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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 27-06-2016

Brasil y la corrupcin oligrquica

Hedelberto Lpez Blanch
Cubainformacin.tv


La corrupcin acompaa a la mayora de los miembros de la Cmara Baja, del Senado y del gobierno provisional brasileo despus que la oligarqua criolla logr con artimaas sacar a la legtima presidenta Dilma Rousseff.

El dinero mal habido ha salpicado a los hasta hace pocos meses denominados intocables, debido al control y el poder que ejercen en esa inmensa nacin sudamericana.

Todo estaba preparado desde haca meses para lanzar el golpe de Estado contra la presidenta legtima de Brasil, Dilma Rousseff con el objetivo de devolverle el pas a la fuerte burguesa criolla, eliminar los programas sociales llevados a cabo desde 2003 e implantar el sistema neoliberal que ignora los beneficios para las grandes mayoras.

Consumada la implementacin del impeachment (Juicio Poltico) en la Cmara de Diputados que lo aprob por 342 votos, el siguiente paso fue llevarlo al Senado y, al sancionarse en esta instancia, la mandataria fue separada de su cargo por seis meses a la espera de un veredicto, que estar igualmente en manos de la Cmara Alta.

Resulta completamente incongruente que de los 21 senadores de la comisin especial que determin que Dilma deba ir a juicio poltico, ocho de ellos aparecen implicados en el caso de corrupcin de Petrobrs. Ellos son: Antonio Anastasia, Donald Caiado, Dario Berger, Gladson Cameli, Fernando Becerra, Aloysio Nunes, Cassio Cunha y Zeze Perrilla.

A estos se sumaron despus numerosos senadores y congresistas implicados en actos de corrupcin con el manifiesto objetivo de que fuera enterrado el caso Lava Jato (lavadero de autos) por desfalcos y malversaciones a la empresa estatal Petrobrs.

En 2014 se hizo pblica la investigacin que destap la red de corrupcin en la estatal Petrobrs, adems de numerosos problemas financieros en la empresa.

La operacin consista en que compaas sobornaban a altos dirigentes de Petrobrs y a otros funcionarios pblicos para conseguir contratos multimillonarios con la mencionada petrolera. Decenas de ejecutivos de varias empresas han sido detenidos.

Muchos de los poderosos polticos implicados han tratado de detener las investigaciones sobre Petrobrs para que el lodo no siga convirtindose en arenas movedizas.

En manos del juez del Tribunal Supremo Federal estn cuatro de los hasta ahora intocables: el ex presidente del Senado, Renan Calheiros, el senador y ex ministro, Romero Juc, el ex presidente del Parlamento, Eduardo Cunha y el ex presidente de Brasil Jos Sarney, todos bajo acusacin de obstruir las investigaciones sobre Petrobrs y de conspirar contra la operacin.

Dos aspectos importantes al que aspiran la oligarqua criolla y los polticos de derecha son lograr la privatizacin de Petrobras (para enriquecerse an ms) y eliminar los grandes logros sociales alcanzados durante los gobiernos sucesivos de Luiz Inacio Lula da Silva y Dilma Rousseff.

Pero podramos preguntarnos cmo una administracin, con un poder ejecutivo y legislativo, lleno de personas con antecedentes y actuales procesos por corrupcin, puedan mantenerse en el poder sin que organizaciones financieras internacionales, gobiernos de pases desarrollados y medios de comunicacin occidentales, no lo hayan condenado ni solicitado sanciones.

Los datos son contundentes: Segn la ONG Anticorrupcin Transparencia Brasil, de los 594 miembros de las dos cmaras, el 59 % registra cargos y condenas en los tribunales, incluso por lavado de dinero o tortura.

De los 513 congresistas, 303 tienen procesos o condenas judiciales o en tribunales de cuentas por diferentes motivos. En cuanto a los 81 senadores, 49 figuran con procesos o condenas en la justicia y tribunales de cuentas.

Ya son tres los ministros del presidente por sustitucin forzada Michel Temer que han cado a solo un mes de la salida de Dilma: de Transparencia, Fabiano Silviera; de Planificacin, Romero Juc y de Turismo, Enrique Eduardo Alves. Los tres presionaban y trataban de chantajear a jueces y polticos para que no continuaran las investigaciones de corrupcin en la empresa petrolera.

El presidente de la Cmara de Diputados, Eduardo Cunha, fue suspendido del cargo al ser acusado por varios delitos como mentir sobre sus cuentas secretas en bancos suizos y otra por 20 millones en bancos uruguayos, malversacin de 5,7 millones de dlares y otros ms. Cunha amenaz con complicar a 150 diputados, un ministro y un senador cercanos Temer si es condenado. Si se determina mi prisin por el Supremo Tribunal Federal, no caer solo, dijo Cunha y le record al presidente provisional que sin su apoyo ningn gobierno lograr apoyar ningn proyecto.

Temer no se queda atrs y negocia un acuerdo general con la Justicia pues est acusado de hacer una donacin en 2012 de 428 000 dlares de origen irregular para la campaa electoral de Gabriel Chalita, candidato del Partido Movimiento Democrtico Brasileo (PMDB) a la alcalda de Sao Paulo; un cargo por apadrinar una venta ilcita de etanol a finales de los aos 90; otra demanda por ser beneficiado con la entrega de 1 230 000 dlares por un constructor.

Temer y todo su aparato oligrquico se han lanzado a tratar de eliminar, lo antes posible, las acciones sociales que emprendieron los gobierno de Lula y Dilma a favor del pueblo. En esa lnea, presionan para recortar los presupuestos para la salud y educacin; eliminar empleos en el sector pblico; elevar las jubilaciones a 65 aos de edad; privatizar numerosas empresas estatales, entre ellas Petrobrs; suspender el programa Mi Casa, Mi Vida, y cancelar la construccin de 11 200 viviendas pactadas por la administracin anterior.

Durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores se generaron casi 6 000 000 de puestos de trabajo que elevaron el poder adquisitivo de los brasileos. El proyecto Mi Casa, Mi Vida fabric ms de un milln de inmuebles y esperaba llegar a 2016 con 2,75 millones en total.

La pobreza bajo del 26 % en 2002 a 8,7 % en 2015. El presupuesto para la educacin en 2015 alcanz el 15,57 % del presupuesto nacional, mientras en la salud se ampli la cobertura mdica al 85 % de la poblacin menos favorecida. Desde hace 12 aos, el programa Bolsa Familia ha brindado apoyo a 53 millones de familias pobres y a 17 millones de nios en edad escolar.

Dilma no esta acusada por corrupcin, sino por "haber irrespetado la Ley de Responsabilidad Fiscal, un proyecto neoliberal que limita enormemente los gatos del Estado para los proyectos sociales, pero en contraposicin, permite pagos de grandes fortunas a los banqueros".

En resumen, es el llamado golpe de Estado blando en el que un presidente, elegido democrticamente con respaldo de 54 millones de votos, ha sido objetado por autoproclamados jueces parlamentarios, muchos de ellos imputados por corrupcin, desfalco y lavado de dinero.

Fuente: http://auto-hermes.ning.com/profiles/blogs/brasil-y-la-corrupci-n-olig-rquica-por-hedelberto-l-pez-blanch



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