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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 30-07-2016

De la violacin del Mandato Minero al festn minero del siglo XXI

Alberto Acosta y Francisco Hurtado Caicedo
Rebelin


Una de las mayores desgracias de un pas petrolero,

cado en manos de compaas extranjeras,

consiste en ser un pas de sordos, mudos y ciegos.

Jaime Galarza, El festn del petrleo [3] , 1972

El corresmo quema sus ltimos cartuchos. Traicionando sus principios originarios da paso a la flexibilizacin laboral, a varias privatizaciones -incluso de proyectos emblemticos como son, por ejemplo las recin construidas y tan promocionadas plantas hidroelctricas-, entrega los grandes campos petroleros en explotacin a empresas transnacionales, concesiona por medio siglo los puertos martimos a empresas extranjeras y, adems, escenifica el festn minero del siglo XXI.

Esto completa un giro de casi una dcada: el actual gobierno si bien apunt en el 2007 al post-neoliberalismo, ahora retorna al neoliberalismo. La posibilidad de construir un Ecuador post-extractivo es asunto del pasado. Hoy se reprimariza la economa, se extiende la frontera extractiva, sobre todo abriendo la puerta a la megaminera, con sus graves impactos sociales y ambientales.

El desaforado pasado neoliberal minero

 En los aos 90 los gobiernos aceptaron crditos de organismos multilaterales condicionados, entre otras razones, [4] a promover un marco jurdico e institucional que facilite la extraccin masiva de minerales. En 1991 se aprob una ley de minera que elimin varios controles estatales a la actividad, entre ellos, fij valores insignificantes para patentes de conservacin y produccin de las concesiones mineras otorgadas.

As, en 1995, el Banco Mundial financi el proyecto PRODEMINCA para modernizar la actividad minera, mejorar la gestin ambiental y tener claridad sobre la disponibilidad de recursos minerales en el Ecuador. Tal medida permita explorar y explotar minerales en todo el territorio, sin importar la afectacin a centros poblados, territorios indgenas, produccin campesina, fuentes de agua, reas del Sistema Nacional de reas Protegidas ni los bosques protectores (Sandoval Moreano et. al 2002).

Ese impulso a la minera transnacional cre conflictos territoriales, provocando reacciones de defensa comunitaria para proteger los ecosistemas afectados en varias parroquias rurales. Algunos de estas resistencias locales lograron expulsar a las transnacionales o al menos dificultaron sus operaciones. Por ejemplo, entre 1995 y 1999 se expuls a la empresa Bishimetals del Valle de ntag en Imbabura; as mismo, la empresa Ro Tinto Zinc enfrent conflictos con comunas rurales en Bolvar, Caar, Azuay y Loja, que derivaron en su salida del pas (Latorre 2012).

A pesar de esto, desde el ao 2000 empezaron a consolidarse las mayores pretensiones de las empresas mineras. Se reform la mencionada ley de minera para permitir la divisibilidad del ttulo minero. Igualmente se estableci el pago de un dlar por hectrea al ao como derechos superficiarios al inicio, para llegar apenas a 16 dlares por hectrea al ao en la fase de explotacin; tambin se estableci cmo nica causal de caducidad de una concesin la falta de pago de patentes (dejando de lado otros criterios, como sociales y ambientales). Incluso se estableci la libre explotacin de materiales de construccin; y las regalas prcticamente se eliminaron. [5]

Tambin se sustituy el concepto de minera artesanal por minera en pequea escala. Segn esta norma, minera en pequea escala constitua aquella concesin de hasta 150 hectreas mineras, con una extraccin minera de 100 toneladas al da y una inversin de hasta un milln de dlares. Esta nueva definicin pretenda encubrir a un nmero significativo de inversiones mayores que nada tienen que ver con la verdadera minera pequea, artesanal o de subsistencia (Acosta 2009).

Como resultado, hubo una hemorragia de concesiones mineras, creando una perniciosa acumulacin de concesiones en muy pocas manos. Este es uno de los factores que explicaba la enorme especulacin en la compra-venta de ttulos mineros y la consecuente obtencin de cuantiosas ganancias por algunos grupos econmicos. Los concesionarios, mientras tanto, no deban presentar planes de exploracin ni de explotacin. Los estudios de impacto ambiental, si los haba, eran mediocres y solo cumplan con el trmite burocrtico. La consulta previa tambin constituy una mera formalidad tanto as que las empresas mineras prefirieron dividir a las comunidades y en varios casos agredieron a quienes pretendan oponrseles (Acosta y Sacher 2012).

Estas reformas buscaban atraer inversin privada para proyectos de envergadura. Al ser muy bajas las patentes, el Estado poda esperar algn ingreso va impuestos en la etapa de explotacin. Una expectativa que no siempre se cumple, pues las empresas mineras son expertas -con varias prcticas fraudulentas- en esconder sus verdaderos ingresos para minimizar impuestos. Esto lo ha demostrado, para el caso chileno, Orlando Caputo, experto en temas mineros, quien fuera representante de Salvador Allende en el Comit Ejecutivo y Gerente General de Codelco (Acosta 2009, 97).

En Ecuador, complementando esta apertura hacia la minera a gran escala o industrial, el rea concesionada para minera se expandi considerablemente: para 2006 abarc un 20% del territorio ecuatoriano, aproximadamente 5629.751 hectreas; aumentando as la tensin territorial, social y ambiental al impactar nuevas reas protegidas, regiones de bosques protectores, territorios indgenas, zonas de vestigios arqueolgicos, tierras agrcolas, fuentes de agua y zonas de produccin agropecuaria. En no pocos casos estas caractersticas se reunan en una sola concesin minera (Acosta 2009).

En sntesis, se promovi el ingreso de empresas extranjeras para que desarrollen nuevos proyectos o amplen proyectos existentes, sin que exista una agenda social o ambiental en relacin a los impactos de estos proyectos sobre los ecosistemas y sobre las relaciones sociales de las poblaciones locales. Con el mismo cuento de siempre, se present a la actividad minera como la condicin casi sine qua non para conseguir el desarrollo nacional. Sin inversin extranjera no hay futuro, repetan hasta el cansancio los neoliberales (Acosta 2009).

Cabe mencionar que casi la totalidad de la inversin en minera se concentraba entonces en empresas canadienses. La presencia activa de estas empresas, apoyadas abiertamente por su embajada ha sido un rasgo caracterstico del impulso a la minera en la poca neoliberal. Vale anotar, tambin, que estas empresas han sido cuestionadas por sus estrategias para viabilizar sus inversiones, por el uso de dineros pblicos que reciben para esto y por los graves impactos socio-ambientales que provocan (Acosta 2009).

Las mineras canadienses que trabajaban en Ecuador y que, por su tamao, no superaban el rango de junior, en muchos casos realizaron el trabajo sucio para luego vender sus concesiones a empresas mayores, las senior, que esperan concretar la fase de explotacin (Acosta 2009). Por ejemplo, el Proyecto Mirador inicialmente estuvo a cargo de la junior Corriente Resources Inc. de capitales canadienses y ahora, para la explotacin, fue adquirida casi totalmente por un consorcio chino. Estas intervenciones empresariales, en ocasiones bajo repertorios violentos, provocaron una reaccin social que con los aos se articulara a nivel nacional.

Articulacin de movimientos de resistencia

Entre 2000 y 2006 se articul lo que Sara Latorre (2012) denomin un movimiento nacional ecologista y popular anti-minero. Entre 2000 y 2002 varias luchas aisladas empezaron a articularse y cobraron dimensiones nacionales e internacionales tanto por el apoyo de organizaciones no gubernamentales como por la arremetida de las empresas mineras, especialmente en ntag, los pramos cercanos al Parque Nacional Cajas y la Cordillera del Cndor. Por segunda ocasin la organizacin social de ntag, en 2005, expuls a la canadiense Ascendant Cooper de sus campamentos, y en el ltimo semestre de 2006 varios hechos simultneos provocaron la suspensin de actividades mineras en varios proyectos.

Entre agosto y octubre de 2006 al sur de Morona Santiago hubo un paro contra la hidroelctrica Hidroabanico S.A. que pretenda proveer de energa al Proyecto Mirador en la cordillera del Cndor. Para noviembre de 2006 varios centros Shuar expulsaron a la empresa Lowell del territorio Warints y a Explorcobres S.A. de sus campamentos en Rosa de Oro y Sevilla Don Bosco. Estas acciones contribuyeron a que varias organizaciones locales se articularan en la Coordinadora Nacional de Defensa de la Vida y la Soberana (CNDVS) y el Frente de Resistencia Sur a la Minera a Gran Escala (FRESMIGE), que convocaron a un paro bi-provincial en Morona Santiago y Zamora Chinchipe y la decisin de expulsar a las empresas mineras (Latorre 2012).

El 2 de diciembre de 2006 intentaron expulsar a la empresa Ecuacorriente S.A (ECSA) de su campamento en Tundayme, pero el destacamento militar de la zona reprimi la protesta, hiriendo y deteniendo a varias personas (Handal Lpez 2007). Ese mismo da en ntag las comunidades organizadas detuvieron y desarmaron a paramilitares contratados por la empresa Ascendant Cooper en su intento de retornar a sus campamentos (Zorrilla 2014).

Todos estos hechos articulados a nivel nacional y con vnculos internacionales, presionaron a que el gobierno de Alfredo Palacio suspendiera las actividades mineras en Imbabura, Morona Santiago y Zamora Chinchipe (Latorre 2012). As, las luchas anti-mineras del 2006 muestran el conflicto socio-ambiental que las concesiones para minera a gran escala provocan, incluso en las etapas de exploracin, pues a esa fecha, ningn proyecto alcanzaba todava la fase de explotacin.

Este complejo momento de resistencia nacional contra la minera coincidi con la emergencia poltica del movimiento PAIS y su campaa electoral, que deriv en la eleccin de Rafael Correa como presidente. Hay que relievar que su plan de gobierno, entre otras propuestas, plante revisar la poltica extractiva, la posibilidad de transitar a un post-extractivismo, y la necesidad de una asamblea constituyente que corrija las aberraciones del neoliberalismo en las dcadas anteriores (Movimiento PAIS 2006). Es decir, la posibilidad de que el Estado asuma su responsabilidad frente a la violencia y al despojo por parte de empresas mineras, facilitadas por los gobiernos neoliberales.

De la Asamblea Constituyente de Montecristi al Congresillo y su ley de minera

 En los dos primeros aos del actual gobierno de Correa, dos momentos polticos distintos pero paralelos se enfocaron en la extraccin de minerales. Por una parte, la Asamblea Constituyente intent dar forma jurdica a la reivindicacin poltica del movimiento nacional ecologista y popular anti-minero con la expedicin del Mandato Minero y las amnistas a defensores de derechos humanos. Por otra parte, la funcin ejecutiva -el presidente como actor principal- neutraliz su ejecucin y adelant acciones para continuar con el festn minero de la poca neoliberal, aunque encubierto bajo el pomposo manto de la soberana nacional; todo enmarcado en nuevas reformas legales . As, el gobierno nacional implement una estrategia sostenida en el (aparente) control y planificacin de la poltica minera por parte del Estado, la recuperacin de la renta extractiva, al tiempo que se presentaba a la minera como la va para conseguir el desarrollo, frente a la inevitable cada de las reservas petroleras.

Vamos punto por punto. Al inicio del nuevo gobierno en enero del 2007 se intent terminar con el festn minero neoliberal. Se busc un acercamiento con los grupos que resistan a la minera. Se propuso un gran dilogo nacional minero. Y se trabaj para responder a la minera a pequea escala, artesanal y de subsistencia, causante de graves impactos socio-ambientales, mientras se buscaban salidas para frenar la hemorragia de concesiones mineras para minera industrial.

Sin embargo, estos empeos no fueron satisfactorios. Uno de los autores de estas lneas reconoce que en su gestin como ministro de Energa y Minas, de enero a junio del 2007, por ms esfuerzos que realiz [6] , no logr parar y desmontar dicha hemorragia [7] . Un freno temporal a esa situacin lo encontr su sucesor en dicha cartera de Estado.

Ante esa dificultad, la resistencia popular y sus demandas encontraron respuestas de fondo en la Asamblea Constituyente. As, gran parte de asamblestas a quienes el pueblo encomend el poder constituyente trabajaron en una propuesta, liderada por el propio presidente de la Asamblea Constituyente, quien haba sido ministro de Energa y Minas y anteriormente haba trabajado en niveles de direccin de la empresa estatal de petrleo, es decir, por alguien que parafraseando a Jos Mart- conoce el monstruo del extractivismo desde sus propias entraas.

Como resultado, y buscando dar respuesta a esta catica situacin, la Asamblea Constituyente expidi, el 18 de abril de 2008, el Mandato Constituyente No. 6 -mejor conocido como Mandato Minero-. Este mandato result de complejas deliberaciones y discusiones, sobre todo al interior de la bancada oficialista y del gobierno de Correa. Este mandato constituy la respuesta poltico-jurdica a las demandas y reivindicaciones que el movimiento ecologista popular anti-minero expresaba en rechazo a la minera industrial a gran escala, tras dos dcadas de luchas y resistencia (Acosta y Sacher 2012).

El mandato minero extingui las concesiones, sin compensacin econmica alguna, que incurran en las siguientes causales [8] :

a) Incumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley respecto a inversiones y pago de patentes.

b) Ausencia de procesos de consulta ambiental ni de consulta a pueblos y nacionalidades indgenas.

c) Afectacin a fuentes y nacimientos de agua.

d) Afectacin al Sistema Nacional de reas Protegidas, bosques protectores y sus zonas de amortiguamiento.

e) Acaparamiento de tierras, prohibiendo que una misma persona, empresa y sus subsidiarias tuviesen ms de tres concesiones.

f) Las concesiones entregadas a ex-funcionarios del Ministerio de Energa y Minas. Adems, se suspendi la entrega de nuevas concesiones -una moratoria minera- hasta expedir un nuevo marco normativo para la actividad.

Anotemos tambin que las minas en produccin fueron excluidas del mandato para no crear incertidumbre ni desempleo. As mismo no se incluy la minera de pequea escala y artesanal; pero esto no signific que se desconociera sus graves problemas (Acosta y Sacher 2012).

El mandato buscaba corregir las aberraciones que caracterizaron el potencial manejo de las reservas minerales ms grandes. Cuando se aprob el Mandato Minero, slo el 7% de las concesiones estaban en fase de exploracin y explotacin, el resto prcticamente era para la especulacin. Con el mandato se deseaba normar la actividad minera industrial a partir de un amplio debate nacional (Acosta y Sacher 2012). Es ms, el presidente de la Asamblea Constituyente -primer ministro de Energa y Minas del Gobierno de presidente Correa- en su primera intervencin desde el pleno, para completar su tarea de coordinacin y aprobacin del Mandato Minero, fue categrico al decir:

Yo les invito a reflexionar sobre lo que vamos a hacer ahora, votamos con la mano en la historia, pero pensando en el futuro, o votamos poniendo la mano en el bolsillo, defendiendo los intereses de las transnacionales. Es ms, planteara algo compaeras y compaeros, si pudiera y si tuviera los votos, planteara, que en el Ecuador erradiquemos la minera metlica a cielo abierto, la gran minera metlica a cielo abierto. Pero a lo mejor no tengo los votos y soy realista, por qu no planteamos una consulta popular para que el pueblo defina su futuro sin miedos [9]

Como complemento del mandato, la Asamblea Constituyente amnisti a cientos de defensores de derechos humanos. Personas criminalizadas por las empresas mineras, petroleras, floricultoras o madereras para desalentar la organizacin social que defiende la vida, fin ltimo de toda esta lucha. Tambin fueron amnistiadas las vctimas de la represin en Dayuma [10] (en el mbito petrolero), en contra de la voluntad del propio presidente Correa (Aguirre 2008). Con estas amnistas se reconoci que varios defensores de Derechos Humanos eran polticamente perseguidos con el desproporcionado inicio de procesos judiciales, sobre todo penales, en su contra para intentar desmantelar la resistencia al extractivismo (Reyes, Jaramillo y Nasimba 2010).

Sin embargo, la vida del mandato minero fue efmera. En los siguientes das y meses el propio Correa expresara su posicin a favor de la minera industrial a gran escala. As se alej de las reivindicaciones sociales anti-mineras en las cules, entre otras, sostuvo su campaa electoral y plan de gobierno de 2006.

As, el 22 de abril de 2008 -cuatro das despus de expedirse el mandato minero- se aprob el Reglamento de aplicacin de los mecanismos de Participacin Social establecidos en la ley de Gestin Ambiental (Decreto Ejecutivo No. 1040). Este decreto convirti a la consulta ambiental constitucional en un proceso de socializacin previo a la elaboracin de Estudios de Impacto Ambiental como mecanismo formal para autorizar licencias ambientales en proyectos que afectan el ambiente, incluyendo proyectos mineros. Entre sus fines solo se menciona contar con criterios de la comunidad afectada y si hay oposicin de las comunidades a realizar un proyecto, ste siempre podr realizarse por autorizacin del Estado y en contra de la poblacin afectada (Art. 22 del decreto).

Este decreto tambin marca el inicio, desde el ejecutivo, de varias acciones y omisiones que ya no slo concretan un marco jurdico e institucional que facilite la extraccin masiva de minerales, sino que adems consolidan al Estado como promotor directo de distintos proyectos mineros pblicos y privados a gran escala, como Mirador y Fruta del Norte en Zamora Chinchipe, Panantza San Carlos en Morona Santiago, Ro Blanco y Quimsacocha (actualmente Loma Larga) en Azuay. Pero, debe quedar claro que el Estado es el gran promotor de la megaminera, no el ejecutor. Los proyectos mencionados, catalogados como proyectos estratgicos por el gobierno de Correa, estn todos a cargo de transnacionales, sobre todo chinas. Hay unos cuantos proyectos de menor envergadura a cargo de la empresa estatal minera: ENAMI , como son Llurimagua en ntag, e Ingapi y Urcutambo en las parroquias rurales de Quito, Pacto y Gualea; esto no significa que estos proyectos vayan a ser ejecutados por esta empresa .

Recordemos tambin que el 6 de mayo de 2008 en un acto pblico en la Plaza Grande ante gremios de mineros, y antes de cumplirse un mes de haberse expedido el Mandato Minero y mientras estaba sesionando la Asamblea Constituyente, el presidente Correa manifest que el movimiento PAIS y el gobierno nacional apoyan la minera responsable, sostenida en tecnologa de punta, responsabilidad social y recuperacin adecuada de la renta minera.

Ese acto constituy el anunci del envo de un proyecto de ley de minera para, supuestamente, corregir la especulacin de concesiones mineras de la dcada de los 90 y 2000; pasado neoliberal que deba superarse. El Gobierno asegur que permitira no slo la minera artesanal y de pequea escala, sino tambin la actividad minera de mediana y gran escala. Agreg tambin que la resolucin del conflicto existente se sostiene en el cuidado ambiental y el control de las actividades mineras. [11]

Como resultado de ese posicionamiento prominero del Gobierno de Correa, el Mandato Minero fue ejecutado parcialmente por el entonces Ministerio de Energa y Minas. Tan es as, que la Defensora del Pueblo del Ecuador, en el ao 2009, confirm que no se ejecutaron los artculos que revertan las concesiones que afectaban fuentes y nacimientos de agua, reas protegidas y bosques protectores, tampoco las que no realizaron ni consulta ambiental ni indgena, ni las que generaban acaparamiento de tierras. [12]

As, grandes extensiones de tierra concesionadas a empresas transnacionales no fueron revertidas al Estado, ms bien continuaron sus actividades pese a la moratoria establecida por el Mandato Minero.

El presidente en persona impuls la aprobacin de la nueva ley de minera en un proceso apresurado, con varias amenazas a la lucha anti-minera, sin un verdadero debate nacional ni una real participacin ciudadana. Ni siquiera la oposicin de las comunidades locales afectadas por la actividad minera, del movimiento indgena, del movimiento ambiental y de otros sectores logr abrir la puerta al dilogo nacional.

As, a nueve meses de expedido el Mandato Minero, sobre su propio incumplimiento, en enero de 200 9 la Comisin de Legislacin y Fiscalizacin (el llamado Congresillo) expidi la nueva ley de minera. No hubo control alguno de su cumplimiento por parte del Congresillo, conformado por miembros de la propia Asamblea Constituyente que aprob el Mandato Minero, que sucedi a la Asamblea Constituyente y que estuvo en funciones hasta la eleccin de la nueva Asamblea Nacional.

Desde entonces, el presidente Correa, una y otra vez, arremete en contra de los crticos de la minera, en especial sobre las comunidades a las que directamente se vulneran sus derechos humanos y de los ecosistemas en los que habitan. El presidente ecuatoriano Rafael Correa, sin un debate serio ni con argumentos, califica a la resistencia extractivista como ecologistas infantiles. Correa incluso ha demostrado sus niveles intolerancia al decir que:

hemos perdido demasiado tiempo para el desarrollo, no tenemos ms ni un segundo que perder, () los que nos hacen perder tiempo tambin son esos demagogos, no a la minera, no al petrleo, nos pasemos discutiendo tonteras. Oigan en Estados Unidos, que vayan con esa tontera, en Japn, los meten al manicomnio [sic]. [13]

Cabe mencionar que la postura de Correa no difiere con otros gobiernos de la regin. En Colombia el neoliberal presidente Juan Manuel Santos recurri a la figura de la locomotora minera como muestra de que la minera arrastrara a su pas al ansiado desarrollo, atropellando cualquier intento de crtica, cual fiel locomotora. En Bolivia, su vicepresidente lvaro Garca Linera, con un discurso agresivo, insultante y sin argumentos, tild a los crticos del extractivismo de troskistas verdes.

Estos gobernantes no debaten con argumentos, sino que caricaturizan, amenazan y descalifican a los contrarios, impidiendo cualquier discusin mucho ms profunda. Ms bien actan cual Santa Inquisicin, apuntalada con los infaltables expertos de los cenculos extractivistas.

Ahora, si bien la nueva ley super algunas flexibilidades y aberraciones del marco jurdico anterior e instrument un control a la minera con la Agencia de Regulacin y Control Minero (ARCOM), sta no se cie completamente a los principios de la Constitucin de Montecristi y menos an a los principios fundamentales del Mandato Minero. Lo que exacerba los conflictos territoriales que provocan las concesiones mineras denunciados por las comunidades.

Aparte de no cumplir con el Mandato Constituyente, incluso la misma ley, que tiene elementos inconstitucionales, como lo puntualizaremos ms adelante, no ha sido totalmente acatada. Respecto al pago de patentes de conservacin se emiti un Acuerdo Ministerial indicando que el pago poda hacerse hasta marzo de 2009 pero con el valor establecido en la ley anterior (la nueva ley estableci un pago de 5,45 dlares por hectrea, mientras antes se pagaba dos), y que luego de aprobarse el reglamento se reajustaran los pagos. Tal Acuerdo Ministerial favoreci a los tenedores de grandes superficies de terreno en concesin. Adems, sin que se haya emitido el nuevo reglamento ni firmado los nuevos contratos de explotacin -como manda la nueva ley-, se autoriz a las mineras ms grandes (mayores acaparadores de concesiones), a reiniciar actividades. Tampoco se respet el plazo para que el poder legislativo conozca el proyecto de Ley de Fomento, Participacin, Capacitacin a la Pequea Minera y Minera Artesanal.

Luego, la ley confunde a las consultas previstas en los artculos 398 (la ambiental) y 57 numeral 7 (la de pueblos y nacionalidades indgenas) de la Constitucin, unificndolas. Y sobre el derecho colectivo de pueblos y nacionalidades indgenas a la consulta, no considera que debe ser previa, pues se realiza al aprobarse los estudios de impacto ambiental, y no antes de entregar concesiones, es decir sobre hechos consumados en los cuales no cabe oposicin (Chicaiza 2010).

Por otra parte, aunque prohbe actividades de prospeccin en reas protegidas, zonas urbanas, centros poblados, zonas arqueolgicas y bienes declarados de utilidad pblica, no incluy ni zonas rurales pobladas ni territorios indgenas, arriesgando las tierras de produccin campesina y la autodeterminacin de los pueblos y nacionalidades indgenas al permitir la prospeccin de sus territorios por cualquier persona o empresa, sea nacional o extranjera. Tampoco resolvi el conflicto sobre concesiones otorgadas en ecosistemas de alta sensibilidad como pramos, humedales y bosques tropicales, dejando de lado los Derechos de la Naturaleza, recin reconocidos constitucionalmente (artculos 71, 71, 73 y 74 de la Constitucin de Montecristi), as como el principio de precaucin sobre actividades que amenacen afectar el ambiente (Chicaiza 2010).

Adems, la ley resuelve el conflicto que generan las concesiones entre la propiedad de la tierra y del subsuelo a favor de los concesionarios mineros delegados por el Estado. Pese a que la Constitucin de 2008 reconoce la propiedad individual de la tierra y la propiedad colectiva de territorios indgenas, as como la propiedad comunitaria y estatal; la Ley de Minera declara de utilidad pblica a todas las tierras ubicadas dentro o fuera de las concesiones mineras y que sean necesarias para la minera (Hurtado Caicedo 2015).

Esta declaratoria de utilidad pblica permite la constitucin de servidumbres como mecanismo formal para traspasar la propiedad de la tierra a derechos exclusivos de las empresas mineras, obligando a las personas, familias y comunidades a abandonar sus tierra durante la explotacin a cambio de compensaciones econmicas slo por el valor de cambio de la tierra, sin considerar otras prdidas materiales o inmateriales, ni reparaciones integrales por los Derechos Humanos vulnerados, sus valores de uso (Hurtado Caicedo 2015).

Lo llamativo de la declaracin de utilidad pblica y su mecanismo de servidumbres es que es idntico al previsto en la ley de minera de 1991 y sus reformas, ley neoliberal a la que Correa, luego del mandato minero, afirma haber superado.

Es ms, el conflicto territorial entre los propietarios del suelo y la propiedad del subsuelo a favor del Estado es histrico [14] y existe constitucionalmente desde la Constitucin de 1929. Mientras que la decisin de favorecer en dicho conflicto a las empresas mineras, nacionales o extranjeras con la declaracin de utilidad pblica y mecanismos que limiten o suspendan la propiedad de las personas, familias y comunidades afectadas por concesiones, existe desde la Ley General de Minas de 1937, y ha sido ratificado en las leyes mineras de 1961 y 1974 que prevean como mecanismo la expropiacin y desde 1985 se incorpora la servidumbre de abandono temporal, figura legal ratificada en 1991 y 2009 (Hurtado Caicedo 2015).

La actual ley de minera adems faculta que, para evitar constituir servidumbres, las empresas puedan llegar a acuerdos con las personas y familias que deben abandonar sus tierras (Hurtado Caicedo 2015). As las empresas suelen desarrollar compra-ventas forzadas y fraudulentas que en varias ocasiones se han denunciado por organizaciones de derechos humanos (CEDHU y FIDH 2010), y que en el caso del Proyecto Mirador en la parroquia rural de Tundayme ha sido confirmado por la Contralora General del Estado [15] , sin que eso haya generado sancin alguna a la empresa ECSA, menos an suspensin de sus actividades ni responsabilidades administrativas, civiles o penales.

La ley de minera tambin afect al derecho de los trabajadores, pues de manera regresiva una ley ordinaria modific al Cdigo del Trabajo (que es ley orgnica), reduciendo el pago de utilidades de los trabajadores mineros del 15% al 3%. Adems, de manera perversa, se usa tal violacin a los derechos laborales pues se obliga a las empresas a entregar ese 12% al Estado, con lo cual ste logra afirmar que se recupera ms del 50% de la renta extractiva minera. Se saca del bolsillo de los trabajadores un valor al Estado, sin que sea una afectacin impositiva adicional a las ya previstas por el marco normativo anterior. Recursos que podrn ser canalizados por el Gobierno para obras en las zonas afectadas, como un mecanismo para convencer a las comunidades con el fin de que acepten la minera.

Aunque la Constitucin dice que el Estado podr excepcionalmente y en los casos que establezca la ley delegar a la iniciativa privada las actividades en sectores estratgicos como la minera, tal excepcin devino en norma. La ley no define cuando se podr delegar, dejando a interpretacin arbitraria la excepcionalidad de cada concesin. De ah que resulta necesario reflexionar sobre los espacios de discrecionalidad que la propia Constitucin ha dejado abiertos para ser resueltos en otras leyes.

Adems, la disposicin final segunda de la ley dice que sus disposiciones prevalecern sobre otras leyes y slo podr ser modificada o derogada por disposicin expresa de otra ley destinada especficamente a tales fines. As se le otorga a la ley de minera privilegios en relacin a la jerarqua normativa prevista constitucionalmente.

Al respecto, segn la Constitucin (art. 133) en el Ecuador hay leyes orgnicas y ordinarias. En esa medida, segn la propia Constitucin, la Ley de Minera es una ley ordinaria y no puede modificar ni prevalecer sobre leyes orgnicas. Tampoco podra hacerlo respecto a otras leyes ordinarias, sino de acuerdo a los principios generales del derecho, es decir en cuanto sea especial respecto al asunto de que se trate. En cuanto a la reforma, no hay fundamento jurdico para que esta ley tenga un rgimen sui generis y no se reforme como todas las leyes, expresamente, por una ley que explcitamente reforme sus contenidos, o tcitamente, si una nueva ley de igual o superior categora jurdica incluye preceptos distintos a los previstos en ella.

Resta decir que esta ley, adems de las aberraciones ya comentadas, otorga varios incentivos a las empresas que develan el papel del Estado como promotor de la minera en vez de proteger a las comunidades y ecosistemas afectados: libertad de prospeccin; los ttulos de concesin minera constituyen ttulos valores y pueden transarse en el mercado; cada concesin minera puede tener hasta 5000 hectreas en fase de explotacin; proteccin penal de sus actividades frente a la posibilidad de que pequeos mineros realicen explotacin en sus concesiones, entre varios otros (Chicaiza 2010).

En sntesis, la Ley de Minera es el acto poltico-jurdico con el cual el gobierno nacional actual puso fin a las pretensiones del Mandato Minero, dejando de lado las reivindicaciones de las comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas por la minera, en especial a la falta de acceso y transparencia en la informacin, la entrega inconsulta de concesiones, el consecuente despojo de la tierra, la afectacin a ecosistemas frgiles y los impactos sociales y ambientales que se derivan de estas actividades.

Arguyendo al inters y soberana nacional, la recuperacin de renta extractiva y la tecnologa de punta como posibilitadora de una -supuesta- minera responsable que -en teora- ayude a superar la pobreza, se aprob una ley que viabiliza el despojo de tierras que empobrece a las comunidades en cuyos territorios los proyectos mineros adelantan sus actividades, y que arriesga a ecosistemas de los que dependemos para reproducir la vida.

Frente a este compleja realidad, la Confederacin de Nacionalidades Indgenas del Ecuador (CONAIE) present el 17 de marzo de 2009 una demanda de inconstitucionalidad a dicha ley ante la Corte Constitucional. Su argumento ms fuerte fue la ausencia de consulta pre-legislativa, reconocida como derecho en la Constitucin de 2008, sumado a la afectacin a los territorios indgenas especficamente por la declaratoria de utilidad pblica y el mecanismo de servidumbres, que como se mencion, es una herencia neoliberal (INREDH s/f).

El 31 de marzo del mismo ao, los sistemas comunitarios de agua de las parroquias Tarqui y Victoria del Portete junto a otras comunidades de Azuay presentaron otra demanda de inconstitucionalidad, denunciando la violacin al derecho colectivo de consulta pre-legislativa y los Derechos de la Naturaleza. La Corte Constitucional tard un ao en resolver estas dos demandas, que fueron acumuladas en un solo proceso (INREDH s/f).

Recin el 18 de marzo de 2010 la Corte Constitucional resolvi el caso de inconstitucionalidad de la ley de minera. Si bien reconoci la inexistencia de un proceso de consulta pre-legislativa -argumento que provocaba la inconstitucionalidad de toda la ley- la Corte declar vlido el proceso de informacin y participacin que la Asamblea Nacional promovi antes de su aprobacin pues, segn la Corte, ante la ausencia de un cuerpo normativo que regule los parmetros de la consulta pre legislativa [dicho proceso] se ha[ba] desarrollado en aplicacin directa de la Constitucin. [16]

Adems, de manera atpica, declar la constitucionalidad de todos los artculos demandados por inconstitucionales condicionando su aplicacin siempre y cuando no se apliquen en territorios indgenas, afroecuatorianos y montubios. Segn esta Corte de Transicin cuyo origen tambin carece de sustento constitucional-, para poder realizar actividades mineras, debera primero cumplirse con la consulta previa, libre e informada prevista en el Art. 57 numeral 7 de la Constitucin y segn las reglas que para el efecto emiti la misma Corte. Sobre la violacin a Derechos de la Naturaleza no hubo mencin. Y se consider que, respecto al mecanismo de despojo de tierras, no exista vulneracin a los Derechos Humanos, legalizando su aplicacin directa en comunidades afectadas que no se auto identifican como indgenas.

En sntesis, esta ley minera violenta el marco constitucional en tanto :

- Vulnera los Derechos de la Naturaleza y el derecho a la salud, al poner en peligro los ciclos naturales regenerativos de ecosistemas frgiles y del agua;

- No busca el buen vivir al promover la minera a cielo abierto y a gran escala que rompe el equilibrio entre comunidades y entorno natural;

- Atenta contra los derechos humanos a la propiedad de la tierra, a la vivienda y al trabajo al arriesgar los medios de vida de los que dependen la poblacin campesina e indgena;

- No cumple con el mandato constitucional de la consulta prelegislativa, tal como lo reconoci la propia Corte Constitucional de Transicin cuando declar la constitucionalidad condicionada de la dicha ley;

- Finalmente desvirta el carcter plurinacional del Estado ecuatoriano pues ignora y denigra la oposicin fundamentada de las nacionalidades indgenas a que sus territorios sean afectados irreversiblemente por la minera.

As, el Gobierno, desde enero de 2009, ha adelantado una poltica extractiva minera que hoy no slo abre la fase de explotacin para dos proyectos de minera a gran escala (empezando con Mirador y Fruta del Norte), sino adems una serie de acciones e inacciones cuyo camino a junio de 2016 implica la actualizacin del catastro minero por parte de la ARCOM y la apertura a un proceso de remate de nuevas concesiones para minera a gran escala en todo el territorio del Ecuador.

Cabe agregar que el Ministerio de Minera espera que a 2025 ingresen 8 mil millones de dlares en inversin privada para el sector minero y se generen 800 millones de dlares de ingresos fiscales por ao, considerando el probable inicio de la explotacin de minerales en los proyectos Mirador -2,3 millones de libras de cobre- y Fruta del Norte -7 millones de onzas en oro y 9 millones de onzas de plata- para el ao 2018 (Acosta y Cajas Guijarro 2015). Cabra anotar que en estos clculos no se consideran todos los costos, como son los subsidios ocultos, los costos del agua y la electricidad, y menos an los costos por la prdida de actividades productivas existentes, por ejemplo. Tampoco se consideran los impactos sociales y ambientales que resultan de estas actividades.

Con la revolucin ciudadana se impone la megaminera

 Como se ha visto, la poltica extractiva del correismo neutraliz la respuesta de la Asamblea Constituyente, que con el Mandato Minero dio un paso sustantivo para empezar a superar el extractivismo. Esto fue posible por la legitimidad del Gobierno, explicable tambin por la aprobacin de la Constitucin, as como por varias acciones y reformas post-neoliberales que empezaron a instrumentarse. En este entorno se encuentra una explicacin de por qu se debilit el movimiento popular que comenzaba a enfrentar la megaminera a nivel nacional (Latorre 2012).

Entre la terminacin de la Asamblea Constituyente y el 12 de enero de 2009, el Gobierno intent con relativo xito -va propaganda- legitimar una minera responsable y deslegitimar a comunidades afectadas por la minera a gran escala, pues se oponan al desarrollo y a la superacin de la pobreza. As, extraer minerales devino en discurso hegemnico en amplios segmentos de la sociedad, pese a que la operacin de las mineras, su despojo de tierras, y los impactos socio-ambientales que genera siguen siendo los mismos. Inclusive se lleg a hablar -sin empacho alguno- de la minera del Buen Vivir.

Desde esta perspectiva, la ley de minera se convirti en un acto de buena fe del Estado ecuatoriano en favor de las empresas mineras. Sin embargo, las mismas empresas criticaron en su momento su contenido que, desde su perspectiva, no les permita continuar con inversiones en el pas y alcanzar la fase de explotacin y presionaron por reformarla.

Y en este escenario abiertamente pro-minera algunas comunidades protestaron. As, en 2009 el Estado respondi con violencia en contra de las comunidades que continan exigiendo suspender los proyectos mineros [17] . Entre el 5 y el 8 de enero de 2009 surgieron varias movilizaciones contra la aprobacin de la ley de minera, que motivaron la represin policial y la detencin de lderes indgenas y campesinos, entre ellos Carlos Prez en Cuenca y ngel Ullaguari en El Pangui, Zamora Chinchipe. Desde entonces, y hasta la actualidad, nuevos procesos de criminalizacin han sucedido, ahora promovidos directamente por el Estado, para neutralizar la creciente resistencia contra los proyectos mineros (Chicaiza 2010). Criminalizacin y represin gubernamentales que constituyen una suerte de prerrequisito de la megaminera.

Frente a esta situacin de escalada represiva y en el contexto de la posible aprobacin de la Ley de Aguas, en septiembre de 2009 la CONAIE se moviliz y oblig al gobierno a aceptar el dilogo, lo que no impidi que continuara la represin: Bosco Wisuma, profesor Shuar, muri herido por una bala durante un operativo policial que reprimi la movilizacin Shuar cercana a la ciudad de Macas, mientras el Ministerio del Interior negociaba con los dirigentes de las protestas [18] .

El Estado aprob tambin la Ley de Seguridad Pblica y del Estado (10 de septiembre de 2009) que, entre otras cosas, permite crear zonas reservadas de seguridad alrededor de los sectores estratgicos, configurar ordenamientos jurdicos extraordinarios y permite que las fuerzas armadas brinden seguridad privada a empresas extractivas y frente a posibles amenazas (Hurtado Caicedo 2010). As se legaliza la posibilidad de que empresas transnacionales mineras sean resguardadas por la fuerza pblica y en contra de la poblacin que debe lidiar con los impactos socio-ambientales que provocan.

As las cosas, cuando la Corte Constitucional de Transicin, atropellando la Constitucin, dio luz verde a la ley de minera, el Gobierno consigui que el marco legal e institucional aprobado en 2009 quede inalterado. A partir de entonces varias empresas major se interesaron por proyectos mineros en el Ecuador. Los casos ms emblemticos son el del Proyecto Mirador en la Cordillera del Cndor y el del Proyecto Llurimagua en ntag.

En junio de 2010 la matriz Corriente Resources en Canad fue adquirida por el consorcio chino CCRC-Tongguan e inici su licenciamiento ambiental presentando su estudio de impacto ambiental para fase de explotacin. Para el 24 de febrero de 2012, el Ministerio del Ambiente otorg licencia ambiental para fase de explotacin y el 5 de marzo de ese mismo ao, esta empresa firm con el Ecuador el contrato de explotacin, quedando autorizada para empezar a construir la mina y planta de beneficio (El Universo 2012).

Todas estas acciones se dieron pese a que la Contralora General del Estado, das antes de la firma del contrato, emiti observaciones sobre el Proyecto Mirador, en especial, el incumplimiento del mandato minero sobre las concesiones de Ecuacorriente S.A. y Explorcobres S.A., y el reconocimiento de un proceso forzado y fraudulento en la compra de tierras por parte de ECSA entre 2006 y 2009 que habra desplazado al Barrio San Marcos en Tundayme (Hurtado Caicedo 2012).

En 2012, otra empresa china, la Junefield, adquiri la propiedad del Proyecto Ro Blanco ubicado en Molleturo, empresa que retomara la negociacin con el gobierno para llegar a la fase de explotacin. Mientras que la canadiense INV Minerals, en diciembre de ese ao, adquiri el proyecto Quimsacocha, que pas a denominarse Loma Larga (para distraer a la opinin pblica) por un costo de 30 millones de dlares. Esta empresa en marzo de 2013 inici la fase de exploracin avanzada en los pramos de los cantones Cuenca, Girn y San Fernando (El Comercio 2015).

En 2014 la empresa sueco-canadiense Lundin Gold adquiri el proyecto Fruta del Norte a la empresa Kinross Aurelian (El Comercio 2015). Y en el ao 2016 esta empresa firm el contrato de explotacin convirtindose en el segundo proyecto de minera metlica industrial a gran escala en el Ecuador.

Adems la ENAMI, como lo anotamos antes, asumi el desarrollo de tres proyectos mineros en las provincias de Imbabura y Pichincha. En ntag, provincia de Imbabura, cantn Cotacachi, retom el proyecto Llurimagua para continuar con la fase de exploracin y firm un convenio con la estatal chilena CODELCO. En la provincia de Pichincha, dentro del Distrito Metropolitano de Quito, la ENAMI lleva adelante los proyectos Urcutambo e Ingapi, ubicados en las parroquias rurales de Gualea y Pacto, pese a la negativa de las comunidades, que en el caso de Pacto fue expresada va consulta comunitaria con un rechazo masivo a la actividad (El Universo 2014).

Este nuevo momento de actividad de las empresas mineras ha estado acompaado por dos acciones paralelas: la primera, las reformas a la ley de minera e incentivos tributarios, exigencia de las empresas mineras; y la segunda, la continuidad de la poltica de militarizacin y criminalizacin sobre quienes defienden Derechos Humanos y los Derechos de la Naturaleza. Entre otras acciones violentas registramos los desalojos efectuados por el Estado al aplicar procesos de servidumbre en contra de poblacin campesina e indgena directamente afectada por concesiones mineras.

En 2013 la Asamblea Nacional, ante las presiones de las empresas mineras, aprob algunas reformas a la ley de minera, que entre otras cosas flexibilizan los actos administrativos previos a obtener autorizacin ambiental, sustituyendo varios de ellos por declaraciones juramentadas a cargo de la empresa minera; permiten que el Estado concesione directamente territorios a empresas extranjeras pblicas. Tambin se incorpor la posibilidad de firmar contratos de prestacin de servicios con empresas extranjeras, se liberaliz la comercializacin de minerales, y se determin que la obligacin de presentar estudios de impacto ambiental en proyectos de minera a gran escala es slo para la fase de explotacin. [19] En definitiva se impusieron los inters transnacionales por sobre el cacareado discurso de la soberana nacional.

A estas reformas se sumaron adems varios incentivos tributarios en beneficio de las inversiones de las grandes empresas mineras en el pas. Los proyectos mineros se han beneficiado a travs de disposiciones generales o especficas. Mencionemos los siguientes beneficios otorgados de manera general para todo tipo de inversiones [20] :

- Reduccin del impuesto a la renta del 25% al 22%.

- Exoneracin de anticipo del impuesto a la renta en los 5 primeros aos.

- Varias deducciones para calcular el impuesto a la renta.

- Exoneracin de IVA para bienes y servicios exportados.

- Exoneracin del Impuesto de Salida de divisas para operaciones de financiamiento externo.

- Estabilidad de normativa tributaria mientras duren los contratos de inversin.

A estos beneficios se suman otros incentivos especficos para el sector minero, con nfasis en las inversiones para minera a gran escala:

- Un nuevo clculo del precio base para la aplicacin de los ingresos extraordinarios y regalas.

- IVA de 0% para oro adquirido por titulares con licencia de comercializacin.

- Reintegro del IVA pagado para exportaciones mineras

- Estabilidad de normas tributarias por el tiempo que dure el contrato, en este caso, de explotacin.

Estas reformas desdibujan la intencin del Gobierno de recuperar la renta extractiva dispuesta por la Constitucin, y muestran un proceso similar de flexibilizacin paulatina al ocurrido en la dcada de los 90 con los condicionamientos de los organismos multilaterales, esta vez por la presin directa de las empresas transnacionales. La aprobacin del mencionado marco jurdico, enriquecido con una serie de beneficios adionales, ha permitido que varias empresas continen con sus actividades mineras y que, como se ha mencionado dos de ellas firmen ya sus contratos de explotacin con el Estado (ECSA y Lundin Gold).

En paralelo, los casos de ntag y Mirador, as como las muertes violentas de Freddy Taish y Jos Tendetza muestran la violencia provocada por la minera a gran escala (CEDHU 2015).

Desde que ENAMI asumi el proyecto Llurimagua en ntag, y con apoyo del Gobierno, se ha dado paso a un cercamiento armado de la zona por parte de la Polica Nacional. Se persigui y criminaliz a uno de sus dirigentes, Javier Ramrez, sentenciado injustamente ante una denuncia presentada por la ENAMI (Colectivo de Investigacin y Accin Psicosocial 2015).

Por otra parte, el 7 de noviembre de 2013, durante un operativo militar para detener actividades de minera ilegal, Freddy Taish, Shuar, fue asesinado. La nacionalidad Shuar y la CONFENIAE [21] responsabilizan a los militares de este asesinato. Y un ao ms tarde, el 30 de septiembre de 2014, Jos Tendetza, dirigente Shuar opuesto a las actividades de ECSA, fue hallado muerto, despus de ser torturado, cerca de la zona de influencia del proyecto Mirador. En ambos procesos penales, y pese a que s e trata de muertes violentas, no se ha determinado responsabilidad penal contra nadie. As esta poltica extractiva tiene vinculaciones con la muerte violenta de tres indgenas Shuar, todos asociados a la resistencia anti-minera por la defensa de sus territorios y ecosistemas (Plan V 2014).

Resta decir que ECSA a fines de 2015 solicit a la ARCOM la constitucin de servidumbres para varias hectreas de terreno que no haba podido comprar. Ya en junio de 2014 la empresa demoli la escuela y la iglesia del barrio San Marcos alegando que estaban dentro de su propiedad privada, y en septiembre y diciembre de 2015 y febrero de 2016 desalojaron 26 familias de manera imprevista y a la fuerza, por orden de la ARCOM. Estos desalojos fueron ejecutados por funcionarios pblicos, policas y personal de seguridad de la empresa ECSA (Colectivo de Investigacin y Accin Sicosocial 2016).

As, el Gobierno desde la expedicin del decreto ejecutivo 1040, pasando por la Ley de Minera y sus reformas, la Ley de Seguridad del Estado y los incentivos tributarios, sumado a la propaganda poltica que intenta legitimar la minera responsable, ha permitido que se d inicio a la explotacin masiva de minerales metlicos, y que por lo tanto reaparezcan nuevamente procesos violentos de persecucin, cercamientos, asesinatos y despojos de tierra en los territorios en donde se empiezan a desplegar estos proyectos. Por otra parte, el avance vertiginoso de los proyectos mineros aqu mencionados, coincide con el inicio de este nuevo festn minero que busca subastar concesiones a lo largo del territorio del Ecuador. Y de hecho esto ampla el conflicto territorial ya existente.

Se avanza en el festn minero del siglo XXI

Casi ocho aos despus de la expedicin del Mandato Minero, la Corte Constitucional, ante las acciones de incumplimiento presentadas en 2010 por la FOA y UNAGUA y en 2012 por CEDHU [22] y Accin Ecolgica, recin el 6 de abril de 2016 emiti su sentencia argumentando que dicho mandato, pese a ser reconocido como ley orgnica y contener normas claras y expresas de carcter general, actualmente no son exigibles pues la aprobacin de la ley de minera modific el marco jurdico vigente. Esto, a decir de la Corte, provoc contradicciones entre las normas del mandato y las normas de ley pero que no pueden ser resueltas va accin de incumplimiento si no en tribunales ordinarios. [23]

Adems, la Corte determin que no se han vulnerado Derechos Humanos y desech las dos demandas de inconstitucionalidad. As la Corte Constitucional por segunda vez decidi en favor de la poltica extractiva del Gobierno. Con esto se intent cerrar el debate nacional sobre la megaminera minimizando los continuos atropellos en contra de los Derechos Humanos de las comunidades actualmente afectadas y por cierto tambin en contra de los Derechos de la Naturaleza. [24]

Esta decisin constitucional, aparte de ser resuelta despus de 6 aos de presentada la primera demanda, coincide con la reactivacin del catastro minero nacional y el inicio de la subasta y remate de nuevas concesiones en el Ecuador.

La actualizacin del catastro minero de 2016 resulta de la sustitucin de ttulos mineros ocurrida previa y paulatinamente desde 2009, y que en alguna medida liber de concesiones al Sistema Nacional de reas Protegidas con excepcin de los Parques Nacionales Yacuri y Cajas, as como en el Refugio de Vida Silvestre El Zarza. Sin embargo, fuentes y nacimientos de agua as como bosques protectores y zonas de amortiguamiento siguen an concesionadas. De esta manera, a 2012 el 4,5% del territorio nacional se encontraba concesionado, es decir 1,21 millones de hectreas mineras, aunque con una mayor incidencia en las provincias de Azuay, Loja, Morona Santiago y Zamora Chinchipe (Acosta y Sacher 2012).

Este catastro minero, como se dijo, fue actualizado y publicado nuevamente das despus de la sentencia de la Corte Constitucional sobre el incumplimiento del mandato minero, apareciendo nuevas concesiones mineras disponibles adicionales a las ya concesionadas, y el 25 de mayo de 2016 el Ministerio de Minera dio inicio a un proceso de subasta y remate de dichas concesiones en todo el territorio continental del Ecuador.

El proceso de concesin se ha previsto por fases en las distintas zonas de planificacin del gobierno central (ver el mapa a continuacin), y el catastro minero muestra las concesiones (bloques verdes) que estn en trmite y por tanto disponibles para ser adquiridas por cualquier empresa o persona natural, a parte de las ya concesionadas (borde rojo).

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Mapa No. 1

Subasta de concesiones y catastro minero 2016

Fuente: Ministerio de Minera y Agencia de Regulacin y Control Minero

Elaboracin: Francisco Hurtado Caicedo ( El mapa de la izquierda determina la fecha de inicio de los procesos de subasta y remate de nuevas concesiones previstas por el Ministerio de Minera. El m Francisco Hurtado Caicedo apa de la derecha es una foto actualizada del catastro minero publicado por la ARCOM. Todos los bloques rojos son las concesiones otorgadas e inscritas en la actualidad, mientras que los bloques verdes son concesiones en trmite consideradas como disponibles para los procesos de subasta y remate. Esta informacin puede ampliarse en los links: http://www.mineria.gob.ec/procesos-de-subasta-y-remate/ y http://www.mineria.gob.ec/procesos-de-subasta-y-remate/. Acceso el 18 de julio de 2016.)

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As, 8 aos despus de la expedicin del Mandato Minero y a casi una dcada de estar en el poder el Gobierno de Alianza Pas, se abri la puerta a la megaminera. No se intenta evitar los conflictos territoriales provocados por el extractivismo y respetar los Derechos Humanos de las comunidades afectadas. No se protegen los ecosistemas cumpliendo con lo que disponen de los constitucionalizados Derechos de la Naturaleza.

De hecho con el reforzado extractivismo megaminero se reprimariza an ms la economa sin dar paso al tan promocionado cambio de la matriz productiva. El Gobierno de Correa alienta no slo cinco proyectos estratgicos de minera a gran escala, sino que tiene en la mira convertir al Ecuador en un pas minero. Se habla, inclusive, de establecer las conocidas zonas de sacrificio en donde se desarrollaran proyectos mineros, en especial en las provincias del Azuay, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, a las que podra sumarse Loja.

Para lograrlo se impulsa un festn de concesiones mineras, que pone en riesgo el conjunto de derechos reconocidos constitucionalmente. Para empezar no se garantiza ninguna consulta previa efectiva, en la que se respeten todos los derechos de las comunidades. La entrega de las concesiones se har bajo una modalidad de subasta en la que slo participan oferentes del capital transnacional y el Estado. Y todo esto en las postrimeras de un Gobierno que pasar a la historia como el mayor promotor de la megaminera en el pas.

Recordemos que el presidente Correa, en el ao 2011, compar unas primeras pepitas de oro con el primer barril de petrleo que fue transportado triunfalmente en junio de 1972 al Templete de los Hroes del Colegio Militar Eloy Alfaro en Quito, al afirmar que -mostrando dichas pepitas de oro- este es el primer barril de petrleo, esto es anlogo al inicio de la era petrolera, vamos a pasar a una nueva era, la era minera... [26]

Unas palabras finales

Solo con una accin poltica sostenida, en diversos niveles: comunitarios, municipales, provinciales y nacional, con slidas alianzas internacionales, se detendr en Ecuador el festn minero del siglo XXI, como un primer paso indispensable para impulsar una transicin postextractivista. Las posibilidades para enfrentar de mejor manera los conflictos socioambientales relacionados con el extractivismo slo surgirn sobre la base de la organizacin social y una creciente conciencia social sobre las amenazas de la megaminera. Las capacidades en la organizacin social, a pesar de los esfuerzos divisionistas y represivos del extractivismo correista, estn an disponibles. Y la conciencia ciudadana ha aumentado mucho en estos ltimos aos.

Habr que alentar la coordinacin de las acciones de resistencia y construccin de alternativas. Esto implica el establecimiento de mltiples alianzas sobre la base de una creciente solidaridad, sobre todo una solidaridad efectiva de las ciudades y el campo, orientndola a ampliar y a sumar la mayor cantidad posible de esfuerzos que se despliegan en otras luchas sociales. En concreto, el reto es tejer todas las luchas de resistencia al extractivismo en una accin democrtica colectiva, sumndolas a las acciones para construir el Buen Vivir.

Es urgente tambin romper masivamente con una concepcin extractivista fetichizada . En este empeo hay que vincular a estos proyectos extractivos con aquellas grandes obras que los viabilizan, por ejemplo con el sector energtico y el de infraestructuras para el transporte de los mismos minerales. El inicio de la megaminera justifica gran parte de los proyectos hidroelctricos en marcha as como la consolidacin de algunas redes de carreteras y la concesin de puertos a empresas transnacionales, no as la transformacin de la matriz productiva y menos an la mejora de las condiciones de vida de la poblacin.

Para frenar el festn minero y alentar la construccin de una pas democrtico, la palabra la tienen todos los sectores comprometidos con estos objetivos, estn o no directamente afectados por las actividades extractivas.-

 

Bibliografa

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A. Acosta es Economista ecuatoriano. Investigador de la FLACSO Ecuador. Ex-ministro de Energa y Minas (Enero-junio 2007). Ex-presidente de la Asamblea Constituyente y asamblesta constituyente (octubre 2007 julio 2008). Ex-candidato a la Presidencia de la Repblica (2012-2013).

F. Hurtado Caicedo es Abogado ecuatoriano por la PUCE. Especialista superior en Derechos Humanos por la UASB. Estudiante de la maestra en Sociologa por FLACSO. Defensor de Derechos Humanos y parte del Colectivo Yasunidos.


Notas

[3] Con este libro Jaime Galarza Zavala denunci cmo se haba fraguado la entrega masiva de concesiones petroleras en el Ecuador.

[4] Sobre este tema hay amplia bibliografa. Se recomienda el trabajo de Alberto Acosta: La increble y triste historia de Amrica Latina y su perversa deuda externa (2001) en el libro de varios autores: Otras caras de la deuda: propuestas para la accin CDES y Editorial Nueva Sociedad, disponibles en http://www.lainsignia.org/2002/diciembre/econ_019.htm y http://www.lainsignia.org/2002/diciembre/econ_022.htm ; o su libro: La deuda eterna Una historia de la deuda externa ecuatoriana, LIBRESA, Quito, 1994.

[5] Esta poltica de facilitar las cosas para atraer empresas mineras internacionales no es nica. Cuando Zambia, uno de los pases mineros ms grandes de frica, estaba atrapado por la crisis econmica, los organismos multilaterales de crdito presionaron para que baje las regalas del 3% al 0,6%.

[6] En vsperas de la Asamblea Constituyente las empresas mineras, aglutinadas en la Cmara de Ecuatoriana de Minera, consideraban que el tema minero no debe ventilarse en la Asamblea. Su preocupacin se explicaba, entre otras razones, porque Alberto Acosta, que fuera luego presidente de dicha Asamblea, era considerado por esas empresas como el principal enemigo de la minera (Revista Amrica Economa, octubre de 2007). Esto debido a su posicin crtica frente a la megaminera y a que l intent poner orden en el sector minero cuando dirigi el ministerio del ramo

[7]   Esto lo ha reconocido pblicamente en varias ocasiones, como se puede leer en el acta 37 de la Asamblea Constituyente de Montecristi, del 18 de abril del 2008, cuando l lider la aprobacin del Mandato Minero. Tambin se encuentra este reconocimiento en la pgina 96, cita 5, de su libro: La maldicin de la abundancia. CEP, Swissaid y Abya-Yala. Quito, 2009, texto en donde se puede encontrar parte de las reflexiones y referencias del presente artculo.

[8] El texto del Mandato Minero puede consultarse en http://bit.ly/MandatoMinero. Acceso el 18 de julio de 2016.

[9] Ver el acta 37 del 18 de abril del 2008, de la Asamblea Constituyente de Montecristi, disponible en http://montecristivive.com/wp-content/uploads/2008/04/acta-037-18-04-2008.pdf. Acceso el 18 de julio de 2016.

[10] Sobre el tema se puede consultar el estudio de Milagros Aguirre, Dayuma-Nunca ms!, CICAME, Quito, 2008.

[11] Discurso del Presidente de la Repblica de 6 de mayo de 2008 en la Plaza Grande, disponible en Canal de YouTube https://www.youtube.com/user/lavozdelminero. Acceso el 18 de julio de 2016.

[12] Resolucin Defensorial No. 79-CNDHIG-Exp-No.408210-2009

[13] Una seleccin comentada de las frases del presidente ecuatoriano sobre la minera se encuentra en el artculo de Alberto Acosta: Delirios a gran escala - Correa en los laberintos de la megaminera, 2012. Disponible en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=142708. Acceso el 18 de julio de 2016.

[14] Recurdese que desde el 24 de octubre de 1829, con el Reglamento sobre Minas, expedido en Quito, el Libertador Simn Bolvar, estableci que las minas de cualquier clase corresponden a la Repblica. Esta decisin republicana, cuando todava Ecuador formaba parte de la Repblica de Colombia, recoge el espritu de las disposiciones coloniales, constantes en las Reales Ordenanzas para la Minera de la Nueva Espaa, ao de 1783. Desde entonces, los recursos naturales del subsuelo han pertenecido al Estado. Y alrededor de este principio bsico se han producido, una y otra vez, tensiones de diversas ndoles, sobre todo el afn de los particulares en ampliar su participacin en la renta minera o petrolera, o del Estado por recuperarla. (Acosta 2009)

[15] Contralora General del Estado. Informe No. DIAPA-0027-2012 en relacin a los Proyectos Mirador y Panantza San Carlos de las empresas Ecuacorriente S.A (ECSA) y Explorcobre S.A (EXSA) ambas subsidiarias de Corriente Resources Inc. actualmente propiedad de un consorcio chino.

[16] Sentencia No. 001-10-SIN-CC de 18 de marzo de 2010. Disponible en la pgina web de la Fundacin Regional de Asesora en Derechos Humanos INREDH, disponible en http://www.inredh.org/archivos/casos/mineria/mineria_sentencia.pdf

[17] En ese mismo ao, el gobierno nacional pretendi cerrar a la organizacin Accin Ecolgica con un acuerdo ministerial que derogaba su personera jurdica, aunque luego reconoci que no hubo argumento jurdico para tal decisin.

[18] El gobierno intent en diciembre de 2009 cerrar la Radio Shuar Arutam, que difundi informacin durante estas movilizaciones, acusada de provocar violencia durante ellas. En este caso la Comisin de la Verdad advirti la irregularidad del intento de cierre de esta radio.

[19] En febrero, septiembre y diciembre de 2014, en diciembre de 2015 y abril de 2016 se hicieron nuevas reformas a la ley de 2009.

[20] Estas reformas fueron implementadas por el Cdigo Orgnico de la Produccin, Comercio e Inversiones aprobado el 6 de diciembre de 2010 (R.O. No. 351 de 29 de diciembre de 2010); y por reformas a la Ley Orgnica de Rgimen Tributario Interno. Una sntesis de estas reformas se encuentra en la pgina web del Ministerio de Sectores Estratgicos. http://www.sectoresestrategicos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/10/Incentivos-Tributarios.pdf. Acceso el 18 de julio de 2016.

[21] Confederacin de Nacionalidades Indgenas del Ecuador.

[22] Comisin Ecumnica de Derechos Humanos.

[23] Sentencia No. 002-16-SAN-CC que resolvi los casos acumulados No. 039-10-AN y 033-12AN.

[24] Ibd.

[25] El mapa de la izquierda determina la fecha de inicio de los procesos de subasta y remate de nuevas concesiones previstas por el Ministerio de Minera. El mapa de la derecha es una foto actualizada del catastro minero publicado por la ARCOM. Todos los bloques rojos son las concesiones otorgadas e inscritas en la actualidad, mientras que los bloques verdes son concesiones en trmite consideradas como disponibles para los procesos de subasta y remate. Esta informacin puede ampliarse en los links: http://www.mineria.gob.ec/procesos-de-subasta-y-remate/ y http://www.mineria.gob.ec/procesos-de-subasta-y-remate/. Acceso el 18 de julio de 2016.

[26] Enlace Ciudadano No. 249, 10 de diciembre de 2011.


Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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