Portada :: Colombia
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 16-05-2016

El conflicto armado en su laberinto
La necesidad de una frmula para descifrar la salida

Vctor Manuel Moncayo C
Revista Izquierda


La imagen del laberinto est asociada a la cultura occidental y se remonta a las tumbas del antiguo Egipto, a la cultura etrusca y a las explicaciones mitolgicas del mundo helnico. Su salida puede ser nica (univiario) o con caminos alternativos, uno solo de los cuales es el correcto (laberintos de mazes). A ella acuden con frecuencia los ensayos sociolgicos, histricos y literarios. As trat de describir Garca Mrquez el periplo vital de Bolvar, quien en medio de sus mltiples tribulaciones falleci en el intento de encontrarle una solucin, que quizs es la misma que hoy buscamos.

Si utilizamos esa ilustracin para el conflicto armado es porque entendemos que, luego de varios decenios, en los ltimos cuatro aos ha entrado en ese intrincado camino, guiado de las manos de dos partes que se han reconocido recprocamente como representativas del mismo:

De un lado, el Gobierno Nacional, que es apenas una parte del complejo andamiaje del Estado colombiano, pero que se ha abrogado obrar en su nombre. Estn por fuera, pero siempre expectantes e inclusive interviniendo, el rgano legislativo, la rama judicial, las autoridades de control, los cuerpos armados, la inasible sociedad civil que quieren encerrar como pueblo nacional.

En el otro extremo, una organizacin poltico-militar las FARC EP- que, si bien no es representativa de todo el espectro de la insurgencia armada, entiende que una expresin como la suya de alzamiento en armas ha sido tambin asumida por otras organizaciones (en especial por el ELN), y que como tal forma parte del vasto panorama de resistencia y confrontacin al Orden Social Vigente.

Ambas han diseado la ruta laberntica que conduzca a la terminacin de la modalidad armada del conflicto social y poltico, pero no resolvieron en su momento las claves de solucin para encontrar una salida. Como partes, que con certeza tienen intereses y propsitos diferentes, aceptaron que a lo largo del camino encontraran frmulas para ir salvando los mltiples obstculos que deban superar para alcanzar la meta propuesta; obstculos que fueron enumerados pero no ordenados. As han sorteado temporalmente y con numerosas salvedades y asuntos pendientes, cuestiones que estimaron centrales (la cuestin agraria, los cultivos de uso ilcito, la participacin poltica, las vctimas y la justicia) y dejaron para la fase final asuntos que bien habran podido ser descifrados con anterioridad, para saber con antelacin como se tramitaran los restantes.

Por ello se encuentran ahora, casi a la salida del tnel con monstruos amenazantes (los aspectos de los puntos 3 y 6 de la Agenda): cmo se dejan las armas, cmo se incorporan todos los actores armados a una cierta normalidad, cul relacin existir con los territorios en los cuales se ha operado, y cmo hacer para que todas las respuestas ya encontradas y las que estn pendientes puedan formar parte del orden jurdico-poltico, integrante de la estructura del Estado que es una de las partes.

Se ha puesto as en evidencia que hay al menos dos salidas del laberinto y no una sola. No hay un nico hilo de Ariadna que lleve las partes a la salida:

La organizacin guerrillera quiere y tiene voluntad de encontrar una salida, pero sobre la base de que, superada la modalidad armada del conflicto, el conflicto subsiste y puede tener otras formas de expresin y quizs de solucin histrica. En otras palabras, la organizacin poltica que ha de suceder a las FARC EP, como otras ms existentes o que puedan consolidarse, no abandona su condicin de oponente activo del Orden Social Vigente, no admite su claudicacin, no quiere continuar sometida y subordinada, ni mucho menos expuesta a su eliminacin por muchos medios. Si van a dejar las armas para incorporarse a la llamada vida civil, poltica y econmica, no es para perecer sino para continuar y perseverar en su propsito fundamental de sustitucin del Orden Social Vigente, as esta actitud sea satanizada denominndola como subversiva, tal y como en efecto lo es. El mantenimiento de una posicin de resistencia al orden establecido exige espacios precisos que no cierren esa dinmica, que no impliquen cooptacin, integracin o claudicacin, as se admita la conclusin de la estrategia armada.

En la orilla opuesta, el Gobierno en nombre del Estado entiende que el conflicto concluye con la terminacin de la guerra, y que ha de suceder a ella un sometimiento pleno al orden, sin que pueda ponerse en duda ni discutirse sus valores, sus polticas y sus reglas. Esta posicin est presente en las soluciones que quiere imponer para salir del laberinto, que exponen a las FARC EP a no tener garanta o seguridad alguna de existencia con posterioridad al Acuerdo, en las condiciones de su nuevo proyecto poltico.

En efecto, si la forma de dejacin de armas, las modalidades de incorporacin, el control y eliminacin del paramilitarismo, y los mecanismos de respeto de las relaciones sociales existentes en los territorios, as como el cumplimiento de lo ya pactado en Acuerdos parciales, no van unidos a un reconocimiento de TODO como parte del orden jurdico del Estado, la organizacin guerrillera saldra del laberinto sin garantas reales de existencia social y poltica.

Por fortuna este problema ha sido ya evidenciado, est expuesto al debate pblico y habr de resolverse en la mesa de dilogos, como ha ocurrido con otros temas. Sin embargo, como su comprensin an no es suficiente, intentaremos contribuir a su inteligencia.

Todo lo que sea parte integrante del Acuerdo Final tiene que ser incorporado al orden jurdico interno del Estado colombiano. De no serlo, lo acordado quedara como un simple catlogo de buenas intenciones, carente de toda validez formal y material, que segn la expresin coloquial sera apenas un canto a la bandera.

Para esa incorporacin se est ciertamente prisionero del Estado, que es una de las partes. As lo sabe el Gobierno Nacional y por esa razn ha orientado su negociacin hacia esa especie de sin salida. No habra materia negociable, salvo la supuesta confianza en que el Gobierno Nacional activar los medios para que ello ocurra y el Acuerdo Final sea una realidad vinculante y actuante. No quedara otro camino que ese sometimiento a una de las partes.

Actuando en esa direccin, el Gobierno Nacional ha articulado dos mecanismos: la refrendacin plebiscitaria, que no obliga a nada distinto a que hay que procesar luego lo que normativamente sea necesario, y el llamado Acto Legislativo para la Paz, que suministrara los mecanismos para tramitar, se dice que en forma gil y expedita, los cambios exigidos por el Acuerdo Final. Conforme a esto sera el Gobierno Nacional el que tendra la sartn por el mango para definir cmo se cumple la totalidad del Acuerdo Final y a travs de cules procedimientos. La promesa podra ser incumplida por este o por sucesivos gobiernos, y an cumplindola formalmente dara lugar a eventuales controversias y a disputas insalvables sobre su contenido, en el sentido de si corresponden verdaderamente o no a lo acordado por las partes.

Como quiera que esta salida forzada no es fruto del Acuerdo de las partes, como lo ordena la regla del juego pactada, en medio de las condiciones que impone el tiempo, se trata de hallar una frmula concertada que finalmente arroje un resultado satisfactorio.

Esa frmula no puede depender de una de las partes, sino que debe estar por encima de ellas. Es en este sentido que se viene considerando una alternativa que gira alrededor de la idea de sustraer lo que se acuerde del orden exclusivamente interno de una de las partes como es el Estado. Se trata de acudir al orden internacional que, de otra parte, es una construccin de los Estados, que han adherido a los instrumentos que lo han construido y desarrollado, como ocurre precisamente con el Estado colombiano.

Pues bien, son parte de ese orden internacional los llamados convenios de Ginebra, a los cuales ha adherido el Estado colombiano. En esos convenios se han establecido reglas para los conflictos internos de un Estado como el colombiano. Son convenios que reposan sobre el principio de la buena f en su observancia y que representan mandato obligatorio para los Estados adherentes (se habla del principio pacta sunt servanda).

En efecto, en el artculo 3 comn a los Convenios de Ginebra se prev que en caso de conflicto armado que no sea de ndole internacional (es decir internos).las partes en conflicto harn lo posible para poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente Convenio. Lo cual es complementado por el artculo 6 del Convenio III de Ginebra, titulado Acuerdos especiales, conforme al cual las altas partes contratantes (es decir los Estado adherentes a los convenios) podrn concertar otros acuerdos especiales sobre cualquier cuestin que les parezca oportuno zanjar particularmente. (subrayados y notas entre parntesis no son del texto)

Sobre tales acuerdos especiales existen muchas disquisiciones, muy propias de los discursos jurdicos, pero que, en trminos generales, pueden ser solucionadas positivamente para los fines de calificar el Acuerdo Final como un Acuerdo Especial, conforme a los Convenios de Ginebra, como lo demuestran estas proposiciones que doctrinariamente se han formulado:

Siendo ello as, tanto el Acuerdo inicial del 26 de agosto de 2012, que defini la Agenda del proceso de dilogos para la terminacin del conflicto y la construccin de una paz estable y duradera, como los acuerdos derivados del mismo (los acuerdos parciales ya suscritos y el Acuerdo Final previsto en los puntos 3 y 6 de la Agenda) son Acuerdos Especiales en el sentido otorgado por los Convenios de Ginebra.

Cules son las implicaciones de que esos Acuerdos tengan el carcter de Acuerdos Especiales conforme a los Convenios de Ginebra?

Se ha afirmado que en tal virtud los Acuerdos formaran parte del Bloque de Constitucionalidad, figura jurdica que ha sido construida por la Corte Constitucional colombiana para ampliar y profundizar el contenido limitado del propio texto de la Constitucin Poltica2. Sin embargo, es indudable que sobre la significacin y alcance del Bloque de Constitucionalidad, la jurisprudencia y la doctrina constitucionales no son unnimes y el debate propiamente interpretativo al respecto es un mbito an abierto al anlisis y la discusin.

Ante esa incertidumbre, que afectara la garanta requerida por las partes y, en especial, por las FARC EP, y ante la necesidad poltica de que el Acuerdo Final y sus componentes se incorporen definitivamente al orden jurdico interno, se ha considerado que, a partir de definir el Acuerdo Final como un Acuerdo Especial derivado de los Convenios de Ginebra, sera necesaria una frmula jurdica que permita incorporarlo formalmente.

En ese sentido, se ha vislumbrado como alternativa viable la posibilidad de intervenir sobre el contenido actual del Acto Legislativo para la Paz (pendiente de dos debates finales en la Cmara de Representantes), para reorientar su contenido y significacin para los fines buscados. En concreto, el Acto Legislativo le reconocera al Acuerdo Final el carcter de Acuerdo Especial derivado de los Convenios de Ginebra y, adems, prevera un procedimiento especial gil y expedito(adicional a los que ya se han debatido e incluido en el Acto Legislativo), para su incorporacin con todos sus contenidos al orden jurdico interno. En otros trminos, as como ya se han previsto en el proyecto de Acto legislativo mecanismos sui generis y giles para para adoptar las reformas constitucionales y legales necesarias para cumplir el Acuerdo Final, la reforma constitucional permitira tambin un procedimiento especial de incorporacin del Acuerdo Final y sus componentes normativos esenciales al orden jurdico interno.

De esa manera, la frmula que permitira salir del laberinto tendra como origen el acuerdo de las partes que dialogan en La Habana, y abrira las puertas para una pronta suscripcin del Acuerdo Final. Debe tenerse en cuenta que otra alternativa en todo caso supondra tambin una tramitacin en el Congreso de la Repblica, pero con una dilacin en el tiempo, pues supondran tramitar una nueva reforma constitucional para lograr el mismo cometido.

Estas consideraciones buscan contribuir a transitar esta fase final del laberinto en el que se encuentra el conflicto armado colombiano. Como Alicia en el Pas de las Maravillas, las partes estn a tiempo para preguntarle al Gato qu camino deben tomar para salir del laberinto y para responderle en esta ocasin, y no como en el cuento, que s saben a donde ir, tal y como se ha anunciado en el comunicado conjunto del pasado 12 de mayo.


Notas

1 Jean S PICTET, The Geneva Convention of 12 August 1949, Commentary, CICR (1952).

2 Rodrigo Uprimny, El bloque de constitucionalidad en Colombia. Un anlisis jurisprudencial y un ensayo de sistematizacin doctrinal. Universidad Nacional ENS. Colombia, 2005.


Artculo publicado en la Revista Izquierda No. 64, Bogot, mayo de 2016.



Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter