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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 12-12-2017

Sin Estado de derecho no hay democracia

Hctor Bernardo
Bayano Digital


La persecucin a Cristina Kirchner es parte de una estrategia que oscila entre las cortinas de humo y el disciplinamiento social. La utilizacin brazo meditico-judicial para atacar a los opositores se ha transformado en una caracterstica del gobierno de Macri.

El arbitrario pedido de desafuero y detencin contra la actual senadora y ex presidenta argentina, Cristina Fernndez de Kirchner, es una muestra del derrumbe del Estado de derecho y de la crisis democrtica en la que ha unido al pas el gobierno de Mauricio Macri.

La medida, del cuestionado juez Claudio Bonado, tiene, adems, la clara intencin de crear una cortina de humo que oculte el nuevo tarifazo (aumento de las tarifas de luz, gas y agua), la reforma laboral (que destruye gran parte de los derechos que los trabajadores argentinos) y la reforma jubilatoria (que golpea, an ms, el ya desgastado poder adquisitivo de uno de los sectores ms vulnerables del pas, los jubilados).

El autoritarismo y la persecucin desatada por el gobierno de Macri no tiene precedentes en la democracia argentina y solo se equipara con las oscuras pocas dictatoriales.

La suma de los poderes fcticos se encuentra hoy en las manos de un sector que piensa imponer un salvaje modelo neoliberal a como d lugar. El poder financiero, el meditico, el judicial, el poltico y el represivo se encuentran bajo el control de los sectores que hoy gobiernan el pas.

El nico poder que an est en disputa es el de la organizacin y la protesta social. Para tener el control de la calle, el gobierno pone en marcha polticas de represin y disciplinamiento.

Desde la llegada de Cambiemos al gobierno argentino, comenz una persecucin poltica sin reparos. Se despidi a miles de trabajadores del Estado acusndolos de kirchneristas. Se persigui (y se persigue) a los periodistas cuyas voces no se alineaban con el discurso oficial (los casos de Vctor Hugo Morales y Roberto Navarro fueron los ms trascendentes, pero como ellos hay miles).

La represin se transform en una constante. Santiago Maldonado es el caso ms emblemtico. El joven Maldonado fue vctima del accionar de la Gendarmera argentina. Mientras apoyaba el reclamo mapuche contra los territorios usurpados y vendidos al empresario extranjero Benetthon, en medio de una brutal represin, Maldonado desapareci y luego de tres meses fue hallado sin vida a la vera del ro, cerca de donde se lo vio por ltima vez huyendo de la Gendarmera que disparaba a mansalva (el lugar ya haba sido registrado en dos oportunidades por las Fuerzas de Seguridad, sin encontrar ningn rastro del joven). Aun hoy, cinco meses despus de su desaparicin y dos meses despus del hallazgo de su cuerpo sin vida, se desconoce cmo muri, pero se sabe que fue durante esa represin. Tiempo despus, las fuerzas represivas asesinaron al joven Rafael Nahuel en un nuevo acto contra los pueblos originarios.

La persecucin a los opositores polticos mediante la utilizacin del brazo meditico-judicial ha sido otra marca caracterstica del autoritarismo del gobierno de Macri.

La estigmatizacin meditica es el primer engranaje de un mecanismo que tiene como fin eliminar cualquier voz que pueda intentar denunciar y poner un freno a un modelo econmico y social que atenta contra la gran mayora de los argentinos.

Los medios instalan en el sentido comn una serie de prejuicios que sirven de basamento para que jueces y fiscales inescrupulosos acten con arbitrariedad y avasallen el Estado de derecho. La norma parece ser todo kirchnerista es culpable hasta que se demuestre lo contrario.

Esta lgica de estigmatizacin meditica y utilizacin del Poder Judicial para eliminar a los opositores polticos es un fenmeno que no se da solamente en Argentina. El accionar de la Red Globo y juez Sergio Moro contra el ex presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva, tiene enormes similitudes con el accionar del Grupo Clarn y el juez Claudio Bonado contra la ex presidenta Cristina Fernndez de Kirchner y no es el nico paralelo que se puede hacer en la regin.

La denuncia de Bonado contra Cristina Kirchner no tiene asidero jurdico, ni poltico y no podra implementarse si no fuera parte de una decisin de los grupos de poder a los que responde el presidente Mauricio Macri.

Cabe recordad que, segn asegur el periodista ultraoficialista Luis Majul, Macri tiene una lista negra de 500 personas que tienen que estar presas, entre ellos: dirigentes sociales, polticos y sindicales.

Bonado, un juez que fue apartado de la causa AMIA por sospechas de parcialidad, y que fue denunciado por el ex fiscal Alberto Nisman quien lo acus de encubrimiento, ahora intenta procesar a la ex presidenta por la firma del Memorndum de Entendimiento con Irn, una decisin de Poltica Exterior que fue tomada de manera soberana como acto de Estado y que fue aprobada las Cmaras de Diputados y Senadores del Congreso argentino. Una medida no judicializable. Cabe recordar que la esta denuncia ya haba sido presentada y que el juez Federal Daniel Rafecas la desestimo por la inexistencia de delito.

La lista de presos polticos aumenta cada da durante el gobierno de Macri. A la lder social Milagro Sala, se sumaron innumerable cantidad de detenidos, los ltimos (hasta hoy) el ex secretario Legal y Tcnico de la Presidencia, Carlos Zannini, y lo dirigentes sociales Luis DElia y Fernando Esteche.

Esa lista negra en la que Macri va tachando a sus opositores es larga. El sueo ms preciado del mandatario es tachar en esa lista a la ex presidenta Cristina Kirchner, quien en su nuevo rol de senadora se presenta como la voz ms contundente para desafiar el autoritarismo del gobierno.

El destino dir hasta donde llega la degradacin democrtica a la que el gobierno de Cambiemos est llevando a la Argentina o si la sociedad organizada es capaz de ponerle un lmite.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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