02-2010

Desmontando la propuesta del PSOE de retrasar la edad de jubilacin a los 67 aos
A grandes males, grandes remedios

Hctor Illueca Ballester
Rebelin


El pasado 29 de enero de 2010 el Consejo de Ministros aprob una Declaracin poltica (Declaracin, en adelante) que ha provocado un ambiente de inseguridad en los trabajadores de nuestro pas, alentando una conciencia de precariedad en el acceso presente a, y en el mantenimiento futuro de, la proteccin dispensada por el poder pblico a travs de la pensin de jubilacin. La Declaracin, de carcter eminentemente programtico [1], establece las orientaciones y criterios que, en un futuro cercano, deben regir la accin del Gobierno en el universo de la proteccin social. Esa intencin se deduce de la propia literalidad del lenguaje utilizado en la Declaracin , que se refiere a la presentacin de un documento que sirva como referencia de la posicin del Ejecutivo, susceptible de traducirse en el plazo ms breve posible en reformas legales concretas.

La Declaracin se muestra abiertamente partidaria de introducir modificaciones en el rgimen jurdico de las prestaciones de Seguridad Social que integran el ncleo duro del sistema asegurativo-contributivo de proteccin social, con el fin de garantizar tanto su sostenibilidad como su adecuacin y suficiencia protectora, todo ello en un contexto de presin sobre las finanzas pblicas y de progresivo acercamiento de los desafos planteados por el envejecimiento demogrfico. Sin embargo, como vamos a ver enseguida , bajo las nociones aparentemente neutras de racionalizacin, sostenibilidad o adaptacin, se esconden intereses muy concretos en favor de una reforma neoconservadora que acaso constituya el mayor retroceso en la proteccin de los trabajadores desde el advenimiento de la democracia.

En general, puede afirmarse que el documento al que nos referimos est al servicio de dos grandes objetivos, que son complementarios y responden a un propsito comn. El primero consiste en abrir al mercado el sistema espaol de proteccin social, acreciendo y extendiendo la importancia de la previsin social complementaria que se desarrolla en el mbito privado. La Declaracin admite este planteamiento con sorprendente naturalidad, reservando un papel reforzado para la previsin social complementaria, que no solo debe articular sus funciones en relacin con la prestacin por jubilacin, sino que puede ayudar a los contribuyentes a mejorar su proteccin social, reforzando la sostenibilidad del conjunto del sistema. El segundo objetivo, complementario del anterior e ntimamente ligado al mismo , consiste en establecer restricciones subjetivas y limitaciones objetivas en el rgimen de acceso o de disfrute de determinadas prestaciones, fundamentalmente, aunque no exclusivamente, la prestacin econmica por causa de jubilacin .

En efecto, lo primero que seala la Declaracin es la necesidad de incrementar la edad de jubilacin legalmente establecida desde los 65 hasta los 67 aos, a travs de un proceso gradual y progresivo que comenzara en el ao 2013 y se prolongara durante un perodo no determinado, afectando de manera ms intensa a los trabajadores que se jubilasen al finalizar dicho perodo. Segn diversas fuentes periodsticas, se tratara de aumentar la edad de jubilacin a razn de dos meses por ao a partir de 2013, de forma que alcanzase los 67 aos de edad en 2024 [2].

Adems, la Declaracin defiende la ampliacin del perodo de cotizacin que se toma en consideracin para calcular la base reguladora de la pensin de jubilacin, lo que podra traducirse en una sensible disminucin de la cuanta de la pensin para una mayora de trabajadores que obtienen mejores salarios en el ltimo perodo de su carrera profesional. El documento no concreta el alcance de esta medida, aunque las fuentes anteriormente citadas sealan que, en un primer momento, el perodo de cotizacin podra ampliarse de 15 a 20 aos, extendindose progresivamente hasta abarcar toda la vida laboral del trabajador. De aplicarse esta medida, se producira un efecto particularmente pernicioso por su carcter discriminatorio, perjudicando a las mujeres q ue dejan de trabajar unos aos debido a la maternidad y neutralizando, al menos en parte, los avances contenidos en la disposicin adicional decimoctava de la Ley Orgnica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Como puede observarse, la tan citada Declaracin del Ejecutivo no se limita a proponer una simple adaptacin o ajuste del rgimen jurdico de la pensin de jubilacin, sino que pone sobre la mesa una estrategia calculada y diseada para reducir la cobertura que dispensa el sistema de Seguridad Social frente a la situacin de necesidad que doctrinariamente se conoce con el nombre de jubilacin. Lgicamente, el Gobierno era consciente del rechazo popular que iba a provocar esta propuesta, por lo que introdujo dos matizaciones en la concepcin poltica que articula la Declaracin. Por un lado, se prev que las medidas anteriores sean aplicadas de manera gradual y paulatina para permitir a los ciudadanos adaptarse a la nueva configuracin legal de forma que no disminuyan sus niveles de proteccin social. Por otro , se afirma que la reforma no puede afectar a quienes han consolidado sus derechos como beneficiarios , garantizando el percibo de la prestacin a las personas que tuvieran reconocida la condicin de pensionista cuando se produzca su entrada en vigor . Lo que se pretende, en realidad, es difuminar las consecuencias sociales que provocar una reforma econmica de corte radical y antigarantista , para que la reaccin de la poblacin sea ms contenida y acabe por desdibujarse con el transcurso del tiempo .

La Declaracin, que ha merecido el inmediato aplauso de la patronal [3], plantea el endurecimiento de las condiciones que permiten el acceso a la pensin contributiva de jubilacin y trasluce la intencin de reducir notablemente la cuanta de la prestacin. Pero, ms all de todo ello, el documento aprobado por el Gobierno representa un claro alineamiento con las tendencias ms radicales que defienden la ruptura del modelo pblico de proteccin social vigente en nuestro pas, aproximndonos a un escenario que aparece caracterizado por dos rasgos significativos: una seguridad social pblica muy debilitada, de naturaleza crecientemente asistencial, y una proteccin complementaria que se encomienda a la iniciativa privada y al esfuerzo individual de los trabajadores. Desde este punto de vista, la Declaracin que hemos analizado constituye un giro poltico mayor y crea las condiciones para que la clase obrera, a travs de sus organizaciones representativas, se oponga a esta ofensiva procediendo a la convocatoria de una huelga general. De lo contrario, la seguridad social de los trabajadores, hasta cierto punto inalcanzable y contradictoria con la reproduccin del sistema, se teir completa mente de utopa.

Notas:

[1] El texto completo puede obtenerse en http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media/201001/29/economia/20100129elpepueco_2_Pes_PDF.pdf

[2] http://www.elpais.com/articulo/economia/Gobierno/propone/retrasar/67/anos/edad/legal/jubilacion/elpepi%20e%20%20co/20100129elpepieco_2/Tes?print=1

[3] http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idtipusrecurs_PK=7&idnotici%20a%20_PK=682843

Hctor Illueca Ballester es Inspector de Trabajo y Seguridad Social


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