desde el análisis de clase se puede prever que la burguesía transnacionalizada puede “sacrificar” intereses de la oligarquía latifundista y ganadera a cambio de terminar el conflicto armado, porque en lo fundamental lo que les interesa es conseguir un ambiente propicio para profundizar las inversiones extranjeras en infraestructura vial y energética, y en la explotación de recursos minerales y de agrocombustibles.

Es esencial tener claro que sin la movilización social, la mesa de La Habana languidecerá, y más temprano que tarde será levantada por JM Santos, aprovechando cualquier montaje burdo y chapucero de esos que sabe hacer la Inteligencia Militar colombiana, o argumentando la fecha de las elecciones que definirá su riña mediática con Uribe Vélez.

* Ponencia de Alberto Pinzón recogida de Argenpress y ponencia de Maurice Lemoine transcrita por Rebelión.

Marco León Calarcá, miembro del Estado Mayor de las FARC y natural de Cali, forma parte de la mesa de diálogo de la guerrilla en La Habana. Ha participado también en los procesos de paz anteriores con los presidentes César Gaviria y Andrés Pastrana, en Tlaxcala (México) y en el Caguán, respectivamente. En 2002, fue expulsado de México por el Gobierno de Vicente Fox.

(*) Transcrito por Rebelión

(*) El 13 de diciembre de 1998 la Fuerza Aérea Colombiana bombardeó la vereda de Santo Domingo, municipio de Tame, departamento de Arauca. Fue lanzado un dispositivo cluster que resultó en la muerte de 17 civiles, entre ellos cuatro niños y dos niñas. Asimismo, 27 civiles resultaron heridos, entre ellos cuatro niños y cinco niñas. Tras la explosión del dispositivo la Fuerza Pública continuó el bombardeo, desde el aire, sobre los civiles que trataban de auxiliar a los heridos y escapar de la vereda. Tras los hechos, la población de Santo Domingo se desplazó en su integridad y en enero de 1999 retornó a fin de reconstruir sus viviendas. Estos hechos permanecen en la impunidad pues el Estado no llevó a cabo investigaciones serias y efectivas para identificar a los responsables intelectuales y demás responsables materiales y, en su caso, imponer las sanciones que correspondieran. En su informe de fondo, la CIDH concluyó que transcurridos más de doce años desde los hechos únicamente se ha proferido una condena en primera instancia contra los tripulantes del helicóptero que lanzó el dispositivo.

Frente al espejismo de la falaz empresarización de los de abajo, estamos con la defensa de los resguardos indígenas, las tierras de las comunidades afro y las zonas de reserva campesina, como espacios de resistencia social a las locomotoras gubernamentales de la depredación.

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