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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 02-02-2010

Hacen falta penas ms duras?

Flix Pantoja
Pblico


La recientes declaraciones de responsables polticos que reclaman la implantacin de la cadena perpetua y una nueva modificacin de la ley del menor, llevan una vez mas a que debamos formularnos algunas preguntas con objeto de clarificar y poner sensatez en el debate social, as como ayudar a los ciudadanos a que reflexionen sobre estas cuestiones. A ser posible, lejos de la emocin y el sentimiento que producen crmenes terribles o, ms propiamente, la repeticin sistemtica en los medios del recuerdo de crmenes terribles que llevan a la sociedad a la percepcin de que ocurren habitualmente.

Estas preguntas pueden ser: cabe la cadena perpetua en nuestro ordenamiento? Es realmente necesario endurecer aun mas nuestras leyes penales? Qu estamos haciendo con las vctimas?

Con respecto a la primera, la respuesta es rotundamente no, y no slo porque el artculo 25.2 de la Constitucin (CE) establece la reinsercin del penado como objetivo, sino porque, como seala el Tribunal Constitucional (TC), la preparacin para la vida en libertad a lo largo del cumplimiento de la condena constituye un mnimo innegociable (sentencia 112/96 del TC). Pero no se agotan aqu los argumentos constitucionales: la posibilidad de confinar toda su vida a una persona en una crcel es un atentado contra la dignidad humana protegida en la Constitucin (art. 10), contra la promocin de la igualdad real y efectiva (art. 9.2) y contra la proscripcin de tratos inhumanos y degradantes (art. 15).

En cuanto a la segunda pregunta, slo cabe acudir a las estadsticas y a los datos oficiales. Como pone de relieve un reciente trabajo de la Plataforma Otro Derecho Penal es Posible, Espaa tiene uno de los porcentajes de presos ms altos de Europa, habindose llegado a cuadruplicar su poblacin penitenciaria en el perodo 1980-2009. En algo menos de 30 aos hemos pasado de tener una poblacin reclusa de 18.583 a 76.771 personas, lo que constituye un dato de por s revelador y nos sita a la cabeza de Europa. As, la tasa de los pases europeos oscilan entre las 63 por 100.000 habitantes de Noruega y las 164 encarceladas que hay en Espaa. Y, sin embargo, la tasa de criminalidad en Espaa es menor que la media de los pases europeos. A falta de datos de 2009, en el ao 2008 la tasa de delitos por cada 1.000 habitantes fue en Espaa fue de 47,6. La media Europea est en el 70,4. Otros pases de nuestro entorno, con sistemas policiales y penales percibidos por la poblacin como ms duros, duplican la nuestra o son notoriamente ms elevados, como por ejemplo Reino Unido (101,6) o Alemania (76,3). Un ltimo dato en cuanto al endurecimiento de las penas: segn datos de la Secretara General de Instituciones Penitenciarias, actualmente enero de 2010 hay en Espaa 345 personas presas (sin contar las condenadas por delitos de terrorismo) con penas no acumulables superiores a los 30 aos; una de ellas tiene una condena de 38.585 das, esto es, casi 106 aos. Esto quiere decir que, en la mayora de los casos, no terminarn de cumplir sus condenas mientras dure su vida, pues a la edad que cada uno tenga, si la media fuera de 40 aos de edad, en cuanto la pena sea superior a 35 aos la vida en libertad se esfuma como posibilidad. Saben realmente nuestros polticos lo que estn diciendo?

Y si nos fijamos en la Ley del Menor, cuntos crmenes terribles han sucedido en estos 10 aos de vigencia? Prcticamente los podemos enumerar con los nombres que reciben en la prensa. Causan grave impacto social, pero tampoco llegamos a conocer las dramticas circunstancias que rodean a sus protagonistas. La realidad es que en los juzgados de menores se produce un alto ndice de intervencin. Aunque la delincuencia registrada de las personas menores de edad es constantemente inferior al 2% de la de las adultas y de mucha menor gravedad, los juzgados de menores estn imponiendo sanciones penales a un nmero altsimo de menores. Casi el 1% (1.000 de cada 100.000, a efectos de su comparacin con las tasas de encarcelamiento de adultos) de personas entre 14 y 18 aos reciben cada ao una sancin penal por un juzgado de menores. Una tasa muy importante de intervencin penal. Y adems las sanciones son tan duras que pueden llegar a 10 aos de internamiento en centro cerrado por cada delito cometido (obsrvese que esta cifra es mayor que la mitad de de la vida del chico castigado, y que puede cumplirse en un centro penitenciario, con las oportunidades que este ofrece y que tal vez no quisiramos para un hijo nuestro para el que pediramos una segunda oportunidad), lo que hace dudar del cumplimiento de los compromisos de Espaa con la Convencin de los Derechos del Nio. Y respecto a esa idea de bajar la edad penal a los doce aos, tenemos realmente un problema de poltica criminal con los nios de 12 y 13 aos como para rebajar la edad penal? No estaremos tratando de resolver con el derecho penal cuestiones que ataen a la educacin de los nios y a su igualdad de oportunidades?

Y por ltimo, en cuanto al tratamiento a las vctimas, el modelo que tenemos en Espaa es el de la cronificacin de su dolor, impidiendo la superacin del duelo con la creacin de asociaciones y la manipulacin poltica o meditica de las mismas, sin que exista una verdadera poltica social de apoyo material y moral para ayudar a superar ese dolor, extendiendo a la sociedad los legtimos y comprensibles deseos de vindicacin del dao sufrido.

Este es el panorama que ofrecen una y otra vez algunos polticos, que, irresponsablemente, siembran la desconfianza y alimentan el espejismo de que con el derecho penal vamos a solucionar problemas que han de encontrar remedio en la educacin, la igualdad y en las polticas sociales.

Flix Pantoja es fiscal del Tribunal Supremo.

Lorena Ruiz-Huerta, profesora de Derecho Penitenciario en la Universidad Carlos III

Xavi Echevarra, profesor de Derecho Penal en la Universidad de Deusto

Julin Ros, profesor de Derecho Penal en la Universidad P. Comillas

Jos Luis Segovia profesor de tica Poltica en la Universidad P. Salamanca

Ramn Sez, magistrado en la Audiencia Nacional

Manuel Gallego, profesor de Derecho Penal en la Universidad P. Comillas

Miembros de la plataforma Otro Derecho Penal es Posible

Fuente: http://blogs.publico.es/dominiopublico/1805/%C2%BFhacen-falta-penas-mas-duras/



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